El capitalismo salvaje primario exportador no permitió que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, posibles entre el 2003 y el 2013 gracias a los precios favorables de los comodities, se transformen en desarrollo sostenible. Es decir que el individualismo extremo que niega en los hechos la existencia de derechos sociales y pretende que el Estado se reduzca a su mínima expresión se ha implementado en nuestro país durante treinta años con los resultados que la pandemia COVID 19 ha demostrado. La ultraderecha con los monopolios y oligopolios que dominan el país están determinados a mantener el modelo económico neoliberal, establecido por el fujimorismo a través de la Constitución de 1993, pese a las exigencias de justicia social.
Agresiones autoritarias
La designación de un Tribunal Constitucional antiderechos y muy cercano a los grandes poderes económicos, demuestra que más allá de no reconocer al gobierno del profesor Pedro Castillo, la meta reaccionaria de las fuerzas que lideran el Congreso es impedir cualquier cambio significativo en la inequidad vigente.
El aprovechamiento de la movilización de sectores medios limeños el 5 de abril por parte de bandas protofascistas que atacaron el Poder Judicial, la Fiscalía y el Jurado Nacional de Elecciones, prueba la magnitud de la ofensiva ultraderechista, y lo mismo debe decirse de los pronunciamientos antidemocráticos de ex oficiales de las Fuerzas Armadas que persisten en propugnar un golpe de Estado.
Lamentablemente la agrupación Perú Libre, que dice ser de “izquierda consecuente” pero cuya gestión en el Gobierno Regional de Junín tiene más que ver con el clientelismo que con los intereses de la población, ha hecho posible la designación del Tribunal Constitucional entre otras razones, porque considera necesario establecer un frente con el fujimorismo y sectores afines contra quienes llama “caviares”, donde incluye sectores democráticos, progresistas y de izquierda, entre ellos algunos integrantes del Tribunal Constitucional que ha sido reemplazado.
Adicionalmente, el señor Pedro Castillo no ha comprendido la inmensa responsabilidad conferida por los electores que vieron en él la oportunidad de colocar en la cúspide del Estado a un auténtico hijo de campesinos sin vinculaciones con las mafias corruptas ni en general con el Statu Quo, un verdadero representante del cambio; ha caído también en el tradicional clientelismo convocando a sus allegados al margen de criterios de representación y meritocracia, con el agravante de que algunos de ellos están siendo acusados de corrupción, que debe ser investigada y, de ser el caso, sancionada.
Las políticas clientelistas obstaculizan la conformación de un amplio frente patriótico y social que levante banderas válidas para la mayor parte de la población. Un frente dónde coincidan los jóvenes que encabezaron marchas contra el golpe congresal de noviembre del 2020, y las comunidades campesinas que levantan reclamos económicos y medioambientales.
El frente se necesita para impedir que la actual crisis del régimen político, iniciada el 2016 por la abusiva mayoría keikista, derive en la instauración de un gobierno autoritario civil- militar, que a semejanza de los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides en los treinta y Odría en los cincuenta del siglo pasado, deje caer sobre el Perú un pesado telón represivo.
En estas circunstancias, es pertinente unir fuerzas en torno a tres justas iniciativas:
- Defensa de la economía popular mediante medidas de emergencia para reducir el impacto de la inflación Internacional y normas urgentes para la democratización política.
- Reformas patrióticas y sociales de mediano plazo orientadas al desarrollo sostenible.
- Construcción del momento constituyente, es decir en la cercanía de muchos sectores de la población en torno a la caducidad de la Constitución en uso y la necesidad de una nueva carta constitucional capaz de unir a la gran mayoría de los peruanos.
Resolver la emergencia económica y política
Las medidas de emergencia incluyen lo siguiente:
- Subvencionar con fertilizantes y otros recursos a la agricultura familiar para asegurar la provisión de alimentos que no se podrán importar por la caída de la producción mundial y los altos precios. Garantizar alimentos e insumos alternativos a los que no se puede traer; caso por ejemplo de las dos principales contribuciones alimenticias andinas: las papas y la anchoveta.
- Iniciar de inmediato la elaboración de un proyecto de extrema urgencia para la producción estatal de fertilizantes aprovechando los fosfatos de Bayovar y el gas de Camisea, al mismo tiempo que se promueve la agricultura orgánica sin insecticidas ni abonos altamente contaminantes.
- Derrotar el proyecto antipatriótico del Congreso que pretende negar a Petroperú los campos petrolíferos en la Costa Norte, que pese a tener licencia social han sido mal aprovechados por los concesionarios privados.
- Poner en marcha de inmediato un plan de desarrollo macrorregional en el corredor minero del sur que beneficie a todas sus poblaciones rurales y urbanas.
- Otorgar a través de los mecanismos de subsidios ya existentes y otros por crearse canastas de alimentos para el 20% más pobre urbano y rural, es decir 8 millones de personas. Estos alimentos se comprarán a los pequeños agricultores, no a la producción industrial. Debe ser un programa cauteloso, pues la crisis internacional posiblemente dure por lo menos dos años.
- Establecer impuestos extraordinarios que compensen las exoneraciones tributarias a los combustibles y alimentos industriales esenciales, y permitan otorgar canastas alimenticias, así como fortalecer la educación y salud públicas. Tales impuestos principalmente deben recaer sobre los sectores económicos relativamente menos afectados o incluso beneficiados por la crisis mundial. Esta es una política totalmente contraria a medidas demagógicas, en el fondo antipopulares, como el reparto de diez mil millones de dólares a los fonavistas; si esta enorme cantidad estuviese disponible habría que invertirla en proyectos productivos.
- En relación a la seguridad ciudadana, especialmente frente a los asaltos y robos que afectan a los más pobres, es preciso promover la organización barrial de apoyo a la policía y asegurarse que estos delincuentes no puedan ser fácilmente liberados por jueces y fiscales, así como que los reiterados pequeños robos tengan penas efectivas; todo ello junto a políticas preventivas económicas y educacionales.
- Eliminar las exoneraciones tributarias a las universidades privadas con fines de lucro y, sobre todo, garantizar que la SUNEDU pueda revisar las cuentas de las universidades privadas y sancionarlas cuando se justifique. El Estado debe ampliar su oferta de educación superior con mayores vacantes en las universidades públicas y con una gran provisión de educación superior técnica. Impedir el regreso al esquema ANR dónde los rectores son la fuerza decisiva en la regulación universitaria. Preservar la auténtica autonomía que en su esencia es la libertad de enseñar e investigar cualquier tema, incluso ideas que se consideren subversivas, sin sometimiento a poderes económicos, estatales o políticos. La autonomía universitaria no protege negocios privados no intereses corporativas.
- En el campo político y frente a la necesidad de resolver democráticamente la crisis de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es preciso exigir la democratización de los mal llamados partidos políticos, garantizando que no tengan dueños y que la gran mayoría de los candidatos sean elegidos en comicios primarios donde toda la ciudadanía pueda participar. También es urgente garantizar que la totalidad de la campaña política sea financiada por el Estado a fin de impedir que los poderes económicos y mafias financien las campañas. Finalmente, es imperioso anular la vacancia por “incapacidad moral” que es incompatible con la elección directa del presidente. Las elecciones adelantadas nada resolverán sin reformas previas en el sistema político. La restauración del Senado y la reelección inmediata de congresistas solo sirven a las ambiciones particulares de los posibles beneficiarios. También sería auspicioso obligar a que las promesas electorales sean siempre acompañadas del costo correspondientes y los impuestos u otros mecanismos que harán posible pagarla.
Reformas de fondo
En la segunda vuelta del año 2021, el señor Castillo suscribió el Plan de Gobierno Perú al Bicentenario-Sin Corrupción que postula “una patria soberana con seguridad jurídica, donde todas y todos podremos vivir en paz, con libertad y justicia social. En los meses que lleva su gobierno se han tomado dos iniciativas valiosas previamente anunciadas en el Plan, que sin embargo no han tenido continuidad: la segunda reforma agraria y la reforma tributaria. En las últimas semanas y bajo la fuerte presión de las circunstancias políticas el gobierno ha empleado el sistema de consejos ministeriales en asambleas públicas que pese a carecer de una clara orientación, han sido el escenario de dos potentes proyectos legales: la Ley antimonopolios y el pedido al Congreso de la República para que reforme la Constitución y haga posible un referéndum donde la población decida si desea o no una nueva Constitución.
Es preciso proponer al Perú grandes reformas que permitan replantear las circunstancias sociales, económicas y políticas, defendiendo patrióticamente los intereses del país frente a los capitales internacionales, sean chinos, estadounidenses o de cualquier otra procedencia. Los capitales transnacionales son necesarios e incluso indispensables, pero bajo reglas que respondan a nuestros intereses.
- Reformar la Constitución, las leyes y políticas para establecer la obligación del Estado de proveer educación pública gratuita de calidad a la totalidad de los peruanos financiada con los impuestos, de tal manera que la niñez y la juventud tengan equivalentes oportunidades educativas. Aquellos peruanos que además de pagar los impuestos que le dan derecho a la educación pública universal dispongan de recursos podrán contratar complementariamente servicios educativos privados.
- Establecer la obligación del Estado de proveer salud a la totalidad de los peruanos financiada con los impuestos, de tal manera que la población urbana y rural pueda tener atención equivalente. Aquellos peruanos que además de pagar los impuestos que le dan derecho a la salud pública universal dispongan de recursos, podrán contratar complementariamente servicios de salud privados.
- Establecer la obligación del Estado de proveer jubilación a la totalidad de los peruanos financiada con las contribuciones personales y de ser necesario con los impuestos, de tal manera que todo peruano disponga de protección en su vejez. Aquellos peruanos que además de pagar las contribuciones que le dan derecho a la jubilación universal dispongan de recursos, podrán contratar complementariamente jubilación privada de capitalización personal.
- Eliminación de la subsidiariedad del Estado respecto a la inversión privada que actualmente entrega la totalidad de la economía a la empresa privada, principalmente a las transnacionales. Garantizar que el Estado pueda promover planes concertados de desarrollo y poseer empresas públicas, aunque con duras restricciones en la gestión dada la tradición de corrupción, clientelismo y manejo demagógico de los precios y bienes de tales empresas. Las empresas públicas deben ser rentables y competitivas, y sus gerentes personas calificadas. Eliminación de la prohibición de modificar los contratos del Estado con empresas privadas, de manera que en casos extraordinarios y con una mayoría calificada el Congreso pueda modificarlos. La estabilidad fiscal, la prohibición de que el Estado haga gastos no presupuestados y la autonomía del BCR deben mantenerse. Ninguna decisión judicial, local o internacional, puede imponer gastos o pérdida de bienes y recursos que estén contemplados y financiados en el presupuesto.
- Segunda reforma agraria orientada a garantizar la soberanía alimentaria del Perú principalmente en base a la agricultura familiar que actualmente aporta el 57% de los alimentos requeridos y en algunos rubros como la papa, muchísimo más. En lo principal eso implica que el Estado financie, subvencione y respalde tecnológicamente la pequeña producción agrícola para que pueda elevarse paulatinamente las condiciones de vida de sus propietarios y se apoye su participación en el mercado aprovechando tanto como sea posible las tradiciones comunitarias y los saberes tecnológicos ancestrales. La agroexportación debe garantizar trabajo decente a sus obreros y pagar todos sus impuestos estableciéndose límites al tamaño de las propiedades agrícolas para que exista competencia en lugar de monopolios y oligopolios terratenientes.
- Incremento de la presión tributaria del 15 a por lo menos 25% del PBI como elemento indispensable en el nuevo Pacto Social, dónde se dedique no menos del 15% a educación, salud y desarrollo productivo y científico tecnológico. Sin esta presión tributaria es absolutamente imposible atender con calidad los derechos sociales y promover el desarrollo sostenible. El principal aporte para el incremento tiene que provenir de las grandes empresas trasnacionales, pero también es indispensable combatir la evasión y elusión tributaria que hacen empresas grandes y medianas, así como individuos particulares con gran capacidad económica. Todos los que tengan capacidad de pagar impuestos, deben pagarlos como condición para que la sociedad pueda atender necesidades sociales y productivas. El instrumento principal para la formación de las pequeñas empresas es el incremento de la productividad.
- Establecer como política fundamental y transversal el respeto a la madre tierra y la preservación de la diversidad natural. Reducir paulatinamente el uso de combustibles fósiles y establecer la consulta previa y la licencia social y ambiental en todos los sectores productivos.
- Renegociar los contratos con las empresas transnacionales para mejorar los ingresos del Estado, especialmente en el caso del gas de Camisea. Bajo restricciones sociales y ambientales es posible permitir la explotación minera e hidrocarburífera en ciertos lugares con el propósito de acumular capitales para un desarrollo que incluya la industrialización y las tecnologías más avanzadas. Las riquezas del subsuelo, no de una parte de ellos, jamás de empresas trasnacionales.
- Proclamación de la plurinacionalidad, multiculturalidad e interculturalidad de la sociedad y el Estado republicano peruanos, preservando a la vez la unidad del Estado y la heredad territorial contra cualquier intento de secesión por significar una traición antiperuana inaceptable. Proclamar la plurinacionalidad es el mecanismo para permitir que quienes se identifiquen con una nacionalidad diferente a la criolla puedan hacerlo en libertad, superando de esa manera la colonialidad de la República criolla instalada en el siglo XIX contra los pueblos originarios y afrodescendientes. La propia subsistencia del Estado peruano requiere fortalecer su legitimidad conformando macrorregiones capaces de negociar con Lima-Callao porque tienen población y territorio suficiente. Bastaría considerar cuatro macrorregiones: Norte con su capital en Iquitos, Centro, Sur y Lima-Callao.
- Asegurar constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo la paridad de género en todas las instancias del Estado y paulatinamente también en las instituciones privadas donde corresponda. Asegurar que las minorías sexuales no sean perseguidas, reprimidas o recortadas en sus derechos. Prohibir y sancionar penalmente los crímenes de odio en razón de diferencias culturales, sexuales, de género o cualquier otra.
- Establecer una política internacional genuinamente patriótica y autónoma que rechace la subordinación a uno de los bloques geopolíticos del poder mundial. Promover la unidad de América Latina y en especial de Sudamérica construyendo nuestra propia alternativa civilizatoria distinta de la Occidental, las asiáticas y cualquier otra.
La nueva Constitución es la perspectiva justa
La Constitución pinochetista-fujimorista de 1993 no fue producto de un consenso entre la mayoría de peruanos. El señor Hernando de Soto acaba de reconocer que luego del autogolpe fujimorista del 5 de abril de 1992 participó en las negociaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para darle alguna salida aceptable. Su Instituto Libertad y Democracia y otras instancias de los poderes dominantes en el Perú establecieron las bases de la futura Constitución y luego de haber conseguido el aval de personalidades estadounidenses como el señor Bernard Aronson, entonces viceministro yanqui para el hemisferio occidental, se organizó el llamado Congreso Constituyente Democrático para “que defina los detalles”, es decir que no se trató de un consenso entre peruanos, sino de una propuesta desde las alturas del poder con la autorización de EEUU. La Constitución del 93 como otras que ha tenido el país fue un mecanismo para legitimar un golpe de Estado.
La Constitución pinochetista-fujimorista, que tomó la subsidiariedad económica del Estado de la dictadura chilena, no fue un punto medio entre diversas propuestas que acogiera aportes de uno y otro lado, sino un vuelco extremista hacia la eliminación del Estado en el campo económico y al abandono de su obligación de atender derechos sociales. Los dos puntos cardinales de la Constitución del 93 son la subsidiariedad económica del Estado y la transferencia de la atención de los derechos sociales a empresas privadas con fines de lucro.
Después de la experiencia de Ecuador, Bolivia y Chile, la creación de un Pacto Constitucional post neoliberal es una perspectiva que puede desarrollarse en el Perú si es que se levantan propuestas de reforma constitucional que corresponda a intereses ampliamente mayoritarios.
Se aduce que el peligro de una nueva Constitución es que elimine la alternancia en el poder y favorezca la permanencia indefinida de un gobierno. Para desvirtuar este argumento basta con establecer en la convocatoria que la Asamblea Constituyente no solo no podrá ampliar el mandato del presidente y del Congreso actuales, sino que estaría prohibida establecer la reelección inmediata de las autoridades electas incluyendo presidentes, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, tal como precisamente es amplio consenso en la mayoría de la población.
La nueva Constitución no es una propuesta extremista ni terrorista, tampoco es un complot internacional; desde hace 20 años ha sido planteada por diversos sectores políticos que denuncian la ilegitimidad de origen del texto fujimorista y la imposibilidad de convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible bajo sus parámetros.
Un amplio frente patriótico y social
Para afrontar los desafíos del tercer siglo después de proclamada la independencia se requiere un vasto frente de sectores populares y medios en el que participen tanto fuerzas de izquierda como de centro comprometidas a superar el neoliberalismo y las nefastas tradiciones de racismo, machismo, exclusión, clientelismo y patrimonialismo que caracterizan la colonialidad del poder, subsistente pese a la eliminación de la servidumbre rural hace medio siglo gracias al ascenso campesino y la reforma agraria.
Desde una perspectiva socialista que postule la perspectiva de eliminar cualquier tipo de explotación, es pertinente convocar a todos los sectores patrióticos y a quienes estén dispuestos a defender los derechos sociales más allá de discrepancias partidistas e incluyendo a fuerzas y agrupaciones de centro. Ello supone defender la división de poderes, la alternancia en el poder y las libertades y derechos individuales incluyendo el derecho a la propiedad privada. En la inmensa riqueza del Perú, Sudamérica y América Latina es su diversidad cultural y natural. Esta generación tiene la oportunidad de aportar nuevas formas de respeto entre las diversidades creando nuevos nosotros. pero que se oriente por la defensa y la ampliación de los derechos sociales contra el capitalismo salvaje, es posible disfrutar la gigantesca riqueza de nuestra diversidad cultural y natural, para construir la unidad en la diversidad el Perú que en múltiples generaciones han anhelado.
