IDL-R ha documentado –en las cuatro entregas previas de esta serie investigativa–, cómo el colegiado que integró Benavides ordenó la variación de la prisión preventiva por comparecencia para varios investigados por tráfico de drogas, entre ellos el colombiano Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’ y el peruano José Manuel López Quispe, alias ‘Papita’, un conocido acopiador de cocaína en el Vraem.

Pese a tener un cúmulo de evidencias, un colaborador eficaz que había implicado directamente a Benavides, y varias diligencias relevantes en curso, el fiscal archivó el caso bajo el argumento de falta de evidencias. “Los elementos de convicción obtenidos durante la investigación preparatoria no permiten alcanzar el estándar de sospecha suficiente para formular acusación penal” contra Benavides, Ilave y Apaza por los delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir, sostuvo Uriel Terán en el requerimiento de sobreseimiento.

Terán asumió la conducción de la investigación y de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios en julio pasado, para ocupar el cargo de la abruptamente removida fiscal Bersabeth Revilla. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, había sacado a Revilla con la excusa de una supuesta baja productividad –pese a que su rendimiento entre 2019 y 2021 fue notable–, para ocultar el motivo real del despido: la represalia por haber investigado a su hermana.

El fiscal supremo Uriel Terán y la fiscal de la nación, Patricia Benavides. (Foto: Ministerio Público

El fiscal Terán, en una entrevista el canal N del 26 de agosto pasado, apenas unas semanas después de haber asumido el cargo, dijo que no iba a “permitir, en ningún momento, interferencias de cualquier tipo” en el caso. “Yo voy a actuar siempre con objetividad, transparencia, pegado a la ley y a la Constitución. Nosotros, en ningún momento, por más mediático que se convierta el caso, no vamos a sucumbir a una situación en la que podamos tener algún tipo de injerencia”.

Los hechos demuestran lo contrario. En seis meses logró socavar un caso que tenía sólidos cimientos probatorios.

El fiscal Ronald Quispe Suárez se hizo cargo de la investigación del caso durante la gestión de Revilla y continuó con Terán. En el curso de las diligencias, uno de los implicados se acogió a la colaboración eficaz y describió cómo operaron las conexiones entre los magistrados y los narcotraficantes.

Se trata del colombiano Percy Coromoto Matos, integrante del  grupo liderado por Roberto Gómez Herrera, ‘Huevo’, ambos arrestados en 2012 cuando alistaban un cargamento de una tonelada de cocaína para ser exportada a Europa, camuflada en granito.

Roberto Carlos Gómez Herrera, alias ‘Huevo’.

En una entrevista a IDL-R en setiembre pasado, Coromoto indicó que había iniciado un proceso de colaboración eficaz con el despacho de Revilla, a cambio de una reducción de la pena de 18 a 10 años. “La juez que llevaba el caso era Enma Benavides y es con ella con la que se hacen los arreglos. Eso lo teníamos en conocimiento no solo nosotros, sino otros detenidos que a través de otros abogados llegaban donde ella. La versión aquí dentro del penal es “la vieja juega”, “la señora juega””, declaró Matos a IDL-R.

La colaboración de Matos era crucial en este caso.

En 2015, de acuerdo con las investigaciones fiscales, ‘Huevo’ entregó 150 mil dólares al abogado intermediario Walter Mendoza a cambio de lograr su libertad. El dinero, según varios testigos, fue para pagarle al juez de primera instancia Rafael Martínez y los tres magistrados del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

Los cuatro jueces fallaron a favor de darle la libertad a ‘Huevo’. Ya en libertad, ‘Huevo’ inició negociaciones con Mendoza para lograr la liberación de Coromoto. Era el único integrante de la banda al que la Sala de Benavides le había confirmado la prisión preventiva.

En ese contexto, ‘Huevo’ llamó varias veces a Coromoto –al que llamaba ‘Pri’– para informarle del avance de las gestiones para su liberación. Los diálogos registrados en audio, hasta ahora desconocidos, forman parte de la carpeta fiscal que corroboran hechos relacionados a la liberación de ‘Huevo’ contados por testigos.

Por ejemplo, en una comunicación del 19 de febrero de 2015, ‘Huevo’ le dijo a Coromoto que ya había hablado con el doctor [Mendoza] y que este le había dicho que consiguiera el dinero lo más pronto posible para pagarle a “esta gente porque ya está todo organizado y todo definido y todo listo”.

En otra comunicación del 17 de marzo de ese año, ‘Huevo’ reconoció haber pagado 150 mil dólares a Mendoza para obtener su libertad y le pide a Coromoto que tenga paciencia, pues ya le había entregado a Mendoza otros 50 mil dólares como parte de pago para lograr su salida de la cárcel.

Ese mismo día, Mendoza le escribió un extenso mensaje de texto a Coromoto prometiéndole la libertad a cambio de un pago. Le dijo que ya había cumplido con una “primera etapa” y lo exhortaba a que hable con Roberto [‘Huevo’] para que le pagara sus honorarios y así pueda salir de la cárcel.

Ante la falta de respuesta, el 30 de marzo de 2015 Mendoza le escribió a Matos: “Yo creo que si no tiene para los honorarios, peor no tiene para el cuadre”.

Toda esta información requería ser corroborada y ampliada por ‘Huevo’, actualmente preso en Brasil, pero el fiscal Terán solicitó el archivo del caso respecto a los jueces, antes de que las autoridades brasileñas respondieran a una solicitud de cooperación internacional –cursada hace varios meses– para interrogarlo.

De acuerdo con fuentes de IDL-R, Terán hace poco canceló la colaboración eficaz de Coromoto, con lo cuál la importante información entregada por él es eliminada del proceso.

Las mismas fuentes indicaron que, recientemente, Terán le exigió al fiscal Ronald Quispe que dictaminara el archivo, es decir el sobreseimiento del caso y la consecuente exculpación de los investigados. Quispe, quien se opuso inicialmente, de acuerdo con las fuentes, cedió cuando Terán amenazó con despedir al asistente de aquel.

Es una práctica común en la fiscalía que cuando un fiscal no comparte el criterio del fiscal que está a cargo del despacho, no pone sus iniciales en las disposiciones fiscales que redacta.

En la resolución de sobreseimiento no aparecen las iniciales del fiscal Quispe. Tampoco están las del fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, quien participa en las audiencias judiciales del caso.

La resolución fiscal del pedido de sobreseimiento de Enma Benavides, del 2 de febrero pasado, solo lleva la firma del fiscal supremo Uriel Terán.

Nótese la diferencia con una anterior disposición, del 5 de enero pasado, donde Percy Coromoto Matos es incluido en la investigación preparatoria. Ahí están las iniciales de Terán, Chinchay y Quispe.

Conflicto de interés

El juez supremo Juan Carlos Checkley será quien resuelva el pedido de sobreseimiento de la investigación contra la jueza Enma Benavides.

Checkley se hizo cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema en enero de 2022, en reemplazo del juez Hugo Núñez. Y le correspondió juzgar varios casos de la fiscal Revilla, entre ellos, el de Enma Benavides.

Juez supremo Juan Carlos Checkley. (Foto: La República)

En paralelo al caso de Benavides, la fiscal Revilla llevaba otro caso, el conocido como ‘Los ilegales de Piura’, sobre una red de altos magistrados de acusados de recibir sobornos, a través del abogado intermediario Luis León More, para otorgar beneficios que van desde la variación de prisión por comparecencia hasta la anulaciones de condenas, a investigados y condenados por diversos delitos. Una red criminal a gran escala, con métodos parecidos, si se compara a los hechos investigados respecto al Colegiado E de la Sala Penal Nacional, cuando estuvo integrada por Enma Benavides.

En el contexto de esa investigación, un colaborador eficaz entregó información  que vinculaba al juez supremo Checkley, en el periodo en fue presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, con el presunto cobro de una coima para absolver en segunda instancia a un cliente del abogado Luis León.

El 25 de abril pasado, la fiscalía abrió una carpeta reservada para investigar a fondo el caso. Pero al asumir Terán la conducción del despacho fiscal, ordenó levantar la reserva del caso y Checkley fue notificado. Hasta setiembre del año pasado, por lo menos, la investigación estaba en curso.

Que un juez que es investigado por un fiscal, vea las causas de ese mismo despacho fiscal, constituye un conflicto de interés porque representa una clara y evidente amenaza a la independencia en la toma de decisiones judiciales sobre los casos que provienen de ese despacho fiscal.

Al cierre de esta edición, IDL-R intentó contactar sin éxito al juez Juan Carlos Checkley. En cuanto al fiscal supremo Uriel Terán, este cortó la comunicación apenas supo qué IDL-R lo llamaba.

Fuente; IDL- Reporteros