SÃO PAULO, Brasil — “Si mi país hubiera logrado dar una respuesta medianamente buena a la pandemia, más de 400.000 brasileños seguirían vivos”. Esta es la cruda conclusión del epidemiólogo Pedro Hallal, cuyo testimonio, aunado al de muchos otros, se recabó en el informe final del manejo de la COVID-19 por parte del gobierno de Brasil. El informe, que se dio a conocer la semana pasada, es la culminación de una fascinante investigación del Congreso que duró varios meses.

Por supuesto, no sabemos con exactitud cuántas de las más de 607.000 muertes en el país se pudieron haber evitado: el cálculo de Hallal es solo una aproximación. Pero la verdad es que no tenemos un presidente medianamente bueno. Ni siquiera uno ligeramente malo. Tenemos a Jair Bolsonaro, un hombre que sostiene que las principales víctimas de la COVID-19 fueron “los obesos y los miedosos”.

Ya era hora de que alguien documentara la catastrófica gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro y eso es justo lo que hace el informe de 1288 páginas (lo leí y todavía me hierve la sangre). El informe, realizado de manera minuciosa, detalla cómo Bolsonaro ayudó a propagar el virus, sin importar la pérdida de vidas humanas. Y recomienda que se le acuse de nueve delitos, entre ellos, el uso irregular de fondos públicos, la violación a los derechos civiles y, el más grave, delitos contra la humanidad.

El documento es producto de seis meses de trabajo de una comisión especial del Senado, y constituye un esfuerzo bienvenido para que en Brasil haya una rendición de cuentas. Pero es probable que no sea nada más: hay pocas posibilidades de que Bolsonaro, protegido por un fiscal general aliado, llegue a enfrentar los cargos que se le imputan. Ahora corresponde a los organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, exigirle que asuma su responsabilidad. Los brasileños tendrán que seguir esperando para que realmente se haga justicia y se reparen los daños.

No hay duda de que el informe no influirá en el comportamiento de Bolsonaro. La semana pasada, le restó importancia, cuando declaró: “Sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento”. Y, así, sigue debilitando las medidas para frenar la transmisión de COVID-19, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y las pruebas masivas. Sigue promoviendo un “tratamiento preventivo” con medicamentos ineficaces como la hidroxicloroquina y declara en público que no se va a vacunar (en diciembre dijo que él tenía “la mejor vacuna: el virus”). La semana pasada, incluso sugirió que la gente que recibió todas las dosis de la vacuna era más vulnerable al VIH.

El compromiso de Bolsonaro con la información falsa está evidenciado por completo en el informe. Junto con sus tres hijos mayores y otros funcionarios de alto nivel, se sirvió del poder del gobierno para hacer circular información falsa. Por ejemplo, el Departamento de Comunicación Social, admitió que les pagó a influentes de las redes sociales para que hablaran bien de medicamentos ineficaces. Además, el departamento celebró el hecho de que Brasil era uno de los países con la mayor cantidad de personas “recuperadas” de la COVID-19 (lo cual, en esencia, dice que Brasil tiene una de las tasas de infección más elevadas, algo de lo que no se debería hacer alarde).

El documento está lleno de revelaciones y anécdotas macabras, entre ellas, una de mis declaraciones bizarras preferidas, en boca de un funcionario del gobierno (he de admitir que fue difícil elegir). Durante una entrevista radiofónica de marzo de 2021, Onyx Lorenzoni, entonces secretario general de la presidencia, declaró que los confinamientos no eran eficaces para reducir la propagación del virus. ¿Por qué? “¿Puede alguien evitar, en las zonas urbanas, la circulación de las aves, los perros callejeros, las ratas, los gatos, las pulgas, las hormigas y los insectos? ¿Puede alguien promover el confinamiento de los insectos? Claro que no. Y todos ellos son portadores del virus”.

Pero más allá de las anécdotas hay un relato aterrador de la aparente mendacidad y corrupción del gobierno. Por ejemplo, el gobierno retrasó la compra de cientos de millones de dosis de la vacuna de fuentes apropiadas mientras, según se dice, trataba de negociar con intermediarios dudosos la compra de una vacuna no autorizada (a un precio muy elevado). A Bolsonaro se le informó de las irregularidades en el acuerdo, pero no hay pruebas de que les advirtiera a las autoridades al respecto.

Lo que es peor, supuestamente, el gobierno hizo un pacto con Prevent Senior, una importante cadena de salud privada, para producir datos sobre la eficacia de la hidroxicloroquina y otros medicamentos no probados en el tratamiento de la COVID-19. Doce médicos denunciantes acusaron a la organización de poner a prueba medicamentos en pacientes sin su conocimiento y sin tener la autorización correspondiente de la comisión de ética (Prevent Senior negó haber actuado de manera ilegal). Este turbio experimento humano se llevó a cabo, según el informe, con la bendición del presidente y miembros del gobierno federal.

El martes, el informe fue aprobado en una votación del Senado. “Un asesino se esconde en el palacio presidencial”, dijo Renan Calheiros, senador y principal autor del informe, al final de la sesión. Fue una victoria, pero pudo haber sido mucho más: el borrador inicial proponía que se acusara a Bolsonaro de homicidio masivo y genocidio en contra de la población indígena de Brasil, que fue la más afectada, pero esos cargos se eliminaron en la versión final. A pesar de ello, la votación —que acusa en la práctica a un presidente en funciones de delitos contra la humanidad— equivale a una condena extraordinaria a Bolsonaro.

El informe también recomienda acusar a dos empresas y a 77 personas más, incluidos los tres hijos mayores de Bolsonaro, dos de sus asesores, el actual ministro de Salud (y su predecesor), otros ministros más, algunos congresistas, el exsecretario de comunicación social, el presidente del Consejo Federal Brasileño de Medicina, y los propietarios y el director ejecutivo de Prevent Senior. Se podría llamar a todo un conjunto de delincuentes para que respondan por sus pecados.

Pero es poco probable que eso ocurra. Aunque sin duda el documento es digno de celebración, por desgracia, no es suficiente para hacer que Bolsonaro y sus aliados respondan por sus actos. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, nombrado por el propio presidente y considerado un aliado, tendría que iniciar un proceso penal. Es difícil imaginar que eso ocurra.

Quiero pensar que la historia condenará a Bolsonaro y a sus aliados por los horrendos crímenes que cometieron contra nuestro pueblo, por hacernos anhelar un gobierno medianamente bueno. Pero todo eso es a futuro. En este momento, solo tengo un deseo: que la Corte Penal Internacional estudie bien el informe, con mis saludos.