A las comunas de Quintero y Puchuncaví, ubicadas en la zona costera central de Chile, se las cataloga como ‘zona de sacrificio’. En el lugar, un gran complejo industrial ha contaminado por décadas los aires provocando graves intoxicaciones a miles de personas. El hecho más reciente de intoxicación sucedió durante la jornada del 6 de junio.
Hablar de zonas de sacrificio se ha vuelto común durante los últimos años en el país sudamericano. Este término fue dado por defensores ambientales para referirse a los lugares donde se ubican una masiva concentración de industrias contaminantes, sobre todo de carbón.
Una de las zonas de sacrificio ambiental más conocidas es el sector que abarca las comunas de Quintero y Puchuncaví, ubicadas a 160 kilómetros de Santiago, al que Greenpeace se ha referido como “el Chernóbil chileno”. En este lugar constantemente se producen masivas intoxicaciones producto de la emisión de gases contaminantes provenientes del complejo industrial Ventanas.
Este complejo industrial cuenta con cuatro plantas termoeléctricas a carbón, dos a gas, una antigua fundición y refinería de cobre, además de otras empresas de químicos, lubricantes, combustibles, asfalto y cemento.
El hecho más reciente de intoxicación se produjo este 6 de junio, producto de la excedencia en las emisiones de dióxido de azufre (SO2), lo que provocó que más de 50 alumnos y 25 funcionarios de la educación presentaran síntomas de intoxicación.
La dura realidad de vivir en una ‘zona de sacrificio’ en Chile
© Foto : Cortesía de Joceline Orietta
Los hechos sucedieron el mismo día que se decretó una Alerta Temprana Preventiva a raíz de un pico de contaminación de SO2 en la zona de Quintero y Puchuncaví.
Joceline Orietta, habitante del sector, conversó con Sputnik acerca de la grave situación que se vive en la zona. La joven comentó que esta situación “no es solo de ahora, sino que es recurrente. Uno de los hechos más graves sucedió el 2011. En ese año tuvieron que reubicar un colegio producto de la grave contaminación”.
“Entonces después han habido una serie de episodios donde entre 30 a 40 niños han presentado síntomas hasta que llegamos en 2018, que fueron sobre 1.200 los intoxicados en la comuna”, comentó Joceline.
Joceline explica que los principales afectados producto de la contaminación han sido los estudiantes, puesto que los establecimientos han tenido que ser reubicados. Además, tras los hechos del 6 de junio las clases fueron suspendidas.
La dura realidad de vivir en una ‘zona de sacrificio’ en Chile
© Foto : Cortesía de Joceline Orietta
El convencional Cristóbal Andrade, quien representa entre otras comunas a Quintero y Puchuncaví, señaló a Sputnik que “es inaceptable que tengan que parar los colegios, pero que no paren la industria”.
En esa misma línea, el convencional comentó que “en un cabildo en Quintero una niña nos entregó un dibujo. En el había un niño con un pañuelo y fábricas en el fondo. Ella decía que muchas veces tenía que irse a su casa con un pañuelo mojado en la cara, puesto que el aire era insoportable para respirar”.
La inhalación de SO2 puede producir graves efectos en la salud, como irritación e inflamación del sistema respiratorio, afecciones e insuficiencias pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o mareos.
La reacción de las autoridades
Tras los graves hechos, y en una reunión de emergencia, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció el 6 de junio que se instruirán sensores remotos de SO2 en las instalaciones de las empresas del parque industrial, que permitan predecir los picos que reflejan las estaciones de monitoreo.
Asimismo, desde el Ministerio de Medio Ambiente anunciaron medidas provisionales en contra de las empresas Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y AES Gener, titular de las plantas termoeléctricas del complejo, con el objetivo de que adelanten los nuevos estándares de las modificaciones de los planes operacionales.
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Por otro parte, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el 7 de junio, el senador Juan Ignacio Latorre solicitó un oficio a Codelco, al Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud para saber cuáles son las implicancias de este grave hecho y cuáles son las acciones que van a seguir las entidades.
“Es una hipótesis, no está comprobado, pero todo apunta que podría ser responsable [de la intoxicación] la fundición Ventanas de Codelco. Entonces, qué acciones están llevando en términos de investigación, de colaborar en el fondo en ese proceso”, señaló Latorre en la sesión.
Una historia de contaminación sin fin
“No constituyen en absoluto, una situación inédita o desconocida para la autoridad, quien por el contrario, sabe de ella desde hace años, tanto en lo referido a su ocurrencia como en lo vinculado con sus características, magnitud y gravedad”, señala un fallo de la Corte Suprema de Justicia al acoger un recurso de protección en mayo de 2019.
El fallo se dio luego de la presentación de un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos posterior a la emergencia ambiental y sanitaria ocurrida entre agosto y septiembre de 2018 y que afectó a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.
La contaminación perjudicó a más de 700 personas, principalmente niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, quienes resultaron intoxicados por la inhalación de gases provenientes de las industrias que operan en la zona.
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La corte dictaminó que las autoridades administrativas de los “distintos niveles de gobierno, esto es, comunal, provincial, regional y nacional, debidamente coordinadas entre sí y con las demás magistraturas, órganos y funcionarios públicos que fueren pertinentes, deberán adoptar las medidas dispuestas en esta sentencia”.
Las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia señalaban:
Determinar cuáles son los contaminantes que están afectando a la población, debiendo efectuar a la brevedad los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para determinar la naturaleza y características precisas de los gases.
Una vez identificados y cuantificados los elementos nocivos para la salud y para el medio ambiente, la autoridad de salud deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población.
Se ordena a los dispositivos de salud de la zona la realización de un monitoreo permanente en el tiempo respecto a las personas que fueron afectadas por la nube tóxica.
A pesar del fallo de la Corte Suprema, la contaminación no ha parado en el sector de Quintero y Puchuncaví y las intoxicaciones siguen sucediendo.
“La Corte Suprema dictó un fallo que señala que las empresas deben presentar un plan de descontaminación, porque el plan de descontaminación que actualmente rige no descontamina, solamente baja emisiones”, señaló Joceline.
“Estamos respirando todos los días veneno. Entonces espero que las voluntades políticas que hay ahora en este nuevo gobierno entregue las garantías para un ambiente libre de contaminación”, finalizó la joven.
“Una vida libre de contaminación”
La dura realidad de vivir en una ‘zona de sacrificio’ en Chile
© Foto : Cortesía de Joceline Orietta
El convencional Cristóbal Andrade explicó a Sputnik una serie de normas y articulados que están en la propuesta de nueva constitución que elaboró la Convención Constitucional y que buscan poner fin a las zonas de sacrificios y garantizar “una vida libre de contaminación”.
“En el ámbito de la nueva constitución, nosotros dejamos establecido el artículo que señala que todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida”, señaló el convencional.
En esa misma línea Andrade hizo alusión a la norma que el Estado debe “garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental”.
Finalmente, el convencional se refirió a la Defensoría de la Naturaleza, una nueva institución creada por la Convención Constituyente que busca “la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales”.
