Mendoza tiene razón cuando afirma[1], citando a Pritchett, que el crecimiento económico, expresado en la variable PBI per cápita, es una condición para el bienestar de las personas, y que todos los países que han progresado han mostrado incrementos significativos de esta variable. En el Perú, es evidente que el modelo aplicado desde 1990 ha traído crecimiento económico, exportaciones en aumento, mayores ingresos tributarios, baja inflación y reducción de la pobreza. Hay sobrada evidencia empírica para probarlo. Hasta aquí estamos de acuerdo.
Más adelante dice que la inversión privada es el principal impulsor del crecimiento económico. Aquí empiezan los problemas. Hace algunos años Peter Drucker nos dijo que estamos en la sociedad del conocimiento, y que este factor ha superado al capital, al trabajo y a las materias primas, como responsable del crecimiento y como principal fuente de la riqueza. Joseph Schumpeter precisó esta idea: la innovación tecnológica, es decir, la aplicación del conocimiento a la producción, junto con la productividad y el emprendimiento, son los verdaderos motores del crecimiento. Robert Solow, a quien le dieron el premio nobel de economía por ello, probó que el 87% del crecimiento norteamericano se debía a la tecnología, al conocimiento. O sea, si bien la inversión privada es importante, no es la principal variable que nos garantice el desarrollo.
Pero no sólo hay eso; hablar hoy día, bien entrado el siglo XXI, sólo de crecimiento económico es, por decir lo menos, obsoleto. El desafío que tenemos por delante todos los países, el mundo entero, es ir más allá del crecimiento y buscar el desarrollo sostenible (DS). Éste tiene cuatro dimensiones: (i) la económica (en donde se ubica el PBI, las variables macroeconómicas, la creación de la riqueza, entre otras), (ii) la social (que implica la distribución de la riqueza, los servicios sociales como la educación y la salud, el pleno empleo, entre otras), (iii) la ambiental (la naturaleza, la biodiversidad, el calentamiento global, las energías renovables, entre otras), y (iv) la político-institucional (el poder ejecutivo, legislativo, sociedad civil, la corrupción, entre otras). Mostrar algunos logros en la primera dimensión y casi ninguno en las otras tres es claramente insuficiente. De acuerdo a esta mirada, el modelo económico peruano resulta jalado.
Lo que se puede comprobar fácilmente si es que miramos variables y categorías que están más allá de la macroeconomía, por ejemplo, la estructura productiva. Con este modelo el Perú ha profundizado su estructura primaria exportadora. En 1990 el sector minero e hidrocarburos representaba el 4.7% del PBI, hoy representa el 14%; el sector financiero alcanzaba el 1.8% y aporta el 4% del PBI. Son los únicos dos sectores que han crecido significativamente en estos 30 años; el resto, incluyendo el industrial, se ha reducido o mantenido igual. Ningún país desarrollado tiene una estructura primario exportadora; Canadá y Australia, dos países con sectores mineros fuertes, se han industrializado y tienen estructuras productivas diversificadas.
El gran problema de esta estructura productiva es que no genera empleo formal: el sector minero e hidrocarburos en 1990 daba empleo al 2.4% de la PEA (Población Económicamente Activa) y actualmente sólo absorbe al 2% de la PEA; lo mismo ocurre con el sector financiero, que es intensivo en capital. Como resultado, el sector moderno genera muy poco empleo; por ello, la creciente oferta de fuerza de trabajo juvenil que ingresa todos los años al mercado laboral no tiene más remedio que engrosar el gigantesco sector informal peruano, el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. De acuerdo a las cifras más recientes el 75% de la PEA está en la informalidad laboral, es decir, tres de cada cuatro peruanas y peruanos no tiene vacaciones, ni descanso semanal, ni sueldo mínimo, ni seguro de salud o jubilación.
Desgraciadamente el asunto no termina aquí; este inmenso y variopinto sector informal ha producido, alimentado y protegido a una creciente economía ilegal. Durante la aplicación de este modelo económico han proliferado las siguientes actividades delictivas en nuestro país: minería ilegal, narcotráfico, tráfico de terrenos, trata de personas, tala ilegal, piratería, contrabando, pesca ilegal, tráfico de flora y fauna, tráfico de migrantes. Nada menos que 10 actividades ilegales. Un informe reciente[2] calcula que estas actividades significan un movimiento de 7,500 dólares anuales, que representa el 3.5% del PBI, un inmenso poder corruptor.
Pregunta para Waldo: ¿esta gigantesca informalidad y la inmensa economía delictiva permiten estar orgullosos del modelo económico peruano?
El Estado multidimensional
En su defensa del artículo 60 y el “rol subsidiario del Estado”, Mendoza critica el rol del Estado en la economía. El problema es que sólo se refiere a la actividad empresarial del Estado, como si esta fuera la única, o principal, función del Estado. De hecho, el Estado tiene muchas funciones y ésta sería una de las de menor importancia. Franklin Roosevelt, mi político favorito, a mediados del siglo XX, identificó las principales funciones del Estado: (i) crear las condiciones (incluyendo masivos programas de obras públicas) para alcanzar el pleno empleo con ingresos adecuados, (ii) asegurar un precio justo a los agricultores, (iii) brindar educación de calidad para todos (desde inicial hasta la universidad), (iv) garantizar atención médica gratuita, (v) promover vivienda digna y alcanzable para todos, (vi) brindar seguridad social, seguro de desempleo y jubilación, (vii) garantizar la negociación colectiva y los sindicatos, (viii) promover una economía de libre competencia sin monopolios, (ix) regular a las instituciones financieras.
Joseph Stiglitz, premio nobel, junto con muchos otros economistas, han propuesto las siguientes funciones: (x) administración de justicia, (xi) seguridad ciudadana, (xii) defensa externa, (xiii) inversión en investigación y desarrollo científico y tecnológico, (xiv) protección ambiental, (xv) estabilización de la moneda y las finanzas públicas. Para cumplir con todas estas funciones todos los países desarrollados han construido Estados fuertes, eficientes y honestos. En estas 15 funciones no aparece la de poseer empresas públicas. Es decir, el papel del Estado va mucho más allá de la propiedad de algunas empresas; por lo tanto, es un grave error poner esta función como la principal, pues de este argumento se cuelgan quienes quieren achicar el Estado a su mínima expresión, o, incluso, desaparecerlo de la economía.
Desde mi punto de vista, la principal función del Estado (hay que decirlo: es el único actor económico que defiende el bien común) es definir la ruta estratégica del país hacia el desarrollo y el bienestar para todos, concertando con el sector privado y la sociedad civil. Pongo un ejemplo concreto: las empresas VW, Mercedes y BMW están ahora entre las principales cinco empresas automotrices en el mundo. Hace 20 años no estaban ni siquiera entre las 10 primeras. ¿A qué se debe ese espectacular crecimiento? A que el 70% de la producción de estas empresas se realiza ahora en China. Las masivas inversiones que tuvieron que realizar estas empresas las financió KFW que es el principal banco estatal. Y fue el gobierno alemán el que construyó la alianza estratégica con China, a la que se sumaron las empresas mencionadas. Se beneficiaron todos: las empresas, el Estado, los trabajadores, el país entero.
Volviendo al tema de las empresas públicas, Mendoza reconoce que hay empresas eficientes y honestas, como es el caso de CODELCO de Chile y Ecopetrol de Colombia. Añado dos más: ARAMCO, la principal empresa petrolera del mundo, es propiedad del Estado de Arabia Saudita, y Singapore Airlines, la mejor empresa de aviación del mundo, es también propiedad del Estado de Singapur. Segunda pregunta a Waldo: ¿Si estos países gestionan eficientemente sus empresas estatales porque los peruanos no podemos hacerlo?
¿Asamblea constituyente?
Debo confesar que siempre he pensado que el Perú tiene demasiadas leyes, incluyendo a las constituciones, y que un papel adicional no va a cambiar nuestra realidad. En esto, recojo lo que dijo mi antepasado, Manuel Vicente Villarán: “en este país se agitan palabras y no cosas”. Al mismo tiempo, considero que el concepto “el Estado subsidiario” ha sido y sigue siendo muy negativo para el país, y necesita ser modificado. Por este motivo comencé a considerar como necesaria la idea del cambio constitucional. Hasta que vino la Asamblea Constituyente de Chile, que produjo como resultado un terrible arroz con mango, rechazado por la población en referendo. Fue el producto de la sumatoria de múltiples y muy diversos intereses particulares y de pequeños grupos representados en esa asamblea, ninguno de ellos con una visión estratégica del conjunto del país. En nuestro país, sin partidos ni instituciones sólidas, me temo que una asamblea constituyente va a ser mucho peor que en Chile, seguramente produciendo un plato más intragable que el arroz con mango.
Por varias de las razones expuestas, es claro que necesitamos un nuevo pacto social, una nueva constitución, pero ella no la va a redactar una asamblea de pequeñas mafias, grupos de interés, caudillos locales, oportunistas de la política, radicales de derecha e izquierda, que es lo que hoy abunda en la degradada política peruana. La tienen y la deben hacer las reservas intelectuales y morales del país, que tenemos en abundancia, y que se encuentran principalmente en el sector académico, la sociedad civil y el sector empresarial. Debemos buscar y encontrar a las personas más calificadas, con experiencia relevante, con visión de país, con la ética necesaria, la sensibilidad a flor de piel, con amor por el Perú. Esto se llama meritocracia, que ha sido dinamitada en estos últimos tiempos por malos representantes del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales. Hay que reconstruirla, restituirla, desde la ciudadanía.
Dada la implosión de la clase política peruana, le toca al Acuerdo Nacional convocar a un grupo de ciudadanas y ciudadanos impecables, que los hay, y encargarles redactar un borrador de constitución que se sometería a una o varias consultas, quizás con diversas opciones y alternativas, aprovechando las tecnologías digitales tan versátiles que tenemos a disposición. Este grupo de notables tendrían una importante representación del mundo académico, que son los que saben, otra importante representación del mundo empresarial, que son los que mandan, y otra importante representación de la sociedad civil, que tienen los contactos, los vínculos con todas las sangres y con la madre naturaleza. Si se logra ir avanzando en este camino, planteando los temas relevantes del cambio constitucional, desde los expertos y las instituciones, en consulta con la población, se podrá ir creando un clima constituyente, y quizás, en algunos meses, arribar a un momento constituyente, que unifique al país y logre los consensos necesarios.
Fuente: Revista Ideele N°308
