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Opinión

Eduardo Cáceres: “Disparar a multitudes movilizadas en marchas, eso no sucedió ni en el fujimorismo”

Por Ana Trelles

El filósofo e investigador de Aprodeh, Eduardo Cáceres, reflexiona sobre el “terruqueo” y sostiene que detrás de la Presidenta Dina Boluarte hay una coalición conservadora de grandes intereses que está en una lógica de guerra porque siente que puede perderlo todo. Propone responder a la campaña de terruqueo con denuncias judiciales a los responsables de las mismas, dada la gravedad de acusación en el marco de la legislación anti terrorista vigente.

¿Qué es el terruqueo y por qué subsiste?

Es una práctica sistemática del Estado y de otros actores políticos, algunos medios y generadores de opinión política, que apuntan a señalar que todas las formas de protesta son expresiones de un accionar terrorista. La palabra “terruco” se utiliza para estigmatizar cualquier protesta o disidencia. Y subsiste porque es una herramienta política muy eficaz en un país que ha vivido momentos terribles, que ha quedado con heridas causadas por los grupos terroristas y por el Estado, y que no ha hecho un proceso de reconciliación consigo mismo. En un contexto como el de hoy, donde hay daño a las poblaciones más pobres por un lado, responsabilidades que no terminan de ser asumidas por otro, y al que se suma la crisis política, la inestabilidad y precariedad, el fantasma del terrorismo sigue siendo útil para legitimar el orden establecido. La utilidad política del “terruqueo” es muy fuerte en el Perú.

El Jefe de la Dircote ha dicho que Sendero Luminoso fue vencido en las armas, pero no en lo ideológico, que aún existe en este ámbito y que está infiltrándose en diversas organizaciones populares ¿es correcto?

Es totalmente falso. Es falso que haya un proceso de infiltración generalizada en la sociedad peruana. Después de la rendición de Abimael Guzmán, los remanentes de Sendero conformaron el MOVADEF cuyo discurso consiste en señalar que en Perú hubo una guerra, que enfrentó a dos bandos, que ambos bandos causaron daño a la sociedad y que ahora debe haber amnistía para todos: subversivos, militares y policías, los responsables políticos de uno y otro bando. En las movilizaciones que se desarrollan a lo largo y ancho del país no hay una sola organización que levante esa demanda central del MOVADEF. Por el contrario uno de los reclamos centrales es que no haya impunidad para nadie.

¿La izquierda ha deslindado de Movadef?

Esa posición ha sido claramente deslindada, combatida política e ideológicamente por fuerzas de izquierda, por fuerzas democráticas y por movimientos de derechos humanos. La propuesta de una amnistía generalizada es antagónica con las demandas de verdad, justicia y reparación que demandan las víctimas del conflicto armado interno y quienes nos identificamos con ellas.

¿Si no hay una infiltración a qué corresponde la violencia que hay en las marchas de parte de los manifestantes?

Las acciones violentas -condenables por cierto- que se han producido en las marchas: saqueos, intentos de tomas de locales públicos y aeropuertos, son, en la mayoría de los casos, expresión de una rabia acumulada frente a diversas instituciones del Estado que son percibidas como abusivas y corruptas por la población. Son expresión de una cultura de violencia que lamentablemente sobrevive en nuestro país, alimentada por la precariedad y la informalidad. Son la expresión de diversos grupos que viven profundamente enfrentados con el Estado, por la marginación, por diversos conflictos y por la expansión de actividades ilegales en nuestro país. Todo eso genera que en algunos sectores sociales, y sobre todo entre jóvenes, se desarrolle un nivel muy alto de actitud confrontacional que se exacerba por el tipo de respuesta que da el Estado. Si fuese cierto el nivel de presencia del senderismo en las movilizaciones que señala el general de la Dircote, lo que en realidad estaría reconociendo es el rotundo fracaso del Estado peruano en la lucha contra el terrorismo.

Veamos entonces, algunos aspectos que pueden ayudar a entender mejor. ¿Sendero Luminoso quería una Asamblea Constituyente?

Por supuesto que no. Su proyecto era establecer un Estado autoritario, centralizado, militarizado controlado por ellos, que excluiría cualquier forma de participación democrática de la población, comunidades campesinas o sindicatos. Su proyecto está en las antípodas de una asamblea constituyente democrática, plural e intercultural, que es el planteamiento de las organizaciones sociales y los movimientos políticos hoy en día.

¿Sendero daría la cara en marchas?

Sendero no daba la cara nunca. En los años iniciales tenían una acción militar (con el llamado “ejército popular”) y una acción política a través de voceros y organizaciones que ellos denominaban “autogeneradas”, es decir paralelas a las auténticas organizaciones sociales. Eso fracasó y decidieron militarizar toda su organización. A partir de ese momento abandonaron toda forma de acción política diferenciada del accionar militar. Desde la clandestinidad amenazaban y asesinaban. Lo que hizo Sendero no tiene nada que ver con lo que viene pasando en el país en estos dos meses.

¿Quiénes eran las víctimas de Sendero y quiénes las de estas marchas que algunos tildan de senderistas?

Sendero asesinó primero a los representantes de lo que llamaban el “poder local”: alcaldes, regidores, pequeños y medianos propietarios, etc. Los consideraban representantes del Estado reaccionario que había que destruir. Por ello hay una larga lista de autoridades locales asesinadas en las décadas de 1980 y 1990. También asesinaron efectivos de la PNP y del Ejército cuando asaltaban comisarías o hacían emboscadas. Cuando las amenazas no funcionaban, comenzaron a asesinar a los representantes de lo que llamaban “el obstáculo principal” para su avance: los partidos de izquierda. Según su lógica dogmática y sectaria, eran estas fuerzas las que impedían que las masas se incorporaran a su revolución. El principal obstáculo para ellos han sido los dirigentes sindicales, campesinos, rurales, urbanos, hombres y mujeres que desarrollaban diversas formas de organización, movilización, confrontación y negociación con el Estado. Las marchas no han producido ningún asesinato selectivo, ninguna acción de violencia dirigida hacia una persona en particular. Han habido afectaciones de bienes personales y muerte de un policía, que son condenables totalmente, porque además deslegitiman los movimientos, pero está claro que no es la lógica de Sendero.

Si el general de la Dircote dice en Panamericana Tv con Mavila Huertas que sabe que en las marchas no todos son terroristas, entonces no se explica que el accionar de la Policía sea disparar al cuerpo, o que despejen carreteras cantando “terrorista miserable, no te escondas cuando vengo” , como se ve en un reportaje de Latina sobre el bloqueo de la carretera en La Oroya.

La Policía Nacional, dejando de lado análisis más inteligentes y estratégicos, está capturada por un esquema muy simple y primitivo de lucha contrainsurgente, formulado por el general Cisneros Vizquerra a inicio de los años 1980. En este esquema, si en un grupo de personas se supone o sospecha que hay algunos terroristas el legítimo aniquilar, o al menos aterrorizar, al grupo en su conjunto.

Pero han pasado más de 20 años de la Comisión de la Verdad, 30 desde la captura de Abimael ¿No se ha podido modernizar y cambiar la estrategia, la metodología de la Policía Nacional?

Hay una resistencia del aparato policial y de otros aparatos del Estado para abrir reformas internas que recojan las recomendaciones de la CVR y adaptar nuevas concepciones de seguridad interna, seguridad ciudadana y también de lucha contrasubversiva, en caso esta volviera a plantearse en el país. Creo que el problema es básicamente el vínculo entre los actuales mandos policiales y militares con los responsables directos de violaciones de derechos humanos en las décadas del conflicto armado interno. Muchos de estos están encarando en este momento procesos judiciales, hay vasos comunicantes entre estos oficiales retirados y los activos que reproducen esta concepción y que lleva a que se reproduzcan discursos y acciones violatorias de derechos fudamentales.

¿Pero disparar al cuerpo, como si eso no fuera un delito, hay antecedente de esto?

Disparar a multitudes movilizadas en marcha, eso no sucedió ni en el fujimorismo. Hubo crímenes horribles, pero todos encubiertos en la lucha antiterrorista, y hubo enfrentamientos armados entre subversivos y militares, sí, pero disparar a movilizaciones populares en la década de Fujimori, no. Y eso que hubo varias coyunturas de crisis política con marchas muy grandes: la que provocó la Ley de Amnistía el año 1995, el rechazo a la intervención del Tribunal Constitucional, la misma Marcha de los Cuatro Suyos el año 2000. En esta última hubo muertos como resultado del siniestro operativo de incendio del Banco de la Nación. Con ello se buscaba culpar de los muertos a los manifestantes. Hubo gases, perdigones pero no muertos por disparos de bala a quemarropa. Montesinos, siniestro pero sin duda inteligente, era consciente que disparar a una multitud movilizada era el comienzo del fin para ellos, que eso no se debía hacer. Al final cayó Fujimori y triunfaron las marchas y hubo represión, pero tuvo los límites de que impone el carácter de lucha social de la movilización.

Martin Tanaka ha escrito, que el error ha sido no leer la protesta según cada movimiento y cada lugar de donde viene. No desmenuzar el contenido. ¿Por qué se ha cometido este error en el gobierno?

Porque la protesta es en contra de ellos. La protesta es clarísima: busca que se vayan ellos, que se cierre el Congreso, que renuncie la Presidenta. Lo de Boluarte es patético ¿no? sale preguntando a la gente ¿qué quieren? ¿semillas? ¿tierras?… Y la gente le grita en la calle: ¡No! queremos que te vayas. La razón de fondo, compartida por quienes integran la poderosa coalición de poderes fácticos que sostiene al gobierno, es que estamos en un momento de definición estratégica del poder en el país. Que esta es una lucha a muerte entre quienes defienden el orden vigente, económico y político, y quienes quieren subvertirlo. Castillo, para ellos, ha sido la última manifestación de un sistemático proceso de erosión del poder tradicional. Si no revierten ese proceso ahora, terminarán por perder todo.

¿Por qué el “terruqueo” cala en la gente ? o según se vea: ¿en qué gente cala?

Porque apela al miedo y hoy en todo el planeta los discursos políticos que apelan al miedo calan porque hay una generalizada precariedad generada por la inestabilidad climática y económica, por la pandemia, por la fragmentación social. En sociedades atomizadas y replegadas sobre sus formas primarias de convivencia, los discursos del miedo tienen una acogida muy grande. Sin embargo, quisiera relativizar el nivel de impacto de este discurso, la encuesta de enero CPI, una de las preguntas que se hace es: “¿A quién responsabiliza usted más directamente de estas protestas que con violencia se desarrollan en el país? La respuesta señala a Dina Boluarte como responsable, con un 31.6%, luego sigue el Congreso, el gobierno, Castillo, etc. Solo el 1.5% -que en Lima sube a un 2.3%- atribuye la crisis y las movilizaciones a Sendero, el Movadef o los grupos subversivos en general. El impacto del “terruqueo” es limitado, pero tiene un eco mediático muy grande.

¿Qué se puede esperar después del comunicado del Ministerio del Interior que anuncia que se puede denunciar por apología al terrorismo en las redes sociales?

Sin duda, va a arreciar la campaña y se sucederán múltiples denuncias. Sin embargo, no es factible que esto prospere a mediano plazo, sí puede tener impacto en el corto plazo. Creo que se abrirán procesos judiciales acusando de terrorismo a bastantes personas, todo para neutralizar las movilizaciones. Desde los organismos de derechos humanos habrá que responder en el mismo terreno: denunciando a quienes “terruquean”. Tenemos un antecedente importante: hace unas semanas Anahí Durand ha ganado un caso, contra la periodista Milagros Leiva, por difamación agravada. De acuerdo con la legislación vigente, acusar a alguien de terruco es acusarlo de un delito muy grave. Por tanto, de no poder ser probada, la acusación es una grave difamación que puede tener diversas repercusiones en la vida de la persona acusada falsamente. Para facilitar las denuncias de quienes sean calumniadas hemos puesto a disposición una página web https://terruqueo.pe/, con la información legal y herramientas para proceder ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Invitamos a seguir la campaña y a hacer llegar allí sus denuncias para el registro que estamos realizando desde Aprodeh.

Fuente: Noticias SER.PE

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