Los dos impuestos más importantes son el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR), casi la mitad de lo que se recauda viene del IGV y es pagado por todos cada vez que hacemos una compra formal.
De otro lado, un tercio de lo recaudado viene del IR, el cual es pagado por las empresas y las personas cuando generan ingresos o ganancias por sus inversiones, producción o su trabajo, pero no todos pagan renta estando en capacidad de hacerlo debido a la grosera evasión tanto de personas naturales como jurídicas así como por la informalidad, baja productividad y a las malas reglas tributarias, es decir, son pocos los trabajadores y las empresas que terminan asumiendo el costo de los servicios públicos del país.
De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), cerca de la mitad de lo que se recauda por IR de tercera categoría, lo pagan menos de 280 empresas y según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), de cada cien trabajadores, sólo 28 son formales y de estos, nueve pagan IR mientras que eI resto no tributa porque sus ingresos anuales son menores a siete Unidades Impositivas Tributarias (UIT), esto último sigue igual hace años y sólo ha cambiado el valor de la UIT, la pregunta es ¿porque siete?.
Ahora bien, son los trabajadores formales y las grandes empresas los que financian al sector público, tomando en cuenta que aún hay muchos que debiendo pagar impuestos, no lo hacen, la evasión tributaria alcanza un monto de 33 mil millones de soles anuales, un poco más del 4 por ciento del PBI, para el IGV llega aproximadamente a 36 por ciento mientras que para el impuesto a la renta es de 57 por ciento.
El Perú tiene muchas necesidades por satisfacer y sólo lo podrá lograr en la medida que se produzca más, se mejore el sistema tributario, y más empresas y personas aporten lo que les corresponde, pero también desde el Estado se deben ejecutar los presupuestos asignados de manera eficiente y seguir en la lucha en contra de la corrupción, que tanto daño le ha hecho y hace al país.
Lo urgente es que se necesitan mayores recursos y en ese contexto, en setiembre de este año, el grupo parlamentario Perú Libre presentó un proyecto de ley denominado “ley que crea el impuesto a la fortuna con justicia social” que busca gravar las grandes fortunas, específicamente de personas naturales siendo sujetos pasivos del impuesto las personas naturales domiciliadas en el territorio nacional que se identifiquen con fortunas ubicadas en el país, que tengan una residencia continua de seis meses o de manera discontinua superior a doce meses.
Este proyecto también incluye como sujeto pasivo del impuesto a personas naturales no domiciliadas en el territorio nacional pero que posean sus fortunas en el país. Al hablar de fortuna se habla de bienes muebles, inmuebles, activos financieros, dinero, derechos y todo bien material e inmaterial con valor económico.
La idea es que se grave a estas personas sobre la base de una determinación anual siendo la proporción en una escala progresiva acumulativa desde 16.1 millones de soles (3,500 UIT) para un impuesto adicional de 1 por ciento, mientras que por encima de 20.7 millones de soles (4500 UIT), el impuesto adicional sería de 2 por ciento.
Este es un impuesto de tipo patrimonial y para los que están en contra se dice que en la legislación existen otros impuestos, así como el vehicular o predial que grava a los propietarios de inmuebles o vehículos en una antigüedad no mayor de tres años desde que están inscritos en Registros Públicos.
Si bien es cierto que en el país no hay un impuesto a la riqueza como tal a diferencia de otros países de América Latina, esta es una coyuntura que lo exige y es una oportunidad para implementar medidas para que la tributación tenga un impacto redistributivo.
Fuente: Pata Amarilla
