Uno de los aportes más importantes del libro es su original definición de “orden político”: cuando un modelo económico y político es asumido por los partidos principales, la clase empresarial, los medios de comunicación y es aceptado por la población que lo percibe como un medio efectivo para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, un “orden político” supone alcanzar un cierto nivel de eficacia económica, apoyo social y consenso político. En Estados Unidos, esto ocurrió con el “orden del New Deal”, desde los años treinta hasta los setenta, impulsado por Roosevelt, y ocurrió también con el “orden neoliberal”, desde los ochenta hasta el 2008, impulsado por Reagan.

La prueba definitiva para calificar como “orden político” a ambos períodos es que los partidos de oposición también lo aceptaban; este fue el caso del presidente Eisenhower (1953-1961), así como Nixon y Ford (1969-1977), del partido republicano, que aceptaron a plenitud el orden del new deal diseñado por los demócratas con el apoyo de Keynes; y también fue el caso de Clinton (1993-2001) y Obama (2009-2017) del partido demócrata, que aceptaron plenamente el orden neoliberal implementado por los republicanos, con las ideas de Friedman.

La caída del orden del New Deal vino con el proceso de “stagflación”, mezcla de inflación con estancamiento de los setenta, desatado por la guerra Árabe-Israelí y el espectacular aumento de los precios del petróleo. La caída del orden neoliberal vino con la feroz crisis financiera del 2008, propiciada por la desregulación de los bancos de inversión, que paralizó la economía mundial en el 2009. Aunque la “caída” de este orden está en debate, es claro que desde entonces la economía mundial crece a la mitad de los años anteriores.

Así como hemos reconocido que el orden neoliberal es el único que hemos tenido en la República, también tenemos que reconocer que ni el fujimorismo actual, ni los grupos de intereses privados que existen en el Congreso, son capaces de construir un nuevo “orden”; ellos son la causa de la inestabilidad y el desorden. El gobierno de Boluarte y Otárola nos propone un régimen cívico-militar autoritario y represivo para alcanzar el “orden”; se olvidan que ese camino ya fue recorrido por los gobiernos militares de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, los que, a pesar del baño de sangre que realizaron en sus respectivos países, no lograron impedir que retornara la democracia, e incluso la izquierda al poder.

Si analizamos la historia del Perú podemos concluir que en la mayor parte de nuestra historia republicana nunca tuvimos un “orden político”, que calce con la definición de Gerstle. Lo que hemos vivido en casi la totalidad de los 200 años de República ha sido una continua inestabilidad económica, persistente descontento social y reiterado desorden político. Es cierto que hemos tenido diversos intentos de darle estabilidad y orden a la economía y a la sociedad peruana, pero ninguno de ellos pudo consolidarse, ni entregar bienestar a la población.

Después de los primeros cincuenta años de República, de caos puro y duro, protagonizado por caudillos militares, el primer intento de construir un cierto “orden político” vino de parte del civilismo. Manuel Pardo (1872-1879) asume la presidencia con la intención de organizar un gobierno democrático moderno y eficiente, sueño que fue abruptamente frustrado por la guerra del Pacífico. También podemos poner en este mismo grupo, a dos intentos similares: el orden antiimperialista de Haya de la Torre, y el orden socialista de Mariátegui, en la década del veinte del siglo pasado, que nunca llegaron a plasmarse. Fernando Belaúnde (1963-1968) intentó establecer un orden democrático desarrollista, pero fue frustrado por el golpe militar. El intento más ambicioso de establecer un “orden político” fue el del general Velasco (1968-1975) con su “gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas”, ni capitalista ni comunista; duró escasamente 7 años, y fue cortado de raíz por el golpe de Morales Bermúdez. Luego regresamos al desorden relativo con el segundo Belaúnde, y al caos absoluto con el primer García.

Todos estos intentos no sólo no lograron un mínimo de años de duración como para asentarse, generar estabilidad y producir resultados tangibles en la población, sino que todos ellos tuvieron una fuerte oposición política y social, alimentando y potenciando nuestra ancestral fragmentación social y política. Es decir, ninguno de ellos cumplía la prueba mínima propuesta por el profesor Gerstle como para ser denominados “orden político”.

En realidad, hay que reconocer que, en toda nuestra historia republicana, el único período que se podría denominar como de “orden político” es el neoliberalismo, que empezó con Fujimori en 1990 y que duró hasta el 2016, con Kuczynski; nada menos que un total de 26 años. Durante ese período se logró estabilidad económica, significativo consenso político, y un mayoritario respaldo de la población que sintió los beneficios del crecimiento económico y de las novedosas políticas sociales.

Aunque la prueba definitiva de que se trata realmente de un “orden político”, viene del respaldo que tuvo este modelo de dos gobiernos que se declararon abiertamente de “oposición” al fujimorismo: Toledo (2001-2006) y Humala (2011-2016). Si bien en ambos casos, se realizaron algunos ajustes al modelo, como por ejemplo el MINCETUR y los tratados de libre comercio durante Toledo y las políticas sociales como Beca 18 y Pensión 65 durante Humala, el “orden neoliberal” no fue cambiado, al contrario, fue mejorado.

Como ya mencionamos, para Gerstle el fin del orden neoliberal a nivel mundial vino con la crisis financiera iniciada en Nueva York en setiembre de 2008. Queda la pregunta ¿En qué momento se produjo el fin del orden neoliberal peruano? Se produjo en el mes de diciembre de 2016, cuando el fujimorismo censuró al ministro de Educación Jaime Saavedra por “corrupción”. El partido más corrupto de la historia del país, según Alfonso Quiróz, acusaba de corrupto a uno de los funcionarios más calificados y honestos que hemos tenido. Fue la expresión de que se había producido un cambio profundo de la correlación de fuerzas en el Estado peruano, habíamos pasado de un régimen presidencialista, a un régimen parlamentarista; el Congreso mandaba y podía paralizar a su gusto al Ejecutivo. La inestabilidad y el desorden que siguieron, y que continúan hasta el día de hoy, es una historia dolorosa y demasiado fresca como para repetirla en este artículo.

La censura al ministro Saavedra fue el preámbulo de lo que vino después: la destrucción de la educación peruana por parte del fujimorismo, los grupos congresales y el gobierno de Castillo. Este último, a pesar de su profesión de maestro, fue cómplice no sólo de la desnaturalización de la SUNEDU, sino también del fin de la meritocracia en la carrera magisterial para contentar a su sindicato mercantilista. Fue el último clavo en el cajón del orden neoliberal, pues no existe ninguna experiencia histórica de algún país que haya basado su desarrollo en la ignorancia, la mediocridad y la corrupción.

La gran pregunta es: ¿cómo retornamos a un nuevo “orden”? Así como hemos reconocido que el orden neoliberal es el único que hemos tenido en la República, también tenemos que reconocer que ni el fujimorismo actual, ni los grupos de intereses privados que existen en el Congreso, son capaces de construir un nuevo “orden”; ellos son la causa de la inestabilidad y el desorden. El gobierno de Boluarte y Otárola nos propone un régimen cívico-militar autoritario y represivo para alcanzar el “orden”; se olvidan que ese camino ya fue recorrido por los gobiernos militares de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, los que, a pesar del baño de sangre que realizaron en sus respectivos países, no lograron impedir que retornara la democracia, e incluso la izquierda al poder.

Una pista para tratar de responder a la pregunta formulada es regresar al origen del orden neoliberal. Fue responsabilidad de tres instituciones internacionales: el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ellos elaboraron el “Programa de Estabilización y Ajuste Estructural para el Perú” que dio inicio al modelo. No sólo lo diseñaron en Washington antes de que Fujimori asumiera la presidencia, sino que también enviaron a cientos de funcionarios y consultores durante los noventas, y lo financiaron generosamente con miles de millones de dólares. Fue una operación “conocimiento intensivo”, tanto de parte de los funcionarios extranjeros que participaron, como de los funcionarios peruanos que lo ejecutaron y gestionaron. Nada de esto tenemos en estos momentos, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso.

Como todos estamos observando, no hay una salida clara a la actual crisis política, los poderes constitucionales se han auto descalificado, de manera que lo único que nos queda es que los poderes fácticos pongan “orden”. Los tres poderes fácticos, relevantes para este caso, son: los grupos económicos, las empresas extranjeras tecnológicas y las grandes empresas mineras; los tres tienen mucho dinero invertido en el Perú, intereses de largo plazo, y son intensivos en conocimiento. Es obvio, por lo menos para mí, que no van a poner sus intereses estratégicos en manos de una política irresponsable, un hombre de negocios conservador y cortoplacista, y un ideólogo desfasado. Tampoco van a poder resolver este problema solos, no tienen la legitimidad política y social para hacerlo. Lo que tienen que hacer es reunirse con la academia, las universidades de calidad, depositarios del conocimiento sobre el país, y con los gobiernos regionales recientemente elegidos (todavía tienen el beneficio de la duda), interlocutores válidos de los sectores sociales movilizados.

Entre los tres deberían convocar a las tres instituciones internacionales ya mencionadas, el BM, el FMI y el BID, comprometer su apoyo intelectual y financiero, y elaborar una hoja de ruta política, social y económica, que nos lleve en un plazo razonable a un nuevo “orden político”. Una de las primeras cosas que tendrían que hacer es leer el libro de Gerstle e incorporar sus propuestas para un “nuevo orden”, mejor al neoliberal. Estoy convencido que el resto del sector empresarial, incluyendo a las mypes, todo el sector académico, los medios de comunicación, y sectores crecientes de la opinión pública, apoyarían esta hoja de ruta.

Los cuatro[3] (uno representaría a los tres organismos internacionales), discutirían, decidirían y propondrían al país cómo salir de esta crisis. No conozco ninguna experiencia histórica en la que los cambios profundos y duraderos hayan sido diseñados y menos gestionados por una asamblea.

[1]. The Rise and Fall of the Neoliberal Order, Gary Gerstle, Oxford University Press, 2022.

[2]. A New Political Order Emerges, Sunil Sharma, Finance and Development, IMF, 2023.

[3]. Dos de ellos ya han sido elegidos: Alfonso López Chau, como representante de las universidades y Rohel Sánchez como representante de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Los otros dos, son muy fácilmente elegibles, no hay que reunir grandes masas para ello. En una semana tenemos a los cuatro que nos ayuden a salir de esta crisis.

Fuente: Revista Ideele N°308. Enero – Febrero 2023