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Trump tenía en su residencia de Mar-a-Lago documentos secretos que comprometían a “fuentes humanas de inteligencia”

El FBI registró la mansión de Trump en Florida el pasado 8 de agosto.

El Departamento de Justicia publicó este viernes una versión editada del documento que autorizó al FBI a registrar la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida a principios de este mes.

Se trata de una declaración jurada de 38 páginas que ofrecen, entre otras cosas, detalles sobre los documentos clasificados que supuestamente Trump sacó de la Casa Blanca y que fueron devueltos por el expresidente a los Archivos Nacionales anteriormente este año.

El FBI indicó al juez en el texto que consideraba probable encontrar “evidencias de obstrucción” a la justicia por parte de Trump en el registro de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach.

Consideró que hay una “causa probable para creer” que documentos clasificados de seguridad nacional se llevaron a lugares “no autorizados” en la propiedad privada de Trump.

El Departamento de Justicia solo reveló algunas partes del texto y ocultó otras por motivos de confidencialidad -por ejemplo, para mantener en secreto la identidad de testigos- que pueden contener importantes detalles sobre la investigación.

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De las 38 páginas de la declaración jurada sin sellar, 21 están tachadas en su mayoría o en su totalidad. Hay varias páginas en las que no se ve ni una sola palabra.

Trump niega haber hecho algo mal y ha acusado al juez que aprobó la orden de registro de autorizar un “robo” en su casa, insistiendo en que estaba cooperando con las pesquisas sobre los documentos que tenía.

Qué dicen los documentos

Desde el registro en la vivienda de Trump el 8 de agosto, numerosas voces habían solicitado que se difundiera el documento que dio pie a la acción del FBI. Esto es lo que revelan los documentos:

  • El documento de 38 páginas dice que había “causa probable” para creer que en la residencia de Trump se encontrarían “pruebas, contrabando, frutos de un crimen u otros elementos de posesión ilegal” en violación de leyes federales.
  • La declaración jurada dice que 14 de las 15 cajas entregadas a los Archivos Nacionales anteriormente este año -que Trump se llevó de la Casa Blanca al terminar su presidencia- contenían información clasificada. Las cajas contenían una serie de recortes de periódico, revistas y fotografías, pero también 184 documentos clasificados, 25 de los cuales contenían información marcada como “alto secreto”.
  • El documento dice que había suficiente evidencia para creer que había más documentos clasificados en las instalaciones [Mar-a-Lago] y que además estaban almacenados en un lugar no seguro.
  • El caché incluía información de fuentes humanas de inteligencia estadounidenses altamente sensibles.
  • Los agentes se llevaron varias cajas con documentos gubernamentales, algunos de ellos clasificados.
  • La orden de registro, que se difundió el 13 de agosto, ya revelaba que la Fiscalía General de EE.UU. investiga al exmandatario por presunta obstrucción a la justicia, una posible violación de la Ley de Espionaje y manejo criminal de documentos del gobierno.
  • Los investigadores solicitaron que muchas partes del documento fueran editadas, o tachadas, para preservar la integridad del proceso en marcha y proteger a ciertos testigos y participantes.

Una situación insólita en un caso insólito

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte

Por primera vez el público ha tenido acceso a la declaración jurada. Al menos a partes de ella, no así a las más jugosas.

Como se esperaba, el documento fue editado en gran medida por el Departamento de Justicia de EE.UU. con la aprobación del juez Reinhart.

El Departamento de Justicia describió su trabajo como una “investigación criminal sobre la eliminación y el almacenamiento indebidos de información clasificada en espacios no autorizados, así como la ocultación o eliminación ilegal de registros gubernamentales”.

Además, ofreció detalles sobre el material de Mar-a-Lago ya entregado a los Archivos Nacionales. Esas cajas contenían una variedad aleatoria de recortes de periódicos, revistas y fotos, pero también 184 documentos clasificados, entre ellos 25 marcados como “alto secreto”.

La declaración jurada citó la existencia de evidencia razonable para creer que había más documentos clasificados en las instalaciones y que también estaban almacenados en un lugar no seguro.

Esto preocupa especialmente al gobierno, ya que ciudadanos extranjeros han tenido acceso a Mar-a-Lago.

Agentes en el exterior de la residencia de Trump en Florida

En el documento se eliminó información sobre agentes federales involucrados en el caso y testigos del gobierno que, de revelarse sus identidades, podrían sufrir “represalias, intimidación o acoso, e incluso amenazas a su seguridad física”, según el Departamento de Justicia.

Eso se justificó porque exponer sus identidades también podría coartar a otras personas que pudieran compartir información relevante para la investigación.

Se redactó de nuevo para evitar, según el gobierno, proporcionar “una hoja de ruta para cualquiera que intente obstruir la investigación”.

Que una declaración jurada como esta se desclasifique, incluso de forma parcial, es algo inusual.

Pero este no es un caso habitual. Ahora los investigadores del Departamento de Justicia volverán a trabajar a puerta cerrada. Es posible que el público no sepa más hasta que haya acusaciones penales en el caso, si las hay.

Línea

Reacciones a la publicación

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no quiso hacer comentarios sobre el documento, pero el presidente Joe Biden sí habló con periodistas, que le preguntaron si Trump tenía la autoridad para desclasificar documentos.

“¡Yo he desclasificado todo en el mundo! Soy presidente, ¡puedo hacerlo todo!”, respondió irónicamente para criticar al expresidente.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en el exterior de la Casa Blanca
El presidente Biden ironizó sobre el comportamiento de Trump en relación con los documentos clasificados.

Posteriormente dijo que no iba a hacer declaraciones sobre las revelaciones de este viernes.

“No conozco los detalles, Ni siquiera quiero saber”, señaló Biden. “Dejen que se encargue el Departamento de Justicia”.

El mandatario explicó que se puede llevar documentos clasificados a casa “según las circunstancias” y que los guarda en un sitio seguro.

“Hoy me llevo a casa el PDB (el resumen presidencial diario). Está asegurado. Tengo una persona conmigo, un militar conmigo. Lo leo, lo vuelvo a asegurar, se lo doy al militar”, detalló.

Por su parte, Trump insistió en su rechazo frontal a la forma de actuar del Departamento de Justicia y del FBI y criticó que el documento haya sido editado.

En su plataforma Truth Social, el expresidente escribió: “¡¡¡Declaración fuertemente editada!!! Ninguna mención a lo ‘nuclear’, un total subterfugio del FBI y el Departamento de Justicia, ni a nuestra cooperación en la entrega de documentos, les dimos mucho”.

Y añadió que el juez Bruce Reinhart “nunca tenía que haber permitido la redada en mi casa”.

“Se recusó hace dos meses de uno de mis casos por su animosidad y odio hacia su presidente favorito, yo”.

Qué puede pasar ahora

Los investigadores del Departamento de Justicia volverán a trabajar a puerta cerrada donde continuarán revisando los documentos retirados, trabajando junto con las agencias de inteligencia para determinar si la seguridad nacional se ha visto comprometida. Los investigadores también insinuaron la posibilidad de comunicarse con nuevos testigos.

Es posible que no escuchemos más sobre este caso hasta que se tome una decisión sobre si presentar cargos penales por mal manejo de registros presidenciales o material clasificado u obstrucción de la justicia.

Sin embargo, las batallas legales por el allanamiento de la residencia de Trump en Florida el 8 de agosto no han concluido del todo.

La demanda del expresidente donde solicita que un “juez especial” independiente haga una revisión de los bienes incautados aún está a la espera, aunque el juez de ese caso ya expresó cierto escepticismo sobre la solicitud.

Esa demanda podría hacer que la investigación se pause mientras se hace una revisión que garantice que no se han incautado documentos que deberían estar protegidos por el privilegio abogado-cliente.

Y la campaña de relaciones públicas de Trump contra el Departamento de Justicia y la investigación continúa. Lo llamó una “cacería de brujas” y ha inflado el alcance de su demanda, alegando que estaba cuestionando la constitucionalidad de la búsqueda en sí (no lo estaba).

Ha afirmado que todo esto es un intento de evitar que continúe participando en la política nacional aunque, mientras viaja por los Estados Unidos para realizar mítines políticos y continúa avivando la especulación de una futura candidatura presidencial, hay poca evidencia de que esté siendo disuadido.

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