Juan José Florez es el hermano mayor que lo acompañó 59 días en una interminable y frustrante búsqueda de salud en los hospitales Lorena (Cusco) y Loayza (Lima). Él denunció este miércoles la falta de especialistas para asistir al joven de 21 años herido en el abdomen por 36 perdigones de plomo.
“Lo que más me duele es haberle visto que me decía, ‘Quiero comer hermano’, pero no podía comer. Yo trataba de darle cualquier comida o hacerle comer pero no podía porque no tenia intestino. Me decía ‘quiero salir de acá, ¿cómo están mis hermanos pequeños?’, tanto quería a mis hermanos pequeños que están en Cusco. A quién no le va a doler que su hermano no puede comer y está despierto”, relató. Sus sollozos tenían todo junto: tristeza, impotencia y mucha indignación por el maltrato del Estado a las personas del campo -como él mismo se autodenominó-.
Dijo que su padres agricultores no tenían la posibilidad de pagar los estudios después de la secundaria. “Ellos hicieron todo lo posible para que salgamos adelante. Por eso hicimos todo para estudiar, trabajábamos medio tiempo y estudiábamos medio tiempo ya que la educación en el Perú es muy cara. Mi hermano estaba estudiando gastronomía, le faltaba una semana para terminar (la carrera)”, señaló.
Su sollozo y su tono fuerte no fueron solo para denunciar la agresión policial del 11 de enero, sino la injusticia que padecen cientos de otros heridos que no tienen un buen hospital en su región y deben viajar a la capital.
“He vivido todo el sufrimiento que viven los hombres del campo. A los que viven en Lima -que dicen que saben los valores y los derechos y que son respetuosos- solo les pido una cosa: conozcamos bien el Perú. Perú no es solo Lima. Conozcamos a las personas que viven en las comunidades altoandinas. ¿Tienen apoyo del gobierno? ¿Díganme cómo viven? Apenas tienen ropa para vestir. Dense cuenta. Hasta un ciego puede ver estas cosas”, encaró a las decenas de personas en una sala de la iglesia Luterana en Breña.
“Este gobierno para sacando nuestros minerales y no hay un buen hospital. Con tantas riquezas que paran sacando no podían hacer un buen hospital e implementarlo con buenos médicos y especialistas? ¿Es lo correcto que de Cusco y otras regiones tengan que traer a Lima a los pacientes?”, cuestionó nuevamente.
El ambiente donde fue la conferencia de prensa del miércoles tenía capacidad para 100 personas y se llenó, pero no de periodistas. El único medio comercial peruano que cubrió las declaraciones de Juan José y de Leonarda Valverde fue La República. De los medios nativos digitales, estuvo Wayka; y dos fotoperiodistas que colaboran con medio extranjeros. El resto eran comunicadores de lo que ahora se llama la ‘prensa alternativa’.
El dolor, la impotencia, el sufrimiento y la necesidad de justicia estaban en cada manifestación verbal y corporal del hermano y la madre quechuahablante, ambos de la comunidad de Conchacalla en San Jerónimo.
El 11 de enero, el joven estudiante no estaba en actitud violenta hacia los policías, no llevaba objetos ni era un riesgo para algún bien público o privado. Su abogado Juan José Quispe informó el miércoles que la pruebas de absorción atómica dieron negativo, por lo tanto no disparó ni manipuló arma alguna. La policía lo acribilló a dos o tres metros, describió el hermano mayor de Rosalino. ¿Por qué lo mataron? Porque podían. Como a otros 48 civiles desde el 11 de diciembre en el Perú.
Pero el hermano mayor denunció además otras agresiones. No solo el padecimiento de Rosalino.
“He vivido el peor momento de mi vida; y la verdad les digo, en el Perú nosotros en el campo no tenemos derechos, porque he pasado atropello, me han seguido, me han perseguido, querían saber dónde estaba, dónde me quedaba. Policías vestidos de civil me paraban por cualquier cosa. Me dijeron ‘tú tienes que identificarte porque estás llegando a Lima’. Un día cuando salí del hospital tuve un percance. Un policía me paró por el color que tengo: a las otras personas que pasaban no las hizo parar. ¿Es lo correcto?”, volvió a preguntar.
Si bien Juan José dijo que en el Hospital Arzobispo Loayza hicieron lo que pudieron, quienes lo acompañaron en visitas humanitarias han sido testigos de que el establecimiento no le informaba sobre el estado del paciente ni qué pasaría después, y lo ignoraban. “Era un fantasma en el hospital”, comentó una de esas personas.
Luego de que Juan José respiró un poco, mientras declaraban el abogado Quispe y la congresista por Cusco, Ruth Luque, añadió que ni en un hospital de Lima la atención está garantizada, pues tuvo que pagar medicamentos de 300 a 400 soles que el establecimiento no proveía.
¿Quién podría hacer un peritaje médico-legal para determinar si el sistema de salud obró adecuadamente en su caso? Si recibió el tratamiento adecuado además de la nutrición parenteral, es decir, no por la boca. Quizá haya que decir que sin los aportes económicos humanitario que recibió el hermano de Rosalino, él no hubiera podido quedarse los 59 días en esta ciudad maltratadora a todo familiar de paciente referido por salud.
El abogado Quispe reportó además que la investigación fiscal del caso es por “lesiones leves” y nunca fue actualizado pese a la gravedad de la situación de Rosalino. Calificó el avance de la pesquisa como “incipiente” pese al tiempo transcurrido. La congresista Luque ha solicitado a la fiscal coordinadora de fiscalías provinciales de derechos humanos que los casos como éste, en las regiones donde no hay fiscalías especializadas, sean derivados a Lima, pues, por ejemplo: la policía no ha entregado a los fiscales los planes operativos de la contención de manifestaciones. La parlamentaria añadió que otros heridos de gravedad están en una situación similar de precariedad en la atención de salud, como Víctor Rojas Alarcón -en Andahuaylas, quien no volverá a caminar-, o Rolando Marcas -en el hospital Santo Toribio-, o niños de Pichanaki (Junín) cuyas familias tienen que venir a buscar tratamiento a Lima pagando sus gastos.
En medio de tanta desgracia nacional causada por la coalición de gobierno autoritario, vale la pena destacar que el velorio y la conferencia de prensa que ofrecieron los deudos de Rosalino fue organizada por personas que pertenecen a instituciones e iglesias evangélicas identificadas con la búsqueda de la justicia. Una familia católica cusqueña fue asistida y acogida por pastores luteranos y cristianos como Pedro Bullón y Rafael Goto, y por laicos de la ONG Paz y Esperanza.
La muerte del estudiante cusqueño, sin embargo, no es solo producto de los disparos de un efectivo policial. Más personas lo han asesinado. Y han matado en parte a una familia. Quienes dieron la orden de disparar impunemente. Quienes califican de “profesional” e “inmaculada” la práctica de graves violaciones a los derechos humanos. Quienes se conducen con lentitud o lenidad en la fiscalía. Quienes en la PCM no entregan los audios de las sesiones del consejo de ministros para que la fiscalía investigue si es cierto que el Ejecutivo dispuso solo el uso de perdigones de goma o el cumplimiento de los manuales de la policía. Y hay otros responsables de agresiones: quienes ignoraron a Juan José Florez cada vez que pidió información sobre el estado de salud de su amado hermano, para saber si su vida era posible.
La familia lo único que quiere es justicia para Rosalino, pero también para los casi 70 muertos y más de 1.330 heridos en lo que va de gobierno autoritario. Mientras la justicia llega, hay que recordar que en el Perú siempre tarda, los Florez Valverde merecen menos indiferencia y solidaridad.
El cuerpo del estudiante de San Jerónimo está por llegar al aeropuerto de Cusco, y ante el anuncio de un cortejo fúnebre de ciudadanos y artistas, el Ejército ha militarizado el aeropuerto, incluso con camiones militares.
