El Congreso aprobó abrir una investigación sumaria a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Desde que se forjó una convergencia mayoritaria de fuerzas opuestas en el Congreso, se han venido multiplicando las señales de copamiento del Estado. Sea por coincidencias reales o por reciprocidad de intereses, los votos de Perú Libre se suman a los del fujimorismo y otras bancadas para aprobar una agenda que corre el riesgo de someter todas las instituciones.
Ayer se aprobó abrir una investigación sumaria a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta decisión sorprende tanto más que ya dos de ellos se hallan sometidos a un proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta vez es la Comisión de Justicia la que deberá producir un dictamen que podría llevar a la destitución de los siete miembros de la Junta.
La decisión política del Congreso es tanto más cuestionable que precisamente ayer el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ha reiterado que la empresa brasileña financió las campañas presidenciales, municipales y parlamentarias de candidatos cuyos partidos tienen bancada en el Congreso actual. Nada es más opuesto a la democracia que la pérdida de la autonomía de la Justicia. Ese principio es particularmente grave en el Perú, porque sabemos las dificultades ancestrales de nuestro sistema judicial para liberarse de la corrupción.
La decisión tomada por el Congreso ha motivado una rápida reacción de la Junta Nacional de Justicia, que reprocha imputaciones falaces sin “causal tipificada y con clamorosa ausencia de fundamento”. Y concluye que el procedimiento puede llevar a “un quiebre del orden constitucional”. Por su parte, la congresista Patricia Chirinos ha calificado a la Junta de “herramienta política servil”.
La moción aprobada por el Congreso ha motivado también una reacción del Sistema de Naciones Unidas en el Perú bajo un título que lo dice todo: “La separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena”.
