Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, apunta al PSC como responsable del fracaso de la cumbre del agua de los partidos celebrada el viernes a instancias del Govern para pactar las medidas contra la sequía. “Es intolerable y de una irresponsabilidad extrema que, por una cuestión tacticista ante unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, no se quiera un acuerdo”, dice. “¡Ha habido voluntad de cargárselo!”, remacha. Era el intento de pactar modificaciones legales para reformar el decreto ley contra la sequía (convalidado hace unos días en Parlament), visto el malestar provocado entre los alcaldes socialistas. Llegamos a tener un documento preparado listo para ser aprobado. Sólo faltaba poner fecha al momento en que se podían aplicar las sanciones a los municipios que no cumplieran con las dotaciones de agua establecidas. Los grupos estaban de acuerdo en que la fecha de aplicación (de esas sanciones) sería el 1 de julio. Nosotros habíamos movido nuestra posición, porque debería iniciarse ya. Pero la posición de un solo grupo [se refiere al PSC] no permitió que hubiera acuerdo. Tengo la sensación de que la clase política no ha entendido aún en qué momento estamos. Estas sequías se repetirán. El decreto de sequía que aprobamos persigue facilitar la acción de emergencia de los ayuntamientos ante la sequía. Sólo un artículo de 13 habla de esas sanciones. Nuestra vocación no es sancionar a nadie para recaudar cuatro céntimos. Se trata de disuadir y de ponerles algo de presión, porque afrontar el problema de la sequía requiere un mejor uso del agua por parte de todos. Dijimos que estamos dispuestos a prorrogar los plazos de cumplimiento enviando avisos. Pero si los municipios no hacen sus deberes, necesitamos alguna herramienta para que los hagan. Debe haber corresponsabilidad. No nos podemos permitir el lujo de que haya municipios que no hagan los deberes, ni de que haya fugas de agua. Ya hay actividades sujetas a restricciones de agua, como la industria y el sector agrícola y ganadero, que nos proporciona alimentos, y le estamos pidiendo colaboración al ciudadano. No actuar es un agravio para los municipios que sí han hecho los deberes. Este no puede ser un debate táctico y electoralista. Sí, este es un asunto que arreglaremos modificando el Plan Especial de Sequía (2020) donde estaba la restricción. Era uno de los asuntos a punto de rubricarse. Pero lo haremos posible; como los demás acuerdos aunque no han sido rubricados. Estas ayudas estaban previstas en el acuerdo. En él se incluía un acompañamiento a los ayuntamientos para resolver este tipo de problemas. Estamos dispuestos a dar ese margen, pero siendo conscientes de que todos deben poner de su parte. Nos comprometemos a aplicarlas como si lo hubiéramos rubricado. Estamos de acuerdo en esto el 99% de los que estábamos en la mesa en la cumbre. Avanzaremos las obras que podamos. Lo que no puede ser es que primen los intereses electoralistas. Estamos hablando de la sequía más importante que ha sufrido el país y de la emergencia climática. No ha habido acuerdo porque han querido señalar que el grupo que sostiene el Govern son 33 diputados. Por diferentes razones, unos 200 municipios lo incumplen, entre los que tienen la obligación.
Activamos el Pla Especial de Sequía el septiembre de 2021. Su comité permanente se ha reunido 23 veces en 18 meses, y desde entonces se han realizado más de 20 reuniones con los municipios afectados. Se ha ido actuando preventivamente, con mucha antelación, para que a ningún ciudadano ni a ninguna actividad económica se le impusieran restricciones de agua. Se ha ampliado la capacidad de producción de las plantas desalinizadoras y de regeneración de aguas. Entre el 2022 y 2023 generamos más de 200 hm3 adicionales de agua que van al abastecimiento. El agua producida equivale a todo el caudal que cabe en los embalses de Sau y Sant Ponç. Así, hemos retrasado la entrada en situación de excepcionalidad unos seis meses. Sin esos recursos adicionales, si no hubiéramos decretado la prealerta y si no hubiéramos activado las desalinizadoras al nivel máximo, entre otras acciones, hubiéramos entrado en fase de excepcionalidad hace seis meses en el área de Ter Llobregat. Estoy convencida; pero el decreto, de momento, nos está sirviendo. Debemos tomar como referencia la Taula del Ter para crear la Taula Nacional de l’Aigua. Este es el modelo, donde con racionalidad, todo el mundo asume los compromisos y se van cumpliendo. Debería ser el modelo para crear la Taula Nacional de l’Aigua; y la clase política debería aprenderlo. Y debemos aprobar un plan de inversiones valiente y pactado. Este episodio de sequía se acabará un día u otro; pero los expertos nos dicen que puede venir otro igual en tres años. Estamos en la mayor sequía desde 1905; y no hemos aplicado más restricciones porque se ha hecho mucho trabajo previo. Esta debería ser la legislatura en la que el Govern y las fuerzas políticas fueran capaces de pactar las inversiones para que no nos volvamos a encontrar en otra situación de sequía como ésta en el futuro, y para que, de una vez por todas, nos pongamos de acuerdo. Cuando este país no ha cooperado no hemos podido salir adelante. No estaríamos en esta situación si todo el mundo hubiera hecho su trabajo como se debía hacer; o si en la anterior sequía, en 2008, no hubiera acabado lloviendo. La Agència Catalana de l’Aigua se ha reunido con las comunidades de regantes. Son los que producen alimentos y les debemos acompañar de la mejor manera posible. Trabajamos desde hace tiempo en la modernización de los regadíos, que es clave para la eficiencia del uso del agua y, además, beneficia a la productividad de los agricultores. En la fase de excepcionalidad, en las cuencas internas estamos hablando de un recorte del 40%.
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