El 15 de diciembre se conmemoró, con dolor, la masacre de Ayacucho, en la que efectivos del Ejército mataron a 10 ciudadanos ayacuchanos en distintos puntos de la ciudad, sin que ni uno sólo haya estado realizando un ataque a otra persona o al aeropuerto o a algún bien público o privado. Nada de esto hubiera justificado que miembros del Ejército disparen a civiles; pero es necesario recordarlo para desmontar la falsedad justificadora de los asesinos directos, los que dieron las órdenes, los que las consintieron y los que vienen encubriendo los asesinatos.
Ya hay un informe de Inspectoría del Ejército que contiene la documentación que evidencia la ausencia de legítima defensa en los disparos de los efectivos militares. El 16 de diciembre se cumplió un año del asesinato, por la espalda, de 3 ciudadanos de Pichanaki, en Junín. El jefe de la IV Macro Región Policial de Junin, ha declarado ante la Fiscalía que las órdenes para reprimir las protestas se daban desde el Comando de Asesoramiento Operativo a cargo del aún Comandante General de la PNP.
Asimismo, desde el 11 de diciembre se han estado conmemorando los ataques a la vida de 7 ciudadanos de Apurímac, incluyendo dos niños, crímenes que trataron de justificarse como si fueron la consecuencia de un ataque a entidades públicas, en lo que la ciudadanía apurimeña considera un montaje con la anuencia del entonces jefe de región policial. Sumando a un ciudadano asesinado en La Libertad, ya contamos por lo menos a 21 peruanos cuyas vidas fueron segadas hace poco más de de un año, en el contexto de la represión ordenada por el gobierno de Dina Boluarte.
La ausencia de sanción o al menos de una medida cautelar contra los responsables, inmediatos o mediatos de esos graves crímenes, nos avisa de un diseño constitucional carente de mecanismos para hacer efectiva las responsabilidades políticas de las autoridades con, valga la redundancia, responsabilidad respecto del uso de la fuerza para cuidar la vida de las personas.
Sin embargo, la ciudadanía la tiene clara: el más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional, Dina Boluarte, registra un 84% de desaprobación y sólo un 9% de aprobación. Y ocho de cada diez encuestados consideran que el primer año de gobierno de Boluarte ha sido malo o muy malo (76%). En el caso del Congreso de la República es aún peor: tiene solo un 5% de aprobación ciudadana y un 91% de desaprobación. Los peruanos y peruanas consideran que el Congreso no los representa ni trabaja para defender sus intereses. Esto se ha agravado con el desvelamiento de que 82 de los congresistas tienen investigaciones por distintos delitos – al punto que una acaba de fugarse del país – y que al menos 40 consiguieron que la ex fiscal de la Nación las archive a cambio de votos según sus intereses.
La desconexión se intensifica con medidas dadas para su beneficio personal: bonificaciones que les han llevado a recibir 43 mil soles en diciembre y un aumento del presupuesto en 204 millones de soles más para el año 2024. Para colmo, la oposición con los intereses de la gente se expresa con una legislación en favor del crimen organizado al debilitar la colaboración eficaz y en favor de quiénes deforestan la Amazonía agravando el calentamiento climático.
A pesar de todo, la Constitución permite a los congresistas completar 5 años de mandato sin rendir cuentas de ninguna forma. Esto dista de ser propio de una democracia representativa. En ella, los elegidos estarían obligados a rendir cuentas a sus electores y estos tendrían maneras de darle consecuencias a la valoración del desempeño de sus representantes. Ante eso hemos de plantearnos la discusión de un nuevo orden constituyente que permita una representación política real de los distintos pueblos que conviven en Perú. Representación que se la juegue cuándo esté en cuestión la vida de la gente, en cada región. Eso permitirá un control ciudadano de los representantes y a la vez, de ellos hacia las distintas autoridades con poder ejecutivo, con lo que se reducirá la impunidad política que ahora desordena la vida social de nuesto país.
