Pese a los pedidos y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las advertencias de organismos internacionales, el pasado 4 de julio, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá que los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, es decir, durante el conflicto armado interno, prescriban.

De ser promulgado, esto afectará alrededor de 600 casos, según informó el Ministerio Público, y a la búsqueda de justicia de cientos de familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Este no es el único proyecto con graves consecuencias para el país aprobado por el actual Parlamento. OjoPúblico identificó que, en lo que va del periodo legislativo 2021-2024, los congresistas le han dado luz verde a, al menos, 32 normas que afectan la institucionalidad y al estado de derecho, a través de reformas a la Constitución, derogatorias, cambios en leyes orgánicas o propuestas para crear nueva legislación.

El análisis comprendió una revisión de todas las propuestas de ley presentadas desde el inicio de la gestión parlamentaria hasta el último 4 de julio. Entre ellas, se identificaron 26 leyes promulgadas que realizan modificaciones en el sistema de partidos y elecciones, plantean límites sobre la cuestión de confianza y referéndum, establecen la reelección parlamentaria, y afectan al proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia.

El Legislativo también ha aprobado proyectos que plantean modificaciones a la Ley Universitaria y afectaciones a la Sunedu, a la economía y a la salud, a la lucha contra la minería informal, al enfoque de género y propician la deforestación.

Asimismo, existen otras seis propuestas similares que, aunque ya fueron aprobadas por el Pleno, todavía no han sido promulgadas. Esto se debe a que, en algunos casos, aún no se ha cumplido el plazo para su publicación o, en otros, han sido observadas por el Ejecutivo y se encuentran siguiendo el trámite parlamentario.

En ese grupo, están los proyectos que fueron aprobados el último 4 de julio en el Legislativo, como la iniciativa que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad, la que plantea que las diligencias fiscales de allanamientos a inmuebles se realicen en presencia de la persona investigada y de su abogado, y las exoneraciones tributarias a peluquerías, que reducen los ingresos fiscales y dejan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) con menor recaudación.

RAPIDEZ. En la última sesión de la Comisión Permanente se aprobaron tres proyectos de ley que afectan la institucionalidad.

Foto: Congreso

Ante estas propuestas, la respuesta del Ejecutivo ha sido limitada. Si bien de las leyes analizadas, 13 siguieron el trámite regular, 11 fueron promulgadas por insistencia del Congreso, y otras dos ante el silencio presidencial. Es decir, luego de que se cumpliera el plazo de 15 días que le otorga la Constitución al Gobierno para pronunciarse sobre una ley.

De esa manera, el 50% de las leyes analizadas por OjoPúblico fueron promulgadas por el Ejecutivo, sin observaciones, mientras que el otro 50% por el Legislativo, a través de la insistencia y ante el silencio presidencial.

Para la exministra de Justicia Ana Neyra Zegarra, existe “mucha ineficiencia” e “inacción” de parte del Ejecutivo. “Creo que si un Gobierno toma una decisión de promulgar una norma, debe hacerla explícita, no dejar simplemente que pase el plazo a ver qué ocurre. Hay que asumir la decisión incluso cuando es impopular”, sostuvo en entrevista con este medio.

Desde el Congreso, en tanto, considera que se trabaja en “una agenda no progresista y que, además, busca impunidad”.

En paralelo, como parte de la delegación de facultades otorgada por el Parlamento, el Ejecutivo publicó, al menos, dos decretos que también afectan al estado de derecho: uno que otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de investigar sin intervención de un fiscal, y otro que permite convertir a pena suspendida las condenas de hasta cinco años de prisión, evitando que los sentenciados vayan a la cárcel.

En este contexto, el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta señala que “reconstruir el país nos va a costar muchísimo”.

“La ciudadanía tiene que estar advertida que, mientras más tiempo esperemos, va a ser mucho más difícil que podamos recuperar todo lo perdido. Por eso, también se explica que tanta gente, sobre todo joven, se quiere ir del país”, remarca.

Las modificaciones

Desde el inicio del actual periodo parlamentario, el Congreso aprobó 26 leyes que afectan la institucionalidad y otras seis, que están en camino a ser promulgadas. Todas ellas se originaron a raíz de 94 iniciativas legislativas.

El 50% del total analizado por OjoPúblico corresponde a leyes publicadas por el Legislativo. Esto debido a que se promulgaron por insistencia del Congreso o ante el silencio del Ejecutivo, una vez que se cumplió el plazo para su pronunciamiento.

Dentro de las 11 leyes publicadas por insistencia del Parlamento, se identificó a la Ley Nº 31355, que acumuló cuatro proyectos, y limitó el mecanismo de la cuestión de confianza.

 

A esa se suman la Ley Nº 31399, que se impulsó con una sola iniciativa, y estableció modificaciones al referéndum; la Ley Nº 31504, que comprendió tres proyectos, y dispuso la reducción de multas a candidatos que no presenten sus informes de gastos de campaña. Y también la Ley Nº 31990, a raíz de un proyecto, que afecta el proceso de colaboración eficaz.

En el ámbito educativo, sobresalen la Ley Nº 31520, que acumuló cuatro iniciativas legislativas y logró la contrarreforma de la Sunedu; la Ley Nº 31996, que englobó siete iniciativas legislativas y dispuso el retorno de profesores cesados por desaprobar la evaluación docente o no rendirla.

Lo mismo ocurre con la Ley Nº 32046, originada con cuatro iniciativas, que planteó el ingreso a la carrera pública magisterial de docentes de centros de educación técnico-productiva sin rendir evaluación, y la Ley Nº 31745, una norma declarativa que acumuló cuatro proyectos y planteó la intervención en textos escolares referidos a la época del conflicto armado interno.

En el mismo periodo, el Congreso también aprobó la Ley Nº 31935, que recogió un proyecto de ley para otorgar derechos al concebido; la Ley Nº 31973, impulsada con tres propuestas, que, de acuerdo a especialistas, incentiva la deforestación en la Amazonía. Y, por último, la Ley Nº 32003, que recoge un solo proyecto de ley y elimina el uso del lenguaje inclusivo en documentos del Estado y textos escolares.

Las otras dos normas promulgadas, pero ante el silencio del Ejecutivo, son: la Ley Nº 31498, a raíz de una iniciativa, para otorgar a organizaciones de padres de familia el poder de revisar e impugnar el contenido de textos escolares, y la Ley Nº 32058, que acumuló dos proyectos de ley, y elimina la paridad en las elecciones presidenciales y regionales.

El 50% restante de leyes analizadas por este medio fueron promulgadas por el Ejecutivo. Es decir, llevan la firma de la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra —y, en dos casos, del expresidente Pedro Castillo Terrones— tras haber pasado su aprobación sin observaciones.

Entre ellas, se encuentra la Ley Nº 31981, que elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y se originó a raíz de dos proyectos; la Ley Nº 32054, que se elaboró debido a dos iniciativas y excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal; y la Ley Nº 31778, que acumuló dos proyectos y le da al Congreso y al Poder Judicial la facultad de designar a su propio procurador público, quitándole esa función a la Procuraduría General del Estado.

El Ejecutivo también promulgó la Ley Nº 32028, que comprendió tres proyectos de ley —entre ellos, uno de la Defensoría del Pueblo—, para darle al defensor la facultad de designar a los defensores adjuntos; la Ley Nº 32073, impulsada en tres proyectos, para mantener al contralor general de la República en el cargo hasta que se designe a su reemplazo, aunque tenga el mandato vencido.

Lo mismo hizo con la Ley Nº 31751. Esta norma se originó por un solo proyecto y estableció un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito, algo que terminó beneficiando al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.

En materia económica también se publicaron ciertas normas con el respaldo del Gobierno. Entre ellas, la Ley Nº 31556, que redujo el IGV a restaurantes y que acumuló dos proyectos, y la Ley Nº 31969, generada a raíz de cinco iniciativas —dentro de ellas, dos del Ejecutivo—, que otorgó beneficios tributarios a agroexportadoras y empresas textiles.

Respecto a las modificaciones en el sistema educativo con aval del Ejecutivo, se dieron retrocesos con la Ley Nº 31964, que concentró cinco proyecto de ley, y permite a docentes enseñar sin contar con maestría; la Ley Nº 31971, producto de una iniciativa, que amplía el bachillerato automático hasta fines de este año; y la Ley Nº 31542, que elimina el límite de edad a los maestros para enseñar en universidades públicas y que comprendió dos proyectos de ley.

El Gobierno también mostró su conformidad al publicar la controversial Ley Nº 31988. Esta recogió 18 proyectos y estableció el retorno a la bicameralidad. Además, incluyó la reelección parlamentaria y se planteó la modificación del artículo 100 de la Constitución, lo que le quitó al fiscal de la nación la facultad de tramitar una acusación constitucional.

Finalmente, luego de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo promulgó la Ley Nº 31989, que acumuló siete iniciativas legislativas, y beneficia a mineros informales.

Si bien estas normas ya han sido promulgadas, hay otras seis que están pendientes de publicación. De estas, tres se aprobaron el último 4 de julio en la Comisión Permanente, que en la quincena de junio recibió del Pleno las facultades para legislar hasta el 19 de julio.

Se trata de los textos sustitutorios del proyecto Nº 06951/2023-CR, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad; del Nº 06611/2023-CR y del Nº 04450/2022-CR, que se acumuló en un solo dictamen para reducir el IGV a las peluquerías; y del Nº 05981/2023-CR, que dispone que los allanamientos se realicen en presencia del investigado y su abogado.

En este grupo también se encuentra el dictamen del proyecto Nº 01587/2021-CR, que dispone el nombramiento automático de docentes y cuya autógrafa ya ha sido enviada al Gobierno para su promulgación; el Nº 0842/2021-CR, que beneficia a los colectiveros para que no sean fiscalizados por la Autoridad Nacional de Transporte (ATU) a través de las apps de taxis y que ha sido observado por el Ejecutivo.

A ellos se añaden el dictamen de la iniciativa Nº 05712/2023-CR, que reduce la rendición de cuentas del Gobierno sobre la lucha contra la trata de personas. Esta última fue observada por el Ejecutivo, pero el dictamen por insistencia ya ha sido aprobado en la comisiones de Justicia y Mujer del Congreso.

Además, desde julio de 2021, el Congreso le otorgó facultades legislativas al Ejecutivo en cuatro ocasiones: tres durante el gobierno de Dina Boluarte Zegarra y una en la gestión de Pedro Castillo Terrones. Como parte de esa atribución, el Ejecutivo publicó, al menos, dos decretos que afectan el estado de derecho con Boluarte Zegarra en la presidencia.

Uno de ellos es el Decreto Legislativo Nº 1605, que permite a la Policía Nacional del Perú actuar en investigaciones sin necesidad de la intervención de la Fiscalía. Sobre ello, el Ministerio Público presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), al ver afectada su institucionalidad.

El otro es el Decreto Legislativo Nº 1585, que permite que las condenas de prisión efectiva se suspendan cuando se trate de una pena de cinco años y ya no de cuatro.

Un Congreso sin contrapeso

Un reciente estudio de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) concluyó que la insistencia es una práctica frecuente del Congreso al momento de aprobar los proyectos de ley. Según identificaron, desde el inicio del periodo legislativo hasta diciembre de 2023, más del 50% de los proyectos observados por el Gobierno fueron publicados.

Asimismo, de las leyes aprobadas por el Congreso que OjoPúblico consideró para este informe y que generan consecuencias graves para el país, 42% fueron aprobadas por insistencia. Y otro 8% ante el silencio presidencial.

Para el politólogo Jorge Aragón Trelles, el Legislativo muestra un ánimo “poco dialogante” al no considerar ni aceptar observaciones a sus iniciativas. Esto, sumado al hecho de que varios proyectos aprobados “han significado un retroceso a nivel de la institucionalidad del país”, evidencia que las normas aprobadas por el Congreso “carecen de legitimidad”.

“En algunos casos, lo que ha hecho el Congreso ni siquiera calza perfectamente en el ámbito de lo legal. Ha habido situaciones donde se ha interpretado de manera bien antojadiza”, sostuvo Aragón Trelles.

De manera similar, el politólogo José Incio Coronado recalca que, con la aprobación de estas leyes, el Parlamento goza de más autoridad, lo que debilita el equilibrio de poderes.

“Lo que está haciendo este Congreso es terminar de sedimentar el desbalance de poder a favor de ellos. Creo que la visión es ‘no importa quién sea presidente’. Ser presidente ya no es un negocio. Sí lo es llegar al Congreso. Y, si llegas y formas alianzas, puedes manejar todo lo que quieras”, indica.

Una de las salidas a esta problemática es la presentación de demandas de inconstitucionalidad al TC. No obstante, en agosto del año pasado, el Consejo Fiscal ya advertía que el Gobierno no estaba recurriendo a este mecanismo para frenar, al menos, las leyes que representaban un alto gasto público.

En simultáneo, el actual TC, cuyos miembros han sido elegidos por este Congreso, ha emitido sentencias y resoluciones cuestionables; entre ellas, la que declaró fundada la demanda competencial que presentó el Parlamento contra el Poder Judicial por las medidas cautelares que dictó para frenar trámites y actuaciones parlamentarias que afectaban la institucionalidad.

En esa misma sentencia, el TC también instó al Legislativo a modificar el artículo 99 de la Constitución para que las autoridades electorales sean pasibles de control político.

Además, en abril de 2024, este tribunal emitió una resolución que dispuso que se restituya la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia. Sobre estas actuaciones, la exministra de Justicia Ana Neyra Zegarra afirma que el TC está centrando su trabajo en proteger al Legislativo y no en la comprensión del derecho.

“Lamentablemente, con este Congreso, se termina eligiendo a personas que quieren proteger al Parlamento, casi como una especie de autarquía sin control y, por otro lado, que tienen visiones bastante conservadoras, en algún momento antiderechos”, indica.

A consideración de la politóloga Marylia Cruz, es necesario hacer un llamado a nivel internacional para que se preste atención sobre lo que ocurre en el país, debido a que “esto nos va a traer consecuencias, más adelante, de todo tipo: desde económicas, [hasta] políticas y sociales”.

“Hay una diplomacia que respetar. Antes discutíamos sobre el temor a un autoritarismo de parte del presidente. Ahora, estamos discutiendo sobre un autoritarismo del Parlamento”, agregó.

Fuente: Ojo Público