Mas de 21 años después, pareciera que seguimos remando contra la corriente, pues aún en nuestro país no se tiene una sola legislación que reconozca los derechos de las personas LGBTI. El Congreso de la República, compuesto por los sectores más extremistas tanto de derechas, como de izquierdas, mantiene en la congeladora los proyectos de ley de matrimonio igualitario; reconocimiento de la identidad de género; unión civil; tratamiento especial sobre los crímenes de odio hacia personas LGBTI; entre otros tipos de legislación pro-igualdad que en la mayoría de los países vecinos fueron asumidas hace varios años.

El 2022, el Parlamento Andino aprobó un marco normativo para promover los derechos de las personas LGBTI. En esa misma línea, la OEA reafirma cada año, en sus resoluciones de Asamblea General, la importancia de este tipo de avance legislativo. Por su parte el Sistema de Naciones Unidas, mediante el programa Libres e Iguales, insta a los Estados a valorar la diversidad y reconocer la igualdad de la comunidad LGBTI. El Perú parece hacer oídos sordos a todo este marco, y no solo omite las sendas recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), sino que además tiene serias observaciones por la extrema demora en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo sancionan por discriminar e incluso promover la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género. Los casos de Azul vs. Perú, y Olivera vs. Perú exigen una inmediata atención por justicia y reparación cuyo retraso no tiene justificación.

Es penoso ver que el sistema de justicia peruano, a pesar de desarrollar esfuerzos por fortalecer sus capacidades en este tema, aún mantenga posturas que, a todas luces, omiten desarrollar sus sentencias con un enfoque de género y reconocimiento de las diversidades. La impunidad en los más de 5 casos de compañeras trans asesinadas en la primer semestre del 2023; La constante apelación de la RENIEC a los procesos de cambio de nombre de cientos de personas trans que ven como única via para tener un nombre digno, iniciar un proceso legal; Las sentencias del Tribunal Constitucional no reconociendo los 3 casos de matrimonio entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero; La obstrucción jurídica constante al reconocimiento de nuestros hijos e hijas desde nuestras paternidades y maternidades; dan cuenta que no solo es un proceso de capacitación para tratar de entender y vencer el prejuicio que pueden tener los operadores de justicia; sino de una clara postura política contraria al entendimiento de los derechos humanos con igualdad, equidad y no discriminación.

Todo este marco legal y jurídico contrario al avance en derechos humanos de personas LGBTI, genera que los pocos instrumentos y políticas públicas que se han logrado desde algunos Ministerios y Gobiernos locales y Regionales no lleguen a aplicarse por la autocensura. Así tenemos ordenanzas municipales por la no discriminación, en casi todo el país, que desde el año 2008 tratan de posicionar un nuevo marco legal local; aunque la mayoría resulte encarpetada. Así también mesas de dialogo entre sociedad civil y Estado que permiten canalizar los “tímidos” esfuerzos que el país hace para avanzar en nuestros derechos. Así se reconoce el MIMP con la Mesa de Lesbianas; y la Mesa GTBI; el Jurado Nacional de Elecciones; la RENIEC y la ONPE fortaleciendo las escuelas LGBTI Empodera; y los protocolos para garantizar el voto de personas trans y de género no binario; el INEI y el Ministerio de Justicia, relevando información sobre la situación de la población LGBTI, que debería servir de insumo para concretar avances.

Justamente en el 2019, en la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, concluyó que el 8% de la población peruana – más de dos millones y medio de peruanos y peruanas- se identificó con una orientación sexual no heterosexual. Estamos hablando que un sector importante de compatriotas no tiene el mínimo derecho a vivir dignamente en base a su forma de conformar familias; brindar y recibir afecto; e identificarse de acuerdo con su auto determinación de género. La disociación existente entre quienes nos representan en el gobierno y en el Congreso de la República y lo que pide un buen sector de la población, no cobra sentido cuando el objetivo es la democracia.

En el contexto político que vive actualmente el país, las comunidades de personas LGBTI+ no están ausentes; y el desarrollo de aproximadamente 40 marchas del Orgullo LGBTI+ a nivel nacional; y la presencia multitudinaria de más de 50,000 personas en la XXI Marcha del Orgullo LGBTI+ de Lima, -según cifras del Colectivo Marcha del Orgullo de Lima – da cuenta del hartazgo de discursos de odio promovidos por una buena parte de Congresistas, representantes del Gobierno; y ahora evidenciando su homofobia, la Alcaldía de Lima, que obstruyeron permanentemente el buen desempeño organizativo de la marcha, que tuvo consecuencias, cortes de luz, y falta de apoyo en el  desvío de vehículos.

A pesar de todo ello, la respuesta de la comunidad LGBTI+ peruana, fue de valoración de la igualdad en nuestra diversidad; tomando la ciudad de Lima, para exigir una verdadera democracia con justicia social y representación; reconociendo que las diversas protestas de nuestras y nuestros compatriotas son por un país mejor, donde una cúpula que se mantiene en el poder no termine por destruir nuestra capacidad de resiliencia; y de resistir a las adversidades; a la corrupción y la indiferencia.

Esta Marcha del Orgullo de Lima, en especial, nos mostró que cada vez somos más quienes nos sumamos a exigir nuestros derechos. Nos acompañó una emocionada y agradecida Belissa Andina, quien, con su ejemplo, nos alentó a seguir en la lucha, por el arduo camino en el que muchas defensoras lo hicieron; pues estos liderazgos que alzaron su voz hace muchos años, aún nos siguen inspirando con la consigna: “Orgullo Es Democracia”.