En los últimos tiempos, el partido APP ha asumido un rol preocupante al sumarse a la coalición conservadora y mafiosa, hoy dominante en el Congreso, que ejerce control sobre la mayoría de las instituciones autónomas del Estado, empezando por el ejecutivo y está encaminada a dominar la JNJ y el JNE. Este accionar conlleva consecuencias nefastas para la vida democrática en el país.
La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué lo hace? A juzgar por sus propuestas, podríamos haber esperado que el partido se convirtiera en un árbitro político, protector de las libertades y respetuoso de las instituciones. A pesar de su postura de centro-derecha, su papel debería haber sido constructivo.
Inicialmente, intentaron desempeñar este papel durante la primera etapa de la crisis política actual, pero sucumbieron ante la arremetida de la coalición, la cual, respaldada por un Ministerio Público empoderado, se transformó en una maquinaria temible. La intimidación y la extorsión, especialmente respecto al curso de los diversos casos judiciales en los que están involucrados muchos congresistas, autoridades y dirigentes de esa organización política, sugieren que estas podrían haber sido las motivaciones que los llevaron a cambiar de postura y convertirse en cómplices de la maquinaria que está destruyendo la institucionalidad en el Perú. Algunos analistas también consideran la obnubilación por el poder que vienen logrando, los estarían llevando en esa dirección.
Ahora, no solo son colaboradores activos de la coalición dominante en el Congreso, sino que, con un pragmatismo digno de análisis en el ámbito de la ciencia política, se han convertido en aliados del gobierno central, formando parte del gabinete con militantes de su organización. Lo justifican argumentando que contribuyen a la pacificación y estabilidad del país, abandonando su antiguo discurso y enterrando las propuestas de adelanto de elecciones. Los principios han sido reemplazados por el interés de tener una cuota de poder y tener bajo control los procesos judiciales en curso, que solo e posible con Ministerio Público y un poder Judicial politizados
Lo sorprendente y preocupante es la actitud y el discurso de sus principales integrantes y dirigentes, quienes no solo justifican el abandono de su antiguo discurso, sino que con desvergüenza, pretenden convencer de que lo que hacen está bien. Ignoran por completo la baja aprobación ciudadana del Congreso y los congresistas, que cuentan con apenas un 6% de aprobación. Se han desconectado de la realidad ciudadana. La casta política actual ha perdido todo sentido democrático y, para la gran mayoría, lo que importa ahora es lograr algún tipo de beneficio personal o grupal y durar como sea, se ha perdido la vergüenza y la moral política, que antiguamente los políticos de todos los colores trataban de cuidar o respetar.
Este quiebre de las instituciones autónomas no es un tema aislado. Los estrechos lazos entre el partido APP y aquellos que anhelan el control total de nuestras instituciones generan un panorama preocupante. La autonomía de las principales instituciones del Estado, es esencial para el funcionamiento de la democracia, se ve amenazada por estas alianzas, y es imperativo que la ciudadanía sopese el papel nefasto que este sea logrado.
Es fundamental recordar que la autonomía de nuestras instituciones es la piedra angular de una sociedad democrática. Cuando los partidos políticos optan por comprometer esta autonomía en busca de poder, ponen en peligro la esencia misma de nuestra democracia. El partido APP, en su actual trayectoria, no solo está jugando un papel perjudicial en este proceso, sino que también está contribuyendo al quiebre de la confianza ciudadana en las instituciones que deberían representarnos.
Este es un llamado a la reflexión a la ciudadanía , para que en las próximas elecciones sepa a quienes confiar las responsabilidades gubernamentales, es una de las maneras de castigar la deslealtad en los compromisos asumidos en campaña.
Aún es tiempo de rectificar el rumbo que está tomando el partido APP y considerar las consecuencias a largo plazo de su actual posición. La democracia necesita de fuerzas políticas responsables y comprometidas con la preservación de nuestras instituciones. Destruirla o mediatizarlas por intereses tan mezquinos, deben ser sancionados, en democracia las conductas políticas se sancionan electoralmente y las penales se sancionan con la cárcel. Es necesario recordarles a los electores y a los responsables de esta tragedia.
Tribuno
