Las marchas y protestas ciudadanas tendrán siempre el respaldo de esta columna, porque en un país donde existe 200 años de postergaciones sociales, siempre hay necesidades pendientes de atender por parte del Estado y los gobiernos de turno.
Pero una cosa son las marchas y protestas reivindicativas y otra muy distinta el vandalismo delincuencial y graves atentados contra la propiedad pública y privada, como la que hemos visto ayer en Lima y en algunos puntos del país en días anteriores, que evidencian la maliciosa intención de crear el caos y la anarquía, tal cual lo venimos advirtiendo semana a semana desde aquí. La simple comparación de cifras de 25 policías y 4 manifestantes heridos en los enfrentamientos de la Av. Abancay dicen claramente de dónde ha venido la agresión.
La incursión vandálica, incluyendo robos, destrozos e incendios a la sede del Poder Judicial, el JNE y el Ministerio Público, por los sótanos de los respectivos edificios, dice de la estrategia anticipada de parte de quienes están detrás de esos condenables actos, y que han podido realizar sus viles propósitos en solo unas horas en que el gobierno anunció la derogación de la inmovilización decretada la noche anterior.
Tales actos, así como el perfil de sus protagonistas, no hacen sino confirmar la información de inteligencia que habría manejado el gobierno para decretar el estado de emergencia y la inmovilización por casi 24 horas del día martes, en el sentido de que se habría planificado desatar una ola de saqueos, incendios y atentados contra la paz pública desde las primeras horas en la capital. El propósito: desatar la violencia y pedir la vacancia del presidente de la República, por los muertos y heridos que, lamentablemente allí se produzcan. De terror.
Los audios difundidos de la congresista Martha Moyano, reconociendo que existe una estrategia para vacar a Castillo, que comprendería a congresistas, abogados fujimoristas, periodistas, y manifestantes, es más que evidente; máxime si tenemos en consideración que no es la primera vez que lo dice, ya antes conocimos de un video en que instigaba a los transportistas a tomar carreteras, peajes y desatar la violencia. Si a ello agregamos lo referido en hidalgas declaraciones públicas por el congresista de la más recalcitrante derecha política, almirante en retiro Jorge Montoya, en el sentido de que él tenía información de inteligencia de que se preparaba una ola de saqueos en la capital, ya no queda duda de la conspiración, así como de lo necesario de la mortificante medida de emergencia e inmovilización adoptada.
Que fue legal y constitucional la medida, claro que los es, y está claramente amparada en el artículo 137, inciso 2) de la Constitución Política, y fue adoptada ante la perturbación de la paz y el orden interno, como hemos visto. Solo quienes, consciente o inconscientemente, se alinean con el propósito desestabilizador, pueden decir, con alambicada argumentación académica que no era “razonable” ni “proporcional”, tal vez queriendo decir con esto que debía haber una cantidad horrenda de muertos, heridos, saqueos o incendios el día anterior para que sea “razonable” y “proporcional”; cuando de lo que se trataba era, precisamente, de evitar los del día martes, que era lo que buscaban los conspiradores, como ya hemos visto.
Es evidente que, ante el fracaso de dos vacancias en el Congreso, la derecha ha empezado a usar la estrategia de instigar, infiltrar y manipular las legítimas protestas sociales y lo seguirá haciendo en las próximas semanas, cada vez a mayor escala; por lo que el gobierno deberá poner las barbas en remojo y entender que, si bien el alza de precio del trigo, combustibles, y fertilizantes derivados de la úrea, y su directa repercusión en el de los alimentos, tiene su origen en la guerra de Ucrania, por tratarse de productos importados; también es responsabilidad del ministro de Economía, Oscar Graham, que por su concepción ideológica neoliberal y creer que todo lo regula el mercado, omitió dar explicaciones convincentes al país desde los primeros días del conflicto, así como adoptar las medidas de prevención, como recién está sucediendo, con la exoneración del ISC a la gasolina.
Esa imperdonable omisión, así como las torpezas, grotescos escándalos y flagrantes ineptitudes del Ejecutivo, que vienen desde el primer gabinete, son las que han dado carne y suculento pábulo a la derecha y están convirtiendo el país en inmanejable, y dudamos que Castillo logre el liderazgo que el país necesita. Pero tampoco debe permitirse que éste vuelva a caer en manos de la derecha mafiosa, golpista y coimera. Tampoco es posible volver a decretar la inmovilización general cada vez que se convoque nuevas paralizaciones, porque ello produciría un vertiginoso desgaste político e institucional, estimulando el caos, la victimización de los cabecillas de la conspiración, y favorecería el desencadenamiento del baño de sangre con que ellos sueñan desde la segunda vuelta electoral.
Ante ese sombrío panorama político, volvemos a lo ya propuesto en nuestra columna anterior: que Pedro Castillo proponga al Congreso, lo más rápidamente posible, el adelanto de elecciones generales y la auténtica reforma electoral que impida que más impresentables o el crimen organizado tomen el poder como botín. El Perú está primero.
