Un aspecto importante de los 20 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es que a pesar de lo poco que se ha avanzado en implementar sus recomendaciones, y a pesar incluso de los retrocesos recientes en cuánto a la verdad, las víctimas de la violencia política que asoló Perú entre los 80 y 90 (y en el Alto Huallaga más allá) mantienen viva la memoria de lo ocurrido y sus demandas de justicia y reparación, como se está viendo en Huánuco y Ayacucho.
Memoria y demandas que no han sido en vano. Como lo recuerdan las organizaciones de la campaña CVR +20,
“en estos veinte años se lograron avances: más de cien casos de violaciones contra los derechos humanos fueron sentenciados, entre ellos, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Daniel Urresti, mandos militares y dirigentes terroristas. Se creó el Programa de Reparaciones para las víctimas y sus familiares, gracias a la lucha perseverante de las organizaciones de víctimas, del movimiento de derechos humanos y de algunas instituciones de iglesias. Se formaron las fiscalías especializadas en derechos humanos. Se avanzó en capacitar en estos temas a magistrados y miembros de las fuerzas del orden.”[1]
Sin embargo, siguen pendientes reformas institucionales en los campos de la salud, la educación, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas, las reformas en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluyendo el control del uso de la fuerza. Así como la respuesta a problemas estructurales como el racismo. Pendientes que han afectado la consolidación de la democracia sobre la base de una sociedad responsable, inclusiva y fraternal.
Una lección general que podemos extraer tanto de la superación de la violencia política, como del sostenimiento de la agenda de justicia verdad y reparación, es que la clave de los avances está en el protagonismo de ciudadanos y ciudadanas. Como dicen las organizaciones de CVR +20,
“En los años 80 y 90 fueron nuestros pueblos quienes, con organización y dignidad colectiva, defendieron la vida y sus territorios frente a todo tipo de violencia. Recientemente, pese al desprecio y represión sufridos durante las movilizaciones, las comunidades, organizaciones y activistas han salido masivamente a ejercer la defensa de sus derechos, desafiando la ausencia de reconocimiento. Son ellos nuestra esperanza en la lucha por justicia y defensa de la democracia.”
A contrario, los retrocesos vienen de la brecha entre ciudadanía y su representación política. Para superarla, es imprescindible que las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, actualizadas con las investigaciones posteriores, se incorporen a los programas de gobierno de partidos políticos democráticos. Mientras eso ocurre, urge denunciar actos de apología de delitos cometidos desde el gobierno, como el reciente enaltecimiento del delito de sedición cometido por Alberto Fujimori en un libro publicado por el Congreso. Pues es la expectativa de impunidad lo que impulsa a cometerlos. Impunidad que puede cortarse, como ocurrió con los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas y de los agentes estatales que los debieron combatir.
Hoy como hace 20 años, la lucha contra la impunidad y por la justicia, podría sostener un nuevo proceso de construcción de una sociedad verdaderamente democrática en nuestro país.
[1] https://derechoshumanos.pe/cvr20/a-20-anos-de-la-presentacion-del-informe-final-de-la-comision-de-la-verdad-y-reconciliacion/
