Gianella Rojas: Sanciones e incremento patrimonial en candidatos a la Junta Nacional de Justicia

El pasado 2 de setiembre, la Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad a cargo del nombramiento, ratificación y sanción de jueces y fiscales, informó que solo 16 postulantes, de los 23 que seguían en carrera, habían pasado la etapa de evaluación curricular. Es importante señalar que la Comisión solo evaluó a 22 participantes, tras descalificar a uno por supuestamente no haber presentado sus declaraciones juradas de intereses.

La semana pasada, OjoPúblico publicó un primer reportaje sobre los antecedentes de los postulantes a la JNJ. En este primer informe se reveló que cuatro de ellos habían tenido nexos con investigados por organización criminal y que, por lo menos, seis habían tenido algún vínculo con partidos políticos.

Ahora, tras una revisión de más documentos fiscales y administrativos, este medio halló que tres postulantes también registran cuestionamientos, ya sea por denuncias penales, sanciones administrativas o por omisión de información en procesos de elección para un cargo público.

Entre ellos se encuentra el abogado Richard Fermín Contreras Horna. El exfiscal provincial mixto de Nepeña, que ha ocupado el primer lugar en la evaluación curricular, fue denunciado en el 2020 por el periodista Carlos Enriquez Salinas, por haber permitido que lo agredan durante una diligencia a su cargo, ocurrido en la zona rural de Nuevo Chimbote.

El exfiscal provincial en lo penal de Huaura, Juan Rolando Hurtado Poma, quien ha ocupado el puesto 14 en la evaluación curricular, fue sancionado administrativamente en dos oportunidades mientras ejercía el cargo.

De acuerdo a un acta del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el abogado Hurtado Poma fue sancionado con dos amonestaciones por haber faltado el respeto a su superior y por asumir un caso donde estaba involucrada la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con la que tenía una relación laboral.

CRÍTICAS. La Comisión Especial para la elección de la JNJ ha sido cuestionada por la falta de transparencia y rigurosidad del concurso público.

Foto: Comisión Especial para la elección de la JNJ

El abogado Rafael Ruíz Hidalgo, quien ha quedado en el puesto 11 en la última evaluación, postuló en el 2022 para ser miembro del Tribunal Constitucional, pero fue retirado del proceso por no haber declarado que tenía deudas en el sistema financiero, uno de los requisitos en el concurso.

Sumado a eso, tras la revisión de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR) de los 16 postulantes que siguen en carrera, OjoPúblico encontró que cinco de ellos han registrado un incremento patrimonial mayor al 100% en los últimos cinco años (2019 – 2024).

Ellos son Jaime Pedro de la Puente Parodi, María Teresa Cabrera Vega, Iris Estela Pacheco Huancas, Richard Fermín Contreras Horna y Rafael Manuel Ruíz Hidalgo.

En este listado resaltan Richard Contreras Horna, con un aumento del 291,8% de su patrimonio. Le sigue María Teresa Cabrera Vega, con un incremento de su fortuna del 274%. Y en tercer lugar se encuentra el letrado Rafael Ruíz Hidalgo, con una subida del 267% con respecto a su patrimonio declarado en años anteriores.

En el recuento también aparece la exjueza suprema Iris Estela Pacheco Huancas, quien aumentó su riqueza, de hace cinco años, en 148%. El listado lo completa Jaime Pedro de la Puente Parodi, con un incremento del 135%.

En entrevista con OjoPúblico, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado Paredes, señaló que la Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no ha sido rigurosa en los requisitos exigidos a los postulantes, luego de las graves experiencias de corrupción en el sistema de justicia.

“En contextos como el peruano, donde hay una corrupción sistemática generalizada, se requiere elevar estándares de exigencia para la elección de cualquier autoridad de esta naturaleza. Por ejemplo, ya no basta con que sean personas que no hayan sido sentenciadas, porque en un país con un alto grado de impunidad, el hecho de no tener condena no significa nada”, advirtió.

SOBRE LA ELECCIÓN. Entrevista al exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado Paredes.

Cuestionamientos

En febrero de 2020, el periodista Carlos Enriquez Salinas denunció a Richard Fermín Contreras Horna, entonces fiscal provincial mixto de Nepeña, en Áncash, por haber permitido que lo golpearan durante una diligencia que tenía a su cargo.

En la denuncia, presentada ante la Fiscalía Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Distrito Fiscal del Santa, el periodista señaló que fue agredido por el empresario Alfredo Quispe Muguerza, que era investigado por usurpación de terrenos del Proyecto Especial Chinecas, en el distrito Nuevo Chimbote.

Asimismo, se lee en la denuncia que la agresión sucedió a unos metros del entonces fiscal de Nepeña, quien realizaba una diligencia en el lugar. De acuerdo a la versión de Enriquez Salinas, Contreras Horna no hizo nada para detener la agresión. En un vídeo compartido en la página de Radio Santo Domingo, de Chimbote, se observa a la víctima solicitar al fiscal que incluya los hechos en el acta de la diligencia, pero este no accede y se va del lugar.

AGRESIÓN. El entonces fiscal Richard Contreras Horna fue denunciado en el 2020 por permitir la agresión al periodista Carlos Enriquez Salinas en una diligencia.

Documento: apertura de investigación fiscal

En diciembre de 2021, Richard Fermín Contreras Horna renunció a su cargo como fiscal provincial mixto de Nepeña. Sin embargo, el proceso a nivel administrativo continuó y en febrero de 2023, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Santa lo sancionó administrativamente con una amonestación por no haber tomado medidas para evitar la agresión a las personas que se encontraban en la diligencia. No obstante, esta fue declarada inaplicable, debido a que el abogado ya había dejado el cargo de fiscal.

Este caso también derivó en una investigación penal a cargo de la Primera Fiscalía Superior Penal del Santa. En conversación con este medio, el abogado confirmó que se iniciaron las investigaciones a nivel administrativo y penal. No obstante, indicó que no tenía conocimiento de que el órgano de control lo había amonestado en el 2023, debido a que ya no pertenece a la Fiscalía desde el 2021. Asimismo, señaló que el proceso penal sí continuó, pero archivó a inicios de este año.

En detalle, el letrado indicó que no era cierto que la agresión se produjo a metros de él, debido a que en la diligencia las terceras personas que acudieron se encontraban a kilómetros de su posición. Asimismo, sostuvo que durante el proceso la víctima no pudo demostrar que lo habían agredido gravemente. “Todo era falso.  La diligencia fue grabada y el señor no estaba. Había personas, pero a dos o tres kilómetros. (…) Nunca vi la agresión”.

El exfiscal también señaló que fue denunciado en dos oportunidades por su exesposa por violencia familiar, la primera vez en el 2017 y la segunda en el 2019. No obstante, indicó que ambas denuncias también fueron archivadas posteriormente.

En la actualidad, el exfiscal mantiene vínculo con la Universidad César Vallejo, del gobernador de La Libertad, César Acuña. Según la información presentada a la Comisión Especial para la elección de los miembros de la JNJ, este año publicó tres investigaciones en representación de dicha universidad.

El postulante, Juan Rolando Hurtado Poma, exfiscal provincial en lo penal de Huaura y exjuez superior de la Sala Penal de Apelaciones – Ventanilla, tiene, entre sus antecedentes, dos sanciones administrativas de amonestación: una por faltar el respeto a su superior y otra por no sustraerse de un caso en el que estaba involucrada la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con la que tenía un vínculo laboral.

AMONESTACIONES. El abogado Juan Rolando Hurtado Poma fue amonestado en dos oportunidades cuando era fiscal penal de Huaura.

Documento: ratificación de Juan Hurtado Poma

 

La información la dio a conocer el entonces consejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gonzalo García Nuñez, durante el proceso de ratificación de Hurtado Poma para el cargo de fiscal, en el 2012.

El exconsejero también señaló que se había comprobado que el postulante a la JNJ había dictado clases en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión entre 10 a 14 horas académicas, entre el 2014 y el 2009, pese a que lo permitido a los jueces y fiscales solo era 8 horas semanales.

Por estas consideraciones, el magistrado García Nuñez se mostró a favor de su no ratificación. No obstante, los otros seis miembros del CNM votaron a favor de renovarlo en el puesto.

Consultado por este medio, el abogado respondió, por medio de WhatsApp, que solo fue amonestado por el caso en el que no se inhibió, pero que los demás habían sido archivados. Sin embargo, no quiso brindar mayores declaraciones ni entregar algún documento que confirme su declaración.

El letrado Rafael Ruíz Hidalgo, quien se desempeña actualmente como asesor del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, es uno de los postulantes a la JNJ que anteriormente intentó ser miembro del Tribunal Constitucional, específicamente en el último concurso que se llevó a cabo en el año 2023.

En esa ocasión, el abogado por la Universidad de San Martín de Porres fue descalificado, luego que la Comisión Especial, liderado por el congresista de Alianza Para el Progreso, Idelso García Correa, consideró que no había cumplido con todos los requisitos.

DESCALIFICADO. El abogado Rafael Ruíz Hidalgo fue retirado del concurso para el TC por no haber declarado sus deudas en el sistema financiero.

Documento: informe final de la Comisión de elección TC

Según se lee en el Informe Final de los candidatos al TC, Ruíz Hidalgo presentó una declaración jurada en la que aseguró no tener deudas en el sistema financiero calificadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como dudoso o pérdida. Sin embargo, la Comisión recibió un informe de la SBS que informaba lo contrario.

Estas categorías —dudoso o pérdida—, según el glosario de la SBS, se refieren a la peor calificación, pues implican créditos financieros que se encuentran con meses de atraso en los pagos.

Este medio intentó comunicarse con el abogado Rafael Ruíz Hidalgo, por medio del área de prensa del Poder Judicial. Tras ello, este respondió, por medio de la misma oficina, que la deuda financiera ya había sido subsanado durante el período del concurso para el TC y que por ello presentó una reconsideración. Sin embargo, el postulante no informó que la Comisión también declaró infundada su reconsideración.

Aumento patrimonial

OjoPúblico también hizo una revisión de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR) de los 16 postulantes que todavía continúan en carrera para integrar la JNJ, y encontró que cinco de ellos han tenido un aumento patrimonial mayor al 100% en los últimos cinco años (2019 – 2024).

Es importante señalar que todos los funcionarios públicos están obligados a presentar su DJIBR cada vez que inician un cargo en el sector público y en todos los meses de enero, como parte de un reporte periódico, y también otra declaración al finalizar la encargatura. Asimismo, tienen que presentar su reporte en los concursos de elección de cargos públicos, como para la JNJ, el TC o cualquier otra entidad que requiera dicha declaración.

También hay que tener en cuenta que, para este análisis, solo se ha considerado los ítems Bienes y Otros, debido que en estas categorías se considera el valor de los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, joyas, vehículos, etc. Y se dejó de lado el ítem de ingresos, debido a que las remuneraciones varían constantemente con el cambio de cargo.

El postulante que registra el mayor aumento patrimonial es Richard Fermín Contreras Horna, quien ha tenido un aumento del 292% de su patrimonio declarado en el 2024 con respecto al reportado en el 2019. Hace 5 años informó que el valor de sus bienes ascendía a S/183.506,77. Mientras que para el actual concurso para acceder a la JNJ declaró una riqueza de S/719.103,97.

En diálogo con este medio, Contreras Horna aseguró que el aumento corresponde a una crédito hipotecario que sacó de un banco para la compra de un departamento en Lima por cuotas a 25 años. En ese sentido, sostuvo, que en la declaración aparece un aumento considerable, debido a que tuvo que incluir el monto total del valor del inmueble. Asimismo, señaló que el incremento también se debe a la liquidación que le dieron cuando renunció al Ministerio Público, en el 2021.

En segundo lugar se encuentra la excongresista por Podemos Perú, María Teresa Cabrera Vega. La abogada registró en el 2020 el monto de S/83.500. Pero este año, como parte del concurso para acceder a la JNJ, informó un patrimonio de S/312.547,76. Esto significa un aumento del 274%.

En tercer lugar está el letrado Rafael Ruíz Hidalgo. De acuerdo a su declaración jurada, el actual asesor del presidente del Poder Judicial, informó el 2021 que su bienes valían el monto de S/47.407,18. Tres años después reportó la cifra de S/166.150. Su patrimonio aumentó en 267%.

Consultado al respecto, el abogado señaló, por medio del área de prensa del Poder Judicial, que dicho aumento corresponde a su AFP, la cual no había sido declarada en los años anteriores, pero que en su última declaración del 2024 sí lo registró.

En cuarto lugar se ubica la exjueza suprema Iris Pacheco Huancas. La exmagistrada de la Corte Suprema declaró en el 2019 el monto de S/857.733,79. Cinco años después, en el 2024, informó que el valor de sus propiedades asciende a S/2’127.689,21. Esto implica un incremento del 148%.

La doctora Pacheco señaló a este medio que el aumento de su patrimonio en los últimos cinco años corresponde al ahorro constante de sus remuneraciones por su labor como magistrada por más de 30 años y por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que recibió cuando renunció a su cargo de jueza. Asimismo, indicó que, durante todo su período en el Poder Judicial, cumplió con presentar sus declaraciones juradas y nunca tuvo alguna observación de los órganos de control.

Finalmente, cierra la lista, el abogado Jaime de la Puente Parodi. El letrado registró en el 2019 la cifra de S/349.604,9. No obstante, este año declaró que su patrimonio era de S/820.016,51. Esto representa un aumento del 135%.

OjoPúblico también intentó comunicarse con los postulantes María Teresa Cabrera y Jaime de la Puente Parodi, por medio de sus números de directos o por correo electrónico, pero, hasta el cierre de la nota, no hubo respuesta.

“Nos movemos en un mundo en el cual creemos que es normal elegir amigos o elegir a la lista de candidatos que me complace. Esa es la idiosincrasia que prevalece en el Estado peruano. Y esto también está pasando con la elección de la Junta Nacional de Justicia”, sentenció el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes en entrevista a OjoPúblico sobre el proceso de elección de los nuevos miembros de la JNJ.