El reciente fallo del Tribunal Constitucional por el cual, vía acción competencial en favor del Congreso contra el Poder Judicial, ha declarado nulas las resoluciones emitidas en los procesos de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo, la realización de investigaciones parlamentarias en asuntos de interés público, y la reforma de la SUNEDU; es a todas luces flagrantemente inconstitucional y PREVARICADOR porque ese órgano de justicia ha resuelto contra lo establecido en el texto expreso y claro del artículo 200, inciso 2), de la Constitución Política.
De acuerdo al texto literal de dicha norma el Tribunal Constitucional solo puede conocer, “en última y definitiva instancia, de las resoluciones DENEGATORIAS de habeas corpus, AMPARO, habeas data y acción de cumplimiento”, y las resoluciones de amparo cuestionadas NO FUERON DENEGATORIAS, sino favorables en su momento a los demandantes; ergo el Tribunal estaba impedido de emitir pronunciamiento sobre la mismas.
La demanda competencial interpuesta por el Congreso solo facultaba al Tribunal para resolver los conflictos de competencia que hubiese entre el Congreso y el Poder Judicial, y no a resolver procesos específicos de amparo para los que estaba impedido de conocer por mandato de la norma antes citada. Por nuestra parte, no existía ningún conflicto de competencias, ya que en ningún momento el Poder Judicial ha invadido las competencias del Congreso ni ha cuestionado sus atribuciones para designar al Defensor del Pueblo, realizar investigaciones parlamentarias o legislar en materia de educación universitaria, siempre que éstas se realicen dentro del marco constitucional; lo que ha efectuado el Poder Judicial en sendos procesos de amparo es EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS DEBIDOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS, ante la falta de transparencia de que adolecían; ya que el propio Tribunal ha establecido en fallos anteriores que no existe zonas libres ni exentas de control constitucional.
Por supuesto que la comunidad jurídica y la opinión pública han reparado rápidamente en que el cuestionado fallo de este Tribunal Constitucional ha sido un pago de favores al Congreso por haber nombrado a sus integrantes con los votos aliados del fujimorismo y el cerronismo (como lo manifestamos en nuestra columna del 14/05/22, en que denunciamos y advertíamos lo que se venía, por la forma írrita, sigilosa y sin debate parlamentario en que fueron designados). Pero, si el fallo de marras ya es inconstitucional y prevaricador, lo más grave es que ha abierto las puertas de la impunidad y persecución política más encarnizada, porque también ha dispuesto que la Junta Nacional de Justicia proceda contra los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares contra el Congreso. Aquí el mensaje intimidatorio es también para los magistrados que fallen contra Dina Boluarte, Alberto Otárola, el ministro de Defensa, del Interior, oficiales y miembros las FFA AA y FFPP que están investigados por genocidio y el homicidio calificado de más de 60 personas en las protestas que vienen conmoviendo al país (no olvidemos que, en algún momento, Boluarte quiso llevar esas investigaciones al fuero militar por temor a los jueces del fuero común).
Por si fuera poco, el fallo del Tribunal hecho a la medida y talla del Congreso también ha dispuesto que éste reforme el artículo 99 de la Constitución (norma que regula el juicio político) para incorporar a los miembros del JNE, así como a los jefes de la ONPE y RENIEC; obviamente, a fin de ser acusados por infracción a la Constitución ante ese poder del Estado, en caso de no alinearse con los intereses de la extrema derecha favoreciendo a sus partidos y candidatos en los próximos comicios electorales que se avecinan.
Después de ver casi todas las piezas desplegadas de este abusivo Frankenstein echado tenebrosamente a andar, donde el Tribunal Constitucional recurre al prevaricato para envalentonar a un Congreso angurriento, desahuciado y voraz; un Poder Ejecutivo con las manos oliendo a pólvora y chorreando sangre; el Ministerio Público que carga con la complicidad escandalosa y punible de no detener a nadie después de más de 60 asesinados (pero sí encarcela rápidamente a quien reúne la humilde solidaridad de algunos manifestantes); el Poder Judicial que guarda ominoso silencio sobre el prevaricador fallo y permite que se humille a sus pocos jueces independientes; y, los altos funcionarios del sistema electoral burdamente perseguidos y amenazados ¿Alguien duda aún de que estamos viviendo en una de las peores dictaduras cívico militar de los últimos tiempos?
