Según un informe del Congreso que será presentado oficialmente este miércoles, el presidente brasileño dejó que el coronavirus se expandiera en el país con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño
Un informe del Senado brasileño recomendará presentar cargos por “homicidio masivo” contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia, que ha dejado más de 600.000 muertos en el país. El texto de cerca de 1.200 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, indica que el mandatario dejó que el virus de la covid-19 se expandiera para intentar que la población alcanzara la inmunidad de rebaño con el objetivo de que la economía del gigante sudamericano se reactivara cuanto antes.
El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado (CPI, en sus siglas en portugués), también recomienda que se presenten cargos contra más de 70 personas y se presentará este miércoles oficialmente en el Senado, donde debe ser votado el día 26. De salir adelante, la acusación pasaría a la Fiscalía, un órgano afín a Bolsonaro.
Desde mayo, la comisión ha recibido los testimonios de decenas de expertos y miembros del Gobierno sobre la gestión del presidente de la pandemia. En la práctica, Bolsonaro podría ser acusado de genocidio o de homicidio intencionado de personas que creyeron en sus campañas a favor de la cloroquina y la ivermectina, medicamentos sin eficacia comprobada contra el coronavirus y que el presidente promovió públicamente.
En total, el presidente puede ser acusado por once crímenes, según el informe de la CPI, aunque el texto aún puede sufrir modificaciones hasta su votación la próxima semana.
Una red de informaciones falsas sobre la covid-19, que contó con la maquinaria política del Gobierno de Bolsonaro y la complicidad del consejo federal de medicina —que dejó que algunos de sus miembros promovieran esos medicamentos de eficacia no comprobada—, ayudó a que Brasil alcanzara tasas de letalidad mayores a las de otros países del mundo.
La gestión errática de la pandemia por parte de Bolsonaro ha llevado a Brasil a convertirse en el séptimo país del mundo en cuanto a decesos por número de habitantes. El 12,4% de las muertos por coronavirus en el mundo son brasileños, pese a que el país solo cuenta con el 2,7% de la población mundial.
Aunque Bolsonaro es el principal objetivo del informe, el texto pide procesar a un total de 72 personas por 24 crímenes. Al presidente lo acusan de 11 de ellos, entre ellos homicidio por omisión en el combate al coronavirus y genocidio de indígenas por su “intención de someter a ese grupo específico de población al riesgo de contagio”. Esas acusaciones, las dos más graves, no consiguieron el consenso de todos los miembros de la comisión que ha llevado a cabo la investigación. Tras la votación en el Senado, el camino para que los crímenes sean investigados por la justicia brasileño es incierto. El procurador general, quien sería el responsable de acusar formalmente al presidente, ha demostrado reiteradamente que no tiene ninguna intención de incomodar a Bolsonaro.
El informe parlamentario acusa al presidente de ser el “principal responsable” de la propagación de la idea de que podía funcionar un tratamiento precoz contra el coronavirus. “En tiempos normales, sería un ejemplo despreciable de charlatanería pseudocientífica. No obstante, en medio de una pandemia global, colaboró para generar una monstruosa tragedia en la que miles de brasileños fueron sacrificados”, se lee en reporte.
Bolsonaro impulsó incluso la producción de cloroquina por parte del Laboratorio Químico del Ejército. Ese medicamento, junto con la ivermectina, formaba parte del cóctel distribuido por hospitales públicos y privados afines al presidente como parte de un supuesto tratamiento precoz contra la enfermedad. Brasil registró casos de hospitales, como la red Prevent Senior, que elaboraron estudios sobre la cloroquina sin que los pacientes supieran que estaban siendo usados como conejillos de indias.
Además, el informe muestra cómo el presidente creó una cortina de noticias falsas para ocultar los fallos de su Gobierno en el combate a la pandemia. La comisión de investigación relata en 1178 páginas y 16 capítulos cómo Bolsonaro se rodeó de un equipo de médicos, políticos y empresarios para defender tratamientos sin respaldo científico que actuaban “en contra de las orientaciones técnicas del ministerio de Salud”, formando casi un gabinete paralelo. En ese contexto, el presidente abogó por la inmunidad de rebaño, la idea de que el mejor camino para superar la pandemia era permitir que el mayor número posible de brasileños se contagiara, y hasta el día de hoy siembra dudas sobre las vacunas que su propio Gobierno compró y con las que más de cien millones de brasileños han sido inmunizados con el ciclo completo.
El autor del informe, el senador Renan Calheiros, destaca en el informe cómo el Gobierno retrasó la compra de las vacunas, un asunto que requirió varias sesiones televisadas de investigación, primero por falta de entendimiento con la farmacéutica Pfizer y luego por sospechas de corrupción en la compra de las vacunas Covaxin y Sputnik V, que finalmente no fueron adquiridas por el Gobierno federal. En declaraciones a la comisión, el gerente general de Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, les dijo a los senadores que las primeras ofertas de la vacuna fueron hechas entre agosto y septiembre del año pasado, con el compromiso de entregarlas ese mismo año. Según explicó, fueron decenas de correos sin respuesta. Pero el Gobierno atrasó la compra mientras seguía promoviendo las aglomeraciones públicas. En febrero, Brasil vio cómo aumentaba nuevamente el número de muertes diarios por coronavirus en un momento en el que Manaos, la capital de Amazonas, sufría una crisis por falta de oxígeno. En marzo, Brasil registraba más de 3.000 muertos al día por la covid-19. Solo entonces, el Gobierno cerró el acuerdo con la farmacéutica. “El retraso en la adquisición de vacunas llevó a la escasez de dosis y a la reducción del ritmo de vacunación y a que aumentara la mortalidad por el virus”, destaca el texto.
Este miércoles, los senadores escucharán la lectura del reporte y tendrán más de seis días para decidir su voto. Además de los pedidos de investigación al presidente por homicidio y genocidio, los parlamentarios también deberán determinar si presentan cargos contra tres hijos de Bolsonaro —un senador, un diputado y un concejal— por haber participado en la red de desinformación liderada por el presidente.
Entre los senadores que han realizado la investigación, existe la preocupación de que el informe sea rechazado el 26 como consecuencia del desacuerdo respecto a los crímenes más graves atribuidos al presidente y a alguno de sus ministros y por diferencias políticas regionales entre los miembros de la comisión.
