. Marzo – Abril 2023
—Con un poco de voluntad,
podrá usted levantarse de nuevo.
Eleodoro Vargas Vicuña
La Constitución vigente (1993) y nuestro sistema político han facilitado al Congreso de la República el poder representar a las diversas mafias regionales y nacionales, las cuales, en tres décadas, han consolidado las rutas legislativas necesarias para derrocar presidentes e ignorar los convenios internacionales para la protección de los derechos humanos. De nada sirvió el referéndum convocado por Martín Vizcarra (2018), pues los parlamentarios han desconocido las demandas de la población. El poder ha sido tomado por ellos y como si fuera poco, aprovechan sus cargos para otorgarse prebendas. Las ideologías políticas se han convertido en dos simples bandos de promesas electorales, uno de programas sociales y el otro de grandes empresas. La segunda es la más exitosa porque cuenta con el apoyo de la gran prensa nacional y el pánico característico del anticomunismo, que por cierto, ahora combate hasta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se considera indiferente ante las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas. En medio de esta distorsión de la realidad, pocas, pocos son los parlamentarios que tienen clara su labor, mantienen el respeto a los poderes del Estado y sienten responsabilidad con el país.
Al igual que los desprendimientos de los cerros que provocan las tormentas cuando desbordan los ríos y lagunas, mafias y clanes, envestidos de partidos y movimientos políticos, han acumulado tantos lugares en el espacio público, que los poderes del Estado han resultado entremezclados, una sola masa de lodo, rocas, troncos y raíces que han revuelto al sistema judicial, al ministerio público, que han traído abajo los servicios básicos a cargo del poder ejecutivo y han descompuesto el sentido de la legislación nacional. Y tal como nos ocurre todos los años con los huaicos y el caos que dejan a su paso, no estamos preparados para prevenir y mucho menos detener tamaño derrumbe de la democracia. La gran velocidad del huaico político nos ha obligado a cambiar de Presidente de la República antes de que cumpla siquiera la cuarta parte de su mandato. Apenas llega a Palacio de Gobierno circulan testimonios, conversaciones telefónicas, registros de visitas, apuntes en agenda. Cuando emergen los postulantes a colaborador eficaz, ya es demasiado tarde. Cae con furia la presión mediática, la población se exalta y se reclama la caída. A nadie le queda duda, cuando ve partir al Presidente, de que haya promovido favores y licitaciones, y que se haya cruzado en Palacio con dudosos actores vinculados a gobiernos anteriores. Sobre la Presidenta actual, ya sabemos que las masacres aprobadas por su mandato son crímenes de lesa humanidad, pero el Congreso busca ahora mantenerla, nuevamente contra el clamor de todo el país.
El imparable aluvión de presidentes, jueces, fiscales y congresistas que se suceden imparables destruye a su paso los programas, servicios, proyectos e inversiones básicos y urgentes del Estado. El primer año de la pandemia, el 2020, nos dejó en claro el estado crítico en el que se encontraban nuestros servicios de salud y alimentación, de educación, de comunicaciones. Ningún presidente ha tenido desde entonces la posibilidad ni (al parecer) tampoco la capacidad de acordar metas a mediano plazo que resuelvan las carencias en infraestructura, tecnología y personal profesional necesarios para revertir su falta, ni siquiera detenerla. De modo que el deterioro y privación han aumentado a la velocidad del huaico, año tras año. Hermanado este desborde con el calentamiento global y los abusos humanos al medio ambiente, su velocidad, la fuerza de su caída nos ha llevado de encuentro, sin fuerzas para detener las muertes de la pandemia, la crisis alimentaria por las sequías, el aumento de los fenómenos atmosféricos, las tormentas y sus inundaciones. Para recuperarnos como país, tendremos que aprender a lidiar con todos nuestros huaicos. Encontrar la justa manera de atrancarlos, tomar aire y reconocernos. Dejar de caer y darnos un tiempo para construir, para resguardar, para cuidar y sanar a los más dañados. Un momento para impedir que legalicen la muerte. Ya no más. Suficiente ha sido la incompetencia del Estado que nos cuesta cientos y cientos de vidas cada año que el huaico político nos avalancha.
Necesitamos un Estado que funcione. En el que se recuperen los roles y el sentido de la gestión pública. La fragilidad de la costa y de algunos valles de la sierra requiere de sistemas de drenaje y reorganizar a la población. Un trabajo de tan grande magnitud no puede reducirse a los intereses de los municipios locales, pues el tráfico de terrenos y la ejecución de obras son dos de los delitos de mayor magnitud en el Perú. La toma de decisiones requerirá de políticas del Estado, de la firmeza de las fuerzas del orden contra los delincuentes y no contra la población perjudicada, con la que se tendrá que acordar cómo resolver la razón de fondo por la que no se quieren mudar: el acceso a trabajo, la posibilidad de continuar construyendo en el terreno y contar con servicios de salud y educación cercanos. Llevamos 200 años de república y no hemos conseguido que un solo gobierno pueda tener el nivel de gestión lo suficientemente profesional como para resolver la cuestión de la vivienda social en un país con un territorio que por más difícil que sea, ya lo conocemos bien y sabemos cómo modificarlo.
No vamos a recuperar el orden y vencer a la delincuencia si no podemos separar la corrupción de las fuerzas armadas y policiales. No es una banda armada al servicio de quien toma el poder y con permiso para matar. Esa es una vieja herencia decimonónica que ha sido erradicada en los países más desarrollados. El Estado debe comprometerse a modernizar sus fuerzas, lo cual implica no aparentar con la tecnología o los uniformes, si no realmente actualizar su modo de gestión, revisar sus funciones, establecer un compromiso de protección hacia la población, no hacia quienes les dan dinero, formal o informal, legal o ilegal. Todo implica cambios a mediano plazo, una vez que se haya constituido una nueva formación de educación superior con altos niveles en investigación, intervención y atención. La autoridad no se consigue asesinando o improvisando respuestas, mucho menos aliándose con la delincuencia. Es con la población con quien se deben identificar. Pero ocurre lo contrario.
Nuestra población nativa queda desprotegida, como nuestras niñas menores de 14 años, a quienes el Congreso quiere obligar a culminar el embarazo incluso cuando es resultado de una violación sexual
La violencia contra la mujer en el Perú va en gravedad y aumento. Más de 50 feminicidios, más de 10 trabajadoras sexuales, 8 mujeres trans asesinadas en sólo tres meses. Las cifras de denuncias de violaciones sexuales y violencia física contra la mujer han repuntado después de la pandemia. Sólo en la primera mitad del año pasado, ocurrieron cerca de 6,000 casos. Si América es el continente con mayor violencia, Perú está entre los países con las tasas más altas junto con México, República Dominicana y Estados Unidos. Ya la quinta parte de los presidiarios en el Perú han perdido su libertad por haber cometido violaciones, la mitad de ellos por haberlo hecho contra menores de edad. Pero sólo hablamos de cifras que se basan en la denuncia y en la muerte. No podemos establecer objetivamente cuántas mujeres no denuncian, aunque sí se han realizado tesis e investigaciones sobre las limitaciones del Ministerio Público en este aspecto. Un tema central que impide las denuncias es que se debe realizar en una cámara de Gesell, que por haber tan pocas en el país, obliga a que la víctima sólo pueda dar su testimonio una sola vez, meses después de que se acercó a pedir ayuda. Si se pone nerviosa y se contradice, pues la denuncia no procede. La justificación hasta este momento ha sido la falta de presupuesto, pero si fuera voluntad se habría encontrado alguna alternativa. La queja principal es respecto de la actitud que tienen los funcionarios ante la víctima y el agresor. La enfermera que murió días atrás tras haber sido violada y herida con pedazos de vidrio por personal que trabajó con ella en la Red de Salud no fue bien atendida por el médico legista. Su informe reportó sólo heridas leves. Como consecuencia ha dejado a dos niños y un bebé sin su madre. Quizá por ser una entidad autónoma de los poderes del Estado, el Ministerio Público carezca de apoyo profesional en el ámbito de violencia de género, pero el Estado debería intervenir y solicitar una revisión y si es posible un trabajo intersectorial de sus protocolos de atención, documentos fundamentales hechos tan a la ligera que instruyen que los exámenes que se deben realizar a los hombres víctimas de violencia de género, deben ser los mismos a realizar con los agresores sexuales, considerados, por cierto, sólo hombres. En general todo el protocolo está escrito de tal manera que se trata al agresor como si fuese la víctima. Vidas cuestan estos errores y no debemos dejarlos pasar.
Los líderes indígenas, las niñas, niños y adolescentes se encuentran también en una situación de vulnerabilidad sin precedentes. El narcotráfico continúa su avance, asesinando a los líderes indígenas que se oponen a ceder sus tierras para el cultivo de coca. La comisión multisectorial que se creó hace dos años cayó en el inoperancia. Nadie sabe cómo actuar. Nuestra población nativa queda desprotegida, como nuestras niñas menores de 14 años, a quienes el Congreso quiere obligar a culminar el embarazo incluso cuando es resultado de una violación sexual (proyecto de Ley N° 785, en manos ya del Poder Ejecutivo). Este huaico parece haber dejado tan debajo, tan detrás los principios de protección para nuestra niñez que el 70% de las escuelas no cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, la mayoría con muros a punto de desmoronarse. La cuarta parte de colegios ha colapsado con las tormentas y huaicos, obligando nuevamente a retornar al sistema virtual de educación que, como bien lo han señalado diversos informes, no fue efectivo por las limitaciones de comunicación y espacios adecuados de estudio. Pero el ministro de Educación en medio de este caos, hecha la culpa a la madre que protesta y llama adefesio, “con perdón de los adefesios” a la CIDH porque para él la pena de muerte forma parte integral de este huaico.
Mientras escribo, el Sur del Perú está a la espera de retomar las protestas y Piura se pone de pie. Unirnos en la defensa es cuidarnos, con la inmanente esperanza, esa, la de Pandora, de que como país algún día podremos detenernos y sanar para seguir.
Revista Ideele N°309
