El lobo ibérico ha estado amenazado durante décadas en España. Sus poblaciones menguaron notablemente durante la segunda mitad del Siglo XX, rozando la extinción. Sin embargo, al norte del Duero, esta especie ha experimentado una lenta y paulatina recuperación durante la última década, gracias a medidas de protección y a que muchos ganaderos han apostado por la convivencia y no por el extermino y esta fórmula les funciona.
El interés en la desprotección del lobo ha unido de nuevo a las comunidades del norte donde esta especie habita en mayor medida (Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla y León y Aragón), pero también a presidentes regionales donde no hay presencia de este animal desde hace décadas, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, o incluso Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Desde que los gobiernos de derechas asumieron sus cargos, iniciaron una campaña basada, en la mayoría de los casos, en datos falsos sobre ataques de lobos al ganado. De hecho, en repetidas ocasiones se publicaron en las páginas web de dichas comunidades y en sus RRSS, no solo las cartas que enviaron a Bruselas quejándose de los lobos, sino también aportando datos desmesurados e inverosímiles.
El futuro del lobo ibérico y los esfuerzos para la coexistencia entre esta especie única y la ganadería extensiva penden de un hilo tras la maniobra legislativa del Partido Popular con el apoyo de VOX, PNV y Junts. La enmienda introducida en el Senado no cuenta con ningún tipo de aval científico y en caso de ser validada en el Congreso abrirá la puerta nuevamente a las matanzas de lobos en España.
Además, la enmienda sienta un gravísimo precedente para la protección de la naturaleza al modificar el estatus legal de una especie de manera arbitraria y sin participación pública, a través de una disposición adicional en una ley que nada tiene que ver con la conservación de la naturaleza.
Para WWF, la enmienda presentada no busca apoyar a la ganadería extensiva, sino retomar la persecución sistemática del lobo por razones puramente políticas. Este grave atentado contra la naturaleza ignora deliberadamente la evidencia científica sobre la frágil recuperación de la especie y la inutilidad demostrada de matar lobos para reducir los daños a la ganadería.
“Es escandaloso y una grave irresponsabilidad que PNV y Junts se alíen con el PP y VOX para desproteger a una especie tan necesaria como el lobo por la puerta de atrás, en un acto de negacionismo científico”, ha señalado el secretario general de la ONG España, Juan Carlos del Olmo.
Y añade: “Si los grupos parlamentarios aprueban este despropósito legal, desmantelarán años de avances en la protección de la naturaleza y pondrán en peligro los fondos para la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, dejando en el limbo a quienes conviven con la especie”.
La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en 2021 fue una decisión respaldada por la ciencia y llevada a cabo con todas la garantías que marca la legislación. Se basó en el dictamen de un comité científico independiente que avalaba esa protección por el papel ecológico fundamental que juega el lobo en los ecosistemas, tras un largo procedimiento administrativo que permitió una amplia participación de la sociedad civil. Ahora, el PP y los partidos que le apoyan pretenden desmantelar esa protección de forma opaca, dejando a la ciencia y la sociedad fuera de una decisión crucial para la naturaleza.
La ONG subraya que la población del lobo está estancada desde hace una década, con una evolución que ronda el 1 % anual, según los propios datos de las Comunidades Autónomas. El crecimiento desde 2012-2013, el último censo nacional de la especie, ha sido apenas del 8% en Castilla y León, de un 3 % en Galicia (de 90 a 93 manadas), y de un 13 % en Asturias (de 37 a 42 manadas reproductoras).
Pese a la entrada en el LESPRE, las poblaciones de lobo siguen en un estado de conservación desfavorable, con importantes problemas genéticos de endogamia causados por su aislamiento y la implacable persecución humana hasta la segunda mitad del siglo pasado.
“Matar lobos en un estado de conservación desfavorable, como el que se encuentran actualmente las poblaciones ibéricas de la especie, es un disparate y es ilegal”, ha declarado Juan Carlos del Olmo. Aunque el estatus de la especie cambie a nivel europeo, la Comisión Europea ha recordado este mes que los Estados miembros seguirán obligados a mantener un estado de conservación favorable: algo incompatible con una gestión basada en la caza y la muerte sistemática de ejemplares en la mayor parte de su área de distribución.
Recuerdan que la protección del lobo a través de la inclusión en el LESRPE ha supuesto una inversión económica sin precedentes para la coexistencia con la ganadería extensiva. Nunca ha habido tanto dinero público disponible para que los ganaderos y ganaderas apliquen medidas preventivas y reciban pagos justos en caso de sufrir daños, gracias a la aprobación por parte del Gobierno central y las CCAA de la “Estrategia para la gestión y conservación del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural”.
La organización considera especialmente grave que esta injustificable enmienda pueda salir adelante con los votos de PNV y Junts: en el País Vasco solo quedan dos manadas de lobos compartidas con CCAA vecinas, y en Cataluña la especie está considerada como una especie “Extinta reproductora”.
Para la ONG, los grupos políticos y las administraciones deben trabajar en común por aplicar soluciones reales, que pasan por planes de conservación adecuados y eficaces de la especie y una apuesta firme por la prevención de daños. Pero hay una gran falta de compromiso y voluntad política por parte de las Comunidades Autónomas, según un análisis de sus políticas sobre el lobo publicado este mes por WWF.
Además, reclaman abordar los verdaderos problemas del sector de la ganadería extensiva, que son independientes de la presencia del lobo. La organización lleva años planteando soluciones para mantener esta actividad con un relevante papel ambiental y social, y exigiendo el desarrollo de una estrategia estatal y los correspondientes planes regionales.
