Sin duda, el régimen de Dina Boluarte y su mayoría congresal han incrementado el número de delitos y homicidios a niveles exorbitantes.
Las cifras oficiales son claras, si bien el 2022 ya hubo un aumento respecto del 2021 y el 2023 hubo una ligera disminución, el 2024 ha habido un salto que está siendo continuado este 2025 :
| Año | Homicidios | Tasa por 100,000 | Promedio Diario | Variación (%) |
| 2021 | 1,317 | 3.97 | 3.61 | – |
| 2022 | 1,516 | 4.53 | 4.15 | 15.11 |
| 2023 | 1,507 | 4.45 | 4.13 | -0.59 |
| 2024 | 2,056 | 6.01 | 5.63 | 36.43 |
| 2025* | 643 | – | 6.43 | – |
Las cifras, de la que este cuadro sólo es una expresión puntual, confirman lo que como ciudadanos y ciudadanas vemos a diario. Que además notamos que zonas tradicionalmente tranquilas, empiezan a ser perturbadas por noticias de ataques armados o extorsiones cada vez más amenazantes. Sabemos también que esas amenazas vienen de bandas u organizaciones criminales, a diferencia de otros delitos como los hurtos, las violaciones sexuales y los feminicidios que suelen cometerse por individuos o grupos de baja organización. Asimismo, somos conscientes de que si bien deshacernos del régimen de Dina Boluarte y sus aliados congresales es un primer paso para atajar la criminalidad en ascenso, es necesario implementar un paquete de medidas que combinen la represión con la prevención. Para ello el informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, producido este año por el Banco Mundial, nos consolida las medidas necesarias, a nivel internacional, para disminuir sosteniblemente la delincuencia. Estas son:
+ Reforma del Sistema Penitenciario, con interrupción de comunicaciones de líderes criminales mediante bloqueo de celulares y aislamiento en instalaciones de máxima seguridad; la reducción del hacinamiento, que en Perú implicaría construir al menos 5 nuevos penales y priorizar la detención preventiva solo para delitos graves; y retomar el objetivo de resocializar al mayor número de internos, con mejora de infraestructura, servicios básicos y programas educativos. En Colombia, estas medidas disminuyeron la reincidencia en 36%.
+ Modernización de las Fuerzas Policiales, con acciones de urgencia en inteligencia con uso de tecnología: Usar análisis de datos y georreferenciación para despliegue estratégico en zonas críticas; pero también con medidas para reducir la corrupción y el abuso policial, como cámaras corporales y un buen sistema de quejas ciudadanas. E implementar como regla, un enfoque comunitario, que privilegie patrullajes preventivos y diálogo con comunidades, como las Unidades de Policía Pacificadora en Brasil.
+ Fortalecimiento de los sistemas de justicia, de forma que priorice delitos graves: homicidios, extorsión y violencia sexual. Sobre ello, adecuar sus indicadores de desempeño, con métricas claras para evaluar la eficacia en investigación y condenas, evitando la captura de «eslabones débiles» de las redes criminales. Y para los delitos o infracciones menores, promover mecanismos de justicia restaurativa y tribunales móviles para resolver conflictos menores en zonas marginadas, como se aplicó en Colombia.
A nivel de la prevención, debemos ser claros en que sin políticas sociales, las medidas de seguridad son insuficientes. Lo que exige intervenciones focalizadas, con programas de mentoría y educación para jóvenes en riesgo de reclutamiento, identificando escuelas y barrios críticos. En complemento del combate a economías ilegales cortando sus flujos de financiamiento y lavado del dinero, con inteligencia financiera y medidas consecuentes.
Todo con evaluación periódica de resultados y ajustes consiguientes.
Lograr un país para el buen vivir, con seguridad, es posible. Nos corresponde exigir a quiénes aspiren al gobierno, las medidas que nos encaminen en esa dirección.
