Durante el gobierno transitorio del presidente Valentín Panigua se firmó el contrato de Camisea por un período de 40 años, han transcurrido casi 22 años años en la explotación de las reservas del lote 88, el único que tiene precio regulado, entiéndase barato y el Consorcio Camisea por medio de sus operadores hace su lobby en la prensa, en el Congreso de la República, gobiernos regionales y locales etc. para extender el período del contrato, con menores tasas de regalías bajo el argumento de la disminución de las reservas probadas de gas natural.
Se debe recordar que las reservas probadas del lote 88 están supuestamente destinadas al mercado interno, y que allí desde el 2004 al mes de agosto del 2022 se han consumido un poco más de 3 trillones de pies cúbicos para beneficio preferente de las generadoras eléctricas que compran el “gas barato y venden energía cara” afectando los bolsillos de casi 8 millones de clientes regulados.
Se benefician las eléctricas Enel, Engie, Kallpa, Chilca y otras con utilidades extraordinarias gracias al gas barato de Camisea. A pesar de la sobreoferta de la potencia de generación eléctrica, que supera el 50 % de la capacidad de planta sin producción efectiva, los sufridos consumidores y empresas experimentan subidas trimestrales de las tarifas eléctricas. ¡Son las perversiones del modelo eléctrico consentidas por el organismo regulador Osinergmin!
En cambio, el consumo residencial de las familias de Lima y Callao no representa ni el 2 % de ese volumen consumido, gracias a la débil masificación del gas natural. Y el proyecto privado es avanzar y apostar en el transporte del gas licuefectado llevado en camiones cisternas al norte y sur del país, con precios relativamente altos; cuando lo que se debiera hacer desde el punto de vista del interés público es la construcción de gasoductos a lo largo y ancho del país con financiamiento estatal, para hacer posible la masificación del gas natural y depender lo menos posible del petróleo y derivados.
Se reinyecta el gas natural del lote 88, a pesar de las necesidades por la masificación del pais, la urgencia de políticas de valor agregado como la petroquímica básica que nos permita acceder a la urea y nitrato de amonio productos que compramos en el exterior.
Desde el 2015 se reinyectan en promedio 400 millones de pies cúbicos diarios del lote 88, bajo el falso argumento que “no hay demanda interna” cuando la experiencia internacional nos determina que los mercados del gas natural y las “industrias nacientes” se construyen con la intervención del estado.
Solamente con 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural invertidos en una planta petroquímica ubicada en Ica, se podría tener urea, un fertilizante necesario para los 600 mil agricultores independientes que determinan la canasta de consumo familiar, que pagarían precios razonables por un insumo que se ha disparado en su precio internacional.
El problema central consiste en los intereses contrapuestos del Consorcio Camisea y los intereses del país, pues un proyecto petroquímico necesita un precio barato del gas natural, como los precios pactados por contrato que abonan las empresas de generación eléctrica, “un dólar por millón de BTU por un factor de ajuste” que resultan recontra baratos en la presente coyuntura, donde el precio del gas natural internacional se ha disparado.
LOTE 56 AGOTADO
De otro lado, del lote 56 desde julio del 2010 al mes de agosto se han extraído 1.9 trillones de gas natural, cuya producción está destinada al mercado externo, por medio de un perverso contrato que constituye una “página negra en la historia del país” por todas argucias legales, facilidades contractuales, festinación de trámites, en especial la transferencia de 2 trillones de gas natural del lote 88 (2005) como un préstamo que garantizó el crédito financiero para hacer posible la construcción de la “Planta Melchorita” donde se transforma el gas natural a líquido para ser exportado en en buques metaneros, en condiciones no siempre ventajosas para el país.
En su mejor momento del lote 56 destinado a la exportación se produjo un promedio de 629 millones de pies cúbicos diarios (2013) para ir disminuyendo por los rendimientos decrecientes para ubicarse sobre los 400 millones de pies cúbicos diarios a la fecha.
Antes el gas natural del lote 56 tratado en Pampa Melchorita propiedad del “Consorcio Peru LNG” era exportado a México por medio de un contrato lesivo a los intereses del país, pues pagaban precios ridículos por regalías al Estado y reexportaban el gas natural a mercados más rentables como Japón, Corea del Sur, Europa.
Ahora que el contrato de exportación del lote 56 hacia México se termina en el 2028 y resultan más rentables otros mercados, pero las reservas del lote 56 son insuficientes, de allí el lobby para asegurar más reservas para el exterior en detrimento del mercado interno.
Es decir, resolvemos los problemas energéticos de terceros países con el gas natural del lote 56 mientras somos altamente dependientes de los precios del petróleo y derivados, en especial con el agudizamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha disparado los precios del petróleo y gas natural, desde febrero del 2022.
El Consorcio Camisea y el Consorcio Perú LGN “dueños del gas de Camisea” de los lotes 88 y 56 controlados por importantes transnacionales demandan una extensión del contrato de hidrocarburos en condiciones desfavorables para el país, exigen para hacer mayores inversiones exploratorias una rebajita en las regalías pactadas, para convertir los 41 trillones de pies cúbicos de gas natural de recursos prospectivos en reservas probadas.
En verdad, debemos apostar por la masificación real y efectiva a nivel país, costa, sierra y selva, allí donde el interés privado no está interesado pues su capital no encuentra la rentabilidad esperada. Por ello, debe plantearse una negociaición estratégica con el Consorcio Camisea, que asegure gas barato para los consumidores y políticas de valor agregado como la petroquímica básica.
Recursos fiscales y privados existen. El Estado desde el 2004 al 2022 ha subsidiado los precios del petróleo y derivados por miles de millones de soles (18 mil MM) por medio del Fondo de Estabilización de Combustibles, para beneficio de las empresas de importadoras y refineras. Es más, en el Plan de Reactiva Perú 2020/2023 prácticamente ha transferido para las empresas privadas a pérdida como “préstamos irrecuperables” un promedio de US$ 2,500 millones de dólares.
Con una fraccción de tales transferencias del estado al sector privado, se hubiese podido construir un red de gasoductos a nivel país, integrando energéticamente el Perú, abaratando el costo de vida, ganando ventajas competitivas con la energia limpia del gas natural, que es un recurso de todos los peruanos.
