El pueblo venezolano se ha movilizado en el marco de la conmemoración de los 65 años del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien encabezó un régimen autoritario entre 1952 y 1958, cuyo fin abrió la era democrática y republicana en Venezuela y, en paralelo, ha exigido el fin de las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. al país bolivariano.
“Hoy, 23 de enero, el pueblo se moviliza en las calles para exigir que levanten las sanciones criminales impuestas contra Venezuela. Basta de bloqueos, de persecución económica y financiera que ha provocado un impacto brutal en el pueblo. ¡Vamos Unidos!”, ha dicho el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en el acto.
Maduro ha agregado que, a través de la Revolución venezolana, aún “se mantiene vivo el espíritu rebelde del 23 de enero” y resaltado que la unidad poderosa del pueblo que rescató la democracia en aquella ocasión, emerge cada vez que la patria es amenazada.
Tras mostrar un vídeo con imágenes históricas y declaraciones del expresidente Hugo Chávez sobre los hechos de ese día, Maduro ha subrayado que “la voluntad soberana nunca más volverá a ser traicionada”.
Así, ha aludido al comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual dice que la manifestación servirá para rescatar la memoria histórica nacional de la traición al pueblo venezolano con el nefasto Pacto de Punto Fijo, el nombre original del mismo era el Pacto de Nueva York o Pacto de Rockefeller.
En ese sentido, el comunicado-convocatoria apunta que el 23 de enero es una fecha de un momento histórico de nuestro heroico pueblo, que fue traicionado en su victoria y sus anhelos democráticos, de cambio, de igualdad, libertad y justicia social por una dirigencia de la derecha que estaba supeditada a los intereses imperiales, como siempre ha sido su comportamiento.
Venezuela es azotado por colosales embargos económicos de Washington. EE.UU. no deja de endurecer sus sanciones para forzar un cambio de gobierno y controlar los ricos recursos del país bolivariano.
Las autoridades venezolanas denuncian que numerosas restricciones unilaterales que EE.UU. viene aplicando desde 2014, configuran un delito de lesa humanidad, ya que dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo social del pueblo venezolano, además de violar el derecho internacional y el principio de autodeterminación del pueblo.
