El ultraderechista defiende su programa de ajuste y desregulación en el Congreso mientras reconfigura la política internacional del país
Javier Milei ha cumplido esta semana un mes al frente del poder en Argentina. Presidente de un país en crisis cuya inflación ya sobrepasa la de Venezuela como la peor de América, Milei se ha propuesto el desmantelar del Estado amparado en el único poder político tiene hasta ahora: la legitimidad en las urnas. Las vacaciones del verano argentino han sido interrumpidas por las casi mil medidas que el presidente busca imponer mediante un decreto y una megaley que ya está discutiendo el Congreso en sesiones extraordinarias, y el Gobierno, minoría en ambas cámaras, confía en presionar al poder político con el respaldo popular que tiene. Está por verse: las encuestas más recientes le dan a Milei entre un 35% y un 39% de imagen positiva, menor que el 55% con el que llegó al Gobierno en una segunda vuelta el pasado 19 de noviembre, pero algo mejor que su voto duro, el 29% con el que quedó segundo en la primera ronda electoral de octubre.
En un mes, el nuevo Gobierno argentino devaluó la moneda un 50%, alcanzó niveles de inflación récord en tres décadas (25,5% solo para diciembre), y entre liberalizaciones o ajustes, hizo escalar los precios de los alimentos, la salud privada y el transporte público hasta un 30%. Hay desazón en un país que es más caro todos los días, y donde para pertenecer al 10% más rico solo hace falta ganar unos 490 dólares al mes, pero Milei todavía no ha visto ese malestar ejercer mucho músculo en la calle. Ha habido protestas cada semana, pero los ojos están puestos en el próximo 24 de enero, día en el que la Central General de los Trabajadores (CGT) ha llamado a un paro general y una marcha al Congreso que pondrá a prueba otra vez el protocolo de mano dura contra los cortes de ruta impulsado por el Gobierno.
Milei ha celebrado Janucá con la comunidad judía de Buenos Aires, enviado una carta al Papa para invitarlo a viajar el país, visitado la Antártida, donde se abrazó a las bases militares que lo votaron en mayoría, y hasta paseado por el balneario de Mar del Plata, donde se subió al escenario de su pareja, la artista Fátima Florez, con quien compartió un beso lascivo que dio la vuelta al mundo y tuvo más repercusión que muchas de sus decisiones políticas. Su Gobierno también anunció la desarticulación de una “posible célula terrorista” formada por un profesor de tenis de mesa, un peluquero y un tercer hombre que se presentó como “agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos” —la causa acumula más dudas que pruebas, según investigaciones de medios nacionales— y relegó al encargado de redes sociales de la Casa Rosada, un militante de 22 años que había difundido fotografías personales en las cuentas oficiales.
Tras su asunción, el 10 de diciembre, las primeras medidas tardaron en llegar. Fueron dos días, pero la expectativa era alta. Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció un decálogo de medidas económicas que incluyen la devaluación de la moneda un 50% y la quita de subsidios a la energía y el transporte. La devaluación debía acercar la cotización del dólar oficial, que pasó de 400 pesos por dólar a 820, al que opera en la bolsa o se vende en la calle. El efecto, una señal del buen recibimiento que tuvieron las decisiones de Caputo en los mercados, duró unas pocas semanas. La brecha cambiaria se había reducido a menos del 20%, pero estos días ha vuelto a subir hasta un 40%.
El fuerte ajuste estuvo acompañado de otros dos avisos. Un combo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo para reprimir las protestas y Sandra Petovello, la ministra de Capital Humano —el ministerio que condensa las antiguas carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social—, amenazó a los beneficiarios de planes sociales con no dar las ayudas a quienes protestaran en las calles. “El que las hace, las paga” y “el que corta, no cobra”, fueron sus máximas.
Después, las medidas vinieron todas juntas. Milei impuso por decreto más de 300 cambios normativos y derogaciones. La ciudadanía salió a los balcones a protestar con cacerolas y los sindicatos reunieron en las calles a más de 20.000 manifestantes, según sus cálculos, contra un decreto que consideran “inconstitucional”. No se había desconcentrado la manifestación cuando el Gobierno envió al Congreso una iniciativa con más de 600 artículos que declara al país en “emergencia pública” y transfiere al Ejecutivo facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. Entonces, la CGT, el principal sindicato del país, convocó una huelga.
El megadecreto ya entró en vigencia, pero aún puede ser rechazado por el Congreso y hay partes que han sido frenadas por la justicia: al menos dos fallos han suspendido la reforma laboral incluída en el texto y decenas de amparos se acumulan en los juzgados. La ley ómnibus, llamada así por su extensión y variedad de temas, está siendo tratada en sesiones extraordinarias por el Parlamento. El Gobierno aseguró que el contenido de las medidas “no se negocia”, pero los ministros del Gabinete dieron las primeras señales de flexibilidad al reconocer “errores” en la redacción del texto y al asegurar que analizarán las “inquietudes” de los legisladores de la oposición para que la ley pueda ser aprobada. Milei solo cuenta con 38 diputados y siete senadores en el Congreso, y necesita el apoyo de otras bancadas si pretende avanzar.
Miguel De Luca, doctor en Ciencia Política, señala que los presidentes que llegan al poder con minoría en el Congreso tienen dos opciones: ampliar la coalición de Gobierno para construir una mayoría o elegir una estrategia de choque. El análisis político ha mostrado que en el segundo caso el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo escala hasta que los presidentes clausuran los Congresos o los Parlamentos eyectan al mandatario. “Las primeras medidas de Milei son casi calcadas de los presidentes que buscan imponerse. El contexto de grave crisis económica, pero lo cierto es que Milei ni siquiera ensayó un intento de negociación con el Congreso”, señala De Luca. Para el politólogo y consultor político Pablo Salinas, eso responde a un Gabinete con poca experiencia: “Pensaron que sería fácil avanzar con el proyecto sin modificaciones y se encontraron con una cámara en la que se negocia todo porque es la dinámica del Poder Legislativo desde hace más de cien años en Argentina”.
Hasta el FMI, que esta semana celebró el “ambicioso plan de estabilización” que impulsa el Gobierno y le otorgó fondos por 4.700 millones de dólares para que Argentina pueda pagar su deuda con el propio organismo, le ha pedido “construir apoyo político” para que su reforma sea avalada en el Congreso. Esta semana, tras casi dos meses sin noticias, el Fondo y Argentina acordaron continuar con el plan de pagos pactado por el peronismo en 2022 para que el país devuelva los 44.000 millones de dólares otorgados al conservador Mauricio Macri en 2018. El peronismo no había logrado cumplir sus metas y terminó pagando sus vencimientos con otros préstamos, como el intercambio de monedas con China. La situación de Milei es diferente: Argentina ha acordado ahora llevar el déficit del 3% anual a un superávit del 2%, y acumular reservas por 10.000 millones de dólares.
El FMI espera que la implementación del ajuste presentado ante el Congreso sea “continuo y duradero” para garantizar las metas comprometidas, y el Gobierno oscila entre el diálogo y las amenazas. “En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras”, advirtió el miércoles por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, tras anunciar su acuerdo con el Fondo. Caputo, que fue uno de los funcionarios encargados del préstamo pedido por Macri en 2018 y que volvió al Gobierno con Milei como rostro visible de las medidas de shock económico que han elevado los precios en las últimas semanas, celebró que Milei había tenido el “coraje” de ajustar la economía y que la sociedad lo había acompañado con el voto. “La pregunta es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias” dijo.
Los elogios entre el presidente y su ministro han sido mutuos. Agitando el fantasma de una hiperinflación desde que asumió la presidencia, Milei arengó estos días a Caputo mientras esperaban el índice de precios de diciembre, la primera medición de la inflación de su Gobierno. El presidente había advertido de que si la cifra era menor al 30% era un “numerazo” y que había que “llevar en andas” a su ministro si lo lograba. Diciembre cerró con el 25,5% de aumento promedio en el IPC, y dejó la inflación interanual en el 211,4%, la más alta del mundo a la espera de que Líbano revele sus cifras del último mes de 2023.
La apuesta fuerte para levantar la economía está puesta en la reforma que hoy discute el Congreso, pero esa discusión no es el único desafío del Ministerio de Economía. La política exterior de Milei ha puesto en riesgo la relación del nuevo Gobierno con sus principales socios comerciales, Brasil y China, después de que el Gobierno desistiera a último momento de integrar las BRICS, el bloque de economías emergentes fundado por Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. La Cancillería de Milei, según reportes de la prensa local, ha cruzado una línea roja con China, el segundo socio comercial del país y su gran prestamista del último año para cumplir con el FMI, al acercarse a Taiwán. La canciller china, Mao Ning, admitió el jueves que había leído “reportes relevantes” sobre el tema y que el Gobierno argentino le había aclarado que eran mentira. Este viernes, la canciller argentina, Diana Mondino, recibió por primera vez al embajador chino en Buenos Aires para limar asperezas.
Desde el atril del que habla a los periodistas cada mañana, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, no ha negado esa información, pero ha estado ocupado desmintiendo otros rumores sobre las fisuras internas dentro del Gabinete, una de ellas entre el presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Es absolutamente falso”, aseguró.
Villarruel, que obtuvo su primer triunfo como presidenta del Senado al lograr imponer a un candidato libertario como presidente provisional de la Cámara alta, no tiene todavía un despacho en la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo argentino. Algunos medios especulan con que la vicepresidenta quedó desplazada dentro del Gabinete por otras figuras, como la hermana del presidente, Karina Milei, secretaria de la Presidencia, o Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, un ámbito que en la campaña fue terreno de Villarruel. Una publicación en el Financial Times, compartida por la vicepresidenta en redes sociales y después eliminada, alimentó las dudas. El texto cierra con la cita de un diplomático que sugiere que Villarruel podría “montar su propio proyecto político” y está “dispuesta a todo”. Villarruel despejó las dudas en el primer aniversario del ultraderechista en la Casa Rosada. “Nuestros esfuerzos para el éxito de su gestión”, escribió en Instagram.
Tras un mes de Gobierno, Milei se mudó finalmente esta semana a la Quinta de Olivos, la residencia oficial de los presidentes argentinos desde 1955. Los primeros meses del mandato vivió en el Hotel Libertador, que fue también el centro de operaciones durante la campaña. El Gobierno aún tiene pendiente dar explicaciones sobre el pago de la estadía. La mudanza se retrasó, en parte, por la construcción de habitáculos para los cuatro mastines del presidente, según argumentó el Gobierno. “La idea era poder adaptar algunas estructuras para que mis hijitos puedan estar lo mejor posible”, dijo el presidente. Los dichos de una periodista, que informó falsamente que los perros ya habían sido trasladados a la residencia oficial, enfureció al presidente. “Escandalosa la impunidad con la que inventan y operan”, escribió en redes sociales y el agravio le valió el repudio de entidades periodísticas.
Milei ha moderado sus formas desde que llegó a la Presidencia. Pero cada tanto, y sobre todo en las redes, se quita el traje de presidente y vuelve a ser el hombre irascible e histriónico que lo llevó desde los estudios de televisión a la Casa Rosada.
Fuente: El País
