Cumplidos dos meses de movilización social, la dupla Boluarte-Otárola ha decidido que su objetivo es durar en el poder sin importar el costo: sesenta vidas perdidas, masacres en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco y una ola de violencia política desplegada por la Policía Nacional contra la ciudadanía.
Por estos días, vemos a la presidenta en el penoso esfuerzo de convencerse a ella misma de una realidad paralela en la que las miles de personas que le exigen su renuncia todos los días en todos los idiomas nacionales son solo “un grupo minoritario”. Vemos también al primer ministro conducir un gobierno que en su fantasía “prioriza el diálogo”, pero en los hechos solo ofrece amenazas, lacrimógenas y disparos a quemarropa.
La minoría que apuesta por mantener a Boluarte tiene cifradas sus esperanzas en un eventual desgaste de las movilizaciones. Disfrazando su miedo de análisis político, se aferran a mediocres informes de “inteligencia” que, de pronto, “descubren” la incursión del narcotráfico y la minería ilegal en la política (¿se perdieron las últimas décadas?) y con una clarividencia digna de mejor causa, teorizan sobre un inminente “secuestro delictivo” de la protesta, un discurso lamentable que replican incluso editorialistas de este diario.
Lo que quieren es que la gente se canse, se aburra o se asuste. Que regresen a su tierra, donde si bien no pueden ser ignorados, se les puede agredir con más impunidad que en Lima, una ciudad cuyo centro es hoy un inmenso cuartel policial, a contrapelo de los distritos populares del norte, sur y este, que alientan con alimentos y arengas el paso de las y los manifestantes hacia los principales puntos de concentración.
Toda esta urgencia —la del gobierno por comprar tiempo y la de la ciudadanía por adelantar las elecciones— parece no tener efecto en los congresistas, atrincherados en su interminable legislatura. De los marinos retirados, de la DBA o del fujimorismo, nada se espera, pues ellos solo defienden prebendas, mientras alistan su asalto a los organismos electorales. Pero francamente ofende la irresponsabilidad de Perú Libre y el bloque magisterial, pues jugando a la radicalidad de forzar una constituyente, no hacen otra cosa que bloquear la salida inmediata: elecciones en 2023. Este comportamiento oportunista tiene dos graves consecuencias: por un lado, agota innecesariamente a las fuerzas movilizadas y las expone a la violencia; por otro lado, mantiene con vida a un régimen que aún en su agonía está dispuesto a seguir matando.
No obstante las tácticas de desinformación y terruqueo del gobierno y la prensa concentrada, el país marcha. Más distritos y provincias envían o reponen delegaciones, a la vez que se activan nuevas resistencias y se renueva la protesta en las regiones más castigadas por la represión. Las encuestas muestran un contundente respaldo a las demandas de las movilizaciones, ya no solo la salida de Boluarte o el cese de funciones del Congreso, sino también la tantas veces ninguneada asamblea constituyente, el nuevo pacto republicano.
Este mayoritario reconocimiento y apoyo es el principal logro de la sostenida movilización popular, que no se desgasta ni fácil ni rápidamente, pues más allá de sus exigencias coyunturales tiene un carácter de reivindicación histórica, de larga duración. Y una lucha de esa dimensión no la detiene ni el hambre ni las balas. Resuenan hoy las palabras del compañero Pedro Huilca: “Segaron la vida de nuestros mejores hijos, pero seguimos adelante porque el vientre del pueblo es vientre fecundo, y nuevos hijos aparecieron para tomar en sus manos nuestras banderas de lucha”.
Fuente: Otra Mirada
