Los océanos absorben más del 90 % del exceso de calor del cambio climático y una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono producidas por el ser humano. Los océanos regulan el clima, producen oxígeno, pero también, según las Naciones Unidas, son la principal fuente de proteínas para más de un tercio de la población mundial, y más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento.
Unas 8 millones toneladas métricas de desechos plásticos ingresan al océano cada año; un tercio de las especies de mamíferos marinos se encuentran en peligro de extinción; hasta 8 600 000 toneladas de recursos marinos son pescados ilegalmente cada año; el 33 % de las poblaciones de peces en el mar se captura a niveles insostenibles y que el 60 % se pesca al máximo de su capacidad.
Por lo tanto, los desafíos para proteger los océanos son numerosos. La buena noticia es que muchos dependen de decisiones que son posibles de tomar: acabar con los subsidios a la pesca que promueven la sobreexplotación, mejorar la administración de las pesquerías prevaleciendo la sustentabilidad de los recursos, normar de manera estricta la minería en los océanos o crear áreas marinas protegidas.
Una de las discusiones más importantes en la carrera por proteger los océanos es la prohibición a los subsidios que contribuyan a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. De hecho, era una meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que debía cumplirse en 2020, pero que aún no se concreta.
Un estudio publicado en 2019 en la revista científica Marine Policy estableció que, a nivel mundial, los gobiernos destinan 35 000 millones de dólares anuales en subsidios a la pesca. De ellos, 22 000 millones son considerados dañinos porque contribuyen a la sobreexplotación pesquera. Entre ellos está el combustible, la construcción de barcos o el equipamiento. De esos subsidios considerados dañinos, cerca de 6000 millones, es decir, una tercera parte, los entrega China y es ese dinero el que, en gran medida, le permite a las grandes flotas de este país asiático, pero también a las de la Unión Europea, Japón o Corea, operar durante largos períodos en alta mar pescando enormes cantidades de recursos marinos
Ernesto Fernández, encargado de asuntos relacionados con la reducción de las subvenciones a la pesca perjudicial de la organización The Pew Charitable Trusts, asegura que, por ejemplo, “en el Atlántico Sur, frente a Argentina, Brasil y Uruguay hay cerca de 600 embarcaciones principalmente de China, Corea del Sur y España, impulsadas gracias a 515 millones de dólares”. Asimismo, “frente a Perú y Chile hay unas 570 embarcaciones pescando gracias a subsidios de más de 630 millones de dólares”, agrega.
Además, Fernández precisa que en 2018 unos 180 barcos extranjeros pescaron frente a Argentina durante 84 mil horas y que ese esfuerzo pesquero equivale a que un solo barco pescara durante 9.6 años sin parar.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) es el organismo encargado de llegar a un acuerdo sobre este punto, cosa que debía ocurrir en diciembre pasado. Sin embargo, el recrudecimiento de la pandemia en Europa, debido a la nueva variante Ómicron, obligó la reprogramación del encuentro para febrero de 2022.
Según explica Fernández, quien participa de la discusión en la OMC, el texto que se está trabajando consta de tres pilares. El primero busca prohibir los subsidios a aquellos barcos que pescan ilegalmente. El segundo busca también prohibir los subsidios cuando los recursos que se pretenden capturar están sobreexplotados. El tercero, por su parte, tiene que ver con la prohibición a los subsidios que contribuyan a la sobrepesca y la sobrecapacidad, por ejemplo, el combustible o la fabricación de barcos.
Para Alex Muñoz, director para América Latina del programa Pristine Seas de National Geographic, si bien “los subsidios a la sobreexplotación pesquera es uno de los grandes problemas ambientales que afectan a los océanos del mundo”, precisa que culpar a las flotas extranjeras de la sobreexplotación de los mares de Latinoamérica es una postura “bastante favorable” a las flotas nacionales pesqueras. “No son las flotas chinas las que están sobreexplotando el mar chileno, son las flotas chilenas las que están sobreexplotando el mar chileno y así lo puedes ver en los distintos países de la región”, dice.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2022 el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. El objetivo es poner en valor el rol de los pescadores artesanales, potenciarlo y protegerlo, ya que los peces, los moluscos, los crustáceos y las plantas acuáticas son alimentos fundamentales en la dieta de millones de personas en todo el mundo y es justamente el sector artesanal el que provee, en gran medida, esos alimentos. El problema es que esa seguridad alimentaria, dice Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, se está viendo amenazada “porque todas las pesquerías están yendo hacia abajo”.
Las razones son diversas. Una de ellas es atribuible a la pesca ilegal, porque ejerce una presión desmedida sobre los recursos pesqueros, pero también existen razones administrativas.
Países como Chile, Perú y Ecuador, las naciones más pesqueras de América Latina, “no han sabido manejar bien sus recursos y los han llevado a la sobreexplotación”, dice Max Bello, experto en política pública para la conservación de los océanos y miembro de la organización Mission Blue, creada por la reconocida oceanógrafa Sylvia Earle.
En Chile, según el último reporte de la Subsecretaría de Pesca que analiza la situación de 27 recursos, nueve están sobreexplotados y cinco están agotados. “En las pesquerías que son más chicas en volumen, pero muy importantes para las comunidades costeras, como el congrio, el pulpo, la raya, todas esas están en definitivo colapso y eso es súper preocupante”, dice van der Meer. “Hay pesquerías que definitivamente están desapareciendo de nuestra matriz alimenticia”, agrega.
El jurel, por ejemplo, “no es consumido porque se exporta o se hace harina de pescado”, explica la directora de Oceana. Otras pesquerías emblemáticas de la pesca artesanal chilena, como la merluza austral o la merluza común, hoy están concentradas principalmente en la industria, agrega la experta y “casi todo el mercado de eso se va para afuera”, asegura.
Por otra parte, lugares como la comuna de La Higuera, al norte del país, donde la pesca artesanal sostenible de pequeña escala representa una actividad económica importante, se encuentra amenazada por el desarrollo de otras actividades como la construcción del megapuerto minero Dominga.
Es así como en Chile, “la pesca artesanal de pequeña escala está lamentablemente desapareciendo”, sostiene van der Meer, “y eso es porque cada vez se le va encerrando más, no solo en las áreas de pesca, sino también con otras estrategias de desarrollo que la invisibilizan”, explica.
Pese a este panorama, la pesca no fue abordada por ninguno de los candidatos presidenciales que buscan llegar al palacio de gobierno en 2022.
En Perú, la situación no es mejor. Allí existen más de 300 especies marinas que se aprovechan con fines comerciales y de subsistencia siendo la gestión sostenible de esos recursos un tema clave para la seguridad alimentaria de la población peruana. “Sin embargo, la gestión actual de las pesquerías está llevando a la sobreexplotación de recursos, la degradación de hábitats y al empobrecimiento de los pescadores artesanales”, asegura la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Se calcula que más del 50 % de las embarcaciones artesanales en Perú operan de manera informal. En 2016, el Estado peruano inició un proceso para regularizar a los pescadores artesanales, sin embargo, los plazos de formalización se han extendido una y otra vez sin resultados favorables.
El ingeniero pesquero, Renato Gozzer, experto en temas de formalización, explica que las pesquerías no pueden funcionar bien si no está claramente definido quién puede pescar y cuánto. “Mientras eso se mantenga en la indeterminación, será un problema de seguridad jurídica pero también de sostenibilidad”, dice el experto, “porque mientras no esté claro cuáles son las reglas para permanecer en una actividad y se pueda seguir permaneciendo en ella sin estar debidamente reconocido, es muy difícil de controlar el esfuerzo pesquero y luego es muy difícil involucrar a los pescadores artesanales en las soluciones si es que estos mismos no están propiamente reconocidos”, explica Gozzer.
Pero los problemas no están solamente en el sector artesanal. Por ejemplo, en Perú está prohibido convertir en harina de pescado especies que están destinadas al consumo humano como el jurel y la caballa. Sin embargo, una investigación de Mongabay Latam demostró que en solo dos años, la pesquera que más harina de pescado produce en el país, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), procesó, en 425 oportunidades, estas especies por encima del límite permitido. La investigación demostró también que el Estado, al no multar a la empresa por esta infracción, dejó de cobrar más de 25 millones de dólares.
En opinión de van der Meer, la falta de visión a largo plazo es el gran problema y la receta es establecer planes de manejo que se cumplan. “Se ve fácil, pero que todos apunten a este mismo fin no pasa”, dice la directora de Oceana.
De hecho, el Ministerio Público peruano se encuentra investigando presuntos actos de corrupción ocurridos en 2020, cuando el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) —el organismo técnico orientado a la investigación científica de los recursos marinos del país— habría manipulado datos acerca de la cantidad de anchoveta en el agua en beneficio de las grandes productoras de harina de pescado.
Existe un amplio consenso científico que recomienda la protección del 30 % del planeta, frente a ello la coalición High Ambition Coalition —que ya reúne a 77 países— se ha comprometido a proteger ese porcentaje tanto de tierra como de mar para el año 2030. La propuesta ha sido planteada en la Convención de biodiversidad la que tendrá que tomar una decisión en su próxima COP en China.
Una meta anterior, sin embargo, debía cumplirse en 2020. El objetivo era que los países protegieran el 10% de sus territorios marítimos y terrestres. Aunque “América Latina es el continente que va más avanzado en la protección de los océanos”, asegura Bello, varios países de la región no alcanzaron la meta.
Sin embargo, en 2021 hubo importantes anuncios para Latinoamérica. Uno de ellos fue la firma de un acuerdo entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, que se comprometieron a proteger el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). Este corredor es clave pues conecta importantes áreas marinas protegidas como Galápagos en Ecuador, Isla Coco en Costa Rica, Isla Coiba en Panamá y Malpelo en Colombia, por donde transitan especies marinas migratorias como tiburones y tortugas altamente amenazadas. El anuncio vino de la mano con la promesa de Ecuador, durante la COP 26, de crear una nueva área marina en Galápagos que permitirá proteger el corredor que conecta ese lugar con Isla Coco, algo que desde hace un tiempo la ciencia venía impulsando.
El biólogo Eliecer Cruz, coordinador de Más Galápagos, una iniciativa ciudadana que reúne a numerosas organizaciones nacionales e internacionales, científicos y conservacionistas, que impulsaron la creación de una nueva área protegida en Galápagos, precisa que lo que sigue al anuncio es “elaborar el plan de manejo del área protegida donde se describe la situación geográfica ecológica, se establece una zonificación, los usos permitidos, el sistema de control y vigilancia, y los programas de manejo que se van a hacer en esa área, así como el presupuesto que se necesita”. Una segunda tarea pendiente es determinar cuál va a ser el mecanismo de financiamiento, aunque el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ya anunció que se haría por un canje de deuda externa.
En la iniciativa de proteger el CMAR, Panamá también hizo avances importantes porque en junio amplió en más de 50 mil kilómetros cuadrados el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, una reserva marina que colinda con las áreas marinas protegidas colombianas Santuario de Flora y Fauna (SFF) de Malpelo y Yurupari.
.Costa Rica y Colombia, por su parte, también están trabajando para una mayor protección de sus mares de tal manera que el CMAR pueda concretarse.
Lo importante de estos anuncios, en particular el de Ecuador, radica en que la actual reserva marina de Galápagos no ha logrado mejorar las condiciones de casi 30 especies migratorias, asegura Eliecer cruz, quien fue director del Parque Nacional Galápagos cuando se creó la reserva marina, en 1998.
En el caso del tiburón martillo, por ejemplo, no solo no se han recuperado sus poblaciones sino que han empeorado y hoy figura como una de las especies marinas más amenazadas del planeta.
Con la ampliación de la reserva y la protección de todo el corredor marino por donde se desplaza esta y otras especies, científicos proyectan que las posibilidades de que estos animales sean capturados durante sus viajes disminuyan y que por lo tanto puedan recuperarse.
“Yo creo que vamos por buen camino”, dice Cruz. “Faltan países para que América Latina consolide ese 30%, pero ojalá que este corredor marino sea un impulso para que tanto Perú —que sigue siendo uno de los país de la región que está más retrasado en protección marina, aunque en 2021 creó la Reserva Nacional Dorsal de Nazca—, así como los otros países de Centroamérica también se unan al cumplimiento de esta meta”, agregó.
Max Bello, sin embargo, advierte que “las áreas marinas protegidas son una de las soluciones, pero no es la solución. Se necesita mejor manejo pesquero, se necesita protección de especies vulnerables”.
En ese sentido, Ecuador tiene el gran desafío de frenar el tráfico de tiburones. En este país la captura dirigida hacia estos animales está prohibida y solo se pueden aprovechar aquellos que son pescados incidentalmente, es decir, que caen por accidente en las redes o en los anzuelos que han sido lanzados al mar con el objetivo de capturar otras especies. Pero bajo la excusa de la pesca incidental, miles de tiburones continúan siendo capturados, aseguran los expertos.
Además, por ley, desde 2020 los tiburones martillo en Ecuador no pueden ser comercializados bajo ninguna circunstancia, aún si fueron capturados de manera incidental. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Perú ha continuado realizando decomisos de tiburones martillo provenientes de Ecuador, así como de otras especies de tiburones que, en numerosos casos, tienen como destino el mercado asiático.
La firma del Tratado Global de los Océanos, que ha sido pospuesta debido a la pandemia, debería finalmente concretarse este 2022. El objetivo de este tratado es crear un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en alta mar, es decir, en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Las aguas internacionales representan dos tercios del total del área ocupada por los océanos en el planeta y cubren más de 230 millones de kilómetros cuadrados. Un área mayor que la que ocupan todos los continentes juntos. Diferentes stocks pesqueros dependen, en determinadas etapas de sus ciclos biológicos, de ecosistemas que se ubican en alta mar por lo que la conectividad existente entre estos lugares del océano, los ecosistemas costeros y las economías de los diversos países es hoy innegable. Sin embargo, actualmente solo el 1 % de los océanos globales están protegidos.
Este tratado permitiría, entre otras cosas, crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, pero también establecer un “estándar de calidad” en las evaluaciones de impacto ambiental de diferentes proyectos que actualmente o a futuro pretendan realizarse en alta mar.
Mariamalia Rodríguez, experta en asuntos Latinoamericanos del High Seas Alliance, una alianza entre 27 organizaciones no gubernamentales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica que, por ejemplo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISBA) —conformada por todos los países que son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— regula la exploración minera en aguas internacionales. Si bien dicha autoridad aplica un proceso de Estudio de Impacto Ambiental a los proyectos de exploración que actualmente se realizan, éste “no es tan riguroso”, dice Rodríguez.
Sandor Mulsow, doctor en geología marina, quien fue miembro de la Comisión Técnica-Legal de la ISBA, le aseguró a Mongabay Latam que la línea base de los proyectos de exploración en alta mar, es decir, el estudio que describe detalladamente el área de influencia del proyecto, es a lo menos insuficiente. “Toda la responsabilidad del monitoreo de la base de línea ambiental se ha dejado en mano de los contratistas, eso significa que de un presupuesto del 100% solamente el 1 % o el 2 % es dedicado al ambiente”, dice Mulsow, y denuncia que “la ejecución de los programas a los que se comprometieron los contratistas para diseñar y aumentar la cantidad de información de la parte ambiental es cero”.
Según Rodríguez, el proceso de evaluación de impacto ambiental que se pueda acordar en el Tratado Global de los Océanos permitiría complementar aquellos temas que no están tan rigurosamente establecidos en la ISBA, un aporte crucial si se considera que, actualmente, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos está yendo más allá de la exploración y ya “está desarrollando las regulaciones para la explotación de minería en suelos marinos”, asegura Rodríguez.
“Hay un peligro gigantesco desde el punto de vista ambiental”, dijo Mulsow, y es por eso que en noviembre pasado, el Senado de la República de Chile aprobó, por unanimidad, una propuesta de acuerdo en el que se le solicita al Presidente de la República que pueda mandatar a los ministros de Relaciones Exteriores, de Minería y de Medio Ambiente para que apoyen y apliquen una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos.
Además, “el proyecto de acuerdo también solicita que los secretarios de Estados promuevan la reforma de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a fin de garantizar que los procesos de toma de decisiones y de regulación sean transparentes, responsables, inclusivos, eficaces y ambientalmente responsables”, señala un comunicado.
Pero la preocupación que genera el desarrollo de proyectos mineros en el océano no solo tiene que ver con aguas internacionales. “Países como Perú y México todavía están en el pensamiento de seguir aumentando las exploraciones petroleras. Eso debiera ser un negocio del pasado y considerado completamente incompatible con los esfuerzos de conservación”, dice Max Bello, de Mission Blue. “Crear áreas marinas protegidas no significa que podamos destruir el océano en otros lugares. Se necesita acabar con la explotación minera tanto de hidrocarburos como también las prospecciones mineras que ya se están especulando respecto de minerales. Esas cosas no pueden ser concebidas en un planeta con crisis climática”, concluye el experto.
