La Defensoría del Pueblo, entidad que debe proteger los derechos constitucionales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, ahora estará a cargo del abogado Josué Manuel Gutiérrez Cóndor.
En casi tres décadas, Gutiérrez Cóndor pasó por cinco organizaciones políticas, postuló en seis oportunidades a cargos públicos —tres de ellas con éxito—, y tuvo entre sus clientes a transportistas de buses y cústeres, municipalidades y al sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. También fue congresista nacionalista, socio empresarial del legislador Luis Picón (Podemos Perú), y asesor parlamentario de Perú Libre hasta su acelerada llegada a la Defensoría.
Este abogado, propuesto por Perú Libre para liderar la institución y respaldado por el fujimorismo, tendrá que asumir la defensa de los derechos humanos en el periodo más violento desde la recuperación de la democracia, en el 2000.
Ante el Congreso, Gutiérrez Cóndor no ha sido categórico en su postura sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un contexto en el que las bancadas de extrema derecha ponen en agenda el retiro del Perú de esta institución.
El próximo año, el nuevo defensor tendrá que presidir la comisión especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente encargado de nombrar y sancionar a jueces, fiscales, así como a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Su llegada a la Defensoría fue el resultado de una elección sin concurso público, desarrollada por el Congreso de la República, donde los postulantes llegaron por invitación directa de los partidos políticos, lo que se denomina la modalidad “especial”.
GUTIÉRREZ CÓNDOR TENDRÁ QUE ASUMIR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO MÁS VIOLENTO DESDE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA”.
El cuestionado proceso —reiniciado en tres oportunidades— llegó a ser suspendido por el Poder Judicial ante una acción de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, que cuestionó la falta de transparencia.
Entre las principales deficiencias, advertidas también por el Poder Judicial, figuró la ausencia de un reglamento especial, tal como lo fijan las normas del mismo Congreso. Ahí debía establecerse el perfil del defensor y las reglas a seguir en un proceso basado en la meritocracia y la participación ciudadana.
Sin embargo, la elección siguió adelante tras la emisión de un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que el 23 de febrero resolvió una demanda competencial a favor del Congreso. Como se recuerda, seis de los magistrados del TC fueron elegidos por el actual Legislativo en un proceso que también fue cuestionado por carecer de transparencia.
Gutiérrez Cóndor, quien presidirá la comisión encargada de elegir a los miembros de la JNJ, se convirtió en el nuevo defensor del pueblo con el apoyo mayoritario de Perú Libre y Fuerza Popular, cuya lideresa dejó atrás el discurso del supuesto fraude electoral. Los líderes de ambos partidos —Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón— enfrentan actualmente procesos judiciales.
Finalmente, el miércoles 17 de mayo, el invitado de Perú Libre fue elegido sin debate previo, con 88 votos del Pleno. Además de las bancadas mencionadas, también hubo apoyo en bloque de Acción Popular y Podemos Perú.
Luego, el proceso avanzó con rapidez. El jueves 18 de mayo, el Congreso rechazó un pedido de reconsideración de su elección. Al día siguiente, oficializó su designación en El Peruano y, por la tarde, lo juramentó.
ACTO. Dos días después de que lo eligiera el Pleno, Josué Gutiérrez Cóndor juró al cargo de defensor el pueblo en el Congreso.
Foto: Congreso de la República
Para ocupar este cargo —que posee inmunidad—, los requisitos que debió acreditar Gutiérrez Cóndor son haber cumplido 35 años, ser abogado y gozar de conocida reputación, integridad e independencia, según la Ley Orgánica de la Defensoría.
Sin embargo, su trayectoria académica, su militancia y vínculos políticos —que pasan desde el nacionalismo y Perú Libre hasta Solidaridad Nacional y Fuerza Popular—, los nexos entre él y sus familiares con actuales legisladores, su postura en materia de derechos humanos, y los procesos judiciales y administrativos que enfrentó evidencian posibles conflictos de interés y falta de idoneidad en el cargo, lo cual ha sido advertido por exdefensores del pueblo y analistas políticos.
“El funcionario en cuestión no cumple los requisitos para el cargo. Es claro que es una persona que tiene una trayectoria política en la que ha estado muy cerca del poder, en general. Ha sido congresista, ha sido abogado [de políticos]. Por lo tanto, no deja la garantía de imparcialidad, que es algo que se pide al defensor del pueblo”, señaló el analista político José Alejandro Godoy.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO GOZA DE INMUNIDAD Y PRESIDE LA COMISIÓN QUE ELIGE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA”.
Josué Gutiérrez Cóndor, nacido en Pasco hace 51 años, es el sétimo abogado que ocupa el cargo de defensor del pueblo en los 27 años de funcionamiento de esta entidad. A diferencia de sus antecesores, solo cuenta con el grado académico de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, obtenido en la Universidad de Huánuco, al igual que su título, de acuerdo al registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
No ha realizado ninguna investigación académica en materia jurídica, ni tiene especialización en derechos humanos, según la hoja de vida que presentó a la comisión especial del Congreso para la elección del defensor del pueblo. En la misma, además, consignó como única experiencia laboral el Parlamento.
Precisamente, la mayor parte de la trayectoria de Gutiérrez Cóndor se ha desarrollado en el escenario político. Desde 1995, el abogado ha postulado seis veces a cargos públicos —elegido como regidor provincial (1995), consejero regional (2006) y congresista (2011)— con cinco organizaciones políticas distintas, pero siempre como representante de Huánuco.
Entre marzo de 2012 y setiembre de 2021 estuvo afiliado al Partido Nacional Peruano, organización política con la que llegó al Legislativo y de la que fue vocero de bancada.
Ha sido conocido a nivel mediático por la denuncia de un viaje a Rusia con Alexis Humala y el presunto uso de documentos falsos en el mismo, así como por la constante defensa a la exprimera dama Nadine Heredia, investigada junto al expresidente Ollanta Humala por el caso Odebrecht.
También defendió la polémica Ley laboral juvenil —conocida como Ley Pulpín—, cuando esta fue derogada en enero de 2015. La norma generó masivas movilizaciones por considerar que excluía a los jóvenes de entre 18 y 24 años de varios beneficios laborales.
OFICIALISMO. Entre 2011 y 2016, el excongresista nacionalista Josué Gutiérrez Cóndor se mostró cercano a la familia presidencial.
Foto: Congreso de la República
Tras su paso por el Congreso, Gutiérrez Cóndor buscó sin éxito convertirse en gobernador regional de Huánuco por el partido Solidaridad Nacional. Y, luego, postuló otra vez al Congreso por el nacionalismo.
De las filas humalistas pasó a Perú Libre. En julio de 2021 aparecía en medios de comunicación como abogado del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, investigado por el caso Los Dinámicos del Centro. Ese mismo mes integró, además, el equipo de transferencia de la gestión de Pedro Castillo en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, aunque no acreditaba experiencia en la materia.
Estuvo afiliado a Perú Libre desde el 5 de enero de 2022 hasta el 3 de marzo de este año, un día después de que dicha bancada lo propusiera oficialmente como su candidato a defensor del pueblo.
En el actual Congreso, Gutiérrez Cóndor ya era un personaje conocido. El 24 de setiembre de 2021 ingresó a trabajar ahí como asesor de Perú Libre. Un año después, pasó a ser asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el perulibrista Américo Gonza. Y, desde octubre de 2022 hasta febrero de 2023, estuvo en el Departamento de Comisiones.
JOSUÉ GUTIÉRREZ HA SIDO REGIDOR PROVINCIAL, CONSEJERO REGIONAL Y CONGRESISTA”.
En ese periodo, se han conocido sus acercamientos al fujimorismo. Uno ocurrió el 30 de enero pasado, cuando el entonces trabajador del Congreso fue captado por el diario La República en un encuentro junto al dirigente fujimorista Miguel Ángel Torres y al presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.
Este diálogo, en un restaurante, se dio en un contexto de protestas, en el que el Parlamento postergaba la votación para el adelanto de elecciones generales.
A mediados de abril, también visitó el local de Fuerza Popular, en la avenida Paseo Colón, donde fue invitado, según sus palabras, junto con otros postulantes a la Defensoría del Pueblo.
“Para mí, el apoyo de Fuerza Popular sería un honor. Yo, en principio, me encuentro sumamente agradecido de que Fuerza Popular me haya invitado a una reunión (…). La vi a Keiko Fujimori. Fue un acto muy democrático”, señaló.
Un mes después, el martes 17 de mayo, obtuvo los 23 votos del fujimorismo, a pesar de que, en la víspera, la bancada aseguró que no votaría colegiadamente. “Cada integrante de la bancada emitirá su voto de forma independiente y conforme se lo dicte su conciencia”, se leía en el comunicado publicado el día anterior a la elección.
REGISTRO. Josué Gutiérrez Cóndor recibió el apoyo mayoritario de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Podemos Perú.
Foto: Congreso de la República
Este respaldo de Fuerza Popular y Perú Libre ha generado suspicacias de cara a la próxima elección de los miembros de la JNJ, cuyo proceso se da cada cinco años y, en este caso, comenzará en 2024.
“[La elección de Gutiérrez Cóndor] evidentemente tiene un efecto en la JNJ, pues esta tiene un mandato y es el defensor del pueblo quien preside la comisión que elige a sus miembros. Por lo tanto, puede tener un nivel de incidencia en quienes van a ser los designados, considerando que es un organismo que elige jueces y fiscales, así como el jefe de la ONPE”, señaló el analista José Alejandro Godoy.
Para el exdefensor del pueblo Walter Albán, se trata de una captura de la Defensoría, que forma parte de una maniobra más extensa, la cual incluye la toma de otras instituciones estatales.
“El Congreso se ha convertido en un espacio de tráfico de intereses. No se negocia, se trafica. Eso es lo que define a este Congreso. Estamos regresando a la época de [Alberto] Fujimori. Están seguros que, controlando la JNJ y ahora en la Defensoría, van a poder controlar el íntegro del sistema judicial”, dijo en conversación con OjoPúblico.
Defensoría en manos de Gutiérrez Cóndor
El viernes 19 de mayo, Eliana Revollar, quien se desempeñó como defensora encargada y trabajó durante 26 años en la Defensoría, le envió su carta de renuncia irrevocable a Josué Gutiérrez Cóndor. “Reciba usted una institución independiente de los poderes de turno, heredera de las mejores tradiciones legadas por los anteriores defensores del pueblo”, señaló.
Una de las últimas muestras de protección de los derechos constitucionales por parte de la Defensoría fue la constante supervisión de los casos de heridos y fallecidos durante las protestas iniciadas en diciembre pasado contra el Ejecutivo, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones.
Otros ejemplos han sido la abierta defensa al enfoque de género, a la reforma universitaria y a la de transporte, así como a los derechos de la comunidad LGTBI y los llamados de atención al Parlamento por iniciativas que afectan a poblaciones vulnerables o legitiman infracciones o conductas delictivas.
RECIBA USTED UNA INSTITUCIÓN INDEPENDIENTE DE LOS PODERES DE TURNO”, DIJO LA SALIENTE DEFENSORA ELIANA REVOLLAR.
La Defensoría del Pueblo respaldó, además, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en el Perú, el cual recomendó la adopción de medidas para asegurar un proceso de selección “transparente y pluralista” del defensor del pueblo.
Hay que tener en cuenta que la elección actual fue solo mediante invitación directa de los partidos políticos que integran el Parlamento, en lugar de realizar un concurso público.
Gutiérrez Cóndor, en cambio, no ha sido enfático ante el Congreso en su posición sobre el rol de Perú frente a la Corte IDH, la población LGTBI y las sanciones a los medios, lo cual ha generado preocupación respecto al futuro accionar del ente autónomo.
“Yo creo que no estamos preparados para salir de la Corte IDH, pero es mi opinión. Como abogado, he aprendido a someterme al estado constitucional de derecho (…) Nunca será una respuesta categórica, pero sí estimo que, si tenemos un sistema de justicia célere, con garantías y no manipulado para persecuciones de carácter político (…) quizá sea innecesario acudir a una instancia supranacional”, dijo ante la comisión especial del Congreso.
Sin embargo, ante la consulta de OjoPúblico, Gutiérrez Cóndor dijo, más bien, que el Perú debería mantenerse en esta instancia supranacional, la cual resulta una garantía ante posibles “abusos de poder”. “Nosotros no tendríamos que ir a ninguna corte si tuviéramos un estado democrático maduro”, afirmó.
INSTITUCIONALIDAD. Representantes del Tribunal Constitucional y de la ONPE asistieron a la juramentación de Gutiérrez Cóndor.
Foto: Congreso de la República
Durante la mencionada entrevista en el Congreso, cuando el legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, le preguntó sobre una supuesta incongruencia en el reconocimiento de la Defensoría al día de la visibilidad lésbica, pero no al del niño por nacer, Gutiérrez Cóndor hizo referencia a que “son deformidades que hay que corregir”.
“Soy amante de las libertades. Estoy seguro de que si Jesús estuviera acá hoy, estaría al lado de todos (…). Entonces, estas deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a hacer institucionalidad, tampoco al Estado. Por lo tanto, hay que corregir estas conductas, y no ideologizar nada”, dijo.
Días después, ante los cuestionamientos, sostuvo que no era homofóbico. “Yo tengo, en mi círculo personal, personas que tienen ese contexto y, si les preguntamos, creo que tienen un gran aprecio por mí, como yo por ellos”.
“Es muy evidente que el Congreso ha buscado a una persona que no guarde las cualidades requeridas, considerando que es una institución, por su naturaleza, incómoda, pues no solamente se encarga de cautelar los derechos fundamentales, sino también de temas vinculados a la administración estatal. En ambos casos hay muchos intereses, pues la Defensoría siempre ha tenido una voz fuerte”, opinó José Alejandro Godoy.
Aunque, en los últimos días, Gutiérrez Cóndor declaró a los medios de comunicación que no estaba de acuerdo con iniciativas como la Ley Mordaza, en su ceremonia de juramentación en el Congreso fue más ambiguo.
En la misma reconoció que la libertad de prensa es una garantía para la democracia. “Pero también sus propios estamentos de control y supervisión interna [de la prensa] deben trabajar más porque sí hay que reconocer que hay excesos, hay vejámenes, humillación, utilizando los medios de comunicación”, añadió.
La iniciativa legislativa que busca incrementar las penas por difamación estuvo en manos de la Comisión de Justicia, donde Gutiérrez fue asesor.
“Ha estado trabajando en el Congreso y, específicamente, en la comisión que arrojó esta propuesta. Entonces, qué dice del nuevo defensor una iniciativa producida en el espacio donde trabaja y que colisiona directamente con dos derechos fundamentales, como libertad de información y expresión. Los cuestionamientos son innumerables”, señaló a OjoPúblico Samuel Rotta, director de Proética.
Otro tema que también representará un conflicto de interés en torno a la postura de la Defensoría, ahora liderada por Gutiérrez Cóndor, será la reforma de transporte. Y es que el nuevo defensor se ha desempeñado como asesor legal de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, conformada por empresas de buses de transporte público, como Vipusa o Etuchisa, también llamadas Los Chinos, según señaló él mismo.
En octubre de 2020, Gutiérrez Cóndor acudía al Congreso para dar su opinión sobre el predictamen de una ley que ampliaba hasta por 10 años las autorizaciones del transporte público, mientras que en abril de 2021 lo hacía para hablar de un paro de transportistas.
Cuando ingresó a trabajar al Parlamento, entre sus primeras visitas —el 1 de octubre de 2021— figura un grupo de representantes de transportistas, entre los que se encontraba Ricardo Pareja, presidente de la mencionada Cámara de Transporte.
La Defensoría del Pueblo, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado acerca de proyectos de ley que atentan contra la reforma de transporte. Entre los principales promotores de iniciativas de este tipo se encuentra, precisamente, Perú Libre.
Consultado por OjoPúblico sobre la cercanía con sus clientes, como el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, o el gremio de transportistas, el nuevo defensor dijo que no existe un conflicto de interés.
“Si yo le paso la relación de todos mis clientes, entonces ya no podría ser…O sea, el hecho de que sea un abogado litigante, como muchos… ninguno tendría la oportunidad de postular a ser defensor”, respondió.
VÍNCULOS. Josué Gutiérrez Cóndor ha sido asesor legal del gremio de transporte público tradicional.
Foto: Andina
Pese a estos antecedentes, Josué Gutiérrez Cóndor juró como defensor del pueblo el último viernes, cerca de las seis de la tarde. A la misma hora, el sindicato de la entidad, que en la víspera había cuestionado la designación, realizó un plantón en los exteriores de la Defensoría en contra de la elección, al considerar que no hubo un proceso transparente.
Lo que continúa, ahora, es el proceso de transferencia de gestión. Fuentes de la Defensoría informaron a este medio que los adjuntos y los jefes de las oficinas defensoriales ya se encuentran preparando los informes que serán presentados al nuevo jefe de la institución. Se estima que el proceso empezará el lunes 22 de mayo.
En la entidad también existe preocupación por las primeras decisiones de Gutiérrez Cóndor y el personal que llegue con él, teniendo en cuenta que, en la Defensoría, existen alrededor de 48 cargos de confianza, que podrían ser removidos desde el primer día de la nueva gestión.
Entre estos últimos se encuentran los 25 jefes defensoriales de todas las regiones del país, así como los encargados de los programas que dirige la Defensoría y asesores de alta dirección.
Al ser consultado, en la entrevista de la comisión especial, por los defensores en regiones con más de tres periodos en el cargo, Gutiérrez Cóndor señaló que “se tienen que hacer todos los correctivos necesarios, con la firmeza que demanda la ciudadanía”. Tampoco ha descartado cambios tras su ingreso. “Pienso que hay un terreno avanzado. Hay que consolidar y, lo que está mal, se tiene que corregir”, dijo.
REACCIÓN. Mientras Gutiérrez Cóndor juraba como defensor, los trabajadores de la entidad se manifestaban en los exteriores de la institución.
Foto: Twitter de Jacqueline Fowks
Asimismo, ha adelantado que revisará la Ley Orgánica de la Defensoría, debido a que cuenta con casi 30 años, y ha insistido en la creación de un Registro Nacional de Supervisores de Estudios y Obras, figura similar a la Contraloría, pero que, según Gutiérrez Cóndor, incorporará la vigilancia ciudadana.
“Yo no tengo una agenda personal, tengo una agenda institucional que vamos a consensuar con todos para hacer que la Defensoría no se convierta en un espacio ideologizado”, dijo el miércoles pasado.
Sin embargo, la propuesta del registro de supervisores parece ser parte de la agenda de Gutiérrez Cóndor desde, por lo menos, el 2014, cuando presentó un proyecto de ley con ese mismo fin. Dicha iniciativa planteó, por ejemplo, el seguimiento de las etapas del proceso de construcción y verificación técnica de la ejecución de obras, así como la regulación de las infracciones cometidas por dichos supervisores.
Con relación a la Ley Orgánica de la Defensoría, el sindicato de dicha entidad recordó que este documento establece que el defensor cuente con una reconocida trayectoria e independencia.
“Nosotros no hemos podido ver candidatos que cumplan esos criterios durante todo el proceso [de selección] (…) Como sindicato, no queremos pronunciarnos sobre una sola persona, pues no ha sido solo él el candidato que ha recibido cuestionamientos”, dijo Magaly Gonzales, presidenta del sindicato a OjoPúblico.
Los vínculos entre el defensor y un congresista de Huánuco
El defensor del pueblo debe contar con total independencia en el ejercicio de sus funciones. Por eso, llama la atención la cercanía de Josué Gutiérrez Cóndor con Perú Libre y el respaldo masivo de Fuerza Popular, además de los nexos empresariales e inmobiliarios con el congresista representante de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien fue elegido con Alianza Para el Progreso y, tras su expulsión, incorporado a Podemos Perú.
El último miércoles, Picón Quedo votó a favor de Gutiérrez Cóndor en la elección del nuevo defensor del pueblo. También lo hizo toda la bancada de Podemos Perú, encabezada por el legislador José Luna Gálvez.
Según el buscador de proveedores adjudicados del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Gutiérrez Cóndor formó parte del directorio de la empresa Vidagro Selva SAC, entre 2010 y 2012. Dicha compañía, de la región San Martín, se dedica al rubro de venta de materiales de construcción y ferretería.
La empresa, que se registró como proveedora en julio de 2015 y, actualmente, se encuentra con baja de oficio, tiene como gerente general a Orfilio Isaac Picón Quedo, hermano del actual congresista Luis Picón.
El mismo legislador figura, incluso, como accionista y parte del directorio entre los años 2010 y 2015. En parte de ese periodo (2011-2014), Luis Picón Quedo se desempeñó como gobernador de Huánuco.
Vidagro Selva SAC registra adjudicaciones con entidades estatales entre el 2008 y 2012, siendo las últimas con la municipalidad provincial y el gobierno regional de San Martín.
NEXOS. El congresista de Huánuco, Luis Picón Quedo, ingresó con APP y, ahora, forma parte de Podemos Perú.
Foto: Congreso de la República
Esos no son todos los vínculos entre el defensor Gutiérrez Cóndor y el congresista Picón Quedo, involucrado en investigaciones penales.
Un inmueble ubicado en La Molina, que el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo consignó como su domicilio ante la comisión especial del Congreso, fue comprado en 2013 por su cónyuge, Gladys Julieta Ancahuasi Takase, a Orfilio Picón Quedo, gerente de la empresa Vidagro Selva SAC y hermano del parlamentario de Podemos Perú, según consta en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). El valor de este predio fue de S/385.000.
El vínculo entre Gutiérrez Cóndor y los Picón Quedo también ha sido confirmado por Jorge Espinoza Egoávil, exgobernador regional de Huánuco entre 2007 y 2010, quien señaló que el ahora defensor era empleado de una empresa de dicha familia.
Este medio intentó comunicarse con el congresista de Podemos Perú, Luis Picón Quedo. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.
Por su parte, el electo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, reconoció que formó parte del directorio de la empresa Vidagro, pero negó vínculos con el congresista Picón Quedo.
“Una cosa son los dueños y otra es que, como profesional, yo pueda participar en los directorios, porque estamos hablando del ámbito profesional. Yo tengo la especialidad de márketing y negocios internacionales”, respondió al ser consultado sobre el tema por OjoPúblico.
No obstante, cuando se le preguntó por la vivienda que su esposa le compró al hermano del legislador, Gutiérrez Cóndor solo insistió en que no tenía ningún vínculo con el congresista. “Eso ya no tendrías que preguntármelo a mí”, dijo.
El patrimonio del nuevo Defensor
En 2011, cuando ingresó al Congreso, Josué Gutiérrez Cóndor declaró un patrimonio acumulado (entre bienes y otros) de S/262.193. Una década después, cuando volvió al Parlamento, pero como asesor de Perú Libre, reportó casi el doble de patrimonio, con S/418.951. Al siguiente año, en 2022, llegó a un promedio de S/500.000, según sus declaraciones juradas.
En Sunarp, aparecen dos predios registrados a su nombre en Huánuco, pero solo uno aún es de su propiedad. Su valor es de S/180.000, según la hoja de vida presentada, en 2020, al JNE.
En este último documento, entre otros bienes declarados, figuran seis vehículos: un automóvil Nissan (1988) de solo S/3.000, una motocicleta marca Honda (1992) de S/600 y otras dos de S/900 y S/1.300. También reportó un camión marca QINGQI (2007) de S/15.000 y un vehículo particular marca Toyota (2016) de S/80.000.
Josué Gutiérrez Cóndor es fundador de dos empresas: una en La Merced (Junín) y otra en Lima. Esta última es GYT Global Consulting SAC, inscrita en abril de 2019 en registros públicos.
Junto a su esposa, Gladys Ancahuasi Takase, el abogado registra 1.800 acciones en esa empresa; mientras que su hermana, Ulda Eva Gutiérrez Cóndor, tiene 200 acciones. La compañía, con sede en San Isidro, se dedica al rubro de auditorías jurídicas y consultorías de gestión, según consta en la Sunarp.
Ancashuasi Takase, quien figura como empresaria en las declaraciones juradas del nuevo defensor, también estuvo cerca de la política al intentar inscribir para las elecciones del 2010 el movimiento Alianza Regional Independiente, en Huánuco. La empresa GYT Global Consulting SAC —representada por el nuevo defensor del pueblo— aparece en el buscador de proveedores del Estado, pero no registra contrataciones.
Sin embargo, Gutiérrez Cóndor, de forma individual, sí registra un total de ocho órdenes de compra o servicios entre 2019 y 2020, según el OSCE. En todos los casos figura como asesor externo para el despacho de alcaldía.
Entre ellas hay dos órdenes del 2019 con la municipalidad provincial de Huarochirí – Matucana, y otras cuatro con la municipalidad distrital de San Antonio, Huarochirí. En tanto, en 2020, figuran otras dos con la municipalidad distrital de San Antonio.
En este último municipio, la Corporación Takase S.R.L., domiciliada en Huánuco, y que tiene como gerente general a Víctor Hugo Ancahuasi Takase, cuñado del nuevo defensor, registra tres órdenes de compra del año 2018.
Procesos judiciales y civiles
Entre los antecedentes del nuevo defensor figura una investigación abierta por la Fiscalía de Huánuco, en el 2007, por el presunto delito de peculado (malversación de bienes públicos), la cual fue archivada cuatro años después. También registra un proceso administrativo sancionador interpuesto por la ONPE en el marco de la campaña electoral de 2021, donde Gutiérrez Cóndor postuló al Congreso.
El 16 de marzo de este año, durante el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo, la fiscal coordinadora de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Elma Vergara Cabrera, informó al presidente de la comisión del Legislativo a cargo del tema, el congresista Idelso García, que Josué Gutiérrez tenía dos investigaciones fiscales por los presuntos delitos de peculado y estafa.
En la misiva se detallaba que los casos se encontraban con “dictamen” y “rúbrica”, términos desfasados, que se usaban años atrás en el Ministerio Público, según precisó una fuente fiscal a este medio, por lo que no quedaba claro si los casos aún estaban abiertos. De hecho, la misma comisión especial del Congreso pidió aclarar dichas denominaciones.
Una semana después, el 21 de marzo, la fiscal Vergara Cabrera envió un nuevo oficio al presidente de la comisión para rectificar el primer documento e informar que, en realidad, el excongresista registraba solo una investigación en su contra por el delito de peculado. No se corrigió el código ni tampoco se precisó el estado actual de la misma.
El caso abierto por la Fiscalía corresponde al presunto uso indebido de una camioneta del Gobierno Regional de Huánuco en el año 2007, cuando Gutiérrez era consejero regional. La carpeta fiscal 573-2007 pasó al Juzgado Penal de Huánuco bajo el expediente judicial N° 826-2008.
Dos años después, el Ministerio Público solicitó ocho años de pena privativa de la libertad, dos años de inhabilitación de la función pública y el pago de una reparación de S/2.000 contra Gutiérrez Cóndor.
Sin embargo, en diciembre de 2009, el Juzgado Penal de Huánuco decidió absolver de todos los cargos a Gutiérrez Cóndor y archivar las investigaciones, decisión que fue ratificada, en 2011, por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las actas judiciales obtenidas por OjoPúblico.
El nuevo defensor señaló a este medio que sí existió dicho caso por el presunto uso indebido de un vehículo. Sin embargo, dijo que esto no configuraba un delito y terminó siendo archivado. “Es un tema de abuso que generaron contra mí. Lo archivaron todo. Nunca hubo sentencia”, añadió. Negó que, actualmente, tenga alguna investigación abierta.
ROCE PARLAMENTARIO. Josué Gutiérrez Cóndor al lado de José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, bancada que votó en bloque por su elección.
Foto: Congreso de la República
Por otro lado, el 2 de julio de 2021, la ONPE abrió un proceso administrativo sancionador contra Gutiérrez Cóndor por no presentar en el plazo establecido su informe sobre el financiamiento recibido durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2021, en las que postuló como congresista por el Partido Nacionalista Peruano.
Según Gutiérrez Cóndor, en la práctica, no llegó a participar en dicho proceso pues se retiró y, por ello, no hubo gastos que registrar. Por su parte, la ONPE informó que el caso ha sido archivado.
Además, durante el proceso de elección del nuevo defensor, el Servicio de Administración Tributario (SAT) informó a la comisión encargada de este tema que Gutiérrez Cóndor había recibido seis multas por infracciones viales, como no respetar los límites de velocidad y no usar el cinturón de seguridad. El total de las multas, ya canceladas, suma S/1.304,16.
No obstante, en el registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones figura una papeleta pendiente de pago, también por no usar cinturón de seguridad.
NO SOLO ES UN RIESGO SU ELECCIÓN, LO QUE HAN HECHO ES CAPTURAR A LA DEFENSORÍA. NOS LA HAN ARREBATADO”, DICE EL EXDEFENSOR WALTER ALBÁN.
Durante su juramentación, el nuevo defensor del pueblo, señaló que se ha sentido discriminado desde su designación, por lo cual ha pedido “el derecho de la duda”.
“La Defensoría tiene que ser independiente de cualquier ideología porque los derechos humanos están por encima, por lo que está institución no debe ser tienda de un partido político”, dijo Gutiérrez Cóndor, quien, luego, reconoció la “participación activa” en la política nacional de partidos como Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú.
En opinión de Walter Albán, el nuevo defensor ha sido designado para que el organismo deje de ser incómodo y así el Congreso pueda actuar con tranquilidad.
“No solo es un riesgo su elección, lo que han hecho es capturar a la Defensoría. Nos la han arrebatado. Estamos ante un régimen autoritario, en el cual prima la voluntad de una mayoría que controla el Congreso y que hace pactos sin escrúpulos”, afirmó.
Aún así, Albán considera que Gutiérrez Cóndor no permanecerá en el cargo por mucho tiempo. “Así como cayeron [Alejandro] Rodríguez Medrano, Blanca Nélida Colán, todos los que han sido elegidos de esta manera en el Congreso, incluso al TC, van a tener que dejar el cargo para que pronto, antes que cumplan un mandato, pasen a responder a los tribunales”, dijo el exdefensor.
Congreso doblega el equilibrio de poderes en medio de la convulsión social en Perú
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha afectado aún más el equilibrio de poderes en favor del Congreso en medio del contexto de crisis política y social que vive el país, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción constitucional de Dina Boluarte, en diciembre pasado. Desde su instalación, el Legislativo —que cuenta con apenas el 6% de aprobación— ha impulsado propuestas que limitan las facultades de los demás poderes del Estado y organismos autónomos. Especialistas consultados consideran que ninguna entidad estatal había obtenido tanto poder predominante desde la época fujimorista.
SIN CONTROL. El Tribunal Constitucional ha decidido que el Congreso puede hacer uso de sus competencias sin control judicia
Hace más de 20 años, desde el autogolpe de Alberto Fujimori, que el Perú no tenía una institución del Estado con un poder tan predominante, como lo ha conseguido el actual Congreso de la República.
Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos días, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) le diera la razón al Legislativo en una demanda competencial presentada contra las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial, que habían frenado varias acciones cuestionables de los congresistas.
El TC informó, el jueves 23 de febrero, su decisión de dejar nulos los procesos de amparos que detuvieron la elección del nuevo defensor del pueblo y la reforma del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Además, exhortó al Parlamento a modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir a los representantes de las órganos electorales en el listado de funcionarios que pueden ser sometidos a control político y solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que proceda a analizar el comportamiento de los jueces que concedieron las acciones de amparo.
SENTENCIA. El TC declaró nulas las cautelares dictadas por el Poder Judicial bajo el argumento de que existen actos políticos que no pueden ser objeto de control.
Fuente: Tribunal Constitucional.
Para el abogado y exdefensor del Pueblo, Walter Albán, este acaparamiento de poder en el Congreso, que cuenta con 6% de aprobación de acuerdo a una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), se asemeja a los peores años de la época fujimorista.
“Lo que se produce es un fenómeno parecido al que hubo en el gobierno de Fujimori en los años 90, el copamiento de las instituciones. Por eso, es que en la práctica, [el Congreso] maneja el TC y, ahora, quiere capturar la Defensoría del Pueblo”, dijo en conversación con OjoPúblico.
La abogada constitucionalista Ana Neyra indicó que, en años anteriores, las diversas fuerzas políticas que llegaron al Congreso intentaron acaparar más poder, pero no lo consiguieron porque, pese a la crisis, se preservaba el control de poderes, con una presencia más activa del TC y del Poder Ejecutivo.
En 2019, este último incluso disolvió el Parlamento como parte del control político tras una denegatoria de confianza, medida que, luego, fue declarada constitucional por el TC anterior.
LO QUE SE PRODUCE ES UN FENÓMENO PARECIDO AL QUE HUBO EN EL GOBIERNO DE FUJIMORI, EL COPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES”, DIJO WALTER ALBÁN.
“La verdad que hemos tenido muchos Congresos así, pero han tenido más contrapeso: pienso en la reforma universitaria, donde había un Ejecutivo más fuerte luchando contra eso. Incluso, la disolución [del Parlamento] también fue un contrapeso; el Tribunal [Constitucional] también lo era, pero ya no existe. Ahora parece que quienes tendrían que hacer estos controles no lo están haciendo de la misma manera”, sostuvo.
Para los especialistas, la democracia en nuestro país se encuentra minada, pues se ha perdido el equilibrio de poderes y el control entre las instituciones, un requisito básico en un sistema democrático.
Este tema ya había sido alertado por la Unidad de Inteligencia de The Economist en su Índice de Democracia 2022, en la que ubican al Perú en el grupo de países con “régimen híbrido” por tener características democráticas, pero también rasgos de autoritarismo.
En el año 2021, durante la gestión de Pedro Castillo y el inicio del mandato de Dina Boluarte, el país se posicionó en la categoría de democracia imperfecta. Pero el nuevo contexto de vulneración de los derechos humanos durante la actual crisis política y social generó la caída a la categoría de “régimen híbrido”.
El acaparamiento de poder por parte del Congreso se da luego de haber obtenido pasos previos importantes, como la ley que modifica la cuestión de confianza a su favor y la polémica decisión del TC que le da carta abierta para que se emitan leyes con iniciativa de gasto. En este contexto, OjoPúblico hace un repaso de las principales normas y resoluciones que han vulnerado el equilibrio de poderes durante los últimos meses.
1. Ejecutivo limitado
En octubre de 2021, a tres meses de la instalación de los parlamentarios, el Congreso de la República —con Maricarmen Alva en la presidencia— aprobó por insistencia la autógrafa que modifica la cuestión de confianza.
Con la misma, se estableció que el Poder Ejecutivo solo puede solicitar la confianza por temas relacionados estrictamente a la política general de gobierno, pero ya no por competencias exclusivas del Congreso, como la aprobación o no de reformas constitucionales.
Este tema quedó en debate tras la disolución del Legislativo por el expresidente Martín Vizcarra, en 2019, luego de que el Congreso le negara la segunda cuestión de confianza al entonces premier Salvador del Solar cuando presentó un proyecto de ley que buscaba mejorar la elección de los magistrados del TC.
ESTA LEY TRASTOCA EL PROPIO SISTEMA DE GOBIERNO, QUE ES ESENCIALMENTE PRESIDENCIALISTA”, EXPLICÓ JORGE LEÓN.
La norma aprobada por el actual Congreso también indica que el Parlamento es el único que puede interpretar su decisión de otorgar o no la cuestión de confianza. Es decir, otro poder, como el Ejecutivo, ya no podrá determinar la negativa bajo ninguna circunstancia.
El Ejecutivo, entonces bajo la presidencia de Pedro Castillo, presentó una demanda de inconstitucionalidad al anterior TC. Sin embargo, en febrero del año pasado, el organismo le dio la razón al Congreso y el tema quedó zanjado.
El profesor de derecho constitucional, Jorge León, señaló que esta decisión inició la transformación del escenario político presidencialista por uno en favor del Parlamento.
“Trastoca el propio sistema de gobierno, que es esencialmente presidencialista, al trasladar poderes excesivos al Congreso y nos acerca a un régimen parlamentario, lo cual es absolutamente incompatible con la Constitución y el modelo de gobierno que es sumamente presidencial”, explicó.
2. Tribunal Constitucional a la medida
El 10 de mayo de 2022, el Congreso de la República eligió a los seis nuevos magistrados del TC, en medio de un proceso criticado por carecer de transparencia.
La principal denuncia se centró en la falta de difusión de un informe elaborado por la Contraloría General de la República, donde se documentaban antecedentes judiciales y administrativos de los candidatos que no habían sido informados a lo largo del proceso de elección.
La comisión especial, presidida por el congresista José María Balcázar, borró más del 80% de su contenido en la presentación de su informe final, según informó el diario La República.
Además, la mayoría de las bancadas, entre ellas Fuerza Popular y Perú Libre, decidieron, por medio de la Junta de Portavoces, dejar de lado el debate y pasar de frente al voto de la elección de los magistrados. Tampoco se permitió el ingreso de la prensa al hemiciclo.
PACTO. La elección de los nuevos magistrados del TC tuvo el respaldo de la mayoría de las bancadas del Congreso, incluso de Fuerza Popular y Perú Libre.
Foto: Andina.
Finalmente, el Congreso eligió a personas cuestionadas, como Luis Gutierrez Ticse, quien omitió informar que tenía infracciones de tránsito y deudas que mantiene en la Sunat. O Helder Dominguez Haro, quien omitió declarar que tenía un proceso judicial.
Entre los magistrados electos también hay personas vinculadas al fujimorismo, como es el caso de Francisco Morales Saravia, hombre de confianza del excongresista fujimorista Carlos Mesía. Además de integrantes con posturas ultraconservadoras, como Luz Pacheco Zerga, quien publicó un artículo defendiendo la prohibición de anticonceptivos orales de emergencia (AOE).
En opinión del abogado Walter Albán, dicho proceso fue manipulado para favorecer a gente que respondía a los intereses parlamentarios. “Aquella elección del TC estuvo plagada de irregularidades y, también, de cuestiones opacas. Creo que el Congreso decidió, ya desembozadamente, elegir a gente que les diera la garantía de que no les iban a poner en cuestión o contrariar lo que ellos decidan”, sostuvo.
De otro lado, Aníbal Quiroga —abogado del Congreso en la demanda competencial— indicó a OjoPúblico que el proceso siguió los procedimientos establecidos en la Constitución. “Yo creo que el proceso de elección se produjo bajo estándares razonables y se eligió lo mejor que había en ese momento”.
3. Iniciativa de gasto
Meses más tarde, en octubre de 2022, el nuevo TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la Ley que declaró en emergencia el Sistema Nacional de Salud.
Dicha norma requería de presupuesto público, por lo que el expresidente Francisco Sagasti presentó una demanda de inconstitucionalidad y, un año después, el TC le dio la razón al Congreso.
Esto, de acuerdo a diversos especialistas, implica un riesgo porque permite que los congresistas impulsen leyes con gasto público, lo que podría generar desequilibrios e inestabilidad presupuestal para el país.
A pesar de esa amenaza, la decisión del TC le dio carta abierta al Legislativo para que puedan exigir la aprobación de todo tipo de ley que genere gastos extras.
“Esto ha sido un antecedente malo para el sistema político. Lo que pasa es que el Tribunal en estos casos tiene dos opciones: o se apoya en el equipo especializado o resuelve con un cálculo político. Este TC está avalando todos los excesos que promueve el Congreso. Ese hecho de decir que el congreso también puede aprobar proyectos con iniciativas de gastos es ir, no solo en contra de la Constitución, sino empoderar a los parlamentarios para poner en apuros al Ejecutivo”, considera Jorge León, profesor en derecho constitucional.
4. Elección de defensor sin control
El último 23 de febrero, el TC resolvió la demanda competencial presentada por el Congreso de la República contra la acción de amparo impuesta por el Poder Judicial sobre la elección del defensor del pueblo. Esto luego que el sindicato de la Defensoría del Pueblo denunciara falta de transparencia y participación de la sociedad civil en el proceso.
En su resolución, el TC le da la razón al Legislativo y declara nula la acción de amparo del Tercer Juzgado Constitucional de Lima. Por lo que el Parlamento podrá continuar con el proceso de elección siguiendo un procedimiento dudoso, al no prevalecer la transparencia y la participación.
“La idea es que le pongan parámetros también al Congreso, no solo que le den carta abierta. Pero lo que dice el TC es que el Congreso no puede ser controlado por el Poder Judicial. Esto también afecta a la independencia judicial”, señaló la constitucionalista, Ana Neyra a OjoPúblico.
La acción de amparo fue concedida por el juez John Paredes Salas debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y en las normas del Congreso. “Existe un peligro inminente de que el referido proceso de elección termine realizándose sin requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”, detalló el magistrado en su resolución.
El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, señaló que esta decisión del Tribunal Constitucional deja en una posición delicada a toda la sociedad. “Creo que nos han afectado a todos los peruanos y peruanas, nos deja desprotegidos, vulnerables ante cualquier abuso y arbitrariedad”.
5. Reformas en la Sunedu
En mayo del año pasado, el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31520, que modifica el consejo directivo de la Sunedu y permite su reconstrucción con integrantes designados por el Ministerio de Educación y de las universidades privadas.
La Sunedu presentó una acción de amparo en contra de la decisión del Legislativo por considerarlo parte de la contrarreforma universitaria. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima aceptó la demanda y anuló la autógrafa.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional acaba de darle la razón al Congreso y anuló la acción de amparo dictada por el Poder Judicial. Este es el único punto de la resolución del TC que logró unanimidad de todos los magistrados.
EN GENERAL, LA POSICIÓN HA SIDO QUE EL CONTROL CONSTITUCIONAL HA SIDO POSTERIOR, NO CUANDO ES UN PROYECTO”, SEÑALÓ ANA NEYRA.
La abogada Ana Neyra remarcó que la acción de amparo, en este caso, se presentó cuando aún era proyecto de ley y ese sería el motivo por el que sí podría tener fundamento la decisión del Tribunal.
“En general, la posición constitucional de toda la vida ha sido que el control constitucional ha sido posterior, no cuando es un proyecto, sino cuando ya es una ley. Si el argumento va por ahí, entonces, sí hay un argumento jurídico”, precisó.
Más allá de las posturas jurídicas, la nueva ley del Congreso busca golpear la gestión que realiza la Sunedu, en favor de las universidades no licenciadas, muchas de ellas vinculadas a los actuales parlamentarios, como Esdras Medina (Somos Perú), Alex Paredes (Perú Libre), Luis Cordero (Fuerza Popular), Alfredo Azurín (Somos Perú) y José Luna Galvez (Podemos Perú), entre otros.
6. Juicio político a los jefes de los órganos electorales
En su reciente fallo, el TC exhortó al Congreso a modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir a los jefes de los órganos electorales en el listado de funcionarios que pueden ser sometidos a juicios políticos.
Si bien los representantes de los organismos electorales —el Jurado Nacionales de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— pueden ser sometidos a investigaciones penales, no estaban considerados dentro del antejuicio político. Es decir, en los procesos de investigación que se inician en el Legislativo para determinar sanciones políticas, como la destitución por infracciones constitucionales.
“Lo que está detrás de esto es que no podemos poner a los que resuelven controversias electorales a la merced de las mayorías políticas en el Congreso, que podrían querer removerlos todos los días. Entonces, no les generamos ninguna estabilidad”, dijo Ana Neyra.
INSTIGADO. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ha sido cuestionado por los sectores que denunciaron el inexistente fraude electoral.
Foto: Andina.
En este escenario, la autonomía de las entidades electorales, encargadas de dirigir las contiendas electorales y de evaluar las controversias —como tachas y eventuales fraudes— se verían amenazados por una posible investigación del Congreso en caso consideren que hayan vulnerado la Constitución.
“Eso implicaría la reforma constitucional del artículo 99, que está exhortando el propio Tribunal. A mi me parece que está dejando en indefensión a los organismos electorales. Eso sí me parece extraño porque, en este caso, no había amparos”, agregó Neyra.
No obstante, el abogado Anibal Quiroga, declaró que el señor Salas Arenas sí podría ser investigado a nivel del Congreso porque, más allá de ser presidente del JNE, también es magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
“En una democracia constitucional nadie está exento de control. Entonces, no sé cómo el señor Salas Arenas pretende estar fuera de control político, sobre todo teniendo un cargo tan importante, y haciendo una imagen artificiosa al decir que es presidente del JNE y no magistrado de la Corte Suprema, cuando él llega ahí por ser magistrado de la Corte Suprema”, enfatizó.
7. Amenaza al Poder Judicial
El fallo del TC por el conflicto de competencias interpuesto por el Congreso también ordena que se ponga en conocimiento a la JNJ para que evalúe el accionar de los jueces que concedieron las medidas cautelares en contra del Congreso.
“La lógica aquí es que un juez no puede controlar al Congreso en casos como la conformación de una comisión investigadora o una ley, lo que están diciendo es que [el Congreso] pueda hacer sus competencias como quiera. Eso no está bien porque toda entidad tiene que actuar con proporcionalidad y razonabilidad”, indicó Neyra.
La abogada también precisó que esta decisión del TC podría ser considerada una intimidación para los jueces, quienes ahora se encuentran en una posición de desventaja frente al Congreso. “Suena casi a una amenaza, pues en la sentencia del Tribunal obliga a la Junta Nacional de Justicia, por lo menos, a abrirles un proceso disciplinario. Eso también sería cuestionable”, agregó.
TODA ENTIDAD TIENE QUE ACTUAR CON PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD”, RECORDÓ ANA NEYRA.
Walter Albán, en paralelo, cuestionó la decisión de los magistrados al demostrar una actuación en contra de la defensa de la Constitución y, más bien, en favor de los intereses parlamentarios.
“Lo que han hecho es anunciar que ellos están dispuestos a aceptar lo que sea por parte del Congreso, y que no hay manera de ponerle control al Congreso en lo que les dé la gana hacer. Ellos han abdicado a lo que la Constitución señala que deben ser: un órgano de control constitucional. Parece que están más comprometidos en agradecer la elección de la que fueron objeto porque, en verdad, varios de ellos no podrían haber llegado en un concurso de méritos a ese cargo”, insistió.
8. Investigaciones sin control
Finalmente, el Congreso podrá continuar creando comisiones como la que investigó el falso fraude electoral, que gastó más de S/200.000 sin encontrar pruebas de irregularidades en las Elecciones Presidenciales 2021.
La abogada Ana Neyra reconoció que el Congreso tiene competencias para abrir investigaciones sobre todo tipo de temas, pero tampoco puede utilizar esta prerrogativa para amedrentar a jueces o para abrir comisiones bajo intereses políticos.
“Nunca estuvo en cuestión que se creen comisiones por temas de interés público, pero el problema está en que si formas una comisión que gastó mucha plata y no encontró nada, no puedes volver a investigar el tema o ponerle la espada de Damocles a los titulares de los organismos electorales porque no ganó tu candidato. Lo pones en una situación de vulnerabilidad ante el poder político”, precisó.
sin salida
Poco se puede hacer contra la reciente decisión del TC, considerando que se trata de la máxima autoridad de interpretación de las leyes en nuestro país. Así lo reconocen los abogados constitucionalistas consultados para este artículo.
Si bien una opción es acudir al Sistema Interamericano, a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, esta es una vía que va a demorar y, normalmente, culmina con un informe de relatoría, pero no con la modificación de la decisión del Tribunal.
“Veo complicado que, en lo inmediato, encontremos un mecanismo para detener la sentencia. Jurídicamente, es un poco complicado. El TC es considerado la última instancia en el sistema judicial peruano y nadie puede detener sus fallos. No hay apelación”, dice Neyra.
Por lo pronto, el abogado Walter Albán plantea que una de las salidas más factibles sería la articulación ciudadana para promover la defensa de la democracia en contra de los ataques que vienen realizando algunas instituciones.
“Creo que el problema es político y que la sociedad civil debe buscar una forma de articularse bajo un denominador común, que pueda ser asumido por los más grandes sectores”, remarcó el exdefensor del pueblo
