“Piensa en tu futuro, porque tú eres una periodista joven”, le dijo por llamada Víctor Quijada, un candidato al Congreso con el Partido Nacionalista durante las elecciones 2021, a Graciela Tiburcio, entonces periodista de Wayka. Lejos de ser un consejo, era una amenaza.

Graciela no mide más del metro sesenta promedio peruano, es delgada y tiene los ojos grandes y curiosos, aunque con ojeras. Hace un mes cumplió 30 años y, aunque ya tiene más de cinco cubriendo temas relacionados con violencia de género, hasta 2021 nunca había sido querellada por difamación ni denunciada por publicar una investigación periodística.

De hecho, desde hace unos meses dejó de trabajar como periodista a tiempo completo. ¿La razón? Intimidación judicial, que se traduce en las seis denuncias que le interpuso Víctor Quijada tras revelar que habría acosado sexualmente a cinco jóvenes cuando eran estudiantes en el colegio Trilce de Los Olivos.

Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la intimidación judicial es el uso de medios judiciales para intimidar o amedrentar a una persona. “Estamos hablando de todo lo que se pueda usar en el marco del sistema de justicia con el objetivo de que los periodistas se cansen, ya no informen, dejen de decir las cosas, buscan que no salga determinada información, que no tengan tiempo para investigar”, explica Renzo Chávez, encargado de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista, despacho que anualmente registra los ataques a la prensa y genera los informes sobre libertad de prensa de la ANP.

¿Pero cómo Graciela terminó con seis denuncias? “Esto viene desde el 2021. A inicios de ese año, en febrero, yo recibí unas acusaciones por parte de unas jóvenes de veintitantos años, que me escribieron para contarme que uno de los candidatos que estaba postulando al Congreso de las elecciones de ese año las había acosado tiempo atrás, cuando ellas eran todavía menores de edad”, recuerda Graciela, más de un año y medio después de que recibiera por primera vez esa información.

El candidato acusado es Víctor Quijada Tacuri, que en las elecciones para el Congreso de 2021 postuló con el Partido Nacionalista, con el número 13 por Lima. Lejos de hacerse conocido por sus propuestas y acciones, terminó obteniendo notoriedad por el reportaje que Graciela escribió con base en las denuncias que recibió a inicios de febrero de 2021.

El Derecho Internacional respalda al periodismo, la ley peruana también. Pero hay limitaciones en el sistema de justicia mismo, con la fácil admisión de querellas y con la demora en las notificaciones. También, al momento de ejercer defensa, con los pocos abogados especializados disponibles. Entonces, la pregunta sigue de pie: ¿qué puede hacer las y los periodistas frente a este escenario?

La periodista recopiló testimonios de las denunciantes, de sus mamás, del colegio, de especialistas en Derecho y en violencia de género. También obtuvo antecedentes policiales, judiciales y chats. Cuando tuvo los argumentos y pruebas correspondientes, decidió contactar a Quijada.

“Obviamente, lo propio era pedirle los descargos a Víctor Quijada. Entonces, yo lo llamé”, relata la joven periodista. En esa llamada, le informó que había recibido testimonios de exestudiantes que lo acusaban de acosador, así como que ya tenía conocimiento sobre partes policiales de 2017 y 2019, donde jóvenes de 17 y 19 años lo denunciaban por amenazas a través de WhatsApp y por chantajes con publicar videos íntimos sin consentimiento.

“Cuando lo contacté y le di la información general que teníamos para que me brinde sus declaraciones, sabía que él podía negarlo todo. Pero lo que hizo fue ponerse en un plan bastante agresivo, diciéndome, desde el inicio, que él me iba a denunciar por difamación”, afirma. Sin haber leído ni una sola palabra de las casi 2000 que conformaban el reportaje de Graciela, el entonces candidato no dudó en amedrentarla.

En esta primera llamada, la periodista cuenta que el político no respondía directamente a sus preguntas. Simplemente, le decía que todo sobre lo que le cuestionaba era parte de su vida privada, que no era su obligación responderle. “O sea, no lo negó, ni lo afirmó”, apunta la periodista. Luego de eso, colgaron.

Sin embargo, el abrumado político le devolvió la llamada. Le contó amenazante que se había tomado el tiempo de buscarla en internet y revisar sus redes sociales. Y fue ahí cuando le dijo: “Me he dado cuenta que eres una chica joven, piensa en lo que te pasaría si te denuncio. Piensa en tu futuro, porque tú eres una periodista joven”.

En esas llamadas, Graciela señala que Quijada le exigía que le revele los nombres de las denunciantes que la habían contactado, pese a que como abogado debería conocer sobre la protección con la que cuentan los periodistas para no revelar sus fuentes. Según se estipula en el artículo 2 inciso 18 de la Constitución, toda persona tiene derecho a guardar el secreto profesional, que se complementa con el artículo 2 inciso 4 que protege el derecho a informar sin censura ni impedimento alguno.

Inclusive, el Tribunal Constitucional ya ha dejado antecedentes en sentencias previas donde puntualiza que el derecho al secreto profesional protege especialmente a los periodistas, por lo que no pueden ser obligados a revelar sus fuentes informativas. Pero, según Quijada, si Graciela no le daba los nombres, la denunciaría por difamación.

Y sus amenazas se hicieron realidad.

Un calvario de denuncias

Pese a las advertencias de Quijada, Graciela decidió incluir sus descargos y publicar el reportaje en la fecha programada, el 25 de febrero de 2021, a través de Wayka, medio periodístico digital donde Tiburcio trabajó por más de cuatro años. “Y ese mismo día, en la noche, él puso la primera denuncia por difamación agravada contra Luciana Távara, quien es la codirectora de Wayka, y contra mí”, recuerda.

Graciela Tiburcio y Luciana Távara se enteraron de esto no por notificación de la Fiscalía, sino porque Quijada, en su afán de hostigar a Graciela, le mandó fotos de pantalla con la denuncia a su WhatsApp personal. Como consta en el expediente 02931-2021-0-1801-JR-PE-22, el 25 de febrero de 2021 Víctor Quijada Tacuri ingresó una querella por difamación agravada en el 22° Juzgado Penal ‘Reos Libres’ contra la periodista y la directora del medio.

“Después de eso, ya vino una serie de ataques anónimos que se desprenden de esta primera denuncia y del acoso que él hizo desde sus redes personales. Comencé a recibir mensajes anónimos bastante agresivos por Instagram, recibí una llamada anónima en WhatsApp de un número que ni siquiera era de Perú…”, empieza a enumerar Graciela.

Son tantas las amenazas y formas de hostigamiento que Graciela ha recibido desde entonces, que ella decidió registrar todo en un documento-cronología. A la fecha, ya tiene siete páginas. Del total de insultos y otras formas de hostigamiento, las amenazas de muerte y las dirigidas a su familia son las que más le preocupan.

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la información se desprende del artículo 13 de la CADH y es un derecho humano multiplicador, ya que este es necesario tanto para poder ejercer plenamente otros derechos, así como el desarrollo de la democracia en sí misma. Sin embargo, este derecho no solo debe ser defendido en abstracto, sino que su defensa depende de la protección concreta a las personas que lo ejercen: las y los periodistas.

Respecto a los procesos judiciales, la primera querella por difamación agravada, en la actualidad, ya está archivada. Sin embargo, cuatro meses después de las elecciones, el 23 de agosto de 2021, Quijada la denunció de nuevo. Esta vez por tres delitos: falsedad genérica, violación a la intimidad y uso indebido de archivos computarizados. “En primera instancia, esa de ahí se archivó, pero Quijada apeló, y ahorita está en revisión”, dice Graciela.

A partir de esta, las denuncias vendrían en seguidilla. La sexta y última denuncia, hasta el momento, es la más grande, pues agrupa más delitos que todas. Los siete delitos son violación a la intimidad, uso indebido de archivos computarizados, falsedad genérica, falsificación de documento privado, estafa, tráfico ilegal de datos y suplantación de identidad. “Son un montón”, concluye la periodista con risas nerviosas.

Intimidación judicial: la amenaza que siempre estuvo

“El ataque a la prensa ha ido evolucionando. A mediados del siglo pasado eran la clausura de los medios de comunicación, encarcelamiento de periodistas y destierro. Esto evolucionó en los años 60 y 70 con la concentración de los medios de comunicación por parte del Estado. Después, en la década del 90 viene otro estilo, una manipulación de los medios de comunicación mediante la compra de propietarios. Finalmente, en este siglo, en las dos décadas que vamos viviendo, se utiliza la legislación para reprimir a los periodistas”, resume Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas del Perú en un debate sobre la libertad de prensa a inicios de octubre de este año.

Dependiendo de la situación sociopolítica del país, el tipo de amenaza a la prensa que ha prevalecido ha ido variando. Sin embargo, el uso de la justicia para hostigar, amedrentar o, inclusive, censurar periodistas ha estado latente por muchas décadas.

Prueba de ello es la publicación del libro “Prensa Juzgada” del jurista José Carlos Ugaz. “Hace 23 años, en el contexto de un proyecto impulsado por IPYS [Instituto, prensa y Sociedad] y Freedom Forum, con un destacado grupo de alumnos de Derecho, hicimos una investigación que abarcó 30 años de juicios penales a periodistas (1969 – 1999), para lo cual recurrimos a los archivos de las cortes de todo el país”, cuenta el abogado en una columna publicada en Caretas, días después de que el periodista de investigación Christopher Acosta fuera condenado por difamación.

A propósito de una sentencia que conmocionó al país porque se condenaba a un periodista por las declaraciones públicas de terceros sobre César Acuña, Ugaz recordó que la intimidación judicial es un mecanismo de amedrentamiento que ha estado presente en el Perú durante varios años. “Los hallazgos —publicados en el libro titulado Prensa Juzgada—, fueron muchos y muy interesantes. Uno de ellos, fue que los jueces son más proclives a condenar a los periodistas cuando el querellante es una autoridad”, apunta.

Una publicación de Unesco e IDL titulada “El periodismo y el sistema de justicia: casos de violación de la libertad de prensa y de judicialización” señala que el punto máximo de registro de hostigamiento judicial se alcanzó en 1999, con 38 casos, según los reportes de ataques a periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas. “Después del fin de la era Fujimori, los ataques judiciales no desaparecieron, pero se redujeron significativamente hasta el 2005, cuando se volvieron a incrementar”, se lee en el informe.

Según el ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2022, actualmente el Perú se encuentra en el puesto 77 de un total de 180 países, 14 menos que el año pasado, lo que significa que las garantías del ejercicio libre del periodismo se han visto reducidas. “A pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación peruana, los periodistas son objeto de frecuentes abusos judiciales. El periodismo de investigación tiende a desaparecer, mientras que la desinformación gana terreno en el país”, informa el organismo internacional.

En efecto, en la mayoría de casos de intimidación judicial que se registran en los informes anuales sobre libertad de prensa de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), los querellados o denunciados suelen ser periodistas de investigación. En los tres últimos años, la intimidación judicial tiene una tendencia creciente, posicionándose como la tercera forma más recurrente de amedrentamiento a la libertad de prensa en nuestro país.

“Aquí [en la categoría de intimidación judicial] tenemos principalmente querellas. Lo usual son los delitos contra el honor, difamación, calumnia e injuria. Pero también hay una figura que ha surgido desde hace un tiempo, que es querer involucrar a colegas en procesos que al parecer no tendrían que ver con la profesión, como el caso de Paola Ugaz con el tema de lavado de activos”, señala Renzo Chávez, secretario general de la ANP.

Chávez hace referencia al caso de Paola Ugaz, periodista de investigación quien, junto a otro colega, Pedro Salinas, investigan al Sodalicio por abusos sexuales y manejos financieros no transparentes. A partir de la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” en 2015, Paola Ugaz venía enfrentando doce denuncias y querellas por difamación y otros delitos relacionados con la libertad de expresión. Sin embargo, en febrero de este año, la intimidación judicial se agravó con la admisión de una denuncia por delito de lavado de activos.

Pero eso no es todo. El representante de la ANP también menciona otras formas en las que se instrumentaliza la justicia para amedrentar a periodistas, como la exigencia del revelado de fuentes y hasta el uso de recursos de amparo para impedir que los comunicadores mencionen el nombre de una determinada persona.

Tal es el caso de El Foco, un portal digital de periodismo de investigación que fue ordenado por el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima de quitar de sus plataformas toda la información acerca de las acusaciones por maltrato y acoso contra Miguel Méndez, procurador del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

A través de una demanda de amparo, el funcionario exigió la protección de su derecho al honor con la rectificación del medio, retiro de las publicaciones realizadas y abstención de “volver a incurrir en actos vulneratorios de los derechos al honor del recurrente en toda forma de publicación, sea física o virtual”, según se lee en la medida cautelar.

La amenaza gana terreno

Si bien no hay una base de datos pública, sistematizada y actualizada sobre los procesos judiciales contra periodistas por difamación y otras denuncias que atentan contra la libertad de expresión; algunos casos sí prosperan, pese a que la mayoría terminan siendo desestimados.

“El Perú es un país que tiene un promedio de 30 periodistas querellados a nivel nacional por año, 150 en los últimos 5 años”, aseveró la presidenta de la ANP Zuliana Lainez, durante la 78° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en España, el último 28 de octubre. Yofré López, periodista independiente de Barranca, es parte de esta alarmante estadística.

“Yo hice una publicación en mi muro personal [de Facebook] sobre el incremento de 600% del patrimonio de la magistrada [Juana Caballero], donde muchas personas empezaron a comentar, refiriéndose a ella de forma peyorativa. Eso la molestó y más aún porque la reacción fue masiva. Entonces, convocó a una conferencia de prensa en la Corte Superior de Justicia de Huaura solo para señalar de que yo la había difamado y que iba a accionar en mi contra”, cuenta López.

Por compartir en un su muro personal una nota elaborada por el portal de investigación Ojo Público sobre el exponencial incremento del patrimonio de una magistrada, Yofré López fue querellado por difamación y calumnia en 2018, proceso que sigue abierto al 2022.

Lejos de amilanarlo, esta querella motivó al periodista a empezar a investigar a la jueza Caballero y al Poder Judicial de Huaura en sí, y descubrió que el entonces presidente de la Corte Superior de Huaura, Víctor Reyes, estaba acusado por acoso sexual, mediante un documento de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Con documento en mano, Yofré publicó una nota.

Meses después, López volvió a compartir en sus redes sociales una nota corta del medio Caretas sobre presuntos actos de corrupción por parte del magistrado Víctor Reyes y, por ese acto, el juez lo querelló al dejar su cargo de presidente. Sin embargo, por este caso, López sí fue condenado por el delito de difamación en 2021.

Así, con cada caso, la amenaza a la prensa mediante querellas y denuncias gana terreno. En el Índice Chapultepec 2022, Perú se posiciona en el 11° puesto, cuatro menos que el año pasado, lo que reafirma el ránking de RSF: la situación de libertad de expresión y prensa en nuestro país se ha reducido.

Según el informe de la SIP sobre Perú, esto se debería no solo a las acciones y dichos por parte del Ejecutivo, sino también a que la Fiscalía intentó acceder a fuentes anónimas y a la admisión de querellas contra periodistas. Solo hasta abril de este año, la ANP había registrado 7 casos de intimidación judicial. No obstante, estos se han ido incrementando, pues el informe de SIP sobre Perú recoge casos que aún el gremio de periodistas peruanos no había incluido en su reporte.

Por ejemplo, el SIP incluye el caso de dos periodistas de Amazonas que fueron querellados por la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo, tras cuestionar el archivamiento de casos de violación sexual a menores de edad. También incluye la citación de la Fiscalía a un periodista limeño para declarar en una causa relacionada a los malos manejos de fiscales anticorrupción, ocurrido en mayo. Finalmente, adjunta el caso de un noticiero en Piura, donde la fiscal Fyorella Montero Talledo exigió revelar la identidad de una fuente que participó en un programa emitido un año antes.

Pero los casos de instrumentalización del sistema de justicia contra periodistas aumentan día a día. Al cierre de este reportaje, dos casos más se reportaron en las redes sociales de la ANP. El pasado 26 de octubre, el periodista José Luis Vargas Sifuentes, quien reside en Lima, fue querellado ante el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Loreto – Maynas, a más de mil kilómetros de donde vive. Cinco días después, el 31 de octubre, la periodista Analí Andrade Pareja fue querellada por el director general de la Dirección de Salud Apurímac II, tras difundir información documentada sobre la presunta corrupción en febrero de este año.

La situación de agravamiento ya había sido advertida por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluso antes de la pandemia. En el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019, se señala “el uso constante de hostigamiento judicial hacia el periodismo de investigación en Perú a través de figuras del derecho penal (calumnia, injuria y difamación) como mecanismo para presionar a periodistas y comunicadores, lo que podría tener un efecto inhibitorio”.

Sin embargo, lejos de promover leyes o modificar la normativa actual que fomenten la libertad de expresión y prensa, particularmente este año, el Congreso se ha sumado a la escalada de amedrentamiento contra las y los periodistas.

“Las amenazas legislativas han batido récord este año. Tenemos registradas cuatro, cuando el año pasado y antepasado no hubo ninguna”, señala preocupado Renzo Chávez. El representante de la ANP hace referencia a los proyectos de ley 012/2021-CR y 565/2021-CR, aprobados por unanimidad en la Comisión de la de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en enero de este año. Sin embargo, con 54 votos en contra y 13 abstenciones, el Pleno del Congreso envió al archivo las propuestas que buscaban limitar la difusión de información en procesos de colaboración eficaz con pena de cárcel.

Pero esas no han sido las únicas amenazas legislativas. A fines de agosto, el parlamentario de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó dos proyectos de ley 02804/2022-CR y 02862/2022-CR en una misma semana, que pretendían limitar el trabajo de la prensa. “El primero, establece la obligación a medios públicos y privados de difundir, durante 20 minutos al año, los logros de gestión del gobierno central, gobiernos regionales y municipales. El segundo, la penalización con 4 años de cárcel para aquellos ciudadanos que sean denunciados por difamación”, dio alerta Lainez, presidenta de la ANP, días después de ser presentados.

“Es un peligro que existan proyectos de ley como estos, más allá de si realmente se aprueban o no, si se convierten en normas vigentes o no, porque pone en sobre aviso cuál es la política hacia la libertad de prensa y definitivamente estarían coactando el derecho a la información, en caso de ser aprobados. De todos modos, que existan este tipo de proyectos afecta a la libertad de prensa”, apunta Sonia Paredes, especialista en Derechos Humanos de organización Amnistía Internacional.

Estos dos últimos proyectos aún están en la Comisión de la de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, por lo que son una amenaza latente para los periodistas y la democracia. La Defensoría del Pueblo ya ha señalado que uno de los principales problemas que se ha advertido sobre libertad de prensa y expresión en el país es que el conflicto se aborda desde la perspectiva estrictamente penal, a partir de conceptos ambiguos y con base en la evaluación de la existencia de determinados ánimos. Lejos de recoger estos análisis y plantear soluciones, el Legislativo propone leyes que ahondan estos problemas.

¿Qué pueden hacer los y las periodistas?

“Un día me llega un documento del Poder Judicial, en el que [explican] habían recibido ellos una querella por difamación [contra mí] y la juez que lo había visto, lo había desestimado –es decir, no había admitido la querella– A mí solamente me llega esa respuesta, nunca nos informaron que Tamshi SAC, el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, y este señor Bustamante habían presentado una querella”, recuerda indignada Yvette Sierra, periodista de Mongabay Latam.

Tras seis meses de publicar un informe sobre la presión que un exgerente general de la empresa Tamshi SAC, Alonso José Rey Bustamante, ejerció sobre el fiscal que investigaba a la empresa en mención por delitos relacionados a la deforestación de la Amazonía peruana, la periodista de investigación Yvette Sierra recibió una notificación, donde se le informaba que la habían querellado, aunque la jueza falló a su favor.

“No es normal que no te llegue una notificación cuando te querellan o denuncian. Siempre, por un tema de derecho a la defensa, tienes que ser notificado, sobre todo porque son denuncias relacionadas con bienes jurídicos como el honor”, explica Cruz Silva, abogada y coordinadora de Justicia Viva del IDL. Si bien la especialista señala que a veces puede deberse a un problema de tramitación o de procedimientos por parte del propio Poder Judicial, esto vulnera otros derechos de las personas querelladas, como el derecho a la debida motivación, a la doble instancia, a la igualdad, entre otros.

Aun cuando Yvette Sierra no recibió ninguna notificación hasta seis meses después, el resultado del proceso fue positivo para ella y la prensa, pues la jueza María Elena Contreras desarrolló con argumentos contundentes por qué no admitía la querella en primera instancia. Esto no suele suceder en otros casos, como el de Graciela Tiburcio. Pese al Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Superior de Justicia respecto a los delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de información, los jueces suelen admitir las querellas.

“Es relativamente fácil presentar querellas en el Perú. Es una denuncia penal de carácter privado, que se presenta de manera directa ante el Poder Judicial. Acá no interviene el Ministerio Público, por lo que no hay una especie de filtro de los hechos que se están denunciando. Quien puede contratar un abogado o un buffet, es una ventaja”, explica el abogado Carlos Rivera, quien ha asesorado jurídicamente a periodistas frente a estos casos desde hace cinco años.

Esto lo refuerza Renzo Chávez, quien ha registrado decenas de casos de intimidación judicial en los informes de la ANP. “Hay argumentos absurdos, porque es fácil hacer una querella. Quien tiene poder, sea fáctico, político, del que fuere; tiene acceso a recursos y así puede costearse a un abogado, puede llevar un proceso y presentar una querella. [O si el querellante mismo es abogado] ahí trillan la ley como no tienes idea”, denuncia Chávez.

¿Qué opciones de defensa tienen las y los periodistas? “Siendo un periodista, que de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH] son considerados, por la naturaleza de su trabajo, defensores y defensoras de derechos humanos, tienen una protección mucho más especial y particular, donde el Estado tiene que proteger su integridad y no deben ser ni perjudicados ni hostigados”, señala Silva.

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la información se desprende del artículo 13 de la CADH y es un derecho humano multiplicador, ya que este es necesario tanto para poder ejercer plenamente otros derechos, así como el desarrollo de la democracia en sí misma. Sin embargo, este derecho no solo debe ser defendido en abstracto, sino que su defensa depende de la protección concreta a las personas que lo ejercen: las y los periodistas.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA es muy clara. “Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”, asevera. Y la intimidación judicial es un tipo de violencia.

“La intimidación judicial a través de querellas por difamación, de otros tipos penales o por sucesivas denuncias mediante el mal uso del sistema judicial, va en escalada. Si no tienen justicia, es decir, si caen en impunidad, se convertirán en casos comunes, que seguirán sucediendo. Entonces, es preocupante porque si la intimidación judicial continúa, podrían llegarse a ataques mucho más grandes y eso es un peligro”, explica Sonia Paredes, abogada de Amnistía Internacional.

Ante ello, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha resumido la responsabilidad de los Estados en tres “P”: prevenir, proteger y procurar justicia. Al respecto, en el conversatorio “Seguridad de los profesionales de los medios de comunicación en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos”, organizado el 5 de octubre por la Unesco y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas, señaló que el Estado peruano ha creado un mecanismo de protección de personas defensoras que incluye a periodistas.

Si bien el mecanismo intersectorial para la protección de las personas de derechos humanos sigue en implementación, el funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aseguró que “este mecanismo de protección también ampara a las y los periodistas”.

No obstante, el relator Pedro Vaca resaltó que, si bien el Perú es uno de los pocos países de Sudamérica en los que no hay un número elevado de periodistas asesinados, sí se observa un alto porcentaje de profesionales del periodismo querellados ante la justicia por diversas autoridades o personajes de la política, lo cual es “lamentable y muy preocupante”.

Además de la relativa facilidad con la que se admiten las querellas por difamación, otro factor a tomar en cuenta son las limitaciones que tienen las y los periodistas para ejercer su defensa. “Somos pocos [los abogados que ejercemos defensa para]. La mala experiencia me ha llevado no sé si a tener una especialidad, pero por lo menos a entender sobre este tipo de circunstancias. Somos pocos, más si tomamos en cuenta que este tipo denuncias no solo se presentan en Lima; sino que el paquete más importante está en provincias”, señala con preocupación el abogado Rivera.

Esto es reafirmado por la abogada Cruz Silva. “Hay pocos abogados especializados en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Sobre todo, pocos abogados ad honorem, es decir, que no cobran. Además, que conozcan la actividad periodística y que no se ciñan solamente a una estrategia jurídica, o sea patrocinar; sino que también conviertan estos casos jurídicos en litigios estratégicos”, comenta.

La ANP, por ejemplo, cuenta con el apoyo y asesoramiento legal de un abogado, Miguel Jugo, quien también es secretario general adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). A él, se le suman Carlos Rivera, Cruz Silva y otros abogados del IDL. Tras hacer un ejercicio de memoria, contando literalmente con los dedos de las manos, Renzo Chávez afirmó: “Son contados los abogados que conocen la materia de libertad de expresión, libertad de prensa y defensa de periodistas”.

El Derecho Internacional respalda al periodismo, la ley peruana también. Pero hay limitaciones en el sistema de justicia mismo, con la fácil admisión de querellas y con la demora en las notificaciones. También, al momento de ejercer defensa, con los pocos abogados especializados disponibles. Entonces, la pregunta sigue de pie: ¿qué puede hacer las y los periodistas frente a este escenario?

Cuando el derecho a informar lo defiendan todos

“No me preocupa mucho mi futuro personal, me preocupa el futuro del país, porque si esto continúa así, no habrá libertad de expresión y, como todos sabemos, la libertad de expresión es la matriz de otros derechos fundamentales, algunos le llaman la piedra angular de la democracia”, asevera Yofré López, quien económicamente se encuentra muy vulnerable, tras los dos procesos judiciales que lleva desde hace cuatro años.

En la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se puntualiza que la libertad de expresión no solo es un derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas, sino que, además, es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

“Es super importante que la justicia recuerde que las y los periodistas entran en la categoría de defensores de derechos humanos, y que el Poder Judicial, como parte del Estado, está obligado a reconocerlos como tales y promover todas las políticas públicas necesarias para su protección. — señala Silva — Acá no estamos diciendo que los exculpen, sino que puedan rápidamente identificar si son querellas malintencionadas, y de ser así que las descarten; y en caso de proceder, que se ejecute con absoluta igualdad y en el plazo más corto posible”, aclara la abogada.

Al respecto, a lo largo de los años, se han planteado propuestas desde los mismos periodistas, organizaciones sin fines de lucros, gremios y más. El más reciente es un anteproyecto de ley con el que se busca despenalizar los delitos de difamación, liderado por el Consejo de la Prensa Peruana en 2019, antes de la pandemia.

“No buscamos que se elimine la figura del honor o que el periodista escriba sobre lo que le dé la gana, sino que se modernice y se corrija la ley, y porque hemos recogido problemas severos en el actual Código Penal peruano en relación a la figura de difamación”, explica Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.

Esto por dos razones, según explica el representante del CPP. Por un lado, se debería a una falta de actualización sobre lo que es libertad de expresión y reputación, debido a la imprecisión de los conceptos de honor o injuria. Por otro lado, tampoco recoge la jurisprudencia internacional sobre los alcances del reporte fiel, doctrina que se basa en la protección del periodista al eximirlo de responsabilidad por reproducir información dicha por una tercera persona.

Además, según Salazar, el Código Penal es muy impreciso respecto a las formas de rectificación y reparación que puede pedir un o una agraviada frente a un medio comunicación o periodista. El director del CPP señala que muchos querellantes aprovechan esto para exigir pagos de multas exorbitantes. Ante esta situación, el anteproyecto pretende resolverlo al proponer que estas demandas tengan un tope o límite para que el monto exigible sea razonable y no lleve a la quiebra a un medio o periodista.

La propuesta del CPP recoge varios puntos de la campaña comunicacional que la ANP lleva a cabo desde el 2008 para despenalizar los delitos contra el honor. Tras un congreso gremial, se acordaron 10 puntos clave sobre por qué estas querellas y denuncias con pena de cárcel afectaban al ejercicio del periodismo.

“Son cuestiones de principio, a lo que aspiramos. A veces somos un tanto idealistas, pero tenemos que lograr que la ciudadanía entienda de que el periodismo es un servicio a la ciudadanía. Nuestro trabajo es defender colegas porque estos colegas informan a la ciudadanía ávida de saber qué pasa, de informarse”, explica el representante de la ANP, mientras sostiene un afiche tamaño A2 con el título “10 razones para despenalizar los delitos de prensa”.

También surgieron propuestas espontáneas por parte de periodistas a nivel individual durante la última visita al país por parte del Relator de Libertad de Prensa de la CIDH, Pedro Vaca, el pasado 16 de mayo de este año.

“Un colega planteó que, si ya tenemos un Acuerdo Plenario [sobre los delitos contra el honor personal y los alcances de los derechos de libertad de expresión e información de 2006], ahora debería haber un acuerdo plenario sobre la admisibilidad. Entendemos que una despenalización [de estos delitos, como lo plantea el CPP] exige una reforma constitucional, pero si al Poder Judicial le interesa el tema, tiene la voluntad política y quiere resguardar la libertad de prensa como derecho baluarte de la democracia, puede llevar adelante un Acuerdo Plenario sobre la admisibilidad de querellas y denuncias”, señala Chávez, quien estuvo presente en la reunión como representante de ANP.

Por el lado de la fácil admisión de querellas por difamación contra periodistas, la abogada Cruz Silva ha identificado que es un problema estructural por tres causas: falta de voluntad política para promover una política pública sobre estos casos y priorizarlos, falta de entendimiento del quehacer periodístico y las implicancias de estos procesos judiciales en su trabajo, y prejuicios de los funcionarios hacia los y las periodistas.

Sobre todo, la falta de voluntad política para desarrollar una política pública transversal al sistema de justicia es uno de los puntos más importantes. “Eso es grave, porque significa que, en los hechos, no hay una base de datos de todos los procesos judiciales a nivel nacional, lo que impide tener, por ejemplo, presupuesto para poder empoderar a las instancias de justicia que tengan estos casos para poder diligenciarlos, no solo en el menor tiempo, sino con la debida calidad de entendimiento y evaluación”, explica Silva.

Al respecto, desde el IDL y la Unesco han realizado espacios de conversación entre periodistas y jueces para compartir los estándares supranacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión, acceso a la información y otros relacionados al periodismo, pero aún falta mucho más por hacer.

“Los operadores de justicia vienen siendo capacitados en temas como libertad de expresión, derechos humanos, pero el problema, como el de otras capacitaciones, ¿cómo pasar del dicho al hecho o de la escuela a la práctica efectiva? No hay un seguimiento del impacto que estas capacitaciones puedan tener”, apunta la abogada.

Sobre eso, Silva menciona la estrategia de ‘Buenas Prácticas’ y concursos nacionales de sentencias organizados por el Poder Judicial para reconocer y premiar los mejores procesos y funcionarios. “Eso puede ayudar a que los jueces o fiscales ejerzan bien su profesión [en casos donde están involucrados periodistas]”, propone.

Sin embargo, existen diversos factores que impiden que todas estas propuestas, desde el anteproyecto del CPP hasta las espontáneas de periodistas ante el relator especial de la CIDH, no lleguen a un puerto. Por un lado, sería el contexto sociopolítico.

“Todo lo relacionado a libertad de prensa y expresión actualmente está bastante deteriorado desde la ciudadanía, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía… Entonces no hay un contexto para que se pueda dar, así que tendremos que seguir insistiendo, pero no lo veo posible en el corto plazo”, analiza Salazar Zimmerman.

Pero también se debería a la dificultad de unificar las diversas iniciativas y voces en beneficio de la defensa del periodismo.

“Es que no hay consenso… Se debe un poco a la naturaleza de nuestras organizaciones. Para casos puntuales, como el de Christopher Acosta, hubo una movilización bien fuerte, pero más allá de eso… Si ya en el fuero interno hay esa discrepancia de visiones y no queda claro el rol fundamental o la necesidad de fortalecer un buen periodismo, hacia lo externo es muy complicado articular acciones”, explica Chávez.

Mientras tanto, incluso periodistas como Yvette Sierra, una reportera de investigación respaldada por un medio internacional como Mongabay, tendrán ciertos reparos al hacer su trabajo. “Siempre que publico investigaciones fuertes, soy consciente que, por más exhaustiva, por más que todo lo que estoy poniendo esté super sustentado, siempre puede que me enfrente a una querella. Y muchas veces lo hacen justamente para desgastarnos, para frenarnos, para que ya no sigamos”, reflexiona.

Periodistas que no tienen respaldo de un medio porque se autogestionan como Yofré López evalúan si continuar seguir ejerciendo el periodismo o cambiar de oficio. Por su parte, reporteras como Graciela Tiburcio, empezando su carrera profesional y trabajando en medios pequeños, corren el riesgo de autocensurarse.

“Ahora, cada vez que me llega una denuncia por violencia o algo, pienso dos veces si tomar el caso. Veo todas las aristas para tratar de protegerme y de que lo que publique no me termine jugando en contra: ya no me siento completamente segura de poder realizar la carrera que al final tanto me gusta”, cuenta.

Además, Tiburcio señala que lo más peligroso es que la impunidad y cotidianidad de estas querellas y denuncias hacia periodistas ha hecho que los mismos profesionales de la información tomen esto como algo normal.

“Sé que muchos periodistas de trayectoria siempre dicen ‘las cartas notariales son trofeos al buen periodismo’, pero al final yo creo que eso es una percepción bastante violenta y que se ha normalizado mucho en nuestra profesión. No es sano que estemos viviendo con estas angustias: no deberían enjuiciarnos por defender el derecho a informar a la ciudadanía, porque eso es lo que hacemos desde el periodismo”, dice con firmeza.

Más de un año y medio después de que Graciela publicara el reportaje sobre Víctor Quijada, la periodista ha tenido que ir a la Dirección de Criminalística de la Policía, en Surquillo. Esto porque el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Lima dispuso abrir una investigación preliminar en su contra, pese a que las denuncias presentadas por sexta vez por parte de Quijada ya han sido rechazadas por separado en otras instancias anteriormente.

Su abogado, Carlos Rivera, señala que este proceso debería cerrarse pronto. Graciela no duda de la capacidad de argumentación de su defensa, pero tiene miedo ante la incertidumbre. “Con este tipo nunca se sabe. Tengo miedo de que archiven esta denuncia y él me ponga otra de nuevo”, concluye.

* Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de Hanns-Seidel-Stiftung e.V. y el Instituto de Defensa Legal, en el marco del proyecto “Empoderamiento del periodismo peruano: herramientas para la protección de la prensa”