Así se expresa la ONG Global Witness en su último informe sobre la tala ilegal en Perú, en el que constata que estas prácticas están “descontroladas” y advierte que las últimas decisiones tomadas por el gobierno peruano pueden empeorar la situación.
El informe, titulado “El justiciero forestal”, ofrece un alarmante dato para ilustrar la situación: durante la última década, más del 60% de la madera que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) inspeccionó en los dos núcleos de producción más importantes del país es de origen ilegal.
“Algunos de los datos son escalofriantes“, destaca Laura Furones, una de las autoras del informe y directora de la campaña Perú de Global Witness.
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En este contexto, la organización pone el foco en la importancia de la labor de Osinfor, que se ha convertido en pionera en la lucha contra la tala ilegal pero cuya “independencia está debilitada tras su absorción por el ministerio de Ambiente”, una polémica medida tomada por el gobierno el año pasado.
“A pesar de los niveles desenfrenados de tala ilegal, el gobierno peruano ha tomado medidas preocupantes para debilitar el Osinfor, incluso cuando dicho organismo ha resultado ser la única agencia estatal que ha combatido el problema de manera efectiva”, indica la ONG, con sede en Londres.
“Perú debería devolver la independencia al Osinfor y ampliar las competencias de esta agencia imprescindible“, urge la organización, y hace también un llamado a donantes, importadores y socios comerciales, como Noruega, Alemania, EE.UU., China, México o la Unión Europea.
El pasado mes de diciembre, el jefe del Osinfor, Máximo Salazar, anunció su renuncia por estar en desacuerdo con la decisión de vincular la entidad al citado ministerio, precisamente aludiendo a la importancia de mantener la independencia del organismo.
La medida tomada por Lima también generó preocupación en Estados Unidos y llevó a que el representante comercial de este país, Robert Lighthizer, llamara a consultas al país latinoamericano por una posible violación del Acuerdo de Promoción Comercial entre ambos países.
Contactados por BBC Mundo, desde el Osinfor prefirieron no hacer declaraciones al respecto. El gobierno peruano, por su parte, no había respondido a este medio en el momento de publicación de esta nota.
En un comunicado publicado en respuesta a la solicitud de Washington, el ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que el cambio “no afecta de modo alguno las funciones o competencias” del Osinfor.
Prácticas deshonestas
La tala ilegal es un problema persistente en Perú y la investigación de Global Witness constata que se encuentra a un “nivel extremadamente alto”.
“En el informe, miramos las mayores regiones productoras de madera de Perú. De ahí lo significativo de los datos (…) Hasta ahora, había estimaciones, pero estas no lo son: son conclusiones de informes de inspección del Osinfor”, explica la directora de la campaña Perú.
En Perú, para cortar madera, hay que presentar un documento con un plan operativo que detalle de dónde procede la madera, pero la ONG asegura que en muchas ocasiones estos planes son falsificados, en “connivencia” con las autoridades regionales.
Las tácticas “creativas y deshonestas” que se producen en Perú, según Global Witness
- Blanqueo de madera a gran escala, a través del uso de nuevos tipos de áreas de aprovechamiento que el Osinfor no puede sancionar.
- Falsificación de las ubicaciones de árboles en los documentos oficiales, mientras éstos se talan de forma ilegal en otro lugar.
- Confabulación con gobiernos regionales para que se aprueben los documentos falsificados.
- Uso de áreas que el Osinfor no puede inspeccionar para declarar que la madera vino de allí, cuando en realidad se extrajo de otro lado.
“Yo te miento, te doy un plan operativo que te dice que en este bosque tengo tal volumen de madera para sacar cuando a lo mejor ese bosque es una laguna o un lodazal. Es de todo menos un bosque“, precisa Furones.
La directora de la campaña Perú considera que se trata de un “problema sistémico”, ya que “si el sistema funcionara, el gobierno iría a verificar” lo que los documentos indican, pero en muchas ocasiones, y según sus datos, eso no sucede.
“Es brutal, y luego la cosa continúa y va a peor, porque la cosa es que luego esta madera llega a aserraderos para ser procesada”, destaca Furones.
“Los aserraderos son el agujero negro que se traga todo (…) Pero el Osinfor no puede entrar, con lo cual no está documentado”.
El informe sostiene que al menos 2,5 millones de metros cúbicos de madera se talaron de manera ilegal en casi una década y que más de 130.000 ubicaciones de árboles fueron falsificadas.
La organización calcula que cantidad de madera ilegal que se ha comercializado como legal tuvo un valor de US$112 millones.
Consecuencias
Y todo ello pese a la labor del Osinfor, que “durante los últimos 10 años ha hecho un trabajo realmente importante y valiente, porque muchas veces es un trabajo que acarrea no pocos peligros”, destaca la encargada de Perú en Global Witness.
En su informe, también expone la animadversión de empresarios del sector maderero hacia el Osinfor y algunos de los “ataques” que han sufrido sus trabajadores en el pasado.
“Hay claramente mucha gente a la que el Osinfor le sobra. Y quieren deshacerse de ellos a toda costa y esto lo hemos visto muy claramente”.
Si continúa esta situación y el Osinfor queda minado, desde Global Witness auguran que las consecuencias serán graves, no solo para Perú, sino para el resto del mundo.
“Con el papel de los bosques para detener el cambio climático, lo que no podemos ver es cómo la Amazonía, el bosque más importante del planeta, se destruya a este nivel”, advierte Furones.
