Javier Milei, presidente de Argentina, remitió esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que persigue una reforma radical del sistema político y electoral, del modelo de seguridad y de las reglas de juego económico. La norma, llamada pomposamente “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, desarrolla 664 artículos que suponen una apuesta a todo o nada de incierta viabilidad. Una deriva autoritaria, al menos en las intenciones, que prefigura un choque frontal con el poder Legislativo, al que pretende usurpar parte de sus funciones. Milei no cuenta con mayoría en el Congreso, por eso ya ha anunciado la convocatoria de un plebiscito para refrendar esta ley si no obtiene el visto bueno.
El propósito del mandatario es, en última instancia, declarar Argentina en “emergencia pública” durante al menos dos años para permitir al Gobierno acaparar facultades que corresponden al Parlamento. Una pretensión que choca con la Constitución, que prohíbe esa transferencia.
La ley elimina las primarias obligatorias de los partidos y pretende cambiar la arquitectura de la cámara Baja, de tal manera que resulte más fácil sumar escaños a las fuerzas no mayoritarias, medida que beneficia a la formación de Milei, La Libertad Avanza. El proyecto contempla también la persecución de la protesta social con un protocolo antimovilizaciones. El endurecimiento de las sanciones, que van de uno a seis años de cárcel, es flagrante. Cualquier marcha, incluso las espontáneas como las caceroladas, deberá, además, ser notificada con antelación al Ministerio de Seguridad. Este apartado de la norma resulta especialmente preocupante cuando se ha activado una oleada de movilizaciones y el principal sindicato de Argentina, la CGT, ya ha convocado a una huelga para finales de enero ante el recorte de derechos que se anuncia.
El proyecto de ley ómnibus consagra también el plan de privatizaciones del que Milei hizo bandera electoral. La iniciativa establece que 41 empresas públicas, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Correos o la Casa de la Moneda, están “sujetas a privatización”. Esta medida, la más radical de las presentadas, incluye también una disposición para ratificar el llamado Decreto de Necesidad y Urgencia, que en la práctica inaugura el desguace del Estado argentino.
Esta deriva tiene por ahora la categoría de declaración de intenciones, pero ha hecho saltar las alarmas en los movimientos sociales. Sorprende el silencio de buena parte de la comunidad internacional, siempre atenta a los procesos iliberales latinoamericanos. Milei ha decidido hacerse con todo el poder posible para gobernar y afrontar la grave crisis económica a golpe de decretazos maximalistas. Corre así el riesgo no solo de estrellar su proyecto antes de empezar, sino también de sumir el país en el caos y provocar una herida profunda en la sociedad argentina.
