Que un imaginario juez condene, absuelve o imponga una decisión judicial sin motivar sus resoluciones ni dar explicaciones a la comunidad jurídica, no solo constituiría delito de prevaricato porque estaría fallando contra el texto expreso y claro de la ley constitucional, que impone el deber de motivar los fallos jurisdiccionales, sino que también estaría incurriendo en flagrante infracción al artículo 139 inciso 5° de la Constitución Política, debiendo asumir las consecuencias directas de tal despropósito y tamaña arbitrariedad, imperdonable en cualquier estado de derecho del mundo.
Y no hablo de los casos de insuficiente o equivocada motivación que a diario cuestionan los sufridos litigantes en el Poder Judicial, me refiero al supuesto caso de algún magistrado que se le ocurra actuar como si conferido por un poder real y monárquico, imponga sus decisiones sin mediar alguna razón o explicación por más modesta que sea, y emita sus fallos de manera tajante y vertical, dando a entender que resuelve así porque simplemente le pega la regalada gana.
Si a 130 jueces se les ocurriera hacer lo mismo, estaríamos ante el reino de la arbitrariedad, la prepotencia y la dictadura. Pues, eso es lo que han hecho los congresistas que han decidido elegir a los seis magistrados del Tribunal constitucional sin mediar debate, explicación, ni razón alguna ante la ciudadanía. Acomodados orondamente en sus escaños se limitaron a presionar el botón verde de votación y eligieron a los que acordaron en secreto en la Junta de Portavoces, sin que los ciudadanos que los sostenemos con nuestros impuestos sepamos el porqué de lo decidido.
Esa elección es ÍRRITA y NULA de pleno derecho, porque se ha realizado contraviniendo la forma establecida en la ley, en este caso particular, la prevista en el artículo 51 del Reglamento del Congreso, por el cual LOS ACUERDOS SE ADOPTAN PREVIO DEBATE en las sesiones del Pleno; asimismo, la dispuesta en el artículo 56 del mismo cuerpo reglamentario, por la cual solo se procede a votar determinado asunto CUANDO HAN CONCLUIDO LOS DEBATES; es decir no puede haber acuerdo, decisión o votación sin previo debate, porque se trata de un cuerpo colegiado. Es la esencia y razón constitucional de ser del Congreso como poder del Estado, por eso se le denomina “Parlamento”, porque su trabajo es parlar, debatir y discutir públicamente antes de cada decisión; para eso le pagamos.
Y no solo es nula y abiertamente inconstitucional tal elección, sino que los congresistas que la han efectuado han vulnerado así el texto y el espíritu de la Constitución Política, dejando de cumplir con esa imperativa función pública de deliberar, y por la cual no pueden hacer lo que les venga en gana sin transparentar en el debate público sus decisiones. Es evidente que, al imponer su arbitraria voluntad, han incurrido en notoria INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN, por lo que serán pasibles de acusación constitucional en su debido momento. El hecho infraccioso está probado, basta solo tener a mano las actas de votación y los videos correspondientes.
Es también inevitable pensar que, los más de noventa parlamentarios de derecha e izquierda se pusieron de acuerdo en secreto en dicha Junta con oscuros intereses subalternos, típicos de una infame repartija. Casi todos ellos de bancadas parlamentarias cuyos líderes están procesados por lavado de activos, organización criminal o tienen pendiente millonarias deudas tributarias al Estado. No nos extrañemos entonces que, una vez juramentados e instalados en sus cargos los magistrados electos, empiece la andanada de acciones de habeas corpus y amparo ante ellos para revertir las investigaciones, acusaciones o cobranzas judiciales de orden tributario. Más que un botón de muestra lo hemos tenido con los sendos habeas corpus que dieron libertad a Keiko y el indulto a su padre, hace poco tiempo, con los votos de Blume Fortini, José Sardón y Augusto Ferrero. Así se pagan esos favores.
Sobre todo, cuando ya sabemos que casi todos los nuevos magistrados están vinculados a esos partidos que los han elegido (Vg: F. Morales Saravia con Fuerza Popular y L. Gutiérrez Tecsi con Renovación Popular). La justicia constitucional dejará de ser ciega, entonces, y tendrá mirada cómplice, coqueta y complaciente hacia la ultraderecha política.
Como el asunto es realmente grave y vergonzoso para la institucionalidad del país, de inmediato se produjo la renuncia de diez parlamentarios a las filas de del partido Perú Libre, deseosos de no verse comprometidos con tal sórdido cambalache. Por su parte, la prensa y el golpismo político empezaron el operativo de distracción antes de las 24 horas, con un nuevo psicosocial de vacancia; pasando de la estrategia de sostener que Pedro Castillo es un inimputable, ignorante e incapaz, a la de referir ahora que se trata de un genio maquiavélico que lideró, planificó y coordinó al más alto nivel un fraude para ganar las elecciones en primera vuelta, logrando genialmente burlar el ojo fiscalizador de los EEUU, la Unión Europea, la OEA, Transparencia, y otros organismos nacionales e internacionales que actuaron de veededores en los comicios electorales. Las víctimas: los pobrecitos zamarros de Keiko Sofía Fujimori y Rafael López Aliaga que habrían sido perjudicados con tan descomunal manipulación de la voluntad popular. El apóstol de esa “verdad”, nada menos que el prontuariado empresario Zamir Villaverde, degradado públicamente de la policía nacional por probados hechos delictivos, condenado dos veces por corrupción en agravio del Estado e internado en el penal Castro Castro por robo en banda y a mano armada, quien apareció ante cámaras leyendo lo que parecía un guion escrito por Vladimiro Montesinos en la década de los 90.
Había que evitar que los reflectores se dirijan al Congreso, porque no solo es el escándalo de la elección inconstitucional de los magistrados de TC, sino también el de la contrarreforma universitaria y debilitamiento de la SUNEDU, que está convocando nuevamente marchas y movilizaciones a nivel nacional contra ese Poder Legislativo, porque es claro que aquí se han movido millonarios intereses de los propietarios de universidades de chifa y cochera.
Y como se trataba de distraer a la opinión pública desde los días previos, había que apelar también a la estrategia de “el ladrón que grita al ladrón”, y nada mejor que preocuparse por la “calidad de la educación”. Pues los mismos que maniatan y neutralizan a la SUNEDU para que no fiscalice a las universidades bamba, la emprendieron contra la tesis de Pedro Castillo y esposa, pidiendo nuevamente la vacancia por incapacidad moral; cuando no es un secreto que en esas universidades los ingresos, egresos, y tesis son mera formalidad. Salvo honrosas excepciones que siempre las hay, tendríamos que vacar y anular el título a miles de profesionales, empezando por los conocidos dueños de esas universidades, en los que se nota que jamás leyeron siquiera un libro; incluyendo a muchos altos funcionarios que han copado el Estado en los últimos 30 años, así como a conocidos periodistas que de título solo tienen el nombre. Todos ellos son triste consecuencia del mercado de la educación creado por el gobierno de Alberto Fujimori, y cuyos poderes operan ahora dentro del propio Congreso. Al cierre de esta columna la Universidad César Vallejo comunicaba oficialmente que la tesis del mandatario mantenía su aporte de originalidad.
En ese afán distracción y de pasar piola por ahora, la congresista Patricia Chirinos optó también por la medida táctica de retirar su proyecto de ley que favorecía a la leche en polvo de la trasnacional Gloria, por sobre la leche fresca de los ganaderos nacionales. Total: con el TC a su favor podrán tener hasta la vacancia presidencial y todo lo que vienen buscando para los intereses que patrocinan.
Y, con ese Tribunal a su favor, la derecha volverá a arremeter con inusitada fuerza en las próximas semanas y meses, sabiendo que cualquier golpe o estropicio contra la institucionalidad del país será convalidado en esa instancia constitucional. Estamos debidamente notificados.
Integrantes del nuevo Tribunal, elegidos sin debate del pleno.
