El paquete de reformas que envió al Congreso prevé eliminar regulaciones sobre las actividades productivas en ecosistemas protegidos
El paquete de reformas que el ultraderechista Javier Milei envió al Congreso esta semana prevé una fuerte regresión en materia de protección de los derechos ambientales en la Argentina. La extensa iniciativa que cuenta con 664 artículos de reforma integral del Estado incluye un apartado que busca eliminar regulaciones y controles sobre las actividades productivas que pueden llevarse a cabo en bosques y glaciares, áreas resguardadas con leyes específicas que fueron sancionadas en los últimos 15 años gracias a una extensa lucha de organizaciones ambientales que hoy alertan sobre el riesgo que puede implicar de cara al futuro.
En materia ambiental, la ley ómnibus – como fue llamada debido a la gran variedad de normativas que deroga, transforma y crea – prevé modificar la ley de Glaciares, sancionada en 2010, para permitir la actividad minera en zonas periglaciares; la ley de Protección de Bosques Nativos, de 2007, para autorizar la deforestación en áreas donde hoy se encuentra vedada o con restricciones; y la ley de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quema, para otorgar permisos para que inicien focos de incendios con fines productivos o inmobiliarios, que hasta ahora se encuentran muy restringidos o prohibidos, de acuerdo la zona.
El abogado Enrique Viale, especialista en derecho ambiental y autor del libro El colapso ecológico ya llegó, advirtió que la reforma es un “ataque directo a las leyes medulares de protección del ambiente”, y consideró que se trata de la “puerta de entrada a los grandes negocios”. “La modificación de la ley de Glaciares es un viejo anhelo de las empresas mineras transnacionales. En el caso de la ley de bosques, habilita el desmonte en áreas muy codiciadas”, dijo a EL PAÍS.
Viale además remarcó el riesgo de dar marcha atrás con protecciones elementales para ecosistemas en riesgo en un contexto donde el mundo avanza en regulaciones más estrictas para mitigar los efectos del cambio climático. “Los glaciares dan agua y vida, los bosques regulan climas y son fundamentales para reducir olas de calor. En términos económicos, la sequía que sufrió el país hizo perder muchos millones de dólares”, recordó.
Bosques, glaciares y humedales, en la mira
En caso de aprobarse la reforma, estarán en riesgo, entre otros, los bosques de las provincias de Salta, Chaco y Formosa, que hasta ahora integraban las categorías I – considerados de muy alto valor de conservación y que no deben transformarse – y II, de mediano valor de conservación, que pueden estar degradadas pero que con políticas de restauración pueden utilizarse para turismo, recolección o investigación. A pesar de la legislación, nunca se pudo frenar por completo el desmonte ilegal y, en la última década, se perdieron más de un millón de hectáreas, según registros oficiales.
Los glaciares también representan un interés especial para las mineras, que tras la sanción de la ley ejercieron una fuerte presión para avanzar en decenas de proyectos, especialmente en localidades del norte, hasta que, en 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la legislación y frenó 44 proyectos mineros cercanos o sobre cuerpos de hielo.
Según los ambientalistas, la reforma propuesta por Milei echa por tierra la lucha del movimiento y autoriza la actividad minera en las áreas periglaciares, lo que pone en riesgo las masas de hielo ubicadas en la zona de la cordillera de Los Andes, en provincias como San Juan y La Rioja, entre otras, pero también en la Patagonia. Sergio Federovisky, exviceministro de Ambiente del Gobierno que finalizó el 10 de diciembre, lamentó ante EL PAÍS que “la naturaleza sea leída como un obstáculo para hacer negocios”, y puntualizó que “cuando desde el Estado se remueven controles, regulaciones y frenos, la voracidad es automática y desmedida”. “Se estimula la llegada de corporaciones mineras y las posibilidades reales de controlar serán nulas”, agregó.
En el caso de la ley de quema, los cambios derivarían en un fuerte daño a humedales, ya que permitirá que los dueños de las tierras inicien fuegos sin control con fines productivos, como la ampliación de la frontera agropecuaria o la preparación de terrenos para emprendimientos inmobiliarios. Uno de los artículos, modifica las autorizaciones e indica que quedarán prohibidas las quemas “que no cuenten con la debida autorización expedida por la autoridad local competente”, aunque remata que se otorgarán “en forma específica en un plazo de 30 días desde la solicitud de la autorización”. Si en ese plazo no se otorga el permiso, dice el texto, “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, rechazó la propuesta y ante la consulta de EL PAÍS calificó la iniciativa como una “flexibilización ambiental”. “En lugar de tutelar el bien común y el interés colectivo manteniendo a los ecosistemas sanos, se protegen las ganancias y los negocios de los particulares”, criticó.
Para Viale, se habilitarán “quemas a mansalva” en todo el territorio, como las que se agudizaron en los últimos cinco años: un informe de Amnistía Internacional en base a datos oficiales precisó que en 2022 se prendieron fuego más de 560.000 hectáreas. “Los incendios serán cada vez mayores, al tiempo que se quita el financiamiento al Sistema de Manejo del Fuego”, señaló el abogado. En paralelo, el nuevo Gobierno, que semanas atrás degradó el Ministerio de Ambiente a una subsecretaría aún vacante, dejó de emitir el reporte diario de incendios forestales.
Persecución, un temor a la vista de los ambientalistas
Para Nicole Becker, activista y una de las fundadoras de la agrupación Jóvenes por el Clima, si se aprueban las reformas se irá a contramano de las políticas contra el cambio climático impulsadas en el mundo. Pero además, pone el foco en el riesgo de una posible persecución y ataque a ambientalistas, una problemática de la que hasta ahora la Argentina está exenta, pero no así el resto de la región: en la última década fueron asesinados alrededor de 2.000 activistas en el mundo, y Latinoamérica lidera la lista con países como México, Brasil y Colombia a la cabeza.
“Creo que se puede instalar el peligro a la militancia y el activismo ambiental. Si el presidente dice que el cambio climático no es real, como dijo, o que los que luchamos somos ladrones, se genera violencia. Por ahora recibimos agresiones horribles en redes sociales. Espero que no sea riesgoso. Pero a esto se suman las restricciones para organizar manifestaciones”, observó Becker en diálogo con EL PAÍS, en alusión a otro capítulo de las reformas del ultraderechista, que prevé penas de prisión para quienes protesten cortando calles o sin permisos. Viale sumó con preocupación: “Milei y su gente consideran al ambientalismo como un enemigo, es muy peligroso. Si nos considera enemigos, nos va a perseguir y combatir”.
