La huelga general y su propia debilidad parlamentaria demuestran que los cambios radicales que promueve el presidente argentino no pueden hacerse sin consenso
El presidente argentino, Javier Milei, recibió el miércoles la primera advertencia de la calle. Una huelga general convocada por la central sindical mayoritaria, la Confederación General del Trabajo (CGT), rechazó el plan de recortes del político ultraliberal con marchas en las principales ciudades del país. Solo en Buenos Aires, se sumaron decenas de miles de personas y el seguimiento del paro rondó el 80% de los afiliados al sindicato (unos cinco millones) a escala nacional, según los organizadores. Si bien la movilización no llegó a paralizar el país en pleno verano austral, los trabajadores argentinos y una multitud de opositores lanzaron al Gobierno, que despreció la protesta, un claro mensaje de repudio al desmantelamiento del Estado y de los servicios públicos que persigue el mandatario.
Tras poco más de un mes al frente del Ejecutivo y después de imponer cientos de medidas a través de un megadecreto que elimina decenas de controles estatales y habilita la privatización de empresas, Milei no ha aparcado del todo su agenda, pero ya se ha visto abocado a negociar. Mientras los manifestantes cantaban “la patria no se vende” frente a la sede del Congreso, el poder legislativo se disponía a comenzar los trámites de la llamada ley ómnibus, un proyecto que busca recortar y modificar a fondo la estructura política, económica y social. El oficialismo se avino, por ejemplo, a revisar la polémica delegación de facultades extraordinarias al Gobierno y logró el apoyo de parte de la oposición para validar el dictamen de la ley, un paso crucial para seguir con el trámite parlamentario.
Todavía es difícil predecir qué ley saldrá del Congreso, puesto que la coalición en el poder, una alianza entre la ultraderecha y los neoliberales del expresidente Mauricio Macri, no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Sin embargo, habrá que esperar los próximos pasos de Milei para valorar el alcance real de su declaración de intenciones. Los argentinos viven asfixiados por una inflación galopante que en 2023 alcanzó el 211,4% y en diciembre escaló un 25,5%. El país no necesita, con estas premisas, un golpe a la arquitectura institucional ni más incertidumbre o experimentos que él mismo calificó de “anarcocapitalistas”.
No cabe duda de que Argentina necesita, para afrontar la crisis, diseñar un ambicioso paquete de reformas, incluso profundas, pero un asalto al poder institucional y a los consensos democráticos contribuiría a agravar la emergencia económica y partiría en dos a la sociedad. Milei no solo tiene que escuchar a la calle, sino que, como presidente de todos, está obligado a negociar y pactar las medidas de mayor calado que supongan cambios estructurales. Lo primero y urgente es gobernar. Haría bien pues el presidente en aparcar la demagogia y el tono incendiario de su discurso y asumir que ha llegado el momento de la realpolitik.
