La crisis económica que enfrenta nuestro país tiene como una de sus aristas el encarecimiento de los principales productos de la canasta básica familiar, situación que perjudica a millones de peruanos en condición de pobreza o pobreza extrema y sin recursos para defenderse de este fenómeno inflacionario.
No obstante, el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Castillo aborda el tema con diversos enfoques a fin de ofrecer soluciones integrales que alivien la situación de ese sector de nuestra población.
Por ejemplo, se aprobó recientemente la ley que exonera del pago del impuesto general a las ventas (IGV) a algunos de los productos básicos de la canasta familiar; se incrementó el vale para la compra social del gas doméstico y se dispuso la inclusión de las gasolinas de 84 y 90 octanos –las más usadas por la población de bajos recursos– en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, con la finalidad de frenar su encarecimiento.
Sin embargo, en paralelo a estas medidas, el Gobierno también realiza un esfuerzo notable por atender directamente a las familias más afectadas por la coyuntura complicada.
Parte del esfuerzo lo dio a conocer el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entidad que informó sobre la incorporación, en lo que va del año, de más de 100,000 usuarios a los programas sociales, con una inversión de 150 millones de soles, para atender a 7.5 millones de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Midis, con ese mismo objetivo se pondrá en marcha un conjunto de acciones inmediatas y efectivas con la finalidad de paliar el encarecimiento de los precios. Por ejemplo, destacó que en la segunda mitad del 2021 se invirtieron 177 millones de soles en la entrega de canastas a favor de un millón y medio de ciudadanos.
Asimismo, se incrementó el presupuesto de las ollas comunes con el objetivo de mejorar la atención alimentaria de los que menos tienen.
Estas acciones, y otras más, continuarán en lo que resta del año y en tanto dure la crisis económica causada por las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales de productos básicos como el trigo, el maíz y el petróleo, entre otros, las cuales se agravaron por el conflicto militar que enfrenta a Rusia y Ucrania.
Así las cosas, es encomiable que el Ejecutivo no haya dejado a su suerte a los peruanos pobres ni a merced de las fluctuaciones del mercado, porque ello hubiera favorecido que miles de compatriotas caigan dentro de la pobreza o de la pobreza extrema.
En una economía social de mercado como la que tenemos, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Al proteger a nuestros compatriotas vulnerables de los efectos de la inflación y la crisis económica, el Gobierno cumple un mandato que no solo es constitucional, sino también ético.
Editorial Perú.
