Un magistrado del Tribunal Supremo aparta de su cargo durante 90 días al gobernador del Distrito Federal (DF) de Brasilia, Ibaneis Rocha, por no haber evitado el asalto de la turba
Entre 1.200 y 1.400 personas se han retirado de manera voluntaria del campamento bolsonarista levantado hace meses frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, según el coronel Benzecry. Han sido apartadas y retenidas en otras zonas para ser identificadas. Con esto, la policía busca responsables del asalto de este domingo a las sedes de los tres poderes el Estado en Brasil (Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo). La zona, donde simpatizantes del expresidente ultraderechista llevaban acampados desde octubre en protesta por la victoria de Lula en las urnas, que no reconocen, amaneció en medio de una calma tensa. Había algo de movimiento, pequeños corrillos en los que se comentaban los acontecimientos de la jornada y se debatía sobre los próximos pasos a seguir.
Después de horas de máxima tensión en la capital del país sudamericano, el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre Moraes ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de calle, avenida o edificio público ocupado por los bolsonaristas, incluidos estos campamentos. Además, Moraes decidió anoche apartar de su cargo al gobernador del Distrito Federal (DF) de Brasilia, Ibaneis Rocha, durante 90 días, por no haber sido capaz de evitar el asalto de la turba.
Ya hay unas 1.200 personas retenidas para ser identificadas, según la policía. En el campamento costaba disimular el temor por lo que les pueda pasar en las próximas horas. Por si acaso, para no ser vistos, algunos dejaban la maraña de tiendas y toldos campo a través, evitando quedarse en la avenida principal de acceso, ahora bloqueada y vigilada. La zona donde está el campamento bolsonarista es enorme y está rodeada (como casi todo en Brasilia) de extensas praderas salpicadas de árboles. De noche es fácil echar a andar sin dejar rastro. Algunos se quejaban de que por la tarde del domingo hubo un helicóptero sobrevolando durante horas y presumían de que aunque la policía intentó acceder al recinto, los militares maniobraron para impedirlo.
A pesar de las promesas de mano dura de las autoridades contra los manifestantes golpistas, el ambiente a última hora del domingo era similar al de las semanas pasadas: decenas de tiendas de campaña, pancartas pidiendo “socorro” a las Fuerzas Armadas para evitar el “regreso del comunismo” a Brasil y alguna señora rezando de rodillas por el bien de la patria. La novedad de la jornada fue que, además de los acampados habituales, cada uno con su saco de dormir y sus enseres personales, por la noche se sumaron algunos recién llegados que se acomodaron como podían a la intemperie: bolsonaristas que habían participado en la invasión por la tarde y que acudieron aquí por sentir que estaban en un lugar seguro. Más de mil se han marchado, y el resto tienen ahora tienen las horas contadas.
“Aquí estamos en una zona segura, frente al cuartel general del ejército, ellos [los militares] no nos van a traicionar”, decía, horas antes del desalojo, muy segura una mujer de unos 60 años que no quiso identificarse. Entre los bolsonaristas ya se cuchicheaba anoche sobre la posibilidad de que al amanecer la policía militar irrumpiera en el campamento y ordenara desmontarlo a toda prisa y de forma violenta. “Somos muchos más que la policía. ¿En qué cárcel meterán a tanta gente? ¿Van a llenar una cárcel de brasileños patriotas?”, insistía la mujer, que alardeaba de que llevaba 67 días acampada. Finalmente mucha gente ha abandonado este lunes de manera voluntaria sin que se haya producido violencia o altercado alguno.
Y es que, tras cinco horas de asalto, la noche del domingo trajo algo de calma a Brasilia. Pasada la medianoche, la plaza de los Tres Poderes, donde se concentran los tres edificios atacados, estaba absolutamente blindada por las fuerzas policiales. Los bloqueos empezaban a casi dos kilómetros a la redonda, por lo que acercarse a contemplar los destrozos era tarea imposible. En la gigantesca Explanada de los Ministerios, por donde desfilaron sin problemas miles de bolsonaristas rumbo a su objetivo, no se veía un alma y reinaba el silencio. Esta imponente avenida también fue cortada, tanto a los vehículos como a los peatones, y la única señal de que algo grave había pasado era el reflejo rojizo de las luces de los coches de policía parados en las calles de acceso a la zona cero del asalto.
El embrión del asalto
El campamento es, en cierta forma, el embrión de lo ocurrido durante la tarde del domingo. De ahí salieron andando buena parte de los manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado, recorriendo tranquilamente a pie ocho kilómetros en línea recta, escoltados por la policía. Pero ahora, después de meses de tolerancia por parte de las autoridades locales, el campamento bolsonarista tiene las horas contadas. El juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó que sea desmontado inmediatamente. Determinó que la operación será liderada por la Policía Militar del Distrito Federal, con el apoyo, si es necesario, de la Fuerza Nacional y de la Policía Federal, y además, el comandante militar del cuartel general del ejército deberá prestar toda la ayuda necesaria. “Absolutamente nada justifica la existencia de campamentos llenos de terroristas, patrocinados por diversos financiadores y con la complacencia de autoridades civiles y militares”, criticó el juez.
Sobre los actos vandálicos, que acabaron con despachos, muebles, objetos históricos y obras de arte de los edificios públicos más importantes del país destruidos, estos simpatizantes de la extrema derecha ya tienen la narrativa lista: “Los que han hecho eso son infiltrados de izquierda. Nosotros somos pacíficos”, insistían los acampados, siempre negándose a identificarse públicamente.
