Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que representan especiales problemas de salud pública en el mundo. La contaminación por este elemento puede afectar los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos.
En el Perú, la contaminación por mercurio se da sobre todo debido a la minería ilegal que se desarrolla principalmente en la Amazonía. Este metal líquido es usado para separar el oro de otros materiales y, en ese proceso, se libera en el ambiente, causando estragos en los propios mineros, en las comunidades vecinas, en la vegetación y los animales como los peces que luego son consumidos por las personas. Este daño es irreversible.
Mariano Castro, exviceministro del Ambiente, señala que –pese a los avances y esfuerzos por erradicar su uso– el mercurio aún significa un problema para la salud en el país. Este elemento llega en grandes cantidades a través de Bolivia, por contrabando. Al año, se estima que ingresa de 400 a 700 toneladas, y su destino es la minería ilegal.
“Los daños están señalados no solo en informes o diagnósticos oficiales sino también de organizaciones científicas internacionales que dan cuenta de la presencia del mercurio en las personas, en los peces, así como también en la vegetación. Esto genera una serie de efectos en la salud, en los ecosistemas y en el bienestar de la población en general”, explica el especialista.
Además de la minería, el mercurio también es usado en otras actividades, por ejemplo en el alumbrado y la medicina (termómetros y curaciones dentales), aunque su uso se está reduciendo porque han aparecido nuevas alternativas.
Para reducir y detener los efectos de la contaminación por mercurio en el planeta, en el 2013, Perú y otros cien países suscribieron el Convenio Minamata. El objetivo de este instrumento es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas” de dicho elemento químico. Pese a su importancia para frenar este tipo de afectación a la salud, el tratado recién fue ratificado por el Congreso en el 2015.
“El Convenio Minamata establece metas plazos específicos para la reducción de este material y su reemplazo, porque ya hay alternativas”, afirma Mariano Castro. Asimismo, indica que esta tarea es multisectorial, regional y global. “Ha habido varias acciones. Una de ellas es que ya existe un inventario de emisiones que se tiene actualizado al 2021. Además, tenemos el manual de aplicaciones para el cálculo de emisiones”, sostiene.
El exviceministro también señala que después de la ratificación de este convenio, desde el Minam se impulsó un Plan Nacional de Aplicación para el Convenio Minamata, donde hay un conjunto de metas. En el documento figuran metas que se debían cumplir hasta el 2022, sin embargo, según Castro, “al 2021, hubo un avance de un 35%”.
Un reportaje de Ojo Público reveló, en noviembre de 2022, detalles del contrabando de mercurio que llega desde el vecino país boliviano, donde este elemento se vende libremente, a diferencia de Perú donde está prohibido. Una parte importante de este material llega a Bolivia desde México, apunta el portal de investigación.
“Entre 2014 y 2022, según los registros de comercio global analizados por OjoPúblico, Bolivia importó más de 1100 toneladas del insumo valorizado en más de USD 41’000.000. Más de la mitad de esta cantidad (55.5 %) fue enviada desde México y el 44.5 % restante desde Rusia, India, Vietnam, Tayikistán y otros países”, indica el reportaje.
El ingreso del mercurio al Perú se da por la falta de control en varios puntos de la frontera donde se comercializan diversos productos durante todo el año. “Urge controlar el contrabando. Y esto supone una actuación bilateral, una actuación regional, la participación de autoridades de Aduanas, de la Policía Nacional, las fiscalías y una lucha frontal contra la minería ilegal”, apunta Mariano Castro al respecto.
Según indica Mariano Castro, en este caso, “al Congreso le corresponde aprobar una ley que contribuya a la formalización minera. Pero una formalización efectiva que implique un cambio de prácticas, cambio de tecnología, que signifique no solo reducir la contaminación sino aprovechar más eficiente el oro. No puede permitirse una actividad con tanto riesgo siga generando tanto daño irreversible”.
“Actualmente este tema [la formalización minera] está en un limbo porque se ha ampliado el registro, hay anuncios de nueva ley de minería, además los proyectos de ley en el Congreso no se refieren a la contaminación gravísima del mercurio”, afirma.
Por el lado del Ejecutivo, señala Castro, le corresponde presionar al Congreso para no normas que debilitan la formalización minera. Además, trabajar desde una visión multisectorial para erradicar la minería ilegal y el uso de mercurio.
“Se tiene que luchar contra el contrabando y contra la minería ilegal, aquella que se realiza en zonas prohibidas y utiliza sustancias contaminantes. Esta misión debe ser liderada por el Ministerio del Ambiente (Minam), como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones”, concluye.
