La reubicación de familias y viviendas no es una competencia de las municipalidades, señaló, en La Mula TV, la urbanista e investigadora de Urbes Lab, Diana Torres Obregón.

En un contexto en el que se proponen salidas al problema de las familias afectadas por los fenómenos naturales, especialmente en zonas urbanas, la investigadora de Urbes Lab explicó que la planificación, por sí sola, no va a resolver el problema central que es el acceso a la vivienda que atienda a los sectores menos favorecidos económicamente.

“¿De qué nos sirve hacer grandes planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo metropolitano, etcétera, si al final no estamos resolviendo con esos planes el mayor problema que es el acceso a la vivienda? Las personas van a seguir optando por posesionarse en suelos que les parece, dentro de sus racionalidades, pueden cumplir con satisfacer su necesidad de vivienda, pero también de estar cercanos a centros de trabajo, por ejemplo, o a otro tipo de actividades que ofrece la centralidad de la ciudad. Pensar que solamente es la planificación es un error porque la planificación sirve para proyectar a futuro probablemente lo que todavía no está habitado, pero la pregunta es cómo la planificación urbana en el Perú podría tratar de mejorar lo que ya tenemos, que es bastante”, señaló.

En el programa ‘Al Filo’, Torres Obregón precisó que no hay una respuesta o solución única y tampoco inmediata.

“Lo menos que hay son respuestas inmediatas porque este es un problema de larga data. Desde que Lima inició su expansión urbana desde 1940, no hemos tenido una política de vivienda que absorba esa demanda de personas para acceder a una vivienda digna. No estoy hablando de suelo porque el gobierno peruano ha sido campeón en entregar suelo y con Cofopri eso se ha materializado a escalas nacionales. No es lo mismo entregar suelo que entregar vivienda. Ahí hay una diferencia bastante importante que las políticas públicas no están tomando en cuenta, que el Ministerio de Vivienda no está tomando atención”, dijo.

La urbanista precisó que para la reubicación tendríamos que tener espacios en la ciudad donde se pueda trasladar a todas esas personas, pero la realidad indica que los suelos disponibles están muy lejanos.

“Hay bancos de tierra en el norte en Ancón, hay otros al sur de Lima donde básicamente no hay equipamientos, no hay trabajo, no hay acceso a servicios como educación por ejemplo. Claramente a las personas las van a reubicar, pero no se van a quedar a vivir ahí”, señaló.

En el caso de Lima, por ejemplo, esto dependerá mucho de la decisión política. Al respecto, Torres Obregón mencionó el caso de los terrenos en el Centro Histórico de Lima, “que se están cayendo pero nadie quiere hacer nada con esos terrenos porque además están muy valorizados” y no se destinan para viviendas sociales.

“Han habido algunos ejemplos como el Parque La Muralla, que ha sido más o menos un caso relativamente exitoso, pero no se ha vuelto a hacer ese tipo de intervenciones”, refirió.

En ese sentido, precisó que “la reubicación no la puede hacer una municipalidad provincial, a pesar de que Lima tiene competencias especiales por ser la metropoli capital”.

“Tendría que haber coordinación con el Ministerio de Vivienda porque esto tiene que ver con gestión de desastres, pero la verdad es que el alcalde va a decir que el Ministerio tiene que encargarse de la reubicació y el Ministerio va a decir pero a dónde lo voy a llevar, no tengo plata, no tengo suelo. Se están peloteando la responsabilidad“, dijo.

Al respecto, la investigadora de Urbes Lab recordó que en el 2006 se modificó la Ley de Formalización de Asentamientos Informales, cuando se empezó a entregar constancias de posesión.

“Desde mi punto de vista, eso ha sido lo que ha catalizado que se sigan invadiendo zonas no habitables, y esta famosa constancia lo que le permite a las personas que están posesionadas en un suelo es poder acceder a servicios básicos”, sostuvo.
“Supuestamente para eso se creó la constancia de posesión, pero esto se utiliza con fines clientelares, por lo tanto se empiezan a entregar en zonas no habitadas y en el caso de Lima ya no tenemos suelo disponible donde una persona pueda vivir dignamente; entonces, están habitando laderas, quebradas, cauces de ríos, etcétera”, explicó.

Torres Obregón resaltó que estas decisiones políticas de entregar constancias no se lleva a cabo solo en zonas de pobreza, sino también se ha hecho en Punta Hermosa, por ejemplo.

“Todo el mundo está tratando de conseguir suelo, ya sea por especulación o por necesidad, utilizando estos mecanismos. Ahora lamento mucho lo que ha pasado en Punta Hermosa porque se ha llevado inversión pública, todo este centro recreacional construido con plata del Estado por la municipalidad estaba en pleno cauce por donde iba a pasar el huaico. Aquí están fallando varias instancias de gobierno, está fallando también los sistemas de planificación porque si en teoría tenemos un plan de desarrollo urbano, de gestiòn de riesgos, ¿por qué estamos viendo que la inversión pública que tiene un perfil permite este tipo de construcciones?”, cuestionó.

Para la urbanista, el proceso debería ser liderado por el Ministerio de Vivienda; sin embargo, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, hay un enredo legal con “demasiadas competencias traslapadas”. Señaló que muchas veces las leyes del Congreso contradicen a los programas que quieren colocar el Ministerio de Vivienda o el Ministerio del Ambiente. Por ello, consideró necesario un trabajo multisectorial, que podría empezar por el Ministerio de Vivienda, pero los municipios locales, especialmente los que están fuera de Lima, también tienen comptencias por la descentralización.

“Lo primero que yo haría sería empezar primero tiene que haber una modificación real de las leyes, sobre todo de la ley de formalización, pero básicamente la aprueba el Congreso, pero es una ley que inició con Fujimori en el 96 y que en teoría debería haber durado 4 años, hasta el 2000, era una ley extraordinaria, pero al final este Estado temporal se ha vuelto un estado permanente y cada periodo de gobierno se ha ampliado la amnistía, se ha amnistiado la permisividad a que se sigan ocupando terrenos públicos y que en algún momento va a llegar la titulación”, señaló.
“Esa ley es el origen de nuestros males porque genera tráfico de terrenos, que las personas sigan invadiendo espacios que no deben ser habitados porque saben que en algún momento va a llegar un político y va a decir que va a entregar títulos de propiedad. Y si no se puede entregar títulos, entregará constancias de posesión; entonces, la misma ley, que es el paraguas de todo lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales, permite este tipo de expansión urbana. ¿De qué nos sirve invertir millones en desarrollo urbano cuando la misma ley que protege este tipo de expansión no se ha modificado? Es más, es muy permisiva y a eso sumemos la corrupción, la colusión y al final el tráfico de terrenos es el 40% del crimen organizado en el país”, sostuvo.

Torres Obregón recordó que la planificación urbana es una decisión política y que se pueden invertir 2 millones de soles en un plan de desarrollo metropolitano, “pero al final va a servir solo para la foto para que el alcalde tome la foto con el plan de desarrollo urbano y luego lo va a dejar en la gaveta porque finalmente va a terminar con decisiones discrecionales para poder decidir dónde y cómo invertir y qué programas o proyectos va a hacer”.

“Ningún plan de desarrollo urbano en el Perú está relacionado con el MEF, que el presupuesto del municipio tenga que estar relacionado con la ejecución de los proyectos que indica su plan de desarrollo urbano. Eso no existe. Desde mi punto de vista, la planificación urbana que ahorita se hace en el Perú es un saludo a la bandera. Cada vez que escucho a alguien decir que la planificación urbana va a solucionar los problemas de las ciudades en el Perú, lamentablemente tengo que decir que eso no va a ser posible, sobre todo por el tipo de planificación que hacemos porque no hay una relación directa con la ejecución pública, con el presupuesto y porque lamentablemente no hay decisión política para ejecutar este tipo de planes”, dijo.

Para la urbanista, es imposible que los asentamientos humanos sean erradicados.

“No vamos a erradicar los asentamientos, necesitamos programas de asistencia técnica, de autoconstrucción, de atención a este tipo de barrios, verificar si es posible un programa masivo de viviendas, pero de calidad para que no se repitan experiencias como en Chile, donde la calidad fue malísima. Las personas pobres terminan viviendo como en cajas de fósforo y tampoco esa es la idea. (Debemos) encontrar un punto medio donde se pueda desarrollar este tipo de políticas”, dijo.

Por otro lado, respecto la creencia de que el sector privado resolverá los problemas de vivienda, Torres Obregón consideró que esta no es una alternativa. Como ejemplo, mencionó el caso del Fondo Mi Vivienda (FMV), con el que se entregan bonos “más que a la demanda, a la oferta, porque se le entrega a la empresa que va a construir el edificio, a pesar de que el bono está pensado para las familias”.

“Al final, se termina entregando a la oferta. Es un incentivo a la oferta para que puedan construir. En teoría, el FMV financia viviendas sociales, pero cuando vemos cuál es el perfil de personas que pueden acceder a la vivienda social, claramente no es una persona como la mayoría de peruanos o peruanas, necesitas tener un trabajo fijo, tener ahorros, tener como capacidad también de pago y eso no es posible para familias en el Perú. Si el 70% de la población trabaja de manera informal o independiente como utiliza el INEI como eufemismo para informal, no puede cumplir con esas condiciones, al final supuestamente el FMV que debía atender vivienda social en verdad no es social, es para clase media alta”, señaló.

Otro ejemplo, mencionó, es el caso de Techo Propio, el cual “tampoco es un bono directo a las familias, sino que hay empresas prestadoras de servicios las que brindan el servicio de mejora o construcción en sitio propio para las familias”.

“Yo trabajo mucho en asentamientos humanos, donde he visto que ha habido Techo Propio y todas las familias se han quejado de que el monto entregado en verdad se va mucho para el pago a la empresa prestadora de servicios y queda muy poco para el material de construcción y el pago de la mano de obra”, señaló.
“Entonces, si aquí la empresa privada es la intermediaria, en ninguno de los dos casos, ya sea la vivienda para la clase media o la vivienda para sectores económicos D y E, no está funcionando. Claramente eso no funciona porque las empresas necesitan ganar; entonces, cuando la vivienda se vuelve una mercancia, que es lo que ocurre en Perú, lo que más va a necesitar una vivienda es ver cómo va a generar ganancias con ese producto llamado vivienda. Pero si el Estado se encargara de provisionar cierto tipo de viviendas, podríamos transformar un poco esto, buscar un poco publico privado, no estoy muy segura de ese trabajo conjunto, pero sí creo que por sí solo el sector privado no va a solucionar el problema que es grave en el Perú, que es el acceso a la vivienda para los sectores socioeconómicos D y E, básicamente”, sostuvo.

Mira la entrevista completa a la urbanista e investigadora de Urbes Lab, Diana Torres Obregón, en La Mula TV:

[Foto de portada: Andina]

Fuente: La Mula