El 7 de diciembre del 2022 será recordado como el fin de un período político donde un presidente de izquierda, Pedro Castillo, maestro primario, un “sindicalista básico”, con fundamentadas acusaciones de corrupción, terminó disparándose a los pies con el anuncio del cierre del Congreso de la República, quebrantando el ordenamiento democrático y el equilibrio de poderes.
Pedro Castillo vacado por una mayoría parlamentaria terminará su período presidencial en la prisión, y se abre un nuevo período político, con una nueva presidenta de la República, la Sra. Dina Boluarte, la misma que tendrá similares demandas y urgencias políticas que resolver de una población insatisfecha, con una creciente inflación de precios, subempleo galopante, crisis sanitaria y una pobreza sobre todo en las regiones que nos hace retroceder una década.
En tal sentido, la conformación de un gabinete de ancha base social convocando a los partidos y grupos democráticos que apuesten por la gobernabilidad del país es una necesidad, un imperativo social.
En razón de un contexto donde la incertidumbre, la pérdida de confianza, el menor de grado de inversión, riesgo país, el deterioro internacional, la anunciada recesión económica para el 2023, y sobre todo los conflictos sociales relacionados a la explotación de los recursos naturales que aumentarán en especial en el sur andino.
Es más, uno de los ganadores en esta “guerra política” donde la derecha extrema se atribuye equivocadamente una victoria, será el pensamiento de Antauro Humala cuya imagen ante los sectores más pobres y atrasados del país será concebida como un redentor social, una solución política extrema, una especie de Sánchez Cerro del siglo XXI que ha purgado prisión por más de 17 años.
En este contexto ¿qué puede hacer el gobierno de Dina Boluarte por el sector de energía y minas? El sector más importante y estratégico de la economía peruana, en términos de renta fiscal, impuestos, sobrecanon y regalías y abastecimiento de combustibles.
Suponiendo la vigencia de consensos mínimos entre los poderes ejecutivo y legislativo, se debe apostar por la masificación del gas natural a nivel país, sobre todo en las provincias empobrecidas, donde no existe interés de los capitales privados por su débil rentabilidad económica.
Un plan de construcción masiva de gasoductos regionales de gas natural financiados por el Estado, derivando una serie de ramales para llevar el gas natural a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cuzco etc. tendrá un efecto reactivador en la alicaída economía peruana.
Para hacer posible ello se debe renegociar con el Consorcio Camisea para que el Estado disponga de los suficientes volúmenes de gas natural a bajos precios, en especial del gas natural que se reinyecta desde el 2015, cuyo promedio anual bordea los 400 millones de pies cúbicos al día.
Una renegociación estratégica de los contratos de los lotes 88 y 56 de Camisea resultan de fundamental importancia para masificar la “cultura del gas natural” y dejar de depender de los derivados del petróleo como el GLP y gasolinas que importamos en gran parte.
En segundo lugar, se debe fortalecer la presencia del Estado en el sector de los hidrocarburos, con el potenciamiento de PetroPerú a partir del 2023, pues estará operando la Nueva Refinería de Talara, que será altamente rentable de mantenerse los márgenes de refino sobre los US $ 20 dólares el barril.
Sería una “traición al país” que PerúPetro licite los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento para favorecer los intereses privados en detrimento de la petrolera estatal. La Nueva Refinería de Talara debe procesar el petróleo y gas natural que subyace en el subsuelo en especial los 100 millones de barriles de reservas probadas, cuya explotación requiere mínimas inversiones y son de bajo riesgo.
De especial importancia son los lotes X (El Alto) y el VI/VII cuya producción conjunta debe alimentar de petróleo ligero los requerimientos de la refinería de Talara. Los contratos de hidrocarburos caducan en el 2023 y 2024 y deben ser transferidos a la petrolera estatal, que debe recuperar su integración vertical, por razones técnicas, económicas y sociales.
Con la refinería de Talara y la explotación de los lotes petroleros de la zona, PetroPerú podría obtener de US $ 700 a US $ 800 millones de dólares de rentabilidad anual, con una producción propia de 25 mil barriles de crudo diarios y 20 millones de pies cúbicos por día.
MINERÍA
En el subsector minero se tiene que tener una estrategia integral para resolver los problemas sociales, los denominados conflictos mineros que van más allá de una redistribución de la renta. No solamente se trata de más canon y regalías para los gobiernos locales y regionales, propios de una “visión economicista” que reproducimos desde el inicio de la bonanza minera de precios del 2003.
Por ello no resulta una casualidad histórica que las regiones más pobres del país, Cajamarca, Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Huancavelica etc. sean también las regiones con mayor actividad minera.
La población de las regiones mineras deben ser partícipes directas de la riqueza minera, deben acceder a las ventajas del crecimiento económico y allí el Estado nacional, regional y local debe tener una participación activa viabilizando la inversión pública con proyectos productivos, infraestructura y sociales con efecto regional y local en el bienestar de la población.
Una nueva estrategia política social involucrando a las empresas privadas, organizaciones sociales de la población local, demostrando las ventajas, los beneficios de la explotación minera responsable con el medio ambiente y el bienestar social.
Por último, se debe apostar en serio por la formalización de la actividad minera donde más de 300 mil peruanos organizados de diversas maneras se han dedicado a la explotación de oro en condiciones ilegales, usando mercurio sin preservar el medio ambiente, con una precariedad laboral propia de la “explotación colonial”
En verdad, economía y política van de la mano, y la crisis política está afectando los límites de crecimiento de la economía peruana. El escenario internacional no se proyecta favorable para los países productores de materias primas como el Perú, de allí la necesidad de capitalizar el país, con mayores inversiones públicas y privadas, para redistribuir la mayor riqueza con justicia social.
