A orillas del río Madre de Dios, las balsas, como mosquitos, succionan el suelo día y noche en busca de oro. La minería ilegal avanza voraz sobre la selva amazónica en Perú, gran productor mundial del metal precioso.
Mientras tanto, bosque adentro, o en lo que queda de él, crece el conflicto entre mineros que se disputan el oro en el frágil ecosistema de la frontera con Brasil y Bolivia.
En Madre de Dios, en el sureste de Perú, la explotación es despiadada, a pesar de la persecución de la fuerza pública. Desde 2017 este departamento megadiverso de 180.000 habitantes pierde en promedio unas 21.000 hectáreas de selva al año.
El precio internacional del oro se disparó en los últimos cuatro años hasta alcanzar en abril su máximo histórico. El apetito de los inversores aumenta la sed por el metal en Perú, décimo productor mundial de oro y segundo en Latinoamérica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Donde antes había vegetación hoy se abren profundos socavones inundados de agua color ocre, con las llamadas balsas o tracas dentro que succionan montañas de cascajo en busca de la finísimas y valiosas partículas.
“Los comuneros ya no pueden sembrar aquí su maíz, su plátano, su yuca, porque este terreno ya está muerto prácticamente”, lamenta Jaime Vargas, líder indígena shipibo de 47 años y promotor de la reforestación de los “desiertos de cascajo” que deja la extracción.
Aunque la minería está prohibida en sus territorios, los indígenas conviven con los buscadores de oro que los invadieron, e incluso algunos trabajan con ellos. “Pero el responsable es el Estado, por su desorden” en el manejo de la minería, denuncia Vargas.
La explotación desmedida, entretanto, desata enfrentamientos.
En Perú coexisten tres modalidades de minería: la formal que ampara la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal.
Los ilegales son los mayores depredadores de la selva. Su actividad financia el crimen organizado que se impone en zonas como La Pampa, un enclave sin ley y contiguo a una de las reservas ecológicas de Madre de Dios.
“Los mineros ilegales nos invaden por todo lado”. Lucio Quispe, de 40 años, se expresa con más resignación que enojo.
Horas antes de que hablara con la AFP sus dos hermanos, Robert y Reinaldo, fueron atacados brutalmente a machete cuando limitaban un punto de extracción con cintas rojas de peligro presuntamente por los ilegales.
Hasta mitad de junio, Reinaldo seguía hospitalizado en Puerto Maldonado, capital del departamento.
Los Quispe explotan una concesión de 200 hectáreas a dos horas de la ciudad. Paradójicamente, el mismo Estado que les dio la autorización todavía no los reconoce como mineros formales.
Las tres modalidades se sobreponen entre sí y las tres alimentan el mercado aurífero. En 2022 Perú produjo 96 toneladas de oro, pero se exportaron alrededor de 180 toneladas hacia Canadá, India, Suiza o Estados Unidos, principalmente, según estadísticas oficiales.
“El 45% de lo exportado no cuenta con registros de producción”, alertó la superintendencia que supervisa la banca peruana y coopera contra el lavado de activos.
La OEA, en un reciente informe de su división contra la delincuencia organizada trasnacional, apuntó al corazón del problema: tanto la minería informal como ilegal permearon el comercio del oro peruano.
Incluso, estudios independientes sitúan a Perú como el mayor exportador de oro ilegal en Sudamérica, con el 44%, por delante de Colombia (25%) y Bolivia (12%), de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía.
En 2010, Perú demarcó un corredor minero de 5.000 km2 para proteger reservas de Madre de Dios como la de Tambopata y el Parque Nacional del Manú.
Dentro de esa franja está permitida de forma excepcional la minería informal hasta fin de este año. Desde 2016, cuando arrancó el tortuoso proceso de legalización, las autoridades han estirado los plazos.
De los 9.000 inscritos hasta 2019 -cuando venció el período de registro- solo 200 (2%) han obtenido licencia, según Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios.
En el corredor minero se explota oro de aluvión, lo que implica remover grandes volúmenes de material para llegar a obtener la “perla o botón” amarillo, explica.
Por cada 100 metros cúbicos de tierra se extrae alrededor de 10 a 15 gramos de oro cuyo valor, por gramo, alcanza los 63 dólares.
“Pero no se puede hacer tortillas sin romper huevos; no se puede hacer minería en Madre de Dios sin sacrificar el bosque”, reconoce.
Además, el mercurio se sigue empleando indiscriminadamente, pese a que el país suscribió un acuerdo internacional para reducir progresivamente su uso y a que en 2015 prohibió la importación, lo que estimuló el contrabando desde Bolivia.
Aunque la minería ilegal le va ganando la partida a la selva, un puñado de pequeños productores apuesta por el “oro ecológico”. Lucila Huanco rompió con el mercurio hace tres años. Esta productora explota una concesión de 3.000 hectáreas cerca de la temida Pampa.
De 54 años y minera formal desde hace diez, Huanco reemplazó ese material por las mesas gravimétricas, una técnica que emplea la gravedad para separar las partículas de oro de la arenilla.
Recuerda que tomó la decisión ante el sobreprecio que pagaba al único vendedor autorizado de mercurio, mientras los informales se abastecían del contrabando. “Es difícil ser formal en una tierra ilegal”, resume.
Una vez que comenzó a producir “oro ecológico” tropezó con el mercado. Su oro tenía un aspecto diferente del procesado con mercurio y los compradores locales le daban menos.
Entonces, logró un acuerdo para proveer a un cliente en Lima que le paga unos 70 dólares por gramo.
Rodeada de minería informal, Huanco se hartó del estigma: “Sinceramente yo ya no quiero que nos pongan un punto diciendo que nosotros somos contaminadores”.
