“No te dejan pasar, ellos son los dueños de los ríos, tienen armas”, dice un juez de paz en la cuenca del Alto Nanay, en Loreto, Perú. La violencia de los grupos criminales está permitiendo el avance descontrolado de la minería ilegal en los nuevos enclaves mineros de la Amazonía. Mientras que el oro de socavón es difícil de refinar y deja alrededor de 0,3 gramos de oro por cada tonelada de tierra, el oro aluvial —que se encuentra en las orillas de los ríos— rinde alrededor de 10 gramos de oro por tonelada. Esto lo saben bien los cientos de mineros que han tomado los ríos en zonas prohíbidas y áreas naturales protegidas. La pureza del oro amazónico ha sido su condena.

Desde que el mineral alcanzó su pico de precios históricos (casi duplicó su precio, de USD 1.225 el 2014 a USD 2.356 la onza en 2024), la demanda aumentó al mismo tiempo que la presión sobre el territorio amazónico y otros ecosistemas frágiles.

La serie investigativa Las rutas del oro sucio –liderada por la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y sus socios El Espectador (Colombia); Sumaúma (Brasil), Vistazo (Ecuador) y El Deber (Bolivia)– revela que entre el 2014 y el 2023 los países amazónicos andinos exportaron, más de 3.000 toneladas de oro de alta pureza de origen desconocido.

Según el análisis de la base de datos de exportaciones elaborada para esta serie, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia exportaron por lo menos 3.080 toneladas de oro de origen desconocido en la última década. Estas cantidades son el resultado de las discrepancias entre lo que los países declaran producir formalmente (y por lo tanto, conocer el origen del mineral) y lo que finalmente sale exportado. La cifra más amplia la tiene Perú, que concentra el 92% de esa cantidad (2.849 toneladas).

La metodología de esta investigación, sin embargo, no aplica a Brasil. En este caso, como la producción de oro es calculada por las regalías y la exportación es autorizada por la Receta Federal, casi no hay diferencia entre lo que se produce y se exporta. Pero esto no quiere decir que no haya ilegalidad.

El oro que ingresa a las cifras oficiales de exportación, como ocurre en los demás países, puede también haber sido lavado antes de ser exportado. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais calculó que, solamente entre los años de 2019 y 2022, se produjeron 109 toneladas con indicios de ilegalidad.

El análisis estima que la irregularidad del oro puede llegar a un 30% de toda la producción brasileña a cada año. Con estas cifras, Brasil sería uno de los países con más altos niveles de ilegalidad en Latinoamérica. Los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) sostienen que en la última década solo hubo un único año en donde la exportación superó a la producción en 2015.

Los expertos sostienen que ese año hubo un problema en la contabilidad de la producción, ya que la ANM no consideró el oro que es producido en las minas de cobre. Con estos estimados, la cantidad de oro de origen no formal que se exportó en los últimos años desde Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia superaría los 3.189 toneladas.

Los estimados de diferentes reportes oficiales y académicos confirman esta situación, aunque con porcentajes más conservadores. En Colombia las cifras oficiales estiman que el oro ilegal alcanza el 80%, en Bolivia, Perú y Brasil 30%. Gran parte de este oro es de alta pureza y proviene de los nuevos enclaves que la minería ilegal está abriendo en la Amazonía. Solo en la parte amazónica de Brasil se estima que la producción de oro de origen ilegal alcanza el 90%.

La investigación identifica un grupo de proveedores de compañías de la India y Emiratos Árabes Unidos vinculados e investigados por minería ilegal y lavado activos en Perú y Colombia. La débil trazabilidad, las contrarreformas en el control del origen del oro en países como Perú, y el avance de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o grupos armados multinacionales están facilitando el blanqueo.

Para esta investigación, la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico construyó y analizó una base de datos global de 118.012 envíos de oro en bruto, semilabrado o en polvo en 10 años de exportaciones (2014-2023). Cinco equipos periodísticos de todos los medios socios viajaron a siete nuevos focos de la minería ilegal y el lavado de activos en territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y accedieron a una serie de reportes policiales y expedientes judiciales para entender el mecanismo que sostiene la destrucción de los ecosistemas por la minería ilegal.

Durante los últimos años, la India y Emiratos Árabes Unidos han incrementado sus importaciones de oro desde Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. Como parte de esta investigación transfronteriza, se identificó que por lo menos 15 compañías con serios antecedentes por sus vínculos con la minería ilegal y el lavado de activos han sido proveedoras de empresas en ambos países. Tres de ellas están en la mira de las autoridades de Ecuador, pero por la reserva de la investigación no se revelará sus nombres. En los otros casos, los procesos son de dominio público.

En Perú, OjoPúblico identificó que las empresas del Grupo Kundan,  Kundan Care Products Ltd. y Kundan Refinery Private Ltd, con sede en la India, han tenido como proveedoras –entre el 2014 y el 2023– a seis empresas cuyos representantes o gerentes son investigados o han sido condenados por lavado de activos.

En 10 años, las compañías del Grupo Kundan han comprado oro en Perú a Al Copacabana, Trading Express, E&M Company, Wilbert Retamozo Hurtado, Romea Contratistas Generales y Korityka Pablo Bamba. A todas ellas, en diferentes momentos y cantidades, las autoridades peruanas les han incautado en total 147 kilos de oro porque no acreditaron su procedencia legal.

Uno de los proveedores de Kundan Care Products Ltd. en Perú fue AL Copacabana EIRL. A esta compañía, el 28 de agosto de 2018, cinco días después de que realizara su último envío por una carga de 35 kilos de oro a una de las empresas del Grupo Kundan, le incautaron 34,4 kilos de oro de origen ilegal. La empresa tiene como titular gerente a Antenor Luque Chuquija, investigado por lavado de activos y minería ilegal.

En este caso, como en las otras cinco compañías a las que se les incautó oro de procedencia ilegal, la fiscalía halló que las concesiones de donde decían que provenía el mineral no presentaban indicios de que ahí se hubiera realizado alguna explotación.

En su política de debida diligencia del 2022 la compañía de la India menciona que como parte de sus compromisos para garantizar que está comprando oro de origen legal debe buscar en informes especializados y los reportes financieros del proveedor, realizar búsquedas exhaustivas en Google, consultas a personas de la zona y entrevistas por teléfono.

También precisan que sus compras deben adherirse a las guías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que cuentan con un certificado de Responsible Jewellery Council (RJC)– un proveedor de servicios de auditoría y certificación– desde octubre de 2022 hasta octubre de 2025.

Sin embargo, como esta investigación expone, Kundan ha comprado oro a proveedores peruanos, como E&M Company, sin alertar que una serie de reportajes periodísticos previos mencionan los antecedentes de esta empresa con la minería informal.

Además de India, el mineral de origen sospechoso también tiene como destino los Emiratos Árabes Unidos. En noviembre del 2015, las autoridades peruanas le incautaron 8 kilos de oro que tenía como destino la compañía Al Qutub Jewellery Trading FZE, con sede en Dubai, la capital financiera y ciudad que albergó el 2023 a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

El 27 de enero de 2022, la justicia peruana condenó al responsable de ese oro, Wilber Retamozo Hurtado, a ocho años de cárcel por el delito de lavado de activos.

Otras tres empresas peruanas que enfrentan procesos y a las que las autoridades les han incautado oro de origen ilegal son: Inversiones Inka Dorada, que el 2020 exportó más de 11 kilos de oro hacia India, principalmente a las empresas Araya Bullion Trading (6kg) y AJ Gold & Silver Refinery (5 kg); Empresa Minera S.S.Y.O., que exportó entre 2020 y 2021 más de 130 kilos de oro hacia Emiratos Árabes Unidos, principalmente a la empresas PG Gold (78 kg).

También está Compañía Mining World, que exportó desde Perú entre el año 2019 y 2020 un total de 394 kilos de oro hacia India y Emiratos Árabes Unidos, principalmente a las empresas Augmont Enterprises PVT (151 kg), Sam Precious Metals PVT (52 kg) e Imperial Global General Trading LLC (40 kg).

También en Ecuador, luego del 2015, las exportaciones de oro hacia los Estados Unidos cayeron. El año pasado, Emiratos Árabes fue el principal destino del oro ecuatoriano. Esta investigación revela las enormes inconsistencias en la información sobre la producción y exportación de oro en este país.

Sobre estas diferencias, en una entrevista realizada para la serie Las rutas del oro sucio, el entonces director de la Agencia de Regulación en temas mineros del gobierno anterior, Luis Bonilla, dijo a Vistazo –socio en esta investigación– que su entidad tenía en la mira a tres compañías exportadoras que en 2023 incrementaron inusualmente sus envíos y que tenían como destino Emiratos Árabes y la India.

En Colombia, donde el 80% del oro tiene un origen ilegal, dentro de las 15 mayores exportadoras de oro colombiano se encuentran tres compañías con procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos: CIJ Gutiérrez, CI Metales Preciosos de Colombia y CI Metales Hermanos.

CI Metales Hermanos exportó entre el año 2014 y 2015 cerca de siete toneladas de oro hacia Estados Unidos, únicamente a la empresa Republic Metals Corp. (en 2019 se acogió a la ley de bancarrota en Estados Unidos).

En el caso de CIJ Gutiérrez, entre el año 2014 y 2019, Estados Unidos y Suiza fueron sus principales compradores, pero tras las investigaciones judiciales que abrieron a la compañía y a sus representantes, la exportación hacia estos países se redujo.

El análisis de datos realizado para esta investigación muestra que desde el 2021 la India y Emiratos Árabes son los principales destinos del oro producido por esta empresa colombiana. Entre 2022 y 2023, CIJ Gutierrez exportó 5,2 toneladas de oro; el  98% tuvo como destino estos países. Entre sus clientes más importantes se encuentran: Pro Star International FZE y Khandwala Finstock PVT Ltd Rugta.

Los estándares de debida diligencia de la OCDE y la London Bullion Market Association, el gremio más importante del oro en el mundo, establecen que las refinerías o compañías en una posición alta en las cadenas de suministro deben hacer todo lo posible para identificar el origen del oro que compran, incluyendo a través de colaboraciones con organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales, otros compradores o líderes comunitarios locales.

Ambas guías dictan que las compañías son responsables también por el impacto humano, ambiental, político o financiero de las personas o compañías a quienes le compran, un estándar de debida diligencia que en Estados Unidos se conoce como Know Your Customer, o conoce a tu cliente.

Es decir, según los estándares internacionales, la responsabilidad de vetar extensamente cualquier bandera roja antes de finalizar la compra recae sobre todos en la cadena de suministros, incluyendo las mismas refinerías.

En el caso de la compra de oro artesanal, la OCDE recomienda conocer y verificar las rutas de transporte del vendedor, así como los impuestos que los vendedores le pagan al gobierno, conocer el método de procesamiento del oro y saber dónde se ha comercializado. Incluso, con esas condiciones, garantizar la trazabilidad del mineral es complejo, por esta entidad recomienda que se hagan visitas personales a las minas o a sus vendedores de oro para conocer el contexto de la venta.

El problema de trazabilidad y la informalidad de la minería a pequeña escala persiste, a pesar de iniciativas en los últimos años para comprar oro directamente de los mineros artesanales. Natalia Uribe, quien conoce sobre temas de estándares, debida diligencia y la minería artesanal en la Amazonía, trabajó con una de esas iniciativas a través de la Alianza por la Minería Responsable.

Según comentó a OjoPúblico, mientras existan países como Emiratos Árabes, India y China dispuestos a comprar oro con estándares más laxos, los esfuerzos locales para formalizar a los mineros artesanales no van a ser exitosos.

“Los mineros dicen, ‘¿para qué me formalizo? Si siempre hay comprador de oro’,” dice Uribe. “Muchos mineros a veces dicen, ‘Bueno, el gobierno me persigue, me ataca cuando trato de hacer las cosas bien,…llegan compradores que pues no me piden ningún papel”.

Para Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y flujos financieros ilícitos de la organización FACT Coalition en Estados Unidos, la solución de la debida diligencia no debería ser excluir a los mineros artesanales por completo de la cadena de suministros.

“Por un lado, yo comprendo porque las marcas grandes tal vez no quieren asociarse con ese tipo de problema, ese tipo de impacto ambiental”, dice. “De otro lado, esto no resuelve nada porque significa que países como Perú van a seguir produciendo oro, en gran parte, ilegal. Y solo que van a exportarlo a países que ni siquiera están intentando seguir la cadena de suministro”, enfatiza.

Hay indicios de que las grandes refinerías están dispuestas a trabajar con mineros artesanales. La LBMA ha comenzado en los últimos años una iniciativa para trabajar directamente con mineros artesanales y de pequeña escala en siete países. Dos de los siete países en su programa de minería artesanal están en la Amazonía: Perú y Colombia.

“El objetivo principal de la iniciativa MAPE [minería artesanal y de pequeña escala] es abordar los desafíos de gobernanza planteados por un mercado MAPE en gran parte no regulado, y también atraer más material dentro de la supervisión de los refinadores” de la lista de buena entrega, dijo un vocero de la asociación a OjoPúblico.

El mecanismo de la destrucción que deja la minería ilegal no es nuevo. Pero ahora se ha hecho más sofisticado con el impulso de las organizaciones criminales transfronterizas. Esta investigación ha documentado casos en los cinco países en los que se usan documentos de mineros artesanales, cooperativas, mineros en proceso de formalización o concesiones para blanquear el oro que ha sido extraído ilegalmente.

La historia del narcotraficante Leandro Norero Tigua (que murió en un enfrentamiento en una cárcel de Ecuador en 2022), expone los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la minería ilegal. Una conversación entre él y su abogado –que forma parte de un expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación– revela el esquema de cómo funciona el lavado de oro.

En las conversaciones se observa que una de sus preocupaciones era encontrar una manera para justificar la posesión de los lingotes de oro que habían sido encontrados en una caja fuerte detrás de una pared falsa de su lujosa vivienda. En las conversaciones, su abogado le propone una fórmula para salir del problema.“Ya tengo quién se suicide por ti”, dice en alusión a la persona que le daría la documentación para lavar los lingotes de oro hallados en su vivienda en una intervención.

Leandro Norero Tigua había sido detenido en mayo de 2022, durante un operativo en su casa, donde le incautaron 42 lingotes de oro. Él había constituído un conglomerado de siete empresas con las que financiaba la operación de las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas en Ecuador.

En la conversación el abogado le dice a Norero que ya había encontrado a la persona –con actividades en la minería, y que por lo tanto tenía documentación formal– que le podía ayudar a blanquear el oro ilegal que le habían encontrado a su cliente. “Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le dice. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, insiste el abogado.

La historia de esta forma de lavado se repite en los demás países andino amazónicos. En Colombia, el expediente al que accedió El Espectador, detalla una serie de evidencias que señalan que la compañía CIJ Gutiérrez –una de las más importantes de este país– usó nombres de personas fallecidas, nombres inexistentes y empresas de fachada para justificar la procedencia del oro. Esa misma investigación vincula a la compañía con grupos armados.

El director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, señaló a El Espectador que la minería ilegal es un “problema estructural del sector” que crece cada vez que se dispara el precio del oro. El funcionario reconoció que han encontrado personas que reportaban oro extraído de un título legal, cuando, en realidad, lo habían explotado de otra zona. El esquema del lavado se repite en todos lados.

La minería del oro aluvial se ha convertido en los últimos años una de las fuentes de financiamiento del terrorismo. Informes judiciales a los que OjoPúblico tuvo acceso para una investigación anterior, mencionan que hay sectores de Colombia donde la minería ilegal financia hasta la mitad de la economía de los grupos armados.

“El oro es un activo financiero fácil de transportar y con una cadena de producción frágil en términos de trazabilidad, lo que permite que el oro ilegal entre fácilmente en la economía legal”, dice Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé.

En este país, como Sumaúma –medio socio en Brasil– ha documentado que el blanqueo se produce también en las tiendas que compran oro. Es en ese momento que los comercializadores colocan nombres falsos a los campos de las guías donde se debe mencionar la procedencia del mineral. La policía explicó que hay empresas que usan base de datos con números de permisos regulares para falsificar las facturas (que menciona origen del oro), cuando el metal se había extraído de otro lugar. La misma tienda concreta el fraude, detalla una Acción Civil Pública del Ministerio Público.

En Perú, la historia es similar. Se utilizan los documentos de mineros en proceso de formalización (con plazos interminables: actualmente el Congreso debate una nueva ampliación) para blanquear el oro de origen ilegal. Otro mecanismo es la vía del contrabando. Una parte importante del oro extraído ilegalmente de zonas amazónicas como Madre de Dios ingresa por contrabando a Bolivia. “Ahí lo blanquean y le dan el punto de oro formal”, sostiene el fiscal provincial Federico Chávarry, vocero de la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de Perú.

Bolivia ha incrementado su producción de oro: pasó de 13.4 toneladas en 2013, a 53 toneladas en 2022.

Los procesos de debida diligencia de las compañías importadoras de oro —las más importantes están en Suiza— han sido el foco de varios casos que buscan fiscalizar la compra del oro ilegal, a pesar de que hay pocos que acaban con éxito.

El más famoso es el caso de Elemetal LLC, la compañía matriz de NTR Metals, que en ese momento estaba radicada en Miami. Entre el 2017 y el 2018, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos abrieron investigaciones a cuatro exempleados de la empresa por formar parte de un esquema de lavado de activos vinculado al oro ilegal. NTR Metals dejó de existir después del caso.

La empresa Elemetal LLC se declaró culpable tras ser acusada de no tener un programa antilavado de activos, como lo requieren las leyes de ese país, y le impusieron una multa de USD 15 millones. Desde el 2017, esta compañía ya no figura entre las compañías de “Good Delivery” de la London Bullion Market Association, la autoridad reguladora de las buenas prácticas y estándares del comercio del oro y plata.

Hubo otras compañías que también estuvieron en la mira de las autoridades por facilitar el lavado de activos a través de la compra de oro ilegal. La compañía Republic Metals Corporation llegó a un acuerdo de “no enjuiciamiento”, prometió cooperar con las investigaciones de fiscales en Miami y mejorar su programa contra el lavado de activos. En el 2018, se acogió a la bancarrota y le vendió sus operaciones a una compañía japonesa, Asahi Refining.

Asahi Refining es una subsidiaria de ARE Holdings, una sociedad multinacional que compra y maneja activos alrededor del mundo, incluyendo refinerías en Estados Unidos y Canadá. Según documentos corporativos del estado de Utah, junto a la compra de refinerías en ese estado que antes le pertenecían a Johnson Matthey Gold & Silver refining, Asahi consolidó las operaciones más grandes de refinería de oro en Norteamérica. Asahi pertenece a la lista de “Good Delivery” de la LBMA.

La compañía japonesa es ahora una de las principales compradoras de oro peruano y colombiano, según datos de exportación analizados por OjoPúblico. La compañía no respondió a una lista de preguntas sobre sus procesos de debida diligencia con el oro que exporta de los países amazónicos investigados en esta serie.

Las importaciones de oro de los países de la cuenca amazónica a India y Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los mayores cambios que ha habido en este comercio en los últimos diez años. Esos dos países ahora figuran entre los primeros cinco importadores de oro desde Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia.

MMTC-PAMP, la compañía matriz de MKS PAMP, una de las refinerías de India que más compra oro en la región, figura entre las compañías que más importan oro de Ecuador y Perú.

MKS PAMP está en la lista de “Good Delivery” de la LBMA. En un informe de auditoría del 2022 entregado a la LBMA, la compañía dice que dos de sus clientes en América Latina todavía utilizan mercurio como parte de su proceso de refinación, a pesar de las conocidas afectaciones ambientales de este material. Esto, dice, es en parte porque la compañía ha intentado trabajar con mineros artesanales responsables para fomentar la formalización de la industria.

“En nuestro esfuerzo por respaldar la minería artesanal y de pequeña escala de manera responsable, en años anteriores hemos ampliado nuestra cadena de suministro a dos acopiadores de metales preciosos ubicados en América Latina, los cuales obtienen sus materiales de operaciones a pequeña escala y respaldan estas actividades locales. Como parte de nuestro proceso de debida diligencia, visitamos los acopiadores y cada una de las minas a pequeña escala,” dice el informe.

La compañía dice que para garantizar la trazabilidad, trabaja junto a una organización sin fines de lucro y la Swiss Better Gold Association como parte del proyecto.

“Es un gran éxito proporcionar a los mineros aluviales tradicionales acceso al mercado internacional y promover la formalización de este sector”, añaden.

En respuesta a una lista de preguntas, Gloria Folidis, vocera de MKS PAMP, dijo que la compañía está “profundamente comprometida con sus responsabilidades sociales y ambientales” y que su apoyo a la minería artesanal responsable “es continuo y cumple plenamente con la Guía de Oro Responsable de la LBMA y la Guía de la OCDE.”

Folidis añadió que ya la compañía no tiene ningún suplidor que utilice mercurio en su cadena de suministro.

Llueve sobre el kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica de Madre de Dios, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, que conecta a Perú con Brasil. Un grupo de jóvenes soldados destacados en esta base militar, instalada a un costado del enclave minero de oro ilegal más grande del Perú, luce de buen humor: se ríen mientras hacen fila sin apuros para tomar su desayuno. La lluvia ha retrasado el operativo. Para estos soldados será otro día más destruyendo maquinaria y balsas motorizadas que extraen oro ilícitamente: la evidencia de que una década de procesos de formalización fallidos y operativos no son suficientes para detener la minería ilegal.

La base militar queda a un costado de La Pampa, como llaman a este territorio desértico que ha dejado la fiebre del oro. Pero la puerta de acceso a la base de las Fuerzas Armadas peruanas resume mejor el entorno: “Bienvenidos al infierno”.

El imparable sonido de los motores que extraen el fino oro aluvial delata los picos históricos que ha alcanzado el precio del oro y, durante los últimos el rugir de los motores alcanza incluso a los ríos del Parque Nacional Bahuaja Sonene, que en teoría tiene el nivel de protección más elevado en el Perú.

Hace diez años, La Pampa no tenía la extensión de una ciudad pequeña, como lo es ahora. La destrucción de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata se ve, a simple vista, desde la Carretera Interoceánica: decenas de motores ilegales operan a plena luz del día, a solo unos pasos de la base militar del Kilómetro 108.

En el río Palma Real Grande, dentro de dos importantes áreas naturales protegidas de la Amazonía, se han identificado 40 dragas de menor tamaño operadas por 120 mineros. Un informe de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) logró identificar estos trabajos con sobrevuelos, patrullaje y el análisis de imágenes satelitales.

“Se observan alteraciones al cauce de los cuerpos de agua, presencia de montículos de arena y dispersión de residuos sólidos en ambos márgenes, además la especie más amenazada por esta actividad es el lobo de río (Pteronura brasiliensis), pues el número de individuos se ha reducido casi al mismo tiempo que la minería se ha extendido. El 2022 ya no se hallaron estas especies”, señala el informe de la FZS.

Mientras tanto, al norte, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el río Atabapo, un cuerpo de agua que forma gran parte de la frontera de estos dos países y desemboca en el gran río Orinoco, también es amenazado por la extracción ilegal de oro. Esta zona se encuentra en la Guainía, un remoto departamento a veces llamado “tesoro escondido” de la selva colombiana, y que es parte de un sitio Ramsar, un humedal de gran importancia internacional.

El río Jatunyaku en Ecuador —uno de los principales afluentes del río Napo que a su vez alimenta el río Amazonas en la selva peruana— es uno de los mejores ríos para practicar el rafting, gracias a un cauce generoso y una fuerte corriente.

Pero desde finales del 2021, los turistas que descienden por ese río se topan fácilmente con una realidad: las enormes excavadoras utilizadas para extraer el oro demuelen de a pocos la cuenca. Las aguas residuales con mercurio de la actividad ilegal llegan a parar al mismo río.

Los niveles de ilegalidad son únicos en cada país, pero muestran hasta qué punto los compradores de oro internacionales están comprando un producto manchado por la actividad ilícita.

“En la Amazonía, la evidencia es aún más grave: el 90% de la producción ilegal de oro de Brasil proviene de la minería de oro en la Amazonia”, dice Raoni Rajão, quien coordinó el estudio Legalidad de la producción de oro en Brasil, en colaboración con el Ministerio Público Federal (MPF).

Todos los lugares recorridos como parte de esta investigación regional, revelan que los nuevos territorios en disputa por la minería ilegal son ahora los ríos de la Amazonía, que componen juntos casi una quinta parte del agua dulce del planeta.

Como parte de esta investigación, OjoPúblico solicitó los descargos de las diferentes personas, entidades y empresas involucradas. También buscó contactarse, a través de canales institucionales, con las empresas del Grupo Kundan. En el caso de Kundan Refinery, una persona contestó vía Whatsapp y dijo que pronto darán respuesta. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no contestaron.

También intentamos comunicarnos con la empresa Korityka Pablo Bamba, pero señalaron que no estaban interesados en declarar. En Puno, un equipo periodístico acudió al domicilio de la empresa Al Copacabana EIRL. Tampoco obtuvo la respuesta.

En el caso de Al Qutub Jewellery Trading FZE y PMG Overseas Trading FZC, no cuentan con sitios web oficiales u otros canales de comunicación. Este medio intentó contactarse con una persona relacionada a la primera, pero tampoco obtuvo respuesta.

Fuente: Ojo Público