Por lo menos cuatro candidatos que pueden convertirse en miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han tenido nexos con investigados por organización criminal. Se trata de los abogados Francisco Távara Córdova, Elías Domínguez López, Tito Esteves Torres e Iris Pacheco Huancas. Además, luego de analizar y verificar los antecedentes laborales, declaraciones juradas y el historial de los 23 postulantes, OjoPúblico identificó que otros seis han estado vinculados a organizaciones políticas como Fuerza Popular, el Partido Popular Cristiano, Podemos Perú y Acción Popular. Han sido militantes, consultores o aportantes.
El 25 de agosto pasado, la Comisión Especial para la Elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad a cargo del nombramiento, ratificación y sanción contra jueces y fiscales, informó que solo habían superado la prueba de conocimiento 23 de los 51 postulantes inscritos en el concurso público. De acuerdo al cronograma del proceso, aún faltan las etapas de la evaluación curricular, pruebas de confianza y entrevista personal.
En ese marco, OjoPúblico revisó antecedentes laborales, declaraciones juradas, el historial de estos candidatos en el Observatorio por la Gobernabilidad (Infogob) y otras bases de datos públicas, además de consultar con fuentes del Ministerio Público y otras entidades estatales. Así, encontró que, al menos, cuatro de los postulantes en carrera han tenido nexos con investigados por organización criminal.
Se trata de los abogados Francisco Távara Córdova, Iris Pacheco Huancas, Tito Esteves Torres y Elías Domínguez López. A la fecha, estos candidatos se encuentran entre el tercero y el decimotercer puesto de orden de mérito de un proceso que contempla la selección de siete integrantes titulares del organismo y otros siete accesitarios.
De acuerdo a información fiscal, Távara Córdova reconoció haber tenido comunicaciones con César Hinostroza Pariachi, exjuez supremo y hoy prófugo de la justicia, cuando este intentaba favorecer a una empresa involucrada en un caso a cargo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en ese entonces presidida por el ahora postulante a la JNJ. Esa instancia, confirmó el Ministerio Público, emitió un fallo favorable para la compañía cercana a Hinostroza Pariachi.
La exjueza suprema Iris Estela Pacheco Huancas, en tanto, fue parte de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el presunto líder de Los Cuellos Blancos, Hinostroza Pariachi.
En 2022, mientras participaba de un proceso de nombramiento de jueces ante la JNJ, la magistrada justificó la absolución de investigados por violación sexual de menores de edad mientras integró dicha sala, entre 2017 y 2018.
PRÓFUGO. César Hinostroza presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quien también tuvo como integrante a Iris Pacheco (a su izquierda).
Foto: Poder Judicial
A la lista se suma el abogado Elías Domínguez López, involucrado en el caso Los Gángsters de la Política, una presunta organización criminal liderada por José Luna Gálvez, congresista de Podemos Perú.
El Ministerio Público sostiene que el postulante a la JNJ nombraba funcionarios al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para lograr los fines ilícitos de la agrupación, entre ellas la inscripción del partido, en 2018. Todo esto desde su posición de gerente de administración de la entidad electoral.
El cuarto caso corresponde a Tito Esteves Torres. En 2019, durante el proceso para la elección de los miembros de la primera JNJ, el abogado reconoció haber representado legalmente al exalcalde de la municipalidad provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.
Dicho político es investigado como presunto integrante de la organización criminal Los Limpios de la Corrupción. Además, Esteves Torres fue gerente general del municipio durante la gestión de Torres Gonzales.
OjoPúblico también detectó que, por lo menos, seis de los 23 candidatos en carrera para alcanzar un puesto en la JNJ han tenido vínculos con organizaciones políticas, ya sea como militantes, aportantes o por temas laborales.
Esta lista la componen los abogados Roque Augusto Bravo Basaldua, quien trabajó para Rosa Bartra Barriga, cuando era congresista por Fuerza Popular; María Teresa Cabrera Vega, quien fue militante, congresista y aportante de Podemos Perú; y Cayo César Galindo Sandoval, exmilitante del Partido Nacionalista, excongresista y exviceministro de Trabajo durante la presidencia de Ollanta Humala Tasso.
Completan el listado María del Carmen Salas Medina, exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC); Jaime Pedro de la Puente Parodi, aportante de Acción Popular, y Ramón Mujica Zevallos, expostulante al Congreso por Cambio 90 – Nueva Mayoría, en las elecciones generales de 2001.
Puntajes de la evaluación d… by OjoPúblico Periodismo de In…
A la fecha, estos postulantes se encuentran entre el primer y el vigésimo segundo lugar del orden de méritos del concurso para acceder a la JNJ, desde enero de 2025.
Los cuestionamientos alrededor de esta elección no se limitan a los antecedentes de los postulantes. A poco más de un mes del inicio del proceso, diversos especialistas han alertado sobre modificaciones en las bases del concurso y falta de transparencia.
La Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia del Perú —promovida por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) e integrada por especialistas en concursos públicos y lucha contra la corrupción— señaló, por ejemplo, que la comisión liderada por el defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor no tiene previsto transmitir sus sesiones ni compartir todos los documentos presentados por los candidatos.
Por todos estos antecedentes, Úrsula Indacochea, abogada constitucionalista, especialista en derecho internacional y directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF, considera que el actual proceso no garantiza la elección de jueces independientes ni idóneos para la JNJ.
“Ya no piden copias de los procesos administrativos y penales en los que estuvo involucrado el postulante, para que la ciudadanía lo pueda revisar. Además, ahora te permiten postular si has pedido licencia del partido político, mientras que, en otros países, piden que no tengan ningún vínculo o que hayas renunciado años antes para garantizar la independencia”.
Asimismo, explicó que, en la selección para entidades del rango de la JNJ, una de las prioridades es garantizar que los magistrados elegidos hayan tenido una conducta intachable en el ejercicio de su profesión.
“La presunción de inocencia no tiene peso en procesos de selección y nombramiento. En estos casos debe prevalecer la apariencia de independencia e imparcialidad. Puedes cometer acciones que no son delitos, pero que sí son reprochables, eso puede hacer que te excluyan. Existen razones de idoneidad ética que va más allá de las condenas”, remarcó.
Postulantes en la mira
Entre los candidatos en carrera para llegar a la JNJ se encuentran, al menos, cuatro abogados cercanos a miembros de presuntas organizaciones criminales, detectó este medio tras revisar sus antecedentes.
El primero es Francisco Távara Córdova, expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este último cargo lo ocupó entre 2012 y 2016. En las elecciones presidenciales de 2016 fue cuestionado por promover el retiro de las candidaturas de Julio Guzmán Cáceres (Partido Morado) y César Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) por temas administrativos.
Además, en 2021, la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos Rivera lo mencionó en una denuncia constitucional contra los exjueces supremos César Hinostroza Pariachi y Martín Hurtado Reyes, y el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila Grados, que presentó ante el Congreso. En el documento, Ávalos Rivera hizo referencia a la existencia de audios entre Távara Córdova e Hinostroza Pariachi.
La denuncia, a la que accedió OjoPúblico, precisa que, en 2018, el exjuez supremo Hinostroza Parichi buscó favorecer a Ingeniería y Metal Mecánica La Merced E.I.R.L. Esta empresa había presentado un recurso de casación para evitar devolverle un inmueble al Banco Continental (BBVA).
El caso estaba a cargo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en ese entonces, presidida por Francisco Távara Córdova e integrada por el exjuez supremo Hurtado Reyes.
Todas las instancias anteriores, precisa el documento, habían fallado en favor del banco. Sin embargo, al llegar a la sala presidida por el actual candidato a la JNJ, la medida fue revocada en favor de la empresa.
A partir del análisis de audios, el informe del Ministerio Público concluyó que Hinostroza Pariachi se había comunicado con el exjuez supremo Hurtado Reyes para que favorezca a la compañía. Lo mismo intentó, agrega, con Tavara Córdova.
La denuncia constitucional de Ávalos Rivera precisa, asimismo, que Hinostroza Pariachi se comunicó en dos oportunidades con Távara Córdova en los días previos a la sesión que definiría la casación. Ante la Fiscalía, el ahora postulante a la JNJ reconoció las llamadas y contó que Hinostroza Pariachi lo llamaba con el apelativo de “Panchito”, tal como se lee en la transcripción de los audios.
Aunque en las comunicaciones Hinostroza Pariachi le dijo que necesitaba hablar sobre un “tema urgente” no se explayó, pues su interlocutor estaba ocupado. No obstante, acordaron reunirse para conversar sobre el asunto. Pese a la evidencia, Francisco Távara no tiene la categoría de investigado en dicho caso.
En 2009, el candidato a la JNJ estuvo comprendido en un caso que, por poco, concluye con su destitución. La República informó que el entonces juez supremo había viajado a Francia financiado por la Universidad Alas Peruanas.
Esto fue considerado como una vulneración a su idoneidad, pues esa misma casa de estudios estaba comprometida en procesos judiciales. De acuerdo a IDL Reporteros, Tavara Córdova se salvó de la sanción por tres votos a dos en el desaparecido CNM. Uno de esos, detalló, fue del exconsejero Efraín Anaya Cárdenas, posteriormente destituido por pedir dinero a un candidato a fiscal supremo.
Entre los postulantes que siguen en carrera para la JNJ también figura Iris Estela Pacheco Huancas. Esta abogada por la Universidad Nacional de Trujillo ocupó el cargo de jueza suprema provisional, entre 2017 y 2023.
Específicamente, integró la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Hinostroza Pariachi, entre enero de 2017 y julio de 2018. Ese último año, esta instancia fue señalada por emitir sentencias absolutorias en cinco casos vinculados a violencia sexual contra menores de 13, 14, 16 y 17 años.
En 2022, cuando postuló a un concurso público para la selección y nombramiento de jueces a cargo de la JNJ, Pacheco Huancas hizo referencias al tema. Durante la entrevista personal, apeló a exámenes médicos, informes psicológicos, la apariencia y la contextura de la víctima, y a un supuesto “error de tipo” para justificar estas decisiones.
“Soy consciente y tengo completo conocimiento de cuál es la línea que uno tiene que optar en este tipo de casos (…) como niñas y adolescentes (…) Soy consciente de ello, pero las razones que se exponen en los expedientes justifican en función a la prueba que existe en los casos por qué motivo se decidió”, dijo.
REGISTRO. Durante una entrevista para el nombramiento de jueces, la exmagistrada Iris Pacheco argumento por qué se absolvió a cinco acusados de violación sexual.
Video: LP – Pasión por el Derecho
En sus palabras, uno de los casos involucró a una adolescente de 13 años que mantuvo una “relación amorosa” con un mayor de edad, a quien conoció por redes sociales. “En su Face, [la menor] decía que tenía 16 años y ella también le había dicho [al investigado] que tenía esa edad (…) La misma madre y la contextura física de la chica decía que aparentaba tener más de 16 años”, argumentó ante la JNJ.
Al ser consultada, Pacheco Huancas señaló que esto último no se determinó a través de una pericia e hizo referencia a la declaración de la madre.
Otro postulante a la JNJ involucrado con presuntos hechos ilícitos es Elias Gustavo Domínguez López. Actualmente, el abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es investigado en el caso Los Gangsters de la Política, una presunta organización criminal liderada por el congresista de Podemos Perú José Luna Gálvez.
La tesis fiscal sostiene que los integrantes de esta red criminal captaron a funcionarios del CNM, la ONPE y el JNE para lograr la inscripción de dicho partido, en 2018. El ahora postulante a la JNJ se encargaba, según informes del Ministerio Público, de los nombramientos de personas afines a la presunta organización criminal al interior de la ONPE, desde su posición de gerente de administración de la entidad electoral.
VÍNCULOS. José Luna Morales y José Luna Gálvez están involucrados en la investigación fiscal conocida como Los Gánsters de la Política.
Foto: Facebook de José Luna Gálvez
Entre los antecedentes de Domínguez López también figura el servicio de defensa legal a José Julián García Santillán, exgerente general del Gobierno Regional de Callao en 2011 y, luego, condenado en otro caso por peculado doloso junto al exgobernador Félix Moreno Caballero.
La labor de Domínguez López figura en dos órdenes de servicio del GORE Callao, una de febrero de 2022 y otra de diciembre de 2023, que, en conjunto, suman S/30.000.
Según registros públicos, entre 2007 y 2020, fue apoderado de la Empresa Municipal de Servicios de Limpieza Pública del Callao (Eslimp Callao), entidad con exfuncionarios involucrados en investigaciones fiscales.
En esta última también registra un contrato de locación de servicios, de abril de 2008, por asesoría en gestión y control interno para la gerencia administrativa. Es decir, en paralelo a su rol como apoderado.
Otro caso cuestionado es el del postulante Tito Esteves Torres, quien en enero de 2007 asumió el cargo de gerente general de la municipalidad provincial de Chiclayo, durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, por el Movimiento Regional Manos Limpias.
Siete años después, este último fue capturado por integrar la presunta organización criminal Los Limpios de la Corrupción. Así fue denominada la red de exfuncionarios acusados de apropiarse de dinero del tesoro público de manera ilícita producto de acciones relacionadas al delito de corrupción, entre 2007 y 2014.
Esteves Torres, quien es presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Lambayeque, ha reconocido que defendió al exalcalde en tres casos de colusión. Esto lo hizo durante una entrevista ante la Comisión Especial para elección de miembros de la JNJ en 2019, cuando también aceptó que fue abogado de personas vinculadas a organizaciones criminales.
“Como abogado a uno lo contratan para defender, digamos, a un miembro o integrante de alguna organización, y uno asume la defensa como abogado litigante, porque de eso yo vivo”, dijo.
PALABRA. En 2019, durante la entrevista ante la comisión especial para la JNJ, Tito Esteves reconoció que ha sido abogado de vinculados a organizaciones criminales.
Video: Facebook de Justicia TV
En paralelo, al menos, 14 postulantes registran órdenes de servicio y adjudicaciones —como personas naturales— con entidades estatales, como gobiernos regionales, municipios, universidades, ministerios, el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura, que forma y capacita a jueces, fiscales y aspirantes.
OjoPúblico se comunicó con los cuatro postulantes a la JNJ mencionados. El exjuez supremo Távara Córdova no quiso brindar una entrevista, pero aseguró que, actualmente, no tiene investigaciones abiertas en el Congreso ni en el Ministerio Público.
Domínguez López también se negó a brindar una entrevista. En una breve comunicación por WhatsApp señaló que el caso Los Gangsters de la Política ahora se llama caso ONPE, y que este sigue en etapa de investigación preliminar.
Además, confirmó haber sido abogado de la empresa Eslimp Callao. “No fui abogado de José Julián García Santillán, fui el asesor legal de la persona jurídica denominada Eslimp Callao. Son cosas distintas”, dijo a este medio. Sin embargo, existen dos órdenes de servicio a su nombre cuyo concepto es la defensa a García Santillán.
Esteves Torres, en tanto, indicó que no podía responder a las consultas de este medio. Alegó que se encontraba en una audiencia y colgó la llamada.
Pacheco Huancas dijo, a través de Whatsapp, que lo referido a las absoluciones por casos de violación sexual de la Segunda Sala Penal Transitoria es un tema “repetitivo y [que] no tiene ningún fundamento”. “Fue estrictamente una decisión jurisdiccional en el marco de la ley y lo que se actuó en el expediente”, argumentó.
Añadió que ese hecho no fue objeto de investigación y que respondía, asegura, al intento del excongresista de Solidaridad Nacional Michael Urtecho Medina de generar una causal de recusación para apartarla del caso que se seguía contra él por el presunto delito de concusión, enriquecimiento ilícito y otros.
“La Misión Internacional señaló que este proceso era sumamente cuestionable. Mi impresión es que, bajo esas condiciones, no hay ninguna garantía de un proceso serio y de que se elija a la persona más idónea, sino todo lo contrario. Es, más bien, casi como un anuncio de que la gente que va a entrar es la que tiene mejor prontuario que currículum”, señaló el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta.
Vínculos partidarios
Además, OjoPúblico encontró que, por lo menos, seis postulantes a la JNJ —que también nombra, renueva y sanciona a los jefes de ONPE y El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— han tenido vínculos con organizaciones políticas.
Entre ellos sobresale María Teresa Cabrera Vega, licenciada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La abogada fue parlamentaria por el partido Podemos Perú en el Congreso extraordinario 2020-2021 y ocupó la tercera vicepresidencia en la mesa directiva presidida por Manuel Merino de Lama.
Entre marzo de 2019 y febrero de 2023, fue militante de Podemos Perú. En ese lapso, asumió los cargos de secretaria nacional anticorrupción y secretaria nacional de la mujer del partido.
Cabrera Vega figura, además, como aportante del partido fundado por José Luna Gálvez. El 14 de noviembre de 2019 realizó un aporte en efectivo por S/10.000 y, cuatro días después, otro por S/6.750, de acuerdo al registro de la ONPE.
Entre 2021 y 2023, también se desempeñó como jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. Un año antes de dejar el cargo postuló sin éxito al Tribunal Constitucional y, actualmente, trabaja como asesora legal de la empresa minera Estrazione Orsa E.I.R.L. Este medio intentó comunicarse por teléfono y a través de mensajes de WhatsApp con la abogada, pero no respondió.
ANTECEDENTES. María Teresa Cabrera Vega, quien integró la mesa directiva presidida por Manuel Merino, busca incorporarse a la JNJ.
Foto: Congreso
REPORTE. Según la ONPE, María Cabrera Vega aportó un total de S/16.750 a la campaña de Podemos Perú en 2019.
Captura: ONPE
En la lista de candidatos con vínculos políticos también destaca Roque Augusto Bravo Basaldua. El abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tiene, entre sus antecedentes, haber laborado en el Congreso, entre el 2016 y 2019, siempre junto a la exlegisladora de Fuerza Popular, Rosa Bartra Barriga.
Primero, lo hizo como asesor de la primera vicepresidencia, cargo que ostentó la parlamentaria. Y, luego, en la Comisión Investigadora del caso Lava Jato y en la Comisión de Constitución.
Bravo Basaldua también fue asesor de la comisión investigadora del falso fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2021, discurso promovido, sin evidencia, por bancadas de derecha, especialmente Fuerza Popular.
En dicho proceso electoral la lideresa fujimorista, Keiko Fujimori Higuchi, perdió contra el candidato Pedro Castillo Terrones, en ese entonces de Perú Libre. La comisión estuvo presidida por el congresista Jorge Montoya Manrique (entonces integrante de la bancada Renovación Popular).
Bravo Basaldua confirmó a OjoPúblico que trabajó con Rosa Bartra Barriga, a quien conoció en años anteriores al 2016, cuando esta requirió un abogado con experiencia en temas electorales. Aseguró que no tiene ningún vínculo con Fuerza Popular y que también fue abogado del Frente Amplio, en 2016.
Entre los candidatos vinculados a organizaciones políticas también está el abogado Cayo César Galindo Sandoval, exmilitante del Partido Nacionalista, entre octubre de 2005 y setiembre de 2019. Además, entre 2006 y 2011, fue congresista por Unión por el Perú, partido en el que postuló el expresidente Ollanta Humala, en 2006.
PASADO. Cayo Galindo Sandoval fue congresista por Unión por el Perú, partido de Ollanta Humala, entre 2006 y 2011.
Foto: Congreso
En 2015, Galindo Sandoval fue designado viceministro en el Ministerio de Trabajo, entonces liderado por Daniel Maurate Romero, quien hoy ocupa el mismo cargo en el gobierno de Dina Boluarte. Además, entre 2022 y 2023, fue asesor del congresista Pasión Dávila, quien actualmente forma parte de la bancada socialista.
Este medio intentó contactarse con el abogado a través de su actual centro de trabajo, la universidad donde estudió y por medio del congresista Pasión Dávila. Sin embargo, al cierre de este informe, no hubo respuesta.
Por otro lado, está María del Carmen Salas Medina. Esta abogada, egresada de la Universidad San Martín de Porres, fue militante del Partido Popular Cristiano (PPC), entre junio de 2010 y enero de 2015.
De acuerdo a su Declaración Jurada de Intereses (DJI), trabajó como consultora para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Esto ocurrió durante la parte final de la gestión de Alberto Otárola Peñaranda: entre enero y abril de 2024.
Entre 2018 y 2019, también, trabajó en la PCM como asesora de la Secretaría de Integridad Pública. Asimismo fue asesora de la Procuraduría Ad Hoc, a cargo del caso Lava Jato, entre 2019 y 2020.
Su cónyuge, Erick Rommel López Ríos, figura como trabajador de la Municipalidad Metropolitana de Lima: es jefe de asuntos corporativos de la gestión de Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular.
En diálogo con OjoPúblico, la postulante señaló que fue militante del PPC cuando era universitaria y que ya no tiene ninguna relación con ese partido. Añadió que su última labor en la PCM no estaba vinculada a Otárola Peñaranda, a quien asegura no conocer directamente. “Estaba en una oficina distinta, lejana (…). Mi periodo en PCM no data de 2024, sino desde 2018 y siempre han sido temas técnicos”, refirió.
Salas Medina confirmó que su esposo trabaja en la Municipalidad de Lima, pero descartó vínculos con Renovación Popular. “Mi esposo también es técnico (…) Años ha trabajado, en varios periodos y en distintos gobiernos municipales”, dijo.
En la lista de candidatos a la JNJ que han tenido vínculos con partidos políticos también aparece el abogado Jaime Pedro de la Puente Parodi, quien se desempeña como vocal titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas en la Contraloría, desde 2022.
El jurista figura como aportante de Stephen Yuri Haas del Carpio, candidato de Acción Popular en las Elecciones Regionales y Municipales de 2018. En este caso, el monto entregado para la campaña fue de S/150. En dicha elección, Haas del Carpio accedió a la alcaldía del distrito limeño de Pueblo Libre.
POSTULANTES. Jaime de la Puente registra un aporte de S/150 a la campaña de Stephen Haas del Carpio (Acción Popular) de 2018, de acuerdo a las declaraciones recogidas por ONPE.
Captura: ONPE
Este medio envió dos preguntas referidas a dicho aporte al área de prensa de la Contraloría para que sean derivadas a De la Puente Parodi. Pero, como en otros casos, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
Finalmente, se añade Ramón Mujica Zevallos, licenciado por la Universidad Tecnológica de los Andes. El abogado postuló al Congreso en 2001 por el partido Cambio 90 – Nueva Mayoría, agrupación política vinculada al expresidente y sentenciado por corrupción Alberto Fujimori Fujimori. Sin embargo, no alcanzó los votos requeridos para obtener un escaño.
En conversación con OjoPúblico, Mujica Zevallos reconoció que postuló por dicho partido, pero que solo fue como invitado. Aseguró que, luego de esa campaña, no tuvo ningún vínculo con dicha agrupación política ni con Fuerza Popular, fundada por Keiko Fujimori Higuchi.
“Es imposible que se exija independencia a una comisión [de selección] que está presidida por el señor Josué Gutiérrez [Cóndor], que fue abogado del señor Vladimir Cerrón [Rojas]. Está allí por una especie de alianza mafiosa de fuerzas políticas que dominan el Congreso. Obviamente, no va a querer a un magistrado independiente”, dijo el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta.
Fuente: Ojo Público
