La policía le había advertido a Xie Yang, un abogado especializado en derechos humanos, que no fuera a Shanghái a visitar a la madre de un disidente. Xie fue al aeropuerto de todos modos.

La aplicación del código de salud de su teléfono —un pase digital que indica posibles exposiciones al coronavirus— estaba en verde, lo que significaba que podía viajar. Su ciudad natal, Changsha, no tenía casos de COVID-19, y Xie no había salido de allí en semanas.

De pronto, su aplicación pasó a estar roja, lo que lo marcó como ciudadano de alto riesgo. La seguridad del aeropuerto intentó ponerlo en cuarentena, pero él se resistió. Xie acusó a las autoridades de manipular su código de salud para prohibirle viajar.

“El Partido Comunista de China ha encontrado el mejor modelo para controlar a la población”, dijo en una entrevista telefónica en diciembre. Este mes, la policía detuvo a Xie, un crítico del gobierno, tras acusarlo de incitar a la subversión y provocar problemas.

La pandemia le ha dado a Xi Jinping, el máximo líder de China, una poderosa excusa para profundizar la intromisión del Partido Comunista en las vidas de 1400 millones de ciudadanos. Eso contribuye a su visión del país como un modelo de orden garantizado, en contraste con el “caos de Occidente”. En los dos años transcurridos desde que las autoridades aislaron la ciudad de Wuhan en la primera cuarentena de la pandemia, el gobierno chino ha perfeccionado sus poderes para rastrear y acorralar a la población, respaldado por tecnología mejorada, ejércitos de trabajadores comunitarios y un amplio apoyo público.

Alentadas por sus éxitos en la erradicación de la COVID-19, las autoridades chinas están dirigiendo su afinada vigilancia a otros riesgos, como el crimen, la contaminación y las fuerzas políticas “hostiles”. Esto constituye una potente herramienta tecnoautoritaria a disposición de Xi para intensificar sus campañas contra la corrupción y la disidencia.

La base de esos controles es el código de salud. Las autoridades locales, en colaboración con las empresas de tecnología, generan un perfil de usuario basado en la ubicación, el historial de viajes, los resultados de las pruebas de diagnóstico y otros datos de salud. El color del código —verde, amarillo o rojo— determina si el titular tiene autorización para ingresar a edificios o espacios públicos. Su uso se practica entre legiones de funcionarios locales que tienen la autoridad para poner en cuarentena a los residentes o restringir sus movimientos.

Estos controles son clave para el objetivo de China de erradicar el virus por completo dentro de su territorio, una estrategia en la que el partido ha apostado su credibilidad a pesar de la aparición de variantes altamente contagiosas. Tras los errores iniciales de China que permitieron la propagación del coronavirus, su estrategia “cero covid” ha ayudado a mantener baja la cantidad de infecciones, mientras que el número de muertes sigue creciendo en Estados Unidos y otros lugares. Pero, en ocasiones, los funcionarios chinos han sido severos. Por ejemplo, han aislado a niños pequeños sin la presencia de sus padres o encarcelado a personas que consideran que han violado las reglas de contención.

Los funcionarios de la ciudad no respondieron a las preguntas sobre las afirmaciones de Xie. Si bien es difícil saber qué es lo que sucede en casos individuales, el propio gobierno ha dejado claro que quiere utilizar estas tecnologías de otras maneras.

Los funcionarios han utilizado los sistemas de vigilancia de la salud creados en torno a la pandemia para encontrar fugitivos. Algunos fugitivos han sido localizados gracias a sus códigos de salud. Otros que lograron evitar las aplicaciones han encontrado tantas dificultades en su vida que han terminado por rendirse.

Sin embargo, a pesar de toda su aparente sofisticación, el sistema de vigilancia de China sigue siendo laborioso. Y aunque la población ha apoyado en general las intrusiones de Pekín durante la pandemia, las preocupaciones por la privacidad están aumentando.

“Los controles de China para la pandemia han dado realmente grandes resultados, porque pueden vigilar a cada individuo”, dijo Mei Haoyu, de 24 años, empleado de un hospital dental en Hangzhou, una ciudad del este de China, quien trabajó como voluntario al principio de la pandemia.

“Pero si después de la pandemia estos medios siguen estando disponibles para el gobierno”, añadió, “eso es un gran riesgo para la gente común”.

El riesgo: que ‘surja un círculo vicioso’

Un brote de COVID-19 que se extendió por la provincia de Zhejiang, en el este de China, a finales del año pasado, comenzó con un funeral. Cuando uno de los asistentes, un trabajador de la salud, dio positivo en una prueba de rutina, 100 rastreadores pusieron manos a la obra.

En cuestión de horas, los funcionarios alertaron a las autoridades en Hangzhou, a 72 kilómetros de distancia, que un posible portador del coronavirus andaba suelto allí: un hombre que había conducido al funeral días antes. Los trabajadores gubernamentales lo encontraron y le hicieron la prueba. Dio positivo.

A través del uso de los registros de códigos de salud digitales, los equipos de rastreadores trazaron una red de personas basándose en los lugares donde había estado el hombre: un restaurante, un salón de mahjong, salas de juegos de cartas. En menos de dos semanas, detuvieron la cadena de infecciones en Hangzhou. En total, se reveló que 29 personas estaban infectadas.

La capacidad de China para rastrear esos brotes ha dependido en gran medida del código de salud. Los residentes se registran en el sistema con el ingreso de su información personal en una de las diversas aplicaciones que existen. El código de salud es en esencia obligatorio, porque sin él, las personas no pueden entrar a edificios, restaurantes o incluso parques. Antes de la pandemia, China ya tenía una enorme capacidad para rastrear personas a través de los datos de ubicación de los teléfonos celulares; ahora, ese monitoreo es mucho más amplio.

En los últimos meses, las autoridades de varias ciudades han ampliado su definición de “contacto cercano” para incluir a las personas cuyas señales de teléfono celular hayan sido registradas a una distancia de hasta un kilómetro de una persona infectada.

El experimento del partido de utilizar datos para controlar el flujo de personas ha ayudado a mantener controlada a la covid. Ahora, estas mismas herramientas podrían otorgarles a los funcionarios un mayor poder para resolver otros desafíos.

Xi ha elogiado al centro “Cerebro Urbano” de Hangzhou —que reúne datos sobre el tráfico, la actividad económica, el uso de hospitales y las quejas públicas— y lo ha posicionado como modelo de la forma en que China puede utilizar la tecnología para atender problemas sociales.

Desde 2020, Hangzhou también ha utilizado cámaras de video en las calles para verificar si los residentes usan cubrebocas. Un distrito monitoreó el consumo de energía en los hogares para ver si los residentes cumplían con las órdenes de cuarentena. La ciudad de Luoyang instaló sensores en las puertas de los residentes que estaban en aislamiento domiciliario, para notificar a las autoridades si las abrían.

Con tanta inversión, financiera y política, en soluciones tecnológicas, las fallas pueden tener grandes repercusiones.

Durante el reciente confinamiento de Xi’an, una ciudad de 13 millones de habitantes en el noroeste de China, el sistema de códigos de salud colapsó dos veces en dos semanas, lo que perturbó la vida de los residentes, que tenían que actualizar sus aplicaciones cada día con evidencias de que se habían sometido a las pruebas de covid.

Al centrarse en la tecnología y la vigilancia, las autoridades chinas podrían estar dejando de lado otras formas de proteger vidas, como ampliar la participación en programas de salud pública, escribió Chen Yun, una académica de la Universidad de Fudan en Shanghái, en una evaluación reciente de la respuesta de China a la COVID-19.

El riesgo, escribió, es que “surja un círculo vicioso: la población sea cada vez más marginada, mientras que la tecnología y el poder penetran cada vez más todos los aspectos de la vida”.

‘Disponible en todo momento’

Durante más de una década, el Partido Comunista ha estado reforzando a sus ejércitos de funcionarios de base que realizan vigilancia de casa en casa. El nuevo aparato digital del partido ha potenciado esta antigua forma de control.

Según los medios estatales, China ha movilizado a 4,5 millones de los denominados trabajadores de la red para combatir los brotes, cerca de uno de cada 250 adultos. Bajo el sistema de gestión de red, las ciudades, los pueblos y las aldeas se dividen en secciones, a veces conformadas por unas pocas cuadras, que luego son asignadas a trabajadores individuales.

En tiempos normales, sus deberes incluían quitar la maleza, mediar disputas y vigilar a posibles alborotadores.

En medio de la pandemia, esos deberes se multiplicaron.

A los trabajadores les asignaron la tarea de custodiar los complejos residenciales y registrar las identidades de todas las personas que ingresaban. También comenzaron a llamar a los residentes para asegurarse de que se habían realizado pruebas y aplicado la vacuna, y a ayudar a los que cumplían cuarentenas a sacar su basura

También recibieron poderosas nuevas herramientas.

El gobierno central le ha ordenado a la policía, así como a las compañías telefónicas y de internet, que compartan información sobre el historial de viajes de los residentes con los trabajadores comunitarios, para que puedan decidir si dichos residentes deben ser considerados de alto riesgo.

En un condado de la provincia suroccidental de Sichuan, las filas de trabajadores de la red se triplicaron a más de 300 en el transcurso de la pandemia, relató Pan Xiyu, una de las nuevas trabajadoras contratadas. Pan, quien es responsable de unos 2000 residentes, afirma que pasa gran parte de su tiempo distribuyendo folletos e instalando altavoces para explicar las nuevas reglas y fomentar la vacunación.

Puede ser agotador. “Tengo que estar disponible en todo momento”, dijo.

La presión por mitigar los brotes puede hacer que los funcionarios tomen medidas extremas y le den prioridad al cumplimiento de las reglas sin importar el costo.