A un año del asalto a los tres poderes en Brasil que estremeció los cimientos democráticos, la Corte Suprema avanza en las causas judiciales: 1.413 denunciados, 66 presos, y 30 condenados. Entre las
Un año más, un país distinto. Este lunes dos objetos vandalizados durante uno de los episodios modernos más oscuros de Brasil volverán a su morada: un tapiz elaborado por el reconocido artista Burle Marx y una réplica de la Constitución del país de 1988.
El 8 de enero de 2023, los ojos del mundo vieron como cientos de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro tomaron por asalto la sede de los edificios gubernamentales de la capital, Brasilia. Los bolsonaristas pedían la intervención del ejército para impedir un tercer mandato del izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva. La acción, vista por ellos como un reclamo social, fue considerada un “intento de golpe de Estado” y generó el rechazo de diversos gobiernos alrededor del mundo.
Ese día, importantes estructuras gubernamentales como la sede del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, sufrieron graves daños. Además de destrozar ventanas, sillas y escritorios, el tapiz fue dañado y la réplica de la Constitución robada.
Lula da Silva anunció el martes la celebración de un acto en Brasilia llamado ‘Democracia inquebrantable’ el próximo 8 de enero para “recordar” el primer aniversario de la asonada. “Vamos a conmemorar el intento de golpe del 8 de enero, desvelado por la democracia de este país”. Invitó a “todos los gobernadores, diputados, senadores y empresarios para reafirmar la importancia del régimen democrático como la única garantía de certeza”, dijo.
La Cámara de Diputados de Brasil abrirá una exposición conmemorativa para recordar el asalto. La muestra busca reflejar los eventos que marcaron el primer aniversario de este suceso que sacudió las instituciones del país.
En la exposición habrá 30 fotografías tomadas ese día por funcionarios y el reportero Jédson Álvez que documentaron a invasión al Congreso y la destrucción que le siguió. Así mismo, habrá varios objetos restaurados, como jarrones y esculturas que el día del asalto estaban expuestas en la Sala Verde.
Inicialmente, los jueces de la Corte Suprema expresaron preocupación de que la réplica de la Constitución pudiera haber sido sustraída, tras la filmación de un partidario de Bolsonaro llevándola fuera del edificio. Sin embargo, días después de la insurrección, la auténtica pieza fue hallada oculta en uno de los museos del edificio.
Días después del asalto, el 13 de enero, el documento fue devuelto por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, a la presidenta del Supremo, la magistrada Rosa Weber.
De 2.170 a 66 detenidos
En respuesta al asalto, el 9 de enero, las autoridades detuvieron a 2.170 personas en Brasilia. A partir de febrero, la Corte Suprema otorgó libertad provisional a la mayoría de los detenidos. En la actualidad solo hay 66 personas tras las rejas. De ellas, ocho han sido condenadas, 33 están imputadas como “ejecutores” de la asonada -dos de ellos se encuentran en un psiquiátrico- y 25 enfrentan acusaciones relacionadas con el presunto financiamiento o incitación del golpe.
El 14 de septiembre pasado, la Corte Suprema emitió su primera sentencia en relación con un exfuncionario de la compañía de aguas de São Paulo. Recibió una condena de 17 años de prisión por cinco delitos, incluyendo la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y la tentativa de golpe. Desde ese momento, el tribunal ha condenado a un total de 30 personas, imponiendo penas que oscilan entre 3 y 17 años de cárcel.
La tramitación expedita de los juicios contra los bolsonaristas responsables del caos en Brasilia contrasta con la continua investigación policial sobre los financiadores de los hechos. La ‘Operación Lesa Patria’, con 367 registros en busca de pruebas, se centra en figuras clave como Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, y el teniente-coronel Mauro Cid, antiguo edecán del exmandatario.
Aunque ambos estuvieron en prisión, hoy se encuentran en libertad, mientras Bolsonaro figura como investigado. La incógnita sobre el posible papel del líder ultraderechista, presente en Estados Unidos el 8 de enero, aún persiste.
En paralelo, el bolsonarismo trabaja en el Congreso para impulsar una amnistía que beneficiaría a los involucrados. Además, los investigados crearon la Asociación de Familiares y Víctimas del 8 de enero. Ezequiel Silveira, abogado de la asociación, denuncia presuntas violaciones al debido proceso legal y llevó sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiterando su tesis de que el golpe es una “narrativa” inventada.
Un país dividido
Pese a esto, el país todavía se recupera de un episodio del que algunos dicen estar orgullosos. Muchos bolsonaristas creen que los disturbios fueron en realidad dirigidos por la actual Administración y sus partidarios. Bolsonaro hizo la misma afirmación en una entrevista el sábado.
“Allí había un poco de todo. Había gente reclamando por sus derechos. Había gente infiltrada”, afirma el empresario carioca Pablo Diniz, de 44 años. “Soy un patriota. Yo también salí a la calle (el 8 de enero), pacíficamente. Yo estaba allí para luchar por la democracia para todos”, agrega.
Según la encuestadora Quaest, un 89% de los ciudadanos brasileños percibe de manera desfavorable los eventos del 8 de enero. Aproximadamente el 47% de los encuestados sostiene la creencia de que Bolsonaro estuvo de alguna manera implicado en los disturbios. Estos resultados se derivan de una encuesta realizada a 2.012 personas entre el 14 y el 18 de diciembre, con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.
El año pasado, un tribunal emitió una prohibición que impide a Bolsonaro presentarse nuevamente para un cargo público hasta el año 2030, en un caso no vinculado a los disturbios, sino relacionado con sus alegaciones infundadas acerca de la supuesta manipulación del sistema de votación electrónica en las elecciones presidenciales anteriores.
A pesar de esta restricción, su base de extrema derecha mantiene una presencia significativa en las calles y se muestra dispuesta a desafiar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“La sociedad brasileña todavía no sabe cómo manejar lo sucedido, no hay consenso”, afirma Creomar de Souza, fundador de la consultora de riesgo político Dharma Politics. “La sociedad brasileña se encuentra ahora en extremos opuestos. Y partes de esos opuestos están en un lugar que no pueden reconciliarse entre sí”, añade.
Según De Souza, la pronta reacción del establishment a los disturbios se debió a las tensiones preexistentes entre Bolsonaro y otras autoridades, especialmente los magistrados de la Corte Suprema, antes de las elecciones presidenciales de 2022. El analista advierte que esto no significa una restauración plena de la normalidad democrática en el país.
Tras los hechos del 8 de enero, el Senado de Brasil pagó unos 40.000 dólares para recuperar el tapiz realizado en 1973, que quedó manchado de orina y despedazado. Aunque el tejido y la réplica de la Carta Magna pudieron recuperarse, la confianza en un futuro democrático aún se tambalea.
