El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, pero principalmente en las zonas de la Amazonía próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control por parte de las autoridades nacionales, que están registrando cada vez más una mayor presencia de grandes grupos de narcotraficantes en el negocio de la extracción del metal en la mayor selva tropical del mundo.
Para esta investigación, un equipo de la Red Transfronteriza de OjoPúblico habló con fuentes directamente relacionadas con el tema en estos países –agentes de policía, investigadores, fiscales, autoridades de los gobiernos nacionales, investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que trabajan en estas zonas– y todos concluyeron que el crimen organizado está cruzando las fronteras en cooperación –y a veces, incluso, dominando con violencia– con actores locales para aumentar y diversificar su negocio ilegal.
Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonía se concentran en los ríos: el Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, en el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de este oro va –según las cifras oficiales de producción– hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporados en la cadena formal y ser exportados; pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.
“Si en un lugar hay una vigilancia intensa, con operaciones, [los mineros] migran a otras regiones [de la Amazonía]. Y los que blanquean este oro intentan llevarlo hacia donde es más fácil legalizarlo. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que el oro extraído en Brasil se legalice más fácilmente en los países vecinos, naturalmente los delincuentes de las regiones próximas a la frontera lo llevarán allí, y viceversa”, explica a OjoPúblico Humberto Freire, director del departamento de Amazonía y Medio Ambiente de la Policía Federal brasileña, que trabaja desde 2023 vigilando las actividades ilegales y promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades policiales de los países amazónicos.
Y eso se revela en los datos. A raíz del avance de la minería ilegal en la Amazonía, las exportaciones de oro de alta pureza se han incrementado en los países andino amazónicos. Como parte de la serie Las rutas del oro sucio, los socios de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico identificaron que las cifras de producción declaradas por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son menores a los volúmenes de oro que finalmente se exportan. La investigación revela que en la última década se exportaron por lo menos 3.080 toneladas métricas de oro de origen desconocido, lo que indica que se trata de un negocio altamente lucrativo.
Hoy en día, el oro extraído ilícitamente es tres veces más rentable que la cocaína. Así lo menciona un estudio del 2023 del Instituto Igarapé de Brasil, que recopila información de diversas fuentes sobre el tema.
AVANCE. Uno de los puntos más críticos de la minería ilegal es Madre de Dios, donde los operativos policiales ya no son suficientes para frenar la minería.
Foto: OjoPúblico / Aldaír Mejía
No se sabe cuánto de este total se extrae con exactitud de la Amazonía, pero los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional –que ha subido un 56% en los últimos cinco años– aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en cualquier parte de la Amazonía.
En Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú no existe un control detallado de los diferentes actores involucrados en la comercialización del oro que permita certificar su origen de manera transparente. En el caso de Brasil, hasta el 2023, se aceptó en base a la presunción de buena fe una declaración del primer vendedor. Esta persona suele estar asociada a una cooperativa con permiso para vender o extraer el mineral.
Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil decidió en un fallo en el 2023 el cambio en la legislación del tema, y ahora el Banco Central ya no presupone la buena fe en las transacciones comerciales ni el origen legal del oro. La autoridad fiscal nacional exige ahora que toda la documentación sobre la comercialización de las personas y empresas vinculadas se registren en línea, con el fin de mejorar la trazabilidad y evitar el blanqueo de oro. El impacto de las nuevas directrices es aún incierto.
Los brasileños entran en Perú
Este contexto de precios altos, facilidad para legalizar el oro y baja fiscalización tornan la extracción del oro,según estima el investigador Rodrigo Chagas, del Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, un negocio que puede llegar a multiplicar por ocho el capital invertido en un año.
La manera con que se opera el negocio ha cambiado también. Las técnicas para extraer oro ilegal en la Amazonía han dejado de ser en gran parte artesanales y ahora se usan herramientas más sofisticadas. Los mineros, financiados por los dueños de las dragas de extracción, usan la comunicación por Internet, energía solar, nuevas generaciones de motores y equipos mecánicos con más potencia para remover la tierra y el lecho de los ríos, aumentando la productividad de las operaciones.
“Montar la minería ilegal es un negocio que requiere muchos recursos hoy en día. Las dragas [más grandes] pueden costar hasta USD 1,5 millones, así como la logística para abastecer a los mineros de alimentos y pistas de aterrizaje en algunos lugares. Hay bandas de narcotraficantes que cogen el dinero ganado con el tráfico de drogas en la Amazonia y lo reinvierten en la minería ilegal, porque el beneficio aumenta al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo el oro”, explica Rodrigo Chagas.
Tal movimiento también puede llegar a convertirse en transnacional con el tiempo. Las organizaciones criminales del Brasil –como ha revelado OjoPúblico en otros reportajes– se han extendido hacia varios territorios de la Amazonía peruana. Ese es el caso, por ejemplo, del Comando Vermelho, que ha comenzado a operar en dos zonas: en la frontera peruana con Acre y sobre el río Javari, donde ha pasado de ser comprador de la coca a socio en la siembra y refinación de la hoja.
Las autoridades de Brasil que trabajan en los estados de Acre y Amazonas, fronterizos con los departamentos peruanos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, afirman que ya hay grupos vinculados al Comando Vermelho operando también en los nuevos focos de la minería ilegal en la Amazonía peruana.
En la cuenca del río Nanay, hay zonas del río donde ya hay control del ingreso y salida de personas por parte de gente vinculada al narcotráfico en la zona.
“Primero entran como guardias para proteger estas operaciones ilegales y luego toman el control de los mineros que están operando allí. Es una dinámica nueva, de zonas mineras más recientes, diferente a lo que ocurre en Madre de Dios, que es una zona minera más consolidada”, detalla Martín Arana, investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que trabaja en Colombia y Perú.
ILEGALIDAD. En la cuenca del río Nanay, hay zonas del río donde ya hay control del ingreso y salida de gente vinculada al narcotráfico en la zona.
El último informe de monitoreo de cultivos de coca en Perú muestra un incremento de estas plantaciones en Madre de Dios, una de las regiones que presenta el enclave más grande de minería ilegal. “Parte de estos nuevos cultivos están en la zona minera. Es un claro indicador de que allí también se está estableciendo esta relación, o que por lo menos hay una superposición de actividades ilícitas. Todavía no está claro a qué nivel están estos grupos en el negocio minero, pero por lo menos están ejerciendo un control territorial”, dice Arana.
La ruta de tránsito de la droga, ya sea hacia zonas fuera de la Amazonía o hacia el otro lado de las fronteras entre los países amazónicos, también acaba siendo utilizada por la minería ilegal. “Es el mismo corredor logístico y por eso el grupo que domina la ruta suele tener relaciones más estrechas con la minería ilegal”, precisa Arana.
En la frontera entre Perú y el estado de Acre, en Brasil, el Comando Vermelho y grupos vinculados a la facción que nació en Río de Janeiro controlan la mayor parte de la zona, según el Ministerio Público de Acre.
“Vemos cada vez más cooptación y crecimiento de facciones en zonas fronterizas donde se produce coca. La región del río Ucayali ha visto un enorme aumento de la producción de coca, y nos preocupa que haya una alianza entre peruanos y brasileños, al igual que nos preocupa que Comando Vermelho pueda meterse en la minería de Madre de Dios. La penitenciaría de Pucallpa ya tiene encarcelados a muchos miembros de la facción brasileña por tráfico de drogas”, explica Bernardo Albano, fiscal del Ministerio Público de Acre.
Colombianos avanzan sobre las fronteras
El apoderamiento de gran parte de la Amazonía peruana por la minería ilegal no se limita a la zona cercana a la frontera con Brasil. Un informe 2023 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) señala que al menos 32 distritos de cinco regiones amazónicas están afectados por la actividad.
Las cuencas de los ríos Putumayo y Cotuhé, en la frontera de Perú y Colombia, conforman una amplia zona de producción y tráfico de drogas y minería ilegal, en la que diferentes grupos se disputan el control de estas actividades.
En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú —tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016— se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o Frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones de narcotraficantes de Colombia.
OjoPúblico ha identificado que en el lado peruano de la frontera con el río Putumayo operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y tráfico de drogas y a la minería ilegal.
ABANDONO. En la frontera peruana del Putumayo, se evidencia descuido y precariedad de locales como los de la Policía.
Un investigador de una ONG colombiana que hace trabajo de campo en las fronteras de su país con Perú y Brasil —que por seguridad solicitó no ser identificado— sostiene que los disidentes de las FARC están mucho más cerca de la frontera de lo que estuvo anteriormente este grupo armado. “Hay un incremento de los nuevos grupos, y tienen como táctica decir que son del grupo X cuando en realidad son del Y, pues ya no tienen una identidad fuerte de grupo y buscan más que nada pasar desapercibidos por las autoridades”, señala el investigador.
Y justamente por la alta rentabilidad del negocio, la minería ilegal se ha tornado una actividad estratégica para los grupos armados colombianos, complementando las actividades del narcotráfico. Uno de los documentos a los que accedió OjoPúblico menciona que en varias regiones de Colombia la minería ilícita es más lucrativa que el narcotráfico, representando más del 50% del total de sus ingresos.
Minería y crimen organizado en la Amazonia brasileña
En 2021, un grupo disidente de las FARC llamado Comisión Miller Perdono realizaba extorsiones a cambio de proteger a mineros en el lado brasileño del río Purué, en la frontera con Colombia.
La minería en esta región de Brasil se ha disparado desde 2019, aprovechando el desmantelamiento de las inspecciones y las fuerzas de represión de los delitos ambientales en la Amazonia llevado a cabo por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Un grupo de mineros brasileños con grandes inversionistas por detrás partieron de otras partes de la Amazonía con dirección al lado brasileño del río Purué con el fin de extraer oro. Ante la ausencia de fiscalización, el flujo de grandes dragas creció, atrayendo la atención de la disidencia de las FARC, que ya actuaba en el lado colombiano. Los colombianos bajaron el río cobrando extorsión a cambio de seguridad para operar y navegar por la zona, según la Policía Federal.
Los mineros brasileños solicitaron a las fuerzas de seguridad del país que sacaran a los colombianos del Purué. Un operativo del Ejército de Brasil junto con la Policía Federal logró expulsar a los disidentes de las FARC, que ejercieron control del territorio por algunos meses del 2021. El Ejército no ha confirmado públicamente la operación y la Policía Federal emitió un breve comunicado al respecto.
La toma del río Purué por parte de grupos criminales procedentes de Colombia también expuso la falta de control estatal en la zona, que corresponde a la cuenca hidrográfica Caquetá (Colombia)-Japurá (Brasil), una importante ruta del narcotráfico producido en Colombia para las mayores facciones criminales del Brasil como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).
El lecho del río Purué —en Brasil y Colombia— sigue siendo destruido por la minería ilegal, pero ahora bajo el dominio de grupos de mineros de Brasil, mientras que en Colombia siguen bajo la supervisión de grupos armados colombianos.
En 2023, con el cambio de gobierno en el país, Brasil reanudó las operaciones antimineras. En mayo de ese año, 29 dragas fueron destruidas. Luego, en diciembre, como parte de la primera operación binacional contra la minería, fuerzas armadas de ambos países quemaron otras 19 dragas.
La destrucción de la maquinaria, sin embargo, no significa el fin de la extracción ilegal de oro en la frontera. Durante un sobrevuelo de la región en 2022, y con la ayuda de imágenes por satélite, la ONG Amazon Conservation Team estimó que en aquel momento había más de 150 dragas operando en el río Purué, una cantidad mucho mayor a las que se destruyeron el 2023, lo que sugiere que gran parte de los mineros lograron esconder sus dragas antes las fuerzas de seguridad.
“Mientras no haya una presencia permanente de organismos encargados de hacer cumplir la ley en esta región, será el juego del gato y el ratón. Prácticamente en todos los grandes cursos de agua de la Amazonia brasileña hay extracción de oro en alguna de sus partes. Hay organizaciones criminales nacionales y extranjeras implicadas en esta práctica, como el Comando Vermelho, el PCC y grupos colombianos. Los ríos se utilizan para transportar la producción de coca en Colombia y Perú, pero también para transportar maquinaria y otras herramientas de trabajo. La logística de un delito favorece el establecimiento de otro. Un grupo criminal puede pagar a un proveedor de droga en otro país con el oro que ha ganado en una operación minera en la misma región, por ejemplo”, afirma André Luiz Cunha, fiscal de la Amazonía Occidental del Ministerio Público Federal de Brasil, especializado en la lucha contra la minería ilegal.
Una encuesta realizada en 2023 por el Foro Brasileño de Seguridad Pública muestra que en un tercio de los municipios de la Amazonia brasileña hay presencia de facciones criminales. El Comando Vermelho y el PCC están presentes en casi todos estos municipios, en una operación que comenzó en 2016 y continúa expandiéndose, haciendo de la selva la región más violenta de Brasil en la actualidad. Territorios fronterizos de Amazonas y Acre han sido escenario de disputas entre estos grupos criminales organizados.
Facilidad de blanqueo, transporte y lavado de dinero
La profesionalización de la delincuencia organizada termina trasladándose a la profesionalización de la minería ilegal. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) llama la atención sobre la sinergia entre ambas actividades. Facciones internacionales como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), o el GAOR colombiano, tienen amplia experiencia en el blanqueo de dinero y en cómo eludir el escrutinio de las fuerzas de seguridad, además de contar con rutas comerciales y logística para acceder a los insumos que garantizan la operación.
A diferencia de las drogas, el blanqueo del dinero que genera el oro ilegal solo requiere dos pasos. En primer lugar, hay que falsificar u obtener papeles que mencionan un origen legal. Luego, hay que encubrir los beneficios de su venta en alguna operación legalizada, como supermercados, empresas de transporte y gasolineras.
El informe de la OEA traza un mapa de las 16 formas en que se blanquea el oro ilegal en América Latina, un delito calificado por Interpol como uno de los más lucrativos del mundo. La preocupación por el avance de esta actividad en el subcontinente, que cuenta con el mayor porcentaje de extracción ilegal de oro del mundo, llevó a la organización internacional a crear un equipo propio centrado exclusivamente en ayudar a las autoridades nacionales a investigar el blanqueo de capitales vinculado a este delito contra el medio ambiente en Latinoamérica.
SOSPECHOSO. En Perú, se han detectado casos de oro exportado hacia Emiratos Árabes y Suiza que no han acreditado su origen legal.
En Perú, Colombia y Brasil, el oro se transporta fácilmente a capitales como Lima, Bogotá, Manaos y São Paulo, donde llega al mercado legal. Desde estas ciudades, gran parte del oro se exporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes, India y Suiza, revela la investigación de OjoPúblico.
Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé, lleva varios años estudiando el tema y, precisamente, hace énfasis en la facilidad con la que las economías ilegales pueden formar alianzas en la Amazonia.
“El oro es un activo financiero fácil de transportar y con una cadena de producción frágil en términos de trazabilidad, lo que permite que el oro ilegal entre fácilmente en la economía legal, al mismo tiempo en que el dinero de otras actividades entre en esta cadena. Tenemos hoy un mercado mal controlado, con pocas reglas, de un material muy rentable que se extrae en un vasto territorio: las condiciones para una tormenta perfecta”, señala a OjoPúblico.
La porosidad de las fronteras combinada con la internacionalización de los grupos criminales que invierten en la minería ilegal ha dado lugar a algunas respuestas institucionales conjuntas, aunque tímidas. En abril comenzará a funcionar en Manaos, en la Amazonía brasileña, el Centro Internacional de Cooperación Policial, fruto del memorando firmado entre ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en agosto de 2023.
El centro trabajará con las autoridades policiales de los países de la OTCA, que intercambiarán información sobre la dinámica criminal en la Amazonía.
También por primera vez, la Policía Federal brasileña está creando un inventario del oro en la Amazonía. La iniciativa pretende catalogar el “ADN” del oro de diferentes regiones, lo que ayudaría a demostrar el origen de la circulación de oro dentro y fuera de la Amazonía.
“La comunidad internacional, y no solo los países amazónicos, necesita acuerdos para una mayor transparencia y trazabilidad en la cadena mundial del comercio de oro, pues la capacidad de adaptación de los grupos criminales suele ser más rápida que la del Estado. Este proceso más global debe ser tan claro o riguroso como lo es para los diamantes. De lo contrario, estos territorios seguirán siendo vulnerables a una demanda internacional que no es transparente y no parece importarle mucho a las dinámicas que causa en los territorios de extracción”, afirma Martín Arana.
