Ante el desborde de la violencia política que tiene un costo irreparable de más de 40 vidas de peruanos en el sur del país, existe un mínimo consenso social para una pronta convocatoria a un proceso electoral antes del 2024. También es una demanda popular la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución fujimorista de 1993 que es un producto del Golpe del 5 de Abril de 1992.
Por lo menos, lo que debiera hacerse en el próximo proceso electoral, adicional a la elección de los nuevos representantes del ejecutivo y legislativo, es una consulta ciudadana sobre la necesidad de una nueva constitución. Sin embargo, todo ello depende de nuestros congresistas que han demostrado más apego a la quincena que a la necesidad histórica.
En dichas consideraciones está en debate el rol del estado en la economía. Desde el punto de vista neoliberal diversos corifeos (Palomino, Mendoza, Thorne, Mariátegui etc.) sostienen que un puntal del “milagroso modelo económico peruano” está en relación al artículo 60 º de la Constitución del 93, que expresa que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”
Al margen que un artículo de esta naturaleza no existe en ninguna constitución de algún país, debiera destacarse su relación con la realidad económica concreta. Es más, la crisis sistémica que atraviesa el país, tanto política como económicamente sobre todo en el sur andino, producto de la vigencia de un “modelo extractivista”, bien merece la pena una discusión más detallada.
He sostenido en diversos artículos y eventos que el modelo económico que inspira la Constitución de 1993, promueve un crecimiento empobrecedor, con una fortaleza macroconómica de las grandes cifras, ajenas al bienestar de las mayorías. Es un modelo que secreta estructuralmente: pobreza, corrupción y una mayor desigualdad social
Detrás de las violentas protestas en las regiones del sur andino Ayacucho, Huancavelica, Cuzco, Apurímac, Puno subyace el secular olvido con el mundo campesino, que tiene otra visión cósmica de la vida y la naturaleza. Seguramente existen operadores del narcotráfico, minería ilegal, Movadef, y radicales de todo tipo. Pero sería un error histórico pensar que los miles de campesinos y jóvenes “sin sin”, sin empleo ni educación de calidad, son convocados como borregos a las protestas políticas.
En este contexto de crisis sistémica, de agotamiento del modelo político y económico instaurado desde 1992 que surgió como una respuesta del “estado populista”, a la crisis de la deuda externa e hiperinflación de los años ochenta del siglo pasado, el rol del estado resulta fundamental.
REACTIVA CON SUBSIDIOS
Producto de la crisis sanitaria del Covid 19, el gobierno de Vizcarra en el 2020 impulsó el programa “Reactiva Perú” como una forma de enfrentar la terrible recesión producto del cierre de la economía y las cuarentenas necesarias para enfrentar el virus, que desnudó las debilidades del modelo económico, sobre todo la realidad de la salud y educación pública.
El Programa “Reactiva Perú” transfirió S/ 60 mil millones de soles (Aproximadamente US $ 17 mil millones de dólares) de las reservas del Banco Central de Reserva del Perú, hacia más de 300 mil empresas para evitar el cierre, el cese de la cadena de pagos y el despido masivo de trabajadores.
Se transfirieron como préstamos por tres años ampliables a un año más préstamos hasta un máximo de S/ 10 millones de soles a diversas empresas, con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, que fueron transferidos por los bancos privados a las empresas a tasas de interés bajísimas de 1%, 2 %, que fueron a parar a las grandes y medianas empresas en su mayor parte.
Este salvataje empresarial inteligente, positivo y necesario violenta en la práctica el artículo 60 º pues le asigna al estado un rol promotor no subsidiario. En la práctica esta transferencia de riqueza del Estado (BCR, MEF, Cofide), hacia privados con intermediación de los bancos privados, donde el estado garantiza, respalda los préstamos hasta un 90 %, significa un subsidio, donde incluso el propio MEF considera que un 15 % de los S/ 60 mil millones de soles transferencia.
En tal sentido, esta intervención inteligente del estado violenta la lógica neoliberal en relación que no debe intervenir en la economía salvo para un salvataje empresarial, como se ha dado en otras oportunidades asumiendo la deuda, los pasivos de los bancos privados quebrados entre 1997 y el 2000 en el fujimorismo.
Por ello, una forma de encarar esta crisis del “modelo extractivista”, de vigencia de instituciones políticas y económicas que extraen recursos de las mayorías para favorecer a las elites y sectores privilegiados, demanda un intervención del estado, mediante un “salvataje a la economía campesina”, con mayores subsidios, como una forma de compensar las miles de actas de compromisos firmadas por el estado con las poblaciones organizadas, fundamentalmente de las comunidades campesinas que tienen un rol protagónico en las protestas sociales.
Todos deben recordar el salvataje financiero a los bancos privados quebrados entre 1997 y el 2000, tales como el Banco Latino de los Picasso (US $ 491 millones), Banco Wiese (US $ 250 millones), Banco NBK (US $ 198 millones) que le costaron al estado más de US $ 935 millones de dólares, donde se tuvo que comprar cartera pesada incobrable, aportes de capital en bancos con patrimonio negativo, obligando por ejemplo al Banco de la Nación, banco de todos los peruanos a la compra de la cartera pesada irrecuperable del Banco Latino por más de US $ 175 millones de dólares.
Este “modelo político y económico extractivista” está agotado y solamente la fuerza represiva del estado administra la agonía de este régimen de transición. Por ello, bien haría el Congreso de la República el aprobar las modificaciones constitucionales para la más pronta convocatoria electoral en el 2023 con la consulta democrática sobre la pertinencia de una Asamblea Constituyente.
De lo contrario las protestas sociales y políticas se extenderán en todo el país, sobre todo en el Sur peruano, donde el “Estado de Sitio y la militarización” en curso no detendrán esta rabia histórica ante un “modelo extractivista” que profundiza la pobreza regional.
