La reciente liberación de Alberto Fujimori (AF) por resolución del Tribunal Constitucional (TC), desacatando lo dispuesto reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permite arribar a diez conclusiones muy necesarias e inevitables en la actual coyuntura:
1. Este Tribunal, y particularmente quienes han firmado la salida de AF (Morales Saravia, Pacheco Zerga y Gutierrez Tecsi), han sumido al Perú en la barbarie jurídica, porque han desacatado a una corte internacional a cuyos mandatos el Perú está VINCULADO por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), que es un tratado suscrito y aprobado por el Perú en el pleno ejercicio de su soberanía, mediante Decreto N° 22231 del 11 de julio de 1979 y ratificado por la Constitución de 1979, así como por la actual de 1993.
2. Los magistrados del TC han pisoteado la Constitución Política del Estado incurriendo en el delito de prevaricato, al fallar contra lo dispuesto en el texto expreso y claro del artículo 55 de la misma, el cual establece que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor FORMAN PARTE del derecho nacional”; por lo tanto, los mandatos de la CIDH, creada por la Convención Americana, son de riguroso cumplimiento para el Estado peruano y todos los tribunales de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 68.1 de ese tratado, el cual refiere literalmente que: “Los estados partes en la Convención SE COMPROMETEN a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
3. Dichos magistrados del TC han actuado con dolo (conciencia y voluntad criminal), ya que todos ellos son especialistas (exasesores y docentes universitarios), por lo que valiéndose de tal expertise han procedido mañosamente al decir en su resolución que se “apartan” de lo dispuesto por la Corte en el marco de supervisión de lo resuelto en el caso de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ya que dicha Corte “no tiene competencia para ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial”.
Es decir, USURPAN la potestad de apartarse de un caso donde el Estado peruano ha sido parte y ya se ha comprometido a cumplir todo lo dispuesto en el sentido de investigar, procesar y SANCIONAR a los autores de esos crímenes; mintiendo a la vez dichos magistrados sobre la competencia de la Corte, ya que ésta no le ha ordenado “directamente” a ellos, sino al Estado peruano, toda vez que éste es el sujeto de derechos ante esa Corte supranacional y el que se ha comprometido a cumplir con sus mandatos.
4. El proceder doloso de los magistrados es mucho más grave cuando sostienen cínicamente que ante el incumplimiento del Estado peruano de lo ordenado por la Corte, ésta “se encuentra facultada para dejar constancia” o “informar a la OEA”. Es decir, promueven la burla de la imagen del Perú ante el mundo entero, ya que no les interesa que el nombre de nuestra patria aparezca en la relación de la OEA de los países que no han respetado sus tratados y resoluciones, en otras palabras: de los países que han pisoteado el derecho internacional y que no merecen credibilidad alguna ante la comunidad internacional. No importa que nos vean como vulgares parias, lo más importante para ellos ha sido la liberación del papá de Keiko.
5. Las universidades, en que dan clases de derecho constitucional esos magistrados, deben proceder a apartarlos inmediatamente, si tienen un mínimo de respeto por la formación jurídica de sus alumnos, ya que estos corren el riesgo de aprender y aplicar el derecho al revés, adquirir la nefasta impronta de grotescos rábulas y el modus operandi de los “Cuellos Blancos”, así como de los avivatos tinterillos del jirón Azángaro de Lima. Que sus alumnos escuchen hablar a esos magistrados de derecho constitucional y respeto a los tratados internacionales, debe ser como escuchar al “Tren de Aragua” o “Los Gallegos” hablar de respeto a la vida y la propiedad ajena.
6. No solo los magistrados tienen grave responsabilidad en esto, también, y por supuesto, DINA BOLUARTE, Alberto Otárola, el Canciller de la República, el ministro de Justicia y el gabinete en su conjunto (en tanto no hayan renunciado a tamaño entuerto internacional); por haber ejecutado la decisión prevaricadora del TC de liberar a Fujimori y desacatar el mandato de la Corte, con lo que no solo han hecho incurrir al Perú en violación de lo pactado en la Convención Americana, sino también de lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena, por el cual un estado parte “NO PODRÁ INVOCAR LAS DISPOSICIONES DE SU DERECHO INTERNO COMO JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE UN TRATADO”. Todos ellos, más el Congreso de la República, que nombró a esos magistrados en vil componenda fuijicerronista (y que ahora pagan el favor), han convertido al Perú en inhóspita jungla, donde prevalece el garrote dictatorial de la impunidad a cualquier precio; y donde no hay principios, ley o tratado que valga.
7. Si no hay respeto por la normativa interna ni los tratados internacionales, la bancarrota del Perú no será solo institucional, jurídica y moral como hasta ahora, sino también económica y social (más de lo que ya es). Solo pregúntese si ¿ustedes invertirían su dinero en un país donde no hay seguridad jurídica, porque los más altos poderes promueven el desacato hasta de las cortes internacionales? Vean las recientes y preocupantes declaraciones de José Távara, actual director del BCR, y Luis Castilla, exministro de Economía y funcionario del BM y el BID, en el sentido de que la liberación de AF, “vulnerando abierta y groseramente sentencias de corte internacional”, es una “pésima señal” para las empresas y un “grave riesgo de percepción de inseguridad jurídica” (La República 06/12/23).
8. A la coalición dictatorial en el poder no le interesa realmente las inversiones, el empleo, la recesión, inflación ni el bienestar de la población. Solo ambicionan con angurria las arcas del estado y la impunidad en las investigaciones que se les sigue por los crímenes de diciembre-enero y sus demás latrocinios. Por eso las mentiras o medias verdades son su estandarte, como las empleadas para justificar el flagrante desacato internacional. Veamos: a) que la liberación de AF “no desconoce” las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales, ha manifestado el ministro de RREE, Javier Gonzales Olaechea; es decir, cometen el desacato, pero allí mismo niegan haberlo hecho (mismo ladrón que niega la evidencia); b) que la ejecución del fallo del TC es “acorde” con el artículo 118 inciso 9 de la Constitución, que obliga al Poder Ejecutivo el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sostuvo el ministro de Justicia, Eduardo Arana, cuando él sabe que la primera obligación de ese poder del Estado y la presidenta de la República, es la prevista en el inciso 1° de ese artículo, y consiste en “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y LOS TRATADOS…”; y, c) que ejecutarán la liberación porque la CIDH no les ha notificado una “medida cautelar”, tuiteó horas antes el premier Alberto Otárola, con parecido cinismo y anticipada coartada de caco avezado, cuando sabe también que aquí no corresponde medidas cautelares, ya que éstas son previas o simultáneas a un proceso y, en este caso, los requerimientos de la CIDH son realizados EN EJECUCIÓN de un proceso CONCLUIDO, como es el de Barrios Altos y la Cantuta.
9. Para los simpatizantes del fujimorismo, debe quedar claro que la CIDH jamás ha negado el indulto a AF, solo ha ordenado no ejecutar la liberación hasta verificar que ésta cumpla con los estándares de la Convención y, por una cuestión de justicia, el pago de la reparación civil a las víctimas; pese a que el dolor ocasionado por los horrendos crímenes cometidos, entre ellos el del tierno niño Javier Ríos Rojas, de solo 8 añitos de edad, quien fue acribillado con implacable fuego de metralla en Barrios Altos (hoy tendría 40), no tiene precio.
10. Al hacer tabla rasa de la Constitución y los tratados internacionales, la coalición dictatorial, presidida por Dina Boluarte y armada de sus inescrupulosos brazos legales, como son casi todos los magistrados del TC y la Fiscal Patricia Benavides, ha sumido al país en la crisis y degradación más grande de los últimos tiempos; la cual, sumada a la inseguridad ciudadana, que ha tomado ciudades, barrios enteros y centros comerciales como zonas liberadas, y a diario arrebata la vida de cientos de ciudadanos que se niegan a pagar cupos a viles extorsionadores, asaltantes y asesinos, ha puesto al Perú al borde de convertirse en un estado fallido o estado en bancarrota; donde solo impera el caos, la anarquía, la corrupción y el crimen. La solución inmediata: que se vayan pronto, antes de que sea demasiado tarde. Pero nunca será tarde para las acusaciones y juzgamientos que corresponda.
