Ha quedado en evidencia pública que el restablecimiento de la inhabilitación a Ios magistrados Inés Tello de Ñeco y Aldo Vásquez Ríos ocurrida esta semana, es una bien montada operación de salvataje, tipo comando, realizada por cinco miembros del Tribunal Constitucional (TC), que pasa por volver a descabezar y dejar sin quórum a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para así salvar de la destitución a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, por los cargos que pesan sobre ella de liderar una organización criminal, canjear votos por impunidades en favor del Congreso, obstruir la investigación a los “Cuellos blancos” y favorecer delictivamente a su hermana, la jueza Emma Benavides, en la investigación que también se le sigue a ésta por cobrar en dólares la libertad de narcotraficantes internacionales de alto vuelo.
Este salvataje, que tranquilamente podríamos denominar “Operación Vane 2” (en alusión al apelativo con que la identificaba su propio abogado Jorge del Castillo), se ha ejecutado también para contrarrestar las consecuencias legales de la “Operación Valkiria IX”, a cargo de la fiscal superior Marita Barreto y el equipo de fiscales anticorrupción (EFICCOP), que ha llevado a descubrir nuevos indicios y sólidas imputaciones de direccionar millonarias contrataciones desde el Ministerio Público y otros tentáculos delictivos (en donde están involucrados hasta altos personajes palaciegos ligados a Dina Boluarte, como su asistente Grika Asayag y el abogado Oscar Nieves Vela), a cambio de dinero contante y sonante (habría más de un millón de soles en coima), que pueden terminar con “Vane 2” en la cárcel; de lo cual se infiere que la operación de rescate apunta también a mantenerla con los privilegios de la función pública para facilitar una eventual fuga, como antes lo hizo César Hinostroza.
En esa operación los cinco miembros del TC han arrasado con lo poco que podía quedar del Estado de Derecho y el equilibrio de poderes en esta tierra del sol, ya que si el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el mismo TC se encuentran sometidos vergonzosa y vilmente al Congreso, el Poder Judicial se mantenía a cierta distancia, ejerciendo bizarramente algunos actos de control jurisdiccional sobre los atropellos del Poder Legislativo, como en la medida cautelar de los valientes magistrados de la Primera Sala Constitucional de Lima, Oswaldo Ordoñez Alcántara y Andrés Tapia Gonzales, que ordenaron la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez, ahora todo ha sido reducido a la voluntad y prepotencia de impunidad del Tribunal que se jacta de ser el supremo intérprete de la Constitución.
Como de salvar a una investigada de liderar una organización criminal se trataba, el armamento hechizo y conceptual usado por el Tribunal lo ha puesto contra la Constitución y las leyes, de manera abierta y flagrante, porque ha vulnerado las normas constitucionales que garantizan la separación y el equilibrio de poderes (art. 43), así como la independencia de la función jurisdiccional (art. 139 inciso 2); entrometiéndose indebidamente en el proceso cautelar de amparo que resolvieron los referidos magistrados Ordoñez y Tapia y que se encuentra pendiente de apelación por parte del Congreso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Al haber procedido así, el TC ha incurrido en el delito de AVOCAMIENTO ILEGAL de procesos en trámite (art. 410 del Código Penal), y en el de PREVARICATO (art. 418 del mismo Código), por dictar resolución manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley, como la Constitución, y otras normas que prohíben el indebido avocamiento (vg. art. 4° Ley Orgánica del Poder Judicial).
Pero, más allá de las responsabilidades penales que el TC deberá asumir en su momento, es claro que la ilegal intromisión ha sido reconocida por ellos mismos, al sostener que la medida cautelar en favor de Inés Tello y Aldo Vásquez queda sin efecto hasta que se pronuncie la referida Corte Suprema; es decir, la instancia competente para conocer en vía de apelación la cautelar emitida por la Primera Sala Constitucional, en el proceso de amparo en el cual ésta también es competente por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial como del Código Procesal Constitucional. Si ambas instancias son competentes, no hay lugar a intromisión de ninguna otra autoridad, menos del TC, que más adelante asumiría eventual jurisdicción como tercera y última instancia, pero no puede hacerlo a medio camino, saltando grotescamente desde un proceso competencial paralelo, donde se discute conflictos de competencia entre poderes del Estado, menos aun superponiéndolo al de amparo que es totalmente distinto, y donde se discute la vulneración a derechos fundamentales, y mucho menos sin darle a los afectados el derecho de defensa.
El golpe al sistema jurídico nacional es demoledor, porque luego de ese asalto, no queda piedra jurídica procesal en pie, ya que el nefasto mensaje es que: “desde donde estemos y en el momento en que estemos, asaltaremos todo proceso jurisdiccional para rescatar al investigado, acusado o condenado de cualquier crimen o latrocinio que nos interese”. Ya lo hicieron con Alberto Fujimori (condenado por corrupción, secuestro y homicidio calificado), a quien abrieron las puertas de Barbadillo desacatando las disposiciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no nos extrañemos que la próxima víctima sea la acusación de 30 años de cárcel que pesa sobre Keiko Sofía Fujimori por lavado de activos, la cual ya debe estar siendo estudiada por el comando de rescate con los abogados de ésta para traérsela abajo y salvar a la “Señora K” del banquillo de los acusados.
Ya hemos visto el diligente modus operandi, donde, según las revelaciones de la “Operación Valkiria IX”, el propio presidente del TC, Francisco Morales, coordinaba con “Vane 2” y su gente sobre la estrategia y oportunidad de la demanda competencial que ella interpusiera contra la JNJ ante el Tribunal. Para que se entienda mejor: es como si se descubriese que el presidente de un tribunal penal de turno asesoraba al jefe del “Tren de Aragua”, sobre la forma y oportunidad de presentar sus alegatos ante ese mismo tribunal.
Si en Haití y algunos países de Centroamérica, el hampa armada abre a balazos las puertas de las prisiones a ranqueados delincuentes, aquí estamos cerca de ese momento, ya que la iniciativa y el mal ejemplo lo estamos presenciando en las más altas esferas de la delincuencia política. El país está siendo precipitado dramáticamente a la anomia, el caos y la anarquía. Así también lo van percibiendo las calificadoras de riesgo internacionales, como S&P Global Ratings y Fitch Ratings, por lo que en los últimos meses continúan bajando las calificaciones crediticias de nuestra economía, y lo han dicho claramente: “debido al Congreso y al limitado capital político del gobierno”, a lo que ahora se suma el brutal asalto del TC.
Vayamos encendiendo velas por lo que fue alguna vez el Estado de Derecho en el Perú, o tornemos el pesar en incontenible indignación democrática que acabe con el oprobio de estos días que humilla gravemente a la Nación.
